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26 marzo 2015

Tuxtla, ¿ciudad segura?



Compra de "Premios" sin mérito.
El tema de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez, se está convirtiendo en un asunto que empieza a levantar severas y justificadas críticas contra la autoridad municipal que, en el pasado reciente, ha presumido cuestionables galardones y reconocimientos por una labor que el ciudadano común, no percibe de ninguna forma. Recurrentes se han vuelto los asaltos a plena luz del día y en las narices de la Policía Municipal, órgano que solo en contadas ocasiones, ha respondido con mediana efectividad.
En lo que va del año, se han disparado los asaltos a mano armada, hechos que la mayoría de los medios de comunicación silencian, sin que exista explicación de por medio. Solo en las últimas horas, se han reportado tres asaltos; dos de ellos, en bancos y uno en una tienda departamental que también cuenta con un banco.
El modus operandi, es el mismo: un solitario asaltante que llega hasta las cajas, amenaza a los empleados y se lleva un importante botín. Se calcula que en esas actividades ilícitas, participan al menos tres personas. El que intimida a los empleados de los establecimientos robados, el que cuida la puerta y un tercero que los espera con un automóvil para escapar.
La reacción de los cuerpos de seguridad es por lo general, tardía. Y sin resultado alguno. En ese tipo de situaciones, lo primero que resalta es la sospecha; ¿hay colusión entre los policías municipales y los asaltantes? Sorprende que muchos de los crímenes se hayan cometido en sitios concurridos y a unos pasos de edificios públicos resguardados por la policía.
El gremio periodístico, no ha estado a salvo de la criminalidad en aumento; a Ery Acuña, corresponsal de Tv Azteca, le vaciaron sus oficinas. A Alejandro Estrada, fotógrafo de policíacas y eventos sociales, le robaron su moto y a Alan Farrera, reportero local, lo asaltaron hace apenas unas horas, ¡a media cuadra de la Presidencia Municipal!
Que trabajadores de los medios de comunicación sean víctimas de robos y asaltos, revela el alto grado de criminalidad que existe en una ciudad que por lo general, venía siendo de las más tranquilas del país. No se puede negar que exista la llamada violencia común: pleitos de cantina donde un parroquiano saca una navaja y mata a otro bajo los efectos del alcohol; disputas por un amor que terminan en trompadas, líos por colindancias, agarrones por travesuras de los chavales, robo de una cadena, en fin… Pero el alto grado de criminalidad que estamos padeciendo, preocupa. Y mucho.
Indigna, además, puesto que las autoridades municipales al mando de Samuel Toledo Córdoba, se niegan a tomar cartas en el asunto. Ha sido preferencia del edil y el cuerpo de policía, tender cortinas de humo, negar la realidad y adquirir, con el erario público, “premios” que solo han servido para acrecentar las críticas a una administración municipal irresponsable e incapaz de hacer frente a la problemática de la ciudad.
La inoperancia de los cuerpos de seguridad municipal, es cada vez más notoria. Basta ver los nulos resultados que han tenido, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde los mismos agentes encubren a los llamados “carteristas” y “cadeneros”, resguardando lo robado para entregarlo a un tercer rufián que es el que finalmente, lo empeña en una de tantas casas de empeño que también están asociadas con ladrones y policías corruptos.
La crisis de seguridad por la que atraviesa la ciudad, es impresionante. Lo grave de todo esto es que no hay por ninguna parte, visos de una solución pronta, adecuada y contundente. Porque no hay voluntad del alcalde, a quienes muchos acusan de una serie de desvíos de recursos para beneficio personal, del que se ha negado a hablar públicamente.
Tuxtla Gutiérrez, no se merece el clima de inseguridad que prevalece. Es una ciudad cuyos habitantes, por naturaleza, son gente buena, preparada, trabajadora, pacífica. Si hay delincuentes en ésta, es porque ha habido una autoridad, sino promotora del delito, por lo menos, complaciente y además, débil para poner en cintura a quienes están robando entre otras cosas, la tranquilidad de los ciudadanos.
La exigencia es clara y fuerte: la violencia y la criminalidad, deben ser erradicadas por completo de la ciudad. Pero para lograrlo, será necesario un profundo cambio. Éste debe empezar por la salida del propio alcalde Toledo Córdoba, cuya capacidad para atender los asuntos municipales prioritarios, se ha perdido en compras de premios sin tener el mérito para ello. Se ha perdido además, la confianza y credibilidad en su persona, factores de peso para que en un ejercicio de honradez, él mismo ponga su renuncia ante el Cabildo y que otro, con mejores perspectivas y mayor capacidad, rescate a la ciudad.
amksheratto@hotmail.com

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24 marzo 2015

ST y JLCA, cuevas de corrupción



Red de corrupción. (Foto tomada del blog de MSD.)
Parte central del discurso ofrecido ayer por el presidente Peña Nieto en Tuxtla Gutiérrez, se enfocó en el tema laboral; que si subió la tasa de empleos, que el subempleo está siendo erradicado, que el empleo informal ya goza de prestaciones y que las facilidades laborales hoy, son de primer mundo. ¡Como quisiéramos creer a pie juntillas al señor presidente!
Para que ello se refleje en la cotidianeidad, principalmente de los chiapanecos, debió primero ser informado, que aquí, los esfuerzos suyos y del gobernador Manuel Velasco Coello, son ignorados, no por la clase patronal y tampoco por los trabajadores, sino que por el secretario del Trabajo.
Peña Nieto habló insistentemente de los beneficios de los que ahora gozan los trabajadores: prestaciones laborales adecuadas, empleos mejor remunerados, ambientes de trabajo agradables, defensa de los derechos apegados a la ley, imparciales, justos y dignos. Todo perfecto. Lo que no les fue informado a los mandatarios es que Manuel Sobrino Durán, titular de la cartera del Trabajo en Chiapas, viola todas las garantías laborales e incumple con la agenda que en esa materia tienen contemplada Velasco Coello y Peña Nieto.
Mediante redes de poder y autoritarismo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se niegan todos los derechos laborales a los trabajadores que por una u otra razón, acuden a esa instancia para reclamar lo que por ley les pertenece.
El nombramiento de Carlos Enrique Martínez Vázquez, como presidente de dicha Junta, ha sido solo un formulismo que no da a éste, la menor autoridad dentro del organismo. La única función de Martínez Vázquez, es obedecer y firmar cualquier documento que afecte el interés de los trabajadores. Y claro, aprovechar el vació de autoridad generado desde la Secretaría de Trabajo, para hacer negocios redondos.
Entre éstos, el de “representar” a sindicatos y trabajadores en conflicto con la clase patronal, a través del despacho “Iturralde”, del cual son socios Carlos Enrique Martínez y Carlos Villanueva, principal asesor de Sobrino Durán en la Secretaría del Trabajo. Éste último, es quien realmente ordena, manda, grita e impone en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
De hecho, los dictámenes son entregados a Villanueva y no a Martínez. Él es quien determina si proceden o no. Él es quien, con lenguaje soez, pedestre e insultante, intimida a empleados de la JLCA y a los trabajadores que exigen, les sean respetados sus derechos; es Villanueva, quien dice a Martínez qué hacer y qué no hacer… Claro, también manda en la Secretaría de Trabajo, donde eso sí, se pone de rodillas ante Manuel Sobrino, quien ya se asume como alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
El negocio del despacho Iturralde propiedad del asesor y el presidente, es sencillo: si una empresa debe pagar un laudo, digamos de medio millón de pesos a un trabajador, los abogados al servicio de los dos funcionarios, convencen al empresario de pagar “solamente la mitad”. Obvio es que al final, el expediente es manipulado; al trabajador o trabajadores afectados con un despido injustificado, se les comunican oficialmente que perdieron el juicio y ellos, despacho y Martínez y Villanueva, se quedan con 250 mil pesos.
¿Dónde está la justicia laboral de la que habló ayer, precisamente, el presidente Peña Nieto? ¿Dónde la equidad y dónde el respeto a los trabajadores?
Carlos Villanueva, no es un hombre de buenos modales y tampoco tiene un historial intachable; procedente del estado de Jalisco, llegó a Chiapas con la intención de hacer dinero fácil. Desde antes tenía tratos con Manuel Sobrino, quien no dudó en ponerlo en un cargo estratégico para que pudiera hacer los movimientos necesarios en contra de los trabajadores.
El presidente de la JLCA, es también prepotente, aunque ante Villanueva, agacha la cabeza. Reconocido por sus escándalos en estado de ebriedad, es quien cambia los resultados de los juicios, engaveta otros y destruye la mayoría. Varias empresas han tenido que erogar grandes cantidades de dinero para salir favorecidas o sencillamente, para no ser afectadas por juicios en los que tienen posibilidades de ganar.
Con todo esto, el bonito y alentador discurso presidencial, se derrumba. Mientras Manuel Sobrino, Carlos Martínez y Carlos Villanueva estén en esos cargos, la clase trabajadora seguirá siendo rehén de negocios turbios. El gobernador, debe estar enterado de ello, para tomar las medidas que considere pertinentes. Es lo sano, lo conveniente para su administración. La mala hierba, debe ser arrancada para que no contamine a la demás plantación.
amksheratto@hotmail.com

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23 marzo 2015

¿Votar o no votar?



Nadie le hace caso... 
De un tiempo a la fecha (y las semanas y meses que vienen), hombres y mujeres que hace un tiempo no volteaban a ver a los ciudadanos, reparten abrazos, sonrisas, palmaditas… raquíticas despensas, playeras a punto de deshilvane, gorritas ridículas. Los espacios siderales, repletos de propaganda, lo mismos que calles, avenidas y carreteras.
El debate por el actual momento político, es cada vez más tronante; y gira en torno a la notoria debilidad de los órganos electorales que hasta hoy, no han puesto orden y tampoco han aplicado el reglamento que indica, por ejemplo, las sanciones contra los que hacen e hicieron campaña adelantada.
Es, como ya se ha dicho infinidad de veces, un proceso sin transparencia ni equidad. Si bien las condiciones de temporada están dadas, no es así en el terreno jurídico y legal, del que se desprenden anomalías graves que ponen en riesgo a todo el proceso. No es la primera vez que las elecciones crecen bajo un manto de sospecha.
Pero sí, la primera en que la autoridad es totalmente derribada por un sistema de partidos anacrónico, y también rebasado por ambiciones de grupos o personajes que a modo de caudillos, han secuestrado a los partidos.
La defensa de los órganos electorales, para desgracia de sus funcionarios, no es la adecuada. Decir que se cumplirá la ley “sin fobias ni filias”, es solo una expresión que no aporta nada a la pretensión de una democracia electoral que confluya en la asistencia de los votantes a las urnas.
De hecho, diversas agrupaciones en distintos estados de la República, están convocando a paralizar el sufragio, llegado sea el momento. Ello ha asustado a quienes en otras ocasiones, hicieron lo mismo y no obtuvieron el resultado deseado. Puede que no sea lo idóneo llamar al abstencionismo. Los mitos que alrededor de esa práctica se han creado, han sido solamente reacciones retóricas que no sostienen una teoría de fondo.
Sin embargo, con suerte o no, ese llamado está siendo centro de un debate que se ha polarizado y que tiende a resquebrajar por completo al esquema electoral que, insisto, no está a la altura de las circunstancias. Esto, a nivel nacional; en el ámbito local, las cosas son mucho peor. Sin solvencia moral, los consejeros del IEPC, han estado más al centro del escándalo por los excesos y trivialidades, que por buscar condiciones dignas y confiables para un proceso que se les ha salido de las manos desde ya. Empezaron por subirse el sueldo, planear viajes por todas partes, aumentar los viáticos de los consejeros y otros funcionarios de rango y terminaron por sobrevalorar un problema personal, para convertir a esa institución, en el hazmerreír de Chiapas.
Como para dar a entender que están “trabajando”, han “detectado” una que otra campaña adelantada y han configurado flojas amonestaciones contra los infractores de la ley, sanciones que por lo ridículas y bofas, solo reconfirman la complicidad del IEPC con éstos, o cuando menos, su incapacidad para hacer valer la ley.
Hace unos días, a dos o tres precandidatos, los amonestaron con una advertencia de niño regañado: “Deben bajar su publicidad en 48 horas”. Ninguno de los aludidos les hizo caso. Por el contrario, redoblaron el número de sitios donde colocar los promocionales.
Por otro lado, la inconsistencia del IPEC para aplicar criterios, es preocupante. Ninguno de los consejeros ha tenido la iniciativa de debatir en el pleno, temas que por descuidos legislativos, quedaron en el limbo y que, en cualquier momento, podrían explotar en detrimento del proceso electoral.
Mientras tanto, tenemos un alud de candidatos (federales) y precandidatos (locales) que hacen uso de la ineficacia del órgano electoral. En muchos mítines, los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales, expresan abiertamente su intención de participar e incluso, piden expresamente el voto de los asistentes.
En la mayoría de los municipios, los paquetes de asistencia social gubernamentales, son utilizados para condicionar el voto; y no solo de un partido: todos los partidos están haciendo uso de esos recursos para posicionar a sus precandidatos.
Debilidades recurrentes y provenientes de la autoridad electoral, son pues, el alimento de posiciones radicales de algunas agrupaciones. Quizá no tengan razón, pero sí, el derecho de hacer uso de las herramientas a su alcance, para tratar de imponer orden, donde se ha perdido el respeto. El IEPC y el INE, deben reaccionar ya.
amksheratto@hotmail.com

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20 marzo 2015

Los partidos, grandes responsables: ZRA



"Quisiéramos que la autoridad electoral, sancione."
Los votos no son suficientes para legitimar posiciones; se debe reconstruir la credibilidad y la confianza ciudadana”, considera el senador perredista Zoé Robledo Aburto, quien se dice partidario de la protesta y la propuesta partidista para dar equilibrio al poder en un país que, a juicio suyo, debe primero, erradicar prácticas nocivas como la corrupción.
De voz pausada, el legislador chiapaneco habla con fluidez sobre el asunto electoral, cuyas autoridades, dice él, no están haciendo lo suficiente para contener las campañas anticipadas y rememora los inicios del IFE, cuando algunas instituciones políticas fueron severamente sancionadas por actos al margen de la ley. Hoy, las cosas son distintas; los partidos y sus precandidatos, se han desbocado y no hay ley ni autorid
ad que frene los excesos.
En su modesta oficina repleta de muebles modestos, quien diera uno de los discursos más acertados con respecto a la crisis que vive México, en el Senado de la República, hace un recuento de los daños que la clase política ha hecho al país y propone algunas alternativas que según él mismo, ya han sido planteadas, pero poco escuchadas por los actores políticos mexicanos.
Zoé Robledo, por los visto, es un tipo autocrítico; es un político que reconoce que en el país, no hay capacidad para entender la grave situación que se vive y admite que casi todas las instituciones, han sido devoradas por la crisis de confianza y credibilidad.
—Yo creo que definitivamente —dice con firmeza—, que el país vive una de las peores crisis de credibilidad y confianza de las que se tiene registro. La voz que se escucha en las calles, en las manifestaciones, por los casos de corrupción, por el conflicto de interés que involucra al Presidente y por supuesto, por el caso Ayotzinapa, cada vez se hace más unánime; la exigencia generalizada es que se vayan todos, en la idea que si no hay políticos, si desapareciera la clase política, se resolverían los problemas del país.
Yo, por supuesto que no comparto esa idea, porque soy un creyente de la política; creo que la política debe de recuperar su valor, pero su valor como una actividad cívica, con transparencia, como lo pensaba Belisario Domínguez.
Donde sí veo una insensibilidad profunda, es en la clase política. A los reclamos de la gente, pareciera que sigue comportándose de la misma manera, creyendo que las cosas van a pasar, que se van a olvidar, que la corta memoria de los mexicanos será la mejor forma para superar la inconformidad.
Yo creo que no; creo que ya tocamos fondo; los mexicanos seguirán indignados hasta que no vean formas diferentes de hacer las cosas. Por eso creo que deberíamos de reconocer que los votos que nos ponen en los cargos en que estamos, ya no son suficientes para legitimar nuestra posición.
Quien ejerce el poder, tiene que buscar otras fuentes de legitimidad y creo que esas otras fuentes están, principalmente, en la transparencia; en que todos los actos de los gobernantes —sean representantes populares, presidentes municipales, gobernadores y el Presidente de la República—, se lleven a cabo con total y absoluta transparencia. Que nos comportemos como si hubiera una cámara atrás de nosotros todo el tiempo; que nos sintamos observados por la ciudadanía.
En ese sentido es que hice un planteamiento el día de la entrega de la “Medalla Belisario Domínguez”; es un planteamiento muy simple: el “Tres de “Tres”. Una acción política para reconstruir la credibilidad y la confianza ciudadana. Esa acción política tiene que ver con la presentación de tres documentos, tres declaraciones. Primero, la declaración patrimonial, segundo, la declaración de intereses y tercero, la declaración de pago de impuestos.
Esto, para que la ciudadanía tenga una forma de saber que los políticos que estamos en el ejercicio, estamos ahí no para enriquecernos, no para hacer negocios, sino porque tenemos una vocación auténtica de servicio y de honestidad. Eso no resuelve los problemas de la corrupción, pero por lo menos, manda un mensaje en el sentido correcto de que hay una clase política que escucha, que está preocupada y que actúa en consecuencia.

—Pero esa clase política está perdida. Si vemos el sistema partidista mexicano, está en la misma situación. No hay un solo partido que se salve de la corrupción, de los conflictos de intereses, que esté libre de postular candidatos ligados al crimen organizado. Los candidatos o precandidatos que hoy vemos, en su mayoría, están bajo sospecha.

—Efectivamente, no pareciera que haya una reacción por parte de los partidos políticos. Comparto plenamente eso. Basta ver las listas plurinominales de todos los partidos (del PRD, del PRI, del PAN, de MORENA); creo que la ciudadanía sigue creyendo que los partidos le deben mucho. Quedan a deber mucho en términos del cumplimiento de las expectativas; es un tema sobre el que tendremos que trabajar, incluso a contracorriente, para que a ésta iniciativa de “Tres de Tres” que hoy ya se puede revisar en internet, esté a la vista de todos. Quienes la quieran revisar, pueden ingresar a http://legisladortransparente.mx. Hasta la fecha solamente nueve legisladores se han sumado para presentar sus tres declaraciones.
En ese sentido, yo no me desanimo ni creo que hasta ahí lleguemos y que de 628 legisladores federales, solamente nueve vayan a entender la transparencia como una obligación y un deber frente a los ciudadanos. Lo que creo es que es un tema en el que tenemos que remar a contracorriente y que además, se tendrá que ir sumando voluntad por voluntad y legislador por legislador. Son cambios de hábitos y conductas que llevan su tiempo.

—Pero que por lo que vemos, no quieren entender. Y hablando de falta de voluntad para robustecer la transparencia, el PRD es el que más embarrado de corrupción ha estado en éstos tiempos, ¿qué propuesta de solución hay a esa profundización de la corrupción e impunidad de la que se revisten también los demás partidos políticos?

—Yo creo que la crisis está en todos lados. Todos los partidos han dado malas notas en el último año; el PAN con sus “moches”, el PRI con dirigentes como el del DF que tenía una red de prostitución dentro de las oficinas del partido. El PRD, con el gravísimo error de haber postulado a alguien como José Luis Abarca, responsable de la mascare y desaparición de estudiantes de Ayotzinapa…

—La postulación, por parte de su partido, el PRD, del hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy.

—Sí, sí, claro. El Partido Verde desacatando a la autoridad electoral y violando la ley respecto a sus promocionales; todos los partidos están dando malas notas. ¿Cuál es la génesis de ésta crisis si lo vemos solamente por la parte de los partidos? Los partidos fueron los grandes beneficiarios de la alternancia política en nuestro país, por una razón: en la reforma de 1997, los partidos fueron considerados entidades de interés público. Esto no es nada más algo que dice la Constitución; abrió a los partidos, la posibilidad de recibir numerosos recursos públicos para sus operaciones ordinarias y para las campañas.
Todo esto, en un escenario y en un entorno donde reinaba la opacidad. Y tenía su razón de fondo. La lógica era, como veníamos de un sistema de partido único, los partidos tenían que ser libres para autorregularse; incluso así se llegó a plantear: que los partidos se autorregularan y tuviesen la madurez para ser lo suficientemente honestos. Se supone que iban a tener un criterio para autorregular cuestiones de candidaturas, manejo de recursos.
¿Qué es lo que ocurrió a la postre? Lo podemos ver hoy, casi 20 años después; los partidos no se pudieron autorregular. Se necesitaba que tuvieran reglas muy específicas sobre cómo utilizar el dinero público, sobre cuáles serían los mecanismos que aplicarían para la selección de sus candidatos. Eso es, de verdad, algo vergonzoso para la vida pública de los partidos.
Es, para ponerlo en términos muy coloquiales, como aquel chamaco de 15 años que empieza a manejar y que por primera vez, le pide a los padres que le presten un carro para ir a una fiesta y le recomiendan, los padres, que no eche trago, que no conduzca de manera imprudente, que no corra ¡y lo primero que hace es todo lo contrario!
Le dieron la confianza, pero demostró que la confianza, no la supo aprovechar. Todos los partidos cayeron en las mismas circunstancias.

—¿Qué tendría que hacer el INE o el IEPC, en el caso de Chiapas, para normar, para corregir el desenfrenado proceso electoral…? ¿O qué hacer cuando el reglamento interno de esas instituciones es el primero en haber sido violado por los precandidatos e incluso, por los mismos funcionarios de esas instancias?

—Yo creo que los partidos son grandes responsables de algo sobre lo que la gente los critica poco o se los señala poco. Son grandes responsables también de haber, en muchos espacios de la vida pública, convertido a los órganos autónomos en espacios de cuotismo. Es decir, que si había un órgano autónomo —cuya autonomía es necesaria para el Estado Mexicano porque se pensaba que se podía hacer un contrapeso frente a entes regulados, frente a instituciones públicas—, en la “autonomía” se confundió en que tuviera cuotas por partido. Entonces tenemos órganos colegiados, el día de hoy, que ya no responden a la lógica de la autonomía plena, sino que responden al interés del partido político que los haya impuesto o impulsado. Los partidos deberían hacer una gigantesca, profunda y muy honesta crítica y autocrítica pasado el momento electoral. Ningún mexicano tiene los partidos que merece, o mereciera.

—Esa partidización que suplantó a la ciudadanización electoral, no está dando buenos resultados como en algún momento los dio el IFE.

—Siempre recordamos al IFE de José Woldemberg como el momento estelar, el momento cumbre de las instituciones electorales del país y como el momento en que se hacía valer la ley. Incluso, cuando el IFE tenía menos facultades y menos leyes regulando la actividad de los partidos y políticos. Por una razón: Porque a pesar de que ellos también fueron electos por una Cámara Legislativa y por partidos políticos ahí representados, ponían el interés de los partidos siempre relegado al bienestar social, entendido como lo que le conviene a la sociedad en términos políticos.
El IFE de José Woldemberg, de Alonso Lujambio, de Jacqueline Peschard, de Cárdenas, de Merino, fue el IFE que multó lo mismo a “Amigos de Fox” por haber recibido dinero del extranjero, que al PRI, por el “PEMEXgate”; fue una multa de mil millones de pesos en aquel tiempo. El PRI estuvo en bancarrota por esa multa que le impusieron. Eso es lo que quisiéramos ver hoy de la autoridad electoral en todos lados. Que la autoridad electoral no se espere a recibir y concentrar denuncias, sino que se ponga a observar temas y actos que están ocurriendo, como actos anticipados de campaña, publicidad encubierta, excesos de gastos en temas de precampaña… ¡son muchísimos los casos! Y no solamente es en Chiapas, es en todo el país.

—¿Ve rebasadas a las autoridades electorales?

—Yo creo que están maniatadas. Un ciudadano común y corriente, se da cuenta y puede contar por docenas, las veces al día en que detecta una violación a la Ley Electoral e incluso, a la Constitución misma. El artículo 134 dice que nadie puede hacer promoción de su persona y vincularlo con actividades públicas; ni programas sociales ni programas públicos, como antes se hacía. Antes era común que un secretario de estado saliera a informar sobre las inversiones del gobierno en época electoral. Hoy ya no se puede. Y sin embargo, ocurre. En ese sentido, creo que la autoridad electoral, no está rebasada, porque no se está haciendo en lo oscurito, se está haciendo a la luz del día y frente a todos y lo peor, que la autoridad electoral, conoce cada caso y no actúa.

—Intervendrá en la Tribuna del Senado para hacer notar ésta circunstancia que prevalece, al menos en Chiapas?

—Lo hemos hecho en el Senado. No nos hemos mantenido callados. Pero sí creo que se debe hacer algo más contundente. Haría un llamado a las dirigencias de los partidos, de todos los partidos en el estado, para que ejerzan sus facultades de interposición de quejas frente a los órganos electorales locales, porque ahí sí le toca a las dirigencia y sé de casos donde lo han hecho y también le toca al Instituto Electoral, hacer cumplir la ley.

—En Chiapas, su partido, el PRD, no tiene una dirigencia fuerte, creíble, confiable. Es una dirigencia que responde a las órdenes de cualquier subsecretario de gobierno, no a lo que su militancia proponga, ¿cree que tenga la capacidad, el valor civil de denunciar los actos anticipados de proselitismo?

—Yo espero que sí. Y no solo lo espero, lo pido, porque estoy seguro que es el sentimiento de muchos militantes del partido que quieren ver en su dirigencia, una actitud activa, de apego al derecho; hay mucha gente que sigue convencida que vale la pena seguir en la izquierda, en este caso en el PRD, y que al ver estos abusos, espera de su dirigencia una posición muy firme. Yo no voy a ser quien diga algo distinto; yo espero que el Comité Ejecutivo Estatal, así lo haga y seguramente, así lo hará.

—¿Extraña al PRD de hace unos 15-20 años que era luchador, contestatario…?

—¡Combativo!

—Así es y ahora vemos a un PRD más papista que el Papa.

—Siempre es un reto de la izquierda mantener dos posiciones: La propuesta y la protesta. Tuvimos a una izquierda, durante muchos años, que era solo de protesta y le costó muy caro. Se dejaba de lado la reflexión, el ejercicio propositivo de constituirse en una alternativa. Era una izquierda que se entendía siempre como un partido de oposición, pero no como un partido con vocación de poder, con posibilidades de ser y ejercer el poder.
Eso se ha ido modificando y surgió una izquierda de mayor propuesta y menor protesta; quizá a algunos sectores se les pasó la mano y se convirtió en un partido solamente testimonial y en algunos casos, colaboracionista; no critico ni a una ni a otra; ambas partes son necesarias, pero tiene que haber un equilibrio entre las dos: saber cuándo protestar y cuándo proponer. Saber en qué momento levantar la voz y en qué momento poder negociar y acordar, porque la política es negociación y es acuerdo. El justo medio para un partido moderno como aspira a ser el PRD, debe estar justo a la mitad, entre la protesta y la propuesta.

—¿Tienen la expectativa que eso se supere o se logre en Chiapas, dadas las condiciones en que se encuentra no solo el PRD sino todos los partidos políticos?

—Ser oposición es una responsabilidad muy grande. Espero y quiero creer que desde las dirigencias de los partidos, se entienda esa responsabilidad, porque ser oposición no significa pleito, no obliga a estar confrontados y enfrentados con el gobierno. ¡No! Significa mantener una voz crítica y creíble; una voz que señale faltas, que critique desde el fundamento del respeto.
Yo no creo en la estridencia para hacer política. Corresponde a los líderes partidistas, y me refiero a los partidos serios, comprometidos. Entiendo que hay partidos que nacieron para ser satélites y esos, pues no creo que tengan otra vocación y entiendo su posición que por cierto, a veces resulta hasta un poco más honesta porque son satélites, son comparsas y a eso se dedican sin más preocupación que mantener su cuota electoral y por supuesto, financiera.

—Regresando al tema de la corrupción, ¿cuál cree que es el principal factor que, con todo y lo que se ha avanzado, mantiene a la iniciativa que se discute en el Senado en suspenso?

—La Ley Anticorrupción, viene bastante bien. Creo que sí se hubiera podido hacer más cosas, pero es un buen primer paso para contar con una Fiscalía Anticorrupción y dotar a la autoridad de más herramientas para combatir la corrupción. Hay un problema grave que debe ocuparnos; existe una medición anual sobre el tema más grave de México y éste año, destaca por sobre la inseguridad, el desempleo, la pobreza y la economía, el tema de la corrupción. El Sistema Nacional que se busca implementar, está diseñado para combatir la corrupción en el país. El desafío más grande no es nada más aprobar la ley, sino lograr implementarlo a nivel nacional y que sea efectivo para asegurar la honestidad de los servidores públicos.

—México es famoso en el mundo por tener las leyes más exactas, severas y completas… El problema de fondo es que nunca se cumplen las leyes, ¿qué mecanismo se prepara o se podría implementar para que ésta ley sí se cumpla?

— El mejor mecanismo que podemos tener es que no haya cómplices; que todos los políticos acrediten ante la ciudadanía que su ingreso y permanencia dentro de la política, parta de una vocación de servicio. Incluso, un político puede ser ambicioso por el poder, pero nunca de dinero, porque es muy distinto. Debemos de partir por desechar la lógica de hacer política con dinero para luego, hacer dinero con la política.
Es la norma, la máxima, decir que se va a invertir en política para luego, echar mano de los recursos públicos para cobrarse la “inversión”. Debe haber una transformación de los criterios y las razones de por qué estamos en política.

—La Frontera Sur


— Es un tema delicado; lo he señalado insistentemente: Si queremos una frontera segura, solo hay un camino: prosperidad en toda la región fronteriza de Chiapas. Si hay prosperidad, si hay empleos, vamos a lograr, que el “sueño americano”, se convierta en el “sueño chiapaneco”; que logremos que México se convierta en un país de destino. Pero para eso, primero hay que garantizar el empleo y los servicios para los mexicanos, especialmente para los chiapanecos que habitan en esa región. Todos los otros intentos como cerrar la frontera y criminalizar a los migrantes, no han tenido buenos resultados. Se ha anunciado, por parte del presidente Peña Nieto, la creación de una zona económica especial…
Yo pienso que no debe ser “especial”, debe ser estratégica, porque abre la posibilidad para el encuentro de economías de los estados del sureste de México con las de los países centroamericanos. Si no se fortalece la economía en la región, estaremos condenados a ser un espacio de violencia y de crimen y violación recurrente de los derechos humanos. Un gobierno justo y sensible, debe ser un gobierno que vea hacia el sur, en términos de sus rezagos ancestrales y de su potencialidad.
El sur podría crecer a las mismas tasas con que crecen los estados del norte; los servicios del sur, podrían ser iguales a los que se reciben en el Distrito Federal; pero para alcanzar eso, se tiene que hacer un esfuerzo nacional, no regional, mucho menos de un solo estado. No veo esa perspectiva; he escuchado muchos anuncios y creo que a dos años (del actual gobierno), no hemos visto una sola acción, distinta a lo que antes se ha propuesto y que no han dado resultados.

—Muchos discursos…

—Sí, y muchos anuncios, pero nada se ha concretado. Son cosas que se deben de ver y sentir.
amksheratto@hotmail.com

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16 marzo 2015

Inadmisible represión


La Libertad de Expresión y la Libre Empresa, enfrentadas; no es la primera vez que MVS y Carmen Aristegui se lían por conflictos de intereses que rebasan la capacidad de análisis. Ella es una de las profesionales de la comunicación mexicana más popular y con una reputación a prueba de dudas. MVS, notoria por sus constantes reyertas con los colaboradores de sus espacios noticiosos.
No obstante, el pleito que ahora viven y que derivó ya en el despido injustificado de la célebre periodista, ha cobrado relevancia porque existe la presunción que detrás de la decisión de los directivos de MVS, está la mano presidencial, en venganza por las investigaciones periodísticas del equipo de Aristegui con relación a las propiedades del presidente Peña Nieto. Y si no directamente la del mandatario, por lo menos, de alguno de sus colaboradores.
Si retrocedemos unos días, la comunicadora unió su equipo al proyecto MéxicoLeaks, acción que MVS consideró atentatoria contra la Libre Empresa, puesto que nunca se le consultó y porque con ello, se violaba la política empresarial. Si nos atenemos a lo que en México se entiende como “Libre Empresa”, tenemos que conceder que Carmen Aristegui Flores, cometió un error, una imprudencia, un exceso de confianza que pudo haber sido resuelto en privado.
Cierto es que, dentro de la lógica de la libertad empresarial, los propietarios de ésta, gozan del derecho de establecer sus propias normas de operación. Todo empleado o colaborador, está obligado a acatar los reglamentos, les guste o no. Hasta ahí, la razón le asiste a los dueños de MVS, independientemente de lo que abajo se explica.
Si revisamos las cláusulas de la Libre Empresa, MVS viola sus propios códigos y deja en claro que en la práctica, no es una “Libre Empresa”; según la normativa, ésta debe estar liberada de las ataduras impuestas arbitrariamente por el gobierno y que obstaculizan su marcha. Es decir, éstas no deben recibir apoyos, protección, subsidios y concesiones de parte del gobierno. Decir entonces, que Aristegui puso en riesgo a la empresa al vulnerar sus códigos internos, es una falacia, principalmente, porque la motivación del despido, tiene un trasfondo diferente. A MVS, le falló la estrategia.
Porque la sospecha generalizada es que detrás del despido de Aristegui, está la injerencia gubernamental. Si hacía falta un ingrediente que deforme aún más la figura presidencial, el despido de la periodista (horas antes habían despedido a dos de sus reporteros investigadores, de quienes poco se ha dicho), trastorna por completo el escenario que algunos medios y la administración gubernamental venían construyendo para encubrir, convenientemente, el asunto de las propiedades del presidente.
Como estrategia para imponer el silencio a las voces incómodas del país, solo ha servido para desnudar la complicidad voluntariosa de un empresario que lejos de ayudar al mandatario, lo evidencia. Y atenta contra la Libertad de Expresión.
En México, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, pasa por un mal momento. Al cuestionamiento crítico, se responde con represión, lo cual nos lleva a las décadas del oscurantismo político, a la época en que los gobernantes castigaban a los periodistas con la mordaza o la muerte. Ello abona a la crisis de credibilidad por la que atraviesa el régimen que hasta ahora, no se ha pronunciado.
Todo esto nos obliga a buscar el debate serio sobre los derechos y libertades que en el país se están pervirtiendo para regresar a los tiempos aciagos de la opresión institucional. Se ha avanzado mucho en materia de códigos y protocolos para la Libertad de Expresión y sería un error que, para legitimar los abusos del poder, se acoten los espacios únicos para que los mexicanos, por lo menos, estén debidamente enterados.
Se podrá no estar de acuerdo con el estilo o con la postura de Aristegui en muchos temas, pero debemos solidarizarnos para evitar que la guillotina descuartice al periodismo mexicano. La Libertad de Expresión, no puede estar a expensas de la Libre Empresa, con todo y las facultades a que tienen derecho los dueños de los medios de comunicación. Cada quien en su justa dimensión.
La credibilidad de quienes nos gobiernan, no se robustece con intromisiones coercitivas ni con actos violatorios al derecho universal; si han de obtener respeto, habrán de ganarlo, justamente, respetando las libertades de los gobernados. De otra forma, solo estarán contribuyendo al estrepitoso desplome de un país que no los merece como gobernantes.
amksheratto@hotmail.com

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13 marzo 2015

¿El crimen perfecto?


Padres de la bebita asesinada.



A Kimberly Isabela Albores Ramírez, bebita de un año y siete meses de edad, claramente la asesinaron. Dadas las evidencias periciales detectadas en el lugar del crimen, murió estrangulada; las hematomas en el rostro y cuello, son indicios irrefutables que para matarle, la presunta asesina hizo uso de toda la alevosía, ventaja y el dolo necesarios. Algunos defensores de Citlaly Anahí Díaz, principal sospechosa material, arguyen que la muerte de la niña sobrevino durante el intento de resucitación en virtud de un no probado “atragantamiento”.
El peritaje forense, los desmiente. La menor no tenía residuos de alimentos en su cuerpo e incluso, se presume que presentaba leves signos de deshidratación. La conclusión oficial es que murió por “asfixia mecánica por ahorcamiento”. Es lo que afirma la doctora Ana Elena Hernández Salazar, perito médico, adscrita al Servicio Médico Forense. Fue, insisto, en base a lo anterior, un asesinato doloso.
Doloso, porque de acuerdo al Código Penal vigente, éste se tipifica en virtud de la intencionalidad del agresor; es decir, quien asesinó a Kimberly, tuvo el propósito determinante de quitarle la vida. El recuento de los hallazgos ministeriales que en su oportunidad dio a conocer la Procuraduría de Justicia, confirman que, tras la realización de todos los procedimientos rutinarios, se habría determinado que en efecto, a la bebita, la habrían asesinado con dolo.
Ernesto Hernández, Juez Tercero del ramo Penal, sin embargo, no piensa lo mismo y, sin mediar explicación, reclasificó el delito, calificándolo de culposo. Es decir, que éste fue accidental, fortuito o involuntario. Ello ha levantado un alud de críticas contra el juzgador. Y no con escasa razón.
A simple vista y bajo cualquier lógica, no hay elementos para la reclasificación del delito. No existen bases jurídicas para tal acción. Las pruebas son incontestables, irrefutables. Cuatro motivaciones de fondo, se alcanzan a ver en la decisión tomada por el juez Hernández: corrupción, complicidad, consigna, ignorancia.
Porque con la reclasificación, Citlaly Anahí Díaz y Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez (encargada de la guardería “Pasitos de Colores” donde asesinaron a la bebé), las dos implicadas, salieron libres, sin ninguna restricción judicial, lo que se ha interpretado como un acto deliberado para que ambas, huyan de Chiapas, como se rumora, ya ha sucedido.
¿Quién saldría beneficiado con la liberación de las presuntas culpables del crimen? ¿Qué se pretende tapar con esa acción al margen del procedimiento penal?
Una cosa que casi no se ha tocado desde que asesinaron a Kimberly, es las condiciones con que operan las guarderías o estancias infantiles, como suelen llamarles. No existe la más mínima seguridad para los niños. El personal contratado por los dueños de esos lugares, se supone, debería ser supervisado por la SEDESOL, dependencia gubernamental que subsidia las guarderías. Más aún, quienes trabajen ahí, deben ser capacitados por esa instancia. No es así.
Citlaly Díaz, la presunta criminal, según se sabe, solo tiene estudios de preparatoria no terminados; Kimberly Albores, la víctima, no aparece en el padrón de beneficiarios, pese a tener algo así como seis meses de asistir, para su cuidado, en “Pasitos de Colores”.
Huele a corrupción y complicidad. A que con la determinación del juez, se busca esconder el fondo de un programa mal ejecutado y que tiene que ver con la seguridad de cientos, miles de niños en todo Chiapas. No se ha dicho, por ejemplo, por qué la SEDESOL, otorga crédito a cualquiera que se acerca para abrir una guardería, sin investigar los antecedentes de quien lo solicita.
Tampoco se ha explicado el fin de los recursos financieros que se captan por esa vía y que se otorgan sin cumplir con las normas de rigor. Deben decir, los encargados de SEDESOL, por qué se niegan a prestar los servicios médicos adecuados en las estancias infantiles. Si se trató de encubrir las anomalías en la dependencia en mención, cometieron un craso error, pues hoy, el escrutinio está sobre esa dependencia. Error, porque ni el juez ni los beneficiarios, previeron las consecuencias de una acción, igualmente dolosa que el propio crimen.
Rosario Robles Berlanga, titular de esa institución, acusada permanentemente de corrupción, tiene una mancha más encima. Y todo, por su incapacidad para atender los verdaderos asuntos de Estado. Un crimen, demerita al Estado mismo. Hasta ahora, todo indica que se pretende cometer el crimen perfecto; el de una bebita indefensa e inocente.
amksheratto@hotmail.com

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09 marzo 2015

El recule del senador Melgar



Que sí, pero siempre no.
Mientras las autoridades sanitarias admiten no más de cien personas infectadas con el virus del Chikungunya, principalmente en la Costa de Chiapas, un boletín reculado de la oficina del senador por el PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, habla de 5 mil 500 víctimas, cifra verdaderamente alarmante que debe ser plenamente clarificada por dos razones: una, para que la sociedad esté alerta y tome las debidas precauciones y dos, para que prospere el “punto de acuerdo” que, se supone, presentó ante el Senado, Melgar Bravo. Y una más: para que se sepa la verdad absoluta del asunto.
En el comunicado de prensa emitido por la Oficina de Prensa del PVEM en el Senado de la República, se explica que el senador Melgar, pidió a la Secretaría de Salud (no especifica si estatal o federal) atender el brote de esa enfermedad, mediante “una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y correcta atención de la enfermedad.”
Según ese boletín, Melgar Bravo habría calificado la expansión del virus como de “brotes masivos (…) (que) han rebasado la capacidad de las autoridades chiapanecas de Salud para atender la enfermedad” y acusa a la Secretaría de Salud de no haber, hasta ahora, “tendido un cerco sanitario y no ha declarado la correspondiente zona de emergencia”, medida que, dice el boletín, el senador consideró de “urgente e indispensable”.
Se acusa también a las autoridades sanitarias de ineficiencia para el tema de la fumigación para la exterminación del mosquito transmisor de la enfermedad, de ausencia de una campaña efectiva para combatir el mal, de una nula campaña de prevención y de atención inadecuada a los infectados.
Momentos después, la misma oficina emisora del boletín, envió un mensaje simple, sin mayores explicaciones. “Favor de omitir el boletín que les acabamos de mandar”.
O el senador se equivocó de estrategia, o recibió un buen jalón de orejas para recular la información sobre un acto que, se presume, llevó a cabo en la Tribuna misma del Senado. Cualquiera de las dos cosas, pone en entredicho el discurso que ha venido manejando y que, según sus propagandistas, abunda en beneficio de los chiapanecos.
O se dio cuenta que, al “evidenciar” a las autoridades de salud, ponía en tela de duda los resultados de su hermano Yamil Melgar Bravo, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quien muchos le critican su incapacidad para atender los problemas de salud de los chiapanecos afiliados a esa institución.
¿Indicios de un distanciamiento con el gobierno del estado? ¿Fallida demostración de fuerza? ¿Medida de presión para alcanzar espacios mediáticos? ¿Resbalón? ¿Acción premeditada para marcar territorios? Todo cabe en la política chiapaneca.
Lo cierto es que extraña que por un lado, el senador haga pública su adhesión a las políticas locales y por otro, cuestione los resultados de éstas. No extraña por venir de quien viene, sino por el momento político que se vive y que tiene sus propias repercusiones. El señalamiento que hace de un problema real, puede ser tan cierto, como puede ser manipulable, dependiendo del interés que le haya movido.
Lo ocurrido, desde luego que daña la imagen del legislador Melgar Bravo. Y más, porque en el recule, hay tal simpleza que obliga a la exigencia de explicaciones, especialmente porque se trata de un problema de salud que, si no se atiende, podría ser mucho más grave en adelante. Y sí, como aseguran las autoridades locales, la propagación del Chikungunya, es menor a la información que circula a modo de rumor a veces y otras, como versión extraoficial, los asesores del senador habrán cometido una pifia que arrastró a éste a una situación incómoda en la que sale lastimada su credibilidad.
En todo esto, alguien debe tener la verdad. Y ese “alguien”, está obligado a decirla, puesto que es deber constitucional, defender a las instituciones y garantizar el bienestar de los ciudadanos. El senador, parece haber olvidado que Chiapas, es un estado donde sus habitantes, son gente pensante, gente que analiza y que tiene a sus políticos prácticamente en la mira. Errores de esa naturaleza, por su notoriedad, son calificados. Ya se imaginará cómo le están calificando por ello. Y si tiene razón, obligado está a pormenorizar y dar más detalles, en público, de la información fidedigna que posea respecto a la epidemia a la que se refiere.
Arrepentirse, es de pecadores; corregir, de sabios. Desagraviar, de valientes, pero ¿recular?
amksheratto@hotmail.com

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01 marzo 2015

¿Quién debería gobernar a Tuxtla?



Tan malo como los aspirantes a sucederle.
Estamos en puerta de un proceso electoral local; sin reglas claras y sin autoridad moral, éste se asoma con más sospechas e incertidumbre como nunca antes habíase visto en Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, es quizá la más vigilada por el ojo ciudadano. No por la importancia de la ciudad, sino porque hasta hoy, ningún aspirante ha desplegado un programa de trabajo serio, responsable, confiable.
Muchos son los que pretenden gobernar a una ciudad sin rumbo, sin autoridad y sin perspectiva de progreso genuino. Una ciudad que por algunos trienios, no ha tenido a un alcalde auténtico, autónomo y comprometido con los ciudadanos. Los últimos, han sido una especie de “pajes” sin la menor capacidad de acción propia y para empeorar las cosas, la escasa libertad de la que gozan, la utilizan para afectar a la ciudadanía. Los pocos recursos financieros que manejan, los han manchado de una corrupción insostenible.
El recuento del deterioro de la ciudad en manos de un alcalde inexperto en temas sociales y políticos y cómplice del saqueo de los recursos financieros, dejaría a cualquiera, sin palabras.
La perorata que se ha vuelto el camino fácil para el autoengaño, es que a Tuxtla, “le está cambiando el rostro”. Cierto. Hoy vemos algunas arterias de la ciudad modernizadas, mejor iluminadas, bien pavimentadas y fluidas. Pero no porque el actual alcalde, Samuel Toledo Córdova, esté trabajando en ello. ¡Son obras del gobierno del Estado y otras, con recursos y supervisión federal!
Las colonias de la ciudad, principalmente las ubicadas en la periferia, son un desastre: sin agua potable, los drenajes rotos, sin luz pública y las calles en completo abandono. Ahí, la inseguridad es aterrorizante. Y eso que constantemente, el Ayuntamiento capitalino recibe “galardones” bajo el argumento de “ser la ciudad más segura de México”.
Las condiciones de la ciudad, son escandalosamente deficientes, abrumadoras. Lo peor es que no hay las mínimas condiciones para creer que, como resultado de la próxima elección, las cosas vayan a cambiar. Hemos visto a todos los aspirantes y de entre todos, no se haría ni un tercio de quien debería dirigir a una ciudad cosmopolita pero al mismo tiempo, caótica y desenfrenada.
Los discursos hasta ahora escuchados, son fatuos, inentendibles, rastreros, desproporcionados, difíciles de digerir y mucho menos, de creer. Algunos de los que quieren ser alcalde, han rayado en la idiotez y otros, están asentados en el ridículo y la perversidad mal aplicada. No dan señales de querer regresar al Ayuntamiento, la autonomía constitucional, por mencionar lo menos y resaltar lo más.
Los discursos de los aspirantes, se basan en largas y tediosas alabanzas a quien tengan enfrente. No tienen iniciativa propia. Olvidan deliberadamente —o por ignorancia supina— al elector. No tienen interés de provocar respuesta entre la sociedad, sino, posicionar su mezquindad para coleccionar simpatías en las cúpulas partidistas que a decir verdad, también están en la fosa de las inmundicias. Pareciera que su gran aspiración es ser títeres, no alcalde.
Podríamos entender la falta de propuestas para Tuxtla, si basásemos un análisis en la relativa juventud de algunos de los aspirantes o por lo menos, de los “más fuertes”. Pero ello, no debe ser pretexto para tener a la brutalidad de cabecera. Conozco jóvenes con una capacidad extraordinaria de oratoria, con un positivismo acendrado, con ideas fijas y deseos legítimos de servir a los demás. Pero en los precandidatos a gobernar Tuxtla, solo veo palabrerío hueco, sin sentido, sin propuesta, sin espíritu.
En una cosa coinciden los susodichos: que salieron buenos para el acarreo de gente, para la compra de votos a cambio de tortas con refrescos, al muy viejo estilo del PRI. Que salieron buenos para violar las leyes electorales, sin ser molestados por las autoridades encargadas de evitar vicios y excesos.
Con esa perspectiva, debemos atenernos a seguir teniendo alcaldes sin capacidad, ni sensibilidad ni talento para el trabajo. Sin inteligencia para, por lo menos, construir un discurso esperanzador. Sin visión para nada. Sería incapaz de comparar el discurso político actual con los excrementos; las heces fecales de todo ser viviente, por lo menos, sirven para que algunas especies de escarabajos, coman y construyan su casa. Las monsergas de nuestros políticos, no sirven para nada.
Lastimosamente, todos son iguales; unos más mentirosos que otros. Unos más necios que los demás. ¿Cambiarán? ¿Buscarán fórmulas precisas para, al menos, ser candidatos respetables? Francamente, lo dudo. Entre los aspirantes, reina la anarquía, el desdén, la soberbia, la prepotencia. Lástima de jóvenes.
amksheratto@hotmail.com

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26 febrero 2015

Tito Rubín y las leyes violadas


¿Qué ley o estatuto no ha violado?
Desde hace algunos días —y con justa razón—, circula una carta firmada por varios periodistas en la que exigen la destitución de Tito Rubín Cruz, titular de la inútil “Fiscalía Especializada en Atención de Periodistas y Libertad de Expresión”. Las motivaciones del grupo de colegas, se fundamenta en la nula acción del funcionario y la oficina a su cargo, para resolver agresiones diversas de las que han sido víctimas varios comunicadores.
Totalmente de acuerdo; Rubín Cruz, no ha consignado ni una sola averiguación previa por las agresiones sufridas por el gremio periodístico. Las pocas veces que ha actuado, ha sido para “mediar” entre agresor y agraviado, truncando con ello la posibilidad de que por fin, se castigue a los represores y persecutores de la libertad de expresión en Chiapas, en su mayoría, alcaldes, jefes policíacos, asistentes de algunos políticos y organizaciones aparentemente sociales y sindicales.
El desdén con que el tristemente célebre co-fundador de la “Banda del Pañal”, trata a los periodistas agraviados, es sencillamente, inadmisible. Incumple con toda la normativa y reglamentos procedimentales, de tal forma que intentar buscar justicia en sus oficinas, termina en una lamentable pérdida de tiempo. En primer lugar, por el trato déspota que da a los ofendidos en las contadísimas veces que los atiende y en segundo, porque casi nunca está en su lugar de trabajo. ¿Por qué no atiende su obligación?
Sencillo: el funcionario dedica más tiempo a atender asuntos en la Notaría Número 9, cuyo titular, sigue siendo él. Una revisión a la página web de dicha notaría, nos indica claramente que él sigue fungiendo como notario titular, a pesar que la Ley del Notariado Público y la Ley de Servidores Públicos, se lo impiden explícitamente. En la página web (http://notaria9chiapas.com/), Rubín Cruz, ofrece todo tipo de servicios notariales, exhibiendo sin pudor, logotipos con su nombre. Ésta, según el reporte interno, se actualizó el pasado 18 de Enero, lo cual es un claro indicativo que viola todas las normas y preceptos de ley.
En el Capítulo IV, artículos 52, 76 y 77 de la Ley del Notariado Público de Chiapas, dice con absoluta claridad que es impedimento para los notarios, “desempañar cualquier empleo, cargo o comisión dependiente de los poderes de la federación, estado o municipio”; éstos, según la ley, solo pueden solicitar licencia por un año y no podrán solicitar otra, a menos que se trate de una enfermedad grave.
Si bien la ley faculta al Ejecutivo a otorgar licencias a los notarios para cumplir con una encomienda dentro de la función pública o para acceder a un cargo de elección popular, cuando así fuere, la notaría pasará a un notario sustituto, dejando, obviamente, de ser el titular aquel que hubiese solicitado licencia. Tito Rubín, ¡sigue al frente de su notaría! Viola la ley y por tanto, un violador de la ley, no está facultado para “defender” a ésta.
Como funcionario, el señalado también viola la Ley de Servidores Públicos que en el artículo 45 del Capítulo II y fracción XI, establece que “debe abstenerse de desempañar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba.”
A más de lo anterior, el “Fiscal”, incumple con el estatuto referente a la Fiscalía a su cargo que establece entre otras cosas, perseguir los delitos cometidos contra periodistas, conocer y coordinar las investigaciones, atraer delitos cometidos en el interior del estado, consignar las averiguaciones previas, informar a los periodistas y asociaciones sobre el curso que llevan las investigaciones a su cargo, garantizar la protección de los periodistas agraviados y decenas de obligaciones más, que vemos tiradas en el suelo.
Con esto, Tito Rubín viola además, el punto nueve de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que indica que, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”
Por lo tanto, la exigencia de los periodistas chiapanecos que han firmado el citado documento mediante el cual piden la renuncia de Rubín Cruz, es válido y está debidamente fundamentado. Y no es capricho de grupo; es congruencia apartada de intereses mezquinos. Tito Rubín Cruz, debe irse, en virtud de sus nulos resultados.
amksheratto@hotmail.com

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22 febrero 2015

¿Qué leen los ciudadanos?



Lo peor de lo peor... Pero, nosotros los elegimos, ¿no?
Raras veces se puede encontrar a alguien que conozca a más de un autor clásico; la sana costumbre de leer se ha perdido, especialmente en ésta era, la de la globalización, cuya tecnología nos ha rebasado peligrosamente. Cuando el actual presidente de México cometió la pifia de confundir las obras de Enrique Krauze y Carlos Fuentes (“La presidencia imperial” y “La silla del águila”), le abundaron críticas aún de sus seguidores. Era entonces, candidato presidencial y se exigía de él, la mayor capacidad de erudición para obtener el voto popular.
Muchos han sido los políticos que han demostrado su pobreza literaria; y han sido severamente cuestionados por su oscurantismo intelectual, pues para millones, de eso debe depender su visión para el desarrollo integral de la sociedad. Es un hecho que parte de los discursos de los políticos para la educación de los pueblos, se basa en la expectativa de una enseñanza de mayor calidad y mejor excelencia académica.
A esto surgen dos preguntas básicas: ¿Deben, los políticos, ser eruditos para tener el respaldo colectivo para una función pública? ¿Qué leen los ciudadanos comunes y corrientes?
Ser intelectual, no significa ser inteligente. Tampoco el inteligente es un intelectual. Sin embargo, ambos, en uso de esa capacidad, pueden tener el acceso libre a lo que se proponen. Esa es una clara diferencia que nos cuesta entender cuando vemos descuidos en quienes nos gobiernan o pretenden hacerlo. Ser inteligente es ser ingenioso, sagaz, perspicaz, desenvuelto, talentoso, astuto. Un intelectual, en cambio, es sabio, docto, erudito.
No trato, de ninguna manera, decir que nuestros políticos son inteligentes y por mucho menos, catalogarlos de “intelectuales”. Por el contrario, éstos suelen ser torpes, mediocres, abusivos, estúpidos, barbajanes, mentirosos, hipócritas, ladrones, sinvergüenzas, haraganes, sordos, ignorantes, vulgares, necios, mentecatos, burros, ciegos, cínicos, farsantes, vagos, indolentes, apáticos, rufianes, insulsos, frívolos, mezquinos, traidores, pueriles, desleales, burdos, anodinos, superficiales, inicuos, intolerantes, prepotentes, crueles, perversos, avaros, siniestros, inhumanos, desalmados, infaustos, deplorables…
Pero, ¿por qué, entonces, nos gobiernan? Muy sencilla la respuesta: por lo que leen los ciudadanos. Somos —nos cueste o no reconocerlo— una sociedad que en cuestión de conocimiento, se alimenta de lectura desechable a la que me niego a llamarle “literatura”, dada la gran virtud que la caracteriza: “la acumulación de saberes y conocimientos para escribir y leer de modo correcto”.
Los grandes medios de información actuales, en sus páginas web, acostumbran incluir una sección llamada “Lo más leído”; ese es el parámetro para advertir la precaria lectura de los ciudadanos. Las noticias de mayor relevancia resultan ser los chismes sobre la vida privada de los miembros de la llamada farándula. Es decir, al ciudadano, le interesa más enterarse de los deslices amorosos de los actores y actrices, que saber a ciencia cierta cuánto aumento el precio de la gasolina, por ejemplo.
Líneas arriba enumero un sinfín de adjetivos achacables a los políticos. Lo confirmo y me negaré, siempre, a retractarme. No obstante, si uno de ellos hiciere algo digno de crédito, nadie se percataría; o si por el contrario, actuare contra los intereses del pueblo, pocos, muy pocos se enterarían.
Figuran y se hacen “virales” las pifias de los gobernantes y políticos. Pero todo queda en burlas y críticas sin sentido, precisamente, porque somos una sociedad sin argumentos retóricos y sin razones para defender el provecho común. No somos un conglomerado propositivo ni crítico. Somos una sociedad conformista que sigue dictados de unos y otros lo que, para nuestro infortunio, se ha convertido en vivero de caudillos igualmente corruptos que los de la casta política. De hecho, a ese grupo pertenecen.
Hagamos un ejercicio de reflexión: México ha tenido en los últimos procesos electorales para la presidencia de la República, a cuatro candidatos brillantes, o por lo menos, con un aceptable nivel de inteligencia e intelectualidad: Gilberto Rincón Gallardo, Patricia Mercado Castro, Cecilia Soto González y Gabriel Quadri de la Torre. Los cuatro quedaron en el último lugar e incluso, algunos de ellos, perdieron el registro de sus partidos por los bajísimos resultados. En cambio, hicimos ganar a los peores de entre todos. ¿Por qué?
Porque nuestro nivel intelectual está diseñado para ser gobernados por políticos impreparados en todos los sentidos. Eso sí, los tundimos a críticas, sin tener la autoridad moral para hacerlo. Para ello, mejoremos nuestra lectura.
amksheratto@hotmail.com

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13 febrero 2015

¿Por qué no?


La señora de los "cuatros".
¡Porque no! La respuesta —que en buen entendimiento se debe dar a quien la plantea de manera cínica, perversa y en claro contrasentido las inapelables pruebas— es justamente esa: ¡Porque no! No es necesario hurgar en las entrañas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para encontrar razones de fondo que impidan a la consejera Ana Elisa López Coello, ser escogida para la nueva estructura de ese organismo, que por cierto, bajo su dirección, se ha convertido en un dique infranqueable para la pretendida transparencia en cuanto a información pública se refiere. Primera e irrefutable razón para responderle que no, que es imposible visualizarla en la formación del nuevo IAIP.
En una de sus últimas entrevistas, ella se pinta sola; no requirió detractores para autodescartarse en lo que ella creyó, el anuncio de su total disposición y capacidad para ser electa por el Congreso. Matando, se mató. Desglosemos sus declaraciones:
Se presupone que el IAIP, a partir del 4 de marzo próximo, deberá ser autónomo, imparcial y absolutamente transparente. Según ella, el renovado organismo debe ser “un apoyo para el Poder Ejecutivo del estado”. La normativa general de transparencia en el país, establece que ninguna institución de éste rango debe estar condicionada a caprichos de los gobiernos estatales y por tanto, no están facultadas para “apoyar” acciones gubernamentales de ninguna naturaleza.
López Coello, escupió una de las joyas de la verborrea menos sutiles que se haya escuchado en la búsqueda de una chamba: “La transparencia no es para ponerle un ‘cuatro’ al gobierno”. Con ello demuestra un muy bajo nivel técnico de lo que debe ser la transparencia. Ponen “cuatros”, los policías de tránsito, no los profesionales encargados de mantener lúcida la actividad de los funcionarios. ¿Fueron, acaso, “cuatros” los que puso a los poquísimos funcionarios y alcaldes a los que “exhibió”? ¡Vaya nivel!
En otra parte de dicha entrevista, afirma que tiene pretensiones de inscribirse como aspirante a Consejera, con un argumento que francamente, la descarta por completo: Lo haría, dice, “con el ánimo de realizar un mejor trabajo”. Es, por lo visto, una confesión explícita. Lo que hasta ahora ha hecho en el IAIP, no ha tenido la calidad requerida por una sociedad ávida de transparencia y pulcritud. ¿Requiere doña Ana Elisa otra oportunidad para, ahora sí, hacer las cosas mejor?
Nada garantiza que, de ser reelecta, dé buenos resultados; ya nos demostró incapacidad, ineficiencia, complicidad, desidia, debilidad, torpeza, cinismo…
Reconfirma su insolvencia al indicar que, en caso de no ser ella nuevamente nombrada, llegarán gentes “con mucha más capacidad, dinamismo y ganas de trabajar por la democracia en Chiapas”. Y tiene razón. Ganas de trabajar y hacer bien las cosas, nunca las tuvo. Gran parte de su “trabajo”, consistió en, sencillamente, no hacer otra cosa que no fueran reuniones sociales. Pocas veces fue vista en sus oficinas, salvo cuando la utilizó como casa de campaña.
Pero preguntémonos, ¿por qué cambió el término “transparencia” por “democracia”? ¿Será porque ella misma no ha sido tan transparente como se supone, debió ser? ¿Tiene, acaso, miedo que la transparencia la alcance y la obligue a explicar lo de sus recién adquiridas casas en la capital del estado o el piso completo en unas torres en el poniente de Tuxtla?
La consejera del IAIP, llama “retos” a sus malos resultados, al asegurar que 16 ayuntamientos, se negaron a entrarle al tema de la transparencia. Significa que no tuvo la suficiente autoridad moral para lograr ese objetivo. No se trataba de imponer, sino de convencer. Y Ana Elisa López Coello, no pudo; no tuvo argumentos, ni voluntad, ni capacidad para hacerlo. Lo peor es que, en el caso de algunos de esos 16 municipios, no es que se hayan negado, ¡es que nunca fueron convocados!
Es de risa, pero al justificar la negativa del ayuntamiento de San Juan Chamula para abrir su página de transparencia, dijo: “No podemos con él”. Otra vez, resalta su incapacidad y carencia de autoridad moral. Y lo peor: trasgrede el juramento hecho ante el Pleno del Congreso del Estado que es de cumplir y hacer cumplir la ley.
Por tanto, hemos de repetir a López Coello, la respuesta lógica y contundente a su pregunta: ¡Porque no! Porque no tiene capacidad, porque no ha sido transparente, porque le falta autoridad moral, porque no es inteligente, porque no ha demostrado capacidad, porque nunca tuvo ganas de trabajar, porque no ha hecho las cosas bien. Por eso y por mucho más, ¡no!
amksheratto@hotmail.com

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12 febrero 2015

INM, cueva de violadores y torturadores


Imparables, los abusos de agentes de esa institución.
La violencia en El Salvador, los obligó a salir de ese país; y no la violencia común que ha hecho que casi todos los salvadoreños tengan un pensamiento permanente: “me quiero ir a vivir a otra parte del mundo”. Se marcharon porque sus preferencias sexuales terminaron por estigmatizarlos en una nación donde el libertinaje, es cosa diaria, pero no la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Kendra, Daniela, Mahomy, Jonathan, Josué y Geovanny —cuyos nombres masculinos, los tres primeros, por voluntad propia, habían cambiado para concordar con su identidad sexual—, llevaban una vida sin mayores sobresaltos, hasta que autoridades y gente común, decidieron que no encajaban en una sociedad machista y por lo mismo, violenta.
La persecución en su país, se tornó cada vez más frecuente y más, porque trataron de hacer valer sus derechos. No encontraron lugar donde pudieran estar seguros hasta que decidieron emigrar; tomaron lo poco que tenían y abandonaron su tierra, su gente, sus costumbres. Se prendaron del sueño americano y corrieron tras él. Poco se sabe de sus aventuras en territorio guatemalteco. Pero mucho, de lo que les ha ocurrido en el mexicano, donde las autoridades federales anuncian un día y sí y el otro también, medidas para combatir la tortura y persecución a migrantes.
La historia de éstos jóvenes, es aterradora y esculpe a la perfección, un estado de perpetua violación a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición física, religión, raza, ideología o preferencia sexual.
Una vez que atravesaron el Suchiate en balsas de hule para pisar suelo mexicano, Mahomy, Daniela Y Kendra, tuvieron la mala suerte de ser abordadas por cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración; eso lo corroboraron algunos testigos de la detención. Ahí mismo, en Hidalgo, en la delegación del INM, las tres chicas transexuales, fueron constantemente violadas por los de esa institución; las despojaron, además, de las pocas pertenencias que traían.
De alguna manera, fueron liberadas y buscaron refugio en el albergue “Jesús el buen pastor”, de donde, por su condición de transexuales, fueron echadas hace apenas unos días, solo con el amparo de un especialista de la Comisión de Derechos Humanos, que poco ha podido hacer para que lleven una vida digna mientras encuentran condiciones para seguir su camino rumbo a estados unidos.
Una semana después del ataque a Mayhomy, Kendra y Daniela, Josué, Geovanny y Jonathan, fueron brutalmente golpeados por los mismos elementos del INM. Venían también de El Salvador, huyendo de las amenazas de muerte que, por su activismo, habían lanzado contra ellos. Los despojaron de todo y fueron sometidos a torturas indescriptibles. Junto con las tres chicas transexuales, deambulan ahora en busca de ayuda en la Ciudad de Tapachula. Deberían, por haber sido víctimas de violación y tortura por parte de agentes del estado, acceder a una visa humanitaria. Se las han negado.
Desde hace años, el gobierno Federal ha insistido en cambiar las formas de trato a los migrantes. Se han establecido protocolos y se han adecuado medidas para que la tortura, el despojo, la violación y persecución contra éstos, termine de una vez por todas. Todo ha quedado en un discurso muy bonito porque en la práctica, el salvajismo, sigue siendo lo mismo.
Mucho se ha hablado de respeto a las preferencias sexuales de los ciudadanos, vengan de donde vengan y vemos que la violencia contra quienes tienen gustos sexuales distintos, es cada vez más recurrente y con mayor grado de agresión, especialmente, por parte de las autoridades federales.
Todo esto nos indica que no ha habido cambios sustanciales; que todo ha quedado en el palabrerío hueco de un gobierno insensible y funcionarios corruptos y ladrones. La violación de los derechos humanos de los migrantes y de personas con preferencias sexuales distintas, es una práctica cotidiana que ninguna autoridad parece tener interés en erradicar. Y menos, mucho menos, que exista la voluntad para castigar a los responsables de la tortura y persecución sistemática en la Frontera Sur.
La exigencia es que haya sanciones drásticas y que se mejoren los protocolos; que el respeto a los migrantes, sean quienes sean y vengan de donde vengan, sea una garantía del Estado. Con discursos y ofrecimientos, pero con agentes del INM torpes y abusivos, no iremos a ninguna parte. ¿Alguien va a hacer, por fin, lo correcto en ese tema?
amksheratto@hotmail.com

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10 febrero 2015

Peña Nieto, sinceridad tardía


¿Que más da?
La alegoría es casi perfecta: un hombre de Estado, tiene la sospecha que los hijos que ha procreado con su mujer, no son suyos. Para salir de las dudas, ¡le pide a ella que “investigue” si la información que circula en el territorio que gobierna, en torno a posibles infidelidades, es cierta! La posición del estadista es simplemente, inmejorable para en su momento, acallar los rumores con “verdades históricas”.
En México, la perpetua manía de mentir para salvar situaciones incómodas, no sorprendió cuando el presidente Peña Nieto, en un arranque de tardía sinceridad institucional (la honradez personal, ni la toquemos), nombró al hijo de un reconocido abogado defensor de corruptos para que investigase el llamado “conflicto de intereses”, surgido tras el descubrimiento de algunas propiedades suyas bajo sospecha.
Alguien desprovisto de visión a corto plazo sobre crisis emergentes, aconsejó al presidente a cometer una pifia incomprensible para el grado de inconformidad que hay en el país e innecesaria si tomamos en cuenta que el lodo, no se limpia con más lodo.
Impensable que un funcionario bajo las órdenes de Peña Nieto, con salario pagado por el Estado y presupuesto operativo erogado por la Secretaría de Hacienda, vaya a “investigar” las probables malas prácticas de los involucrados. Es como poner de policías, a los bandoleros que asuelan una comarca. Y mucho menos, cuando vemos que los principales señalados son el propio Presidente y Luis Videgaray Caso, titular de Hacienda, a quien se le han encontrado propiedades de procedencia poco clara.
Virgilio Andrade, quien ha desempeñado cargos partidistas en el PRI desde que Enrique Peña Nieto surgió como candidato presidencial, revive la Secretaría de la Función Pública, eliminada del esquema institucional primero, bajo el argumento de falta de presupuesto y segundo, ante el anuncio que se crearía una Comisión Nacional contra la Corrupción, ente que atacaría de fondo el eterno mal de México.
Nunca se creó dicha Comisión; la sociedad, por una u otra razón, algunos Medios de Comunicación y organismos no gubernamentales, fueron quienes empezaron a ventilar casos de corrupción o —como tratan de atenuar— “aparentes” actos al margen de la ley. Se supuso que esa Comisión, estaría integrada por hombres y mujeres con un altísimo grado de probidad y serían totalmente independientes del gobierno. Al conocerse la podredumbre, al mandatario no le quedó más remedio que resucitar una dependencia que en el pasado, tampoco entregó cuentas claras.
Los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada y Calderón Hinojosa, no estuvieron exentos de las tentaciones de la corrupción. Las familias de éstos, amasaron grandes fortunas al amparo de una SFP apática, insensible, cómplice y tapadera de incontables actos de putrefacción. De tal forma que, ni la dependencia ni el encargado de éstas, dadas las condiciones, garantizan la erradicación de ese dañino proceder.
En los últimos días, medios estadounidenses, han dado a conocer nombres de exfuncionarios y exgobernadores mexicanos inmiscuidos en actos de corrupción escandalosos. Esto nos da un claro indicador que en materia de transparencia, México sigue dando pasos gigantescos… Para atrás. El discurso para transparentar el uso de los recursos públicos y las propiedades de los servidores públicos, es solamente palabrerío hueco que empieza por convencernos de lo contrario: la corrupción tiene atrapado al país entero.
Nombrar a un incondicional para que se haga cargo de erradicar viejas y nocivas prácticas que tienen su origen en las entrañas mismas del sistema, es una aberración que señala hacia una burla o por lo menos, hacia una irresponsabilidad inadmisible. Si el presidente Peña Nieto de verdad quiere combatir la corrupción, debe optar por medidas drásticas, más allá de posturas que solo lo dejan en ridículo.
Debe además, impulsar organismos independientes para dar credibilidad a sus actos; hasta hoy, solo ha añadido desprestigio a su ya destartalada imagen y desconfianza a una institución que no ha podido consolidarse ante una sociedad cada vez más contestataria y exigente. México debe salir de la crisis a la que la han sometido sus gobernantes y el primero en dar el ejemplo, es Peña Nieto, pero no con imposiciones cómodas para él, sino efectivas para los mexicanos. No tiene alternativa.
amksheratto@hotmail.com

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09 febrero 2015

“Premios” subastados



¿Cuánto costó al erario la "distinción"?
Ninguno ha sido debidamente justificado por quienes han sido acreedores de éstos; la ausencia de méritos es tan notoria, como notorios son los yerros de los galardonados. La fiebre de “premios” y “medallas”, lejos de honrar a los agraciados beneficiarios, los ha puesto sobre el banquillo de los acusados. Los organismos oferentes, en la mayoría de los casos, son organizaciones sin la menor de las garantías de equidad, sobriedad y seriedad. En otros casos, dada la relevancia, ponen en riesgo la credibilidad de instituciones intachables.
El último fiasco es el “certificado” entregado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo) al director del SMAPA, Alfredo Araujo Esquinca, por supuestos méritos que la verdad, no vemos por ninguna parte. Araujo Esquinca, lo asumió como un “premio” personal y así lo dio a conocer a sus corifeos.
Motivos aparte, sorprende el hecho que un organismo de talla internacional, otorgue “certificados” a una dependencia que ha incumplido sistemáticamente con su obligación primaria: dotar de agua potable a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. No solo eso: tampoco ha cumplido con los estándares de calidad del vital líquido, con lo que se ha puesto en riesgo la salud de los tuxtlecos.
Algunos apartados de las Naciones Unidas, consideran como un crimen de lesa humanidad, la no distribución de agua. Atenta contra la seguridad de las personas, cualquier acto inhumano que intencionalmente, cause sufrimientos o atente contra la integridad física o mental. El derecho a recibir agua de manera fluida en la capital de Chiapas, ha sido reiteradamente violado por el SMAPA.
¿Bajo qué oscuros criterios otorgaron ese “premio” o “certificado” a quien no lo merece? Supuestos galardones entregados a alcaldes y otros funcionarios de Chiapas en los últimos meses, ha tenido el distintivo de haber sido adquiridos con recursos del erario público. La sospecha que fueron comprados para acrecentar el ego de los “galardonados”, poco a poco ha ido quedando al desnudo, lo que nos obliga a, por lo menos, desconfiar de un organismo, otrora prestigiado.
EL Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, ha sido un organismo fallido. La corrupción ha sido la constante, al grado que para su actual director, Araujo Esquinca, una de las soluciones más viables, es la privatización de éste. Y no porque sea una solución acertada, sino porque como negocio, es bueno. Tan bueno que durante décadas, ha sido la caja chica de gobernantes y alcaldes.
El SMAPA, es sinónimo de ineficiencia. Desde el sexenio pasado, se dijo que éste funcionaría de tal manera que toda la capital tendría agua potable todos los días. Ha sido la gran estafa, la gran mentira, puesto que el desabasto de agua, es cada vez más preocupante. Existen colonias donde el servicio se corta hasta por meses enteros, pese a que los recibos llegan sin falta ni demora, lo que constituye un fraude a gran escala. ¿Por qué entonces lo premian? Nadie alcanza a entender las razones de un acto que más, parece una burla. Una bofetada que no debemos permitir por nada del mundo.
Y más, porque al no haber motivaciones de fondo y confiables, surge la sospecha como elemento insustituible. Si ya otros “galardonados” compraron premios, ¿por qué no habría de hacerlo Alfredo Esquinca que busca a toda costa quedarse con un negocio como el de la distribución del agua potable? Nadie del PNUD estuvo en Tuxtla para verificar las condiciones de una de las empresas menos productivas de la entidad. O por lo menos, no lo dieron a conocer, lo que hace que la sospecha, sea aún más grande.
Para que una dependencia, alcalde, funcionario, juez, diputado o lo que sea, sea merecedor de un premio, falta mucho. Se les paga para que trabajen y entreguen buenos resultados, no para que reciban premios inmerecidos. Y más, porque tienen más desaciertos que aciertos. Antes que “premios” exigimos eficiencia, honradez, resultados. No más engaños ni mentiras. No más galardones de cartón que a los ciudadanos, no nos sirven de nada.
amksheratto@hotmail.com

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28 enero 2015

Políticos, payasos y patadas





¿Y qué partido los apoyara? Eso también contará, viéndolo bien.
Que un payaso aspire al poder público o que un hombre dedicado a patear pelotas busque, igual que cualquier diva o galán de telenovela, ser alcalde o diputado, parece estar escandalizando a los mexicanos. Los dueños del dogma político tradicional, asumen que esa es una tarea reservada para los “políticos profesionales”; los escépticos creen que es algo que debe verse desde una perspectiva populista. Los pretensiosos de la fallida democracia, fanfarronean y determinan con autoridad de tiranos, que el asunto, es imposición inapelable…
Dar la razón a unos y otros, sería tanto como cerrar los ojos para no ver el precipicio a donde el país está cayendo, desde que los políticos dejaron de serlo y los ciudadanos, politizaron sus sueños comunes.
Cierto es que, por obligación costumbrista, los cargos públicos deben ser otorgados —por voto o tributo pactado— a quienes per se, han construido —o les han montado escenarios ficticios— una imagen pública acorde a sus, o los intereses de terceros, que van más allá del interés público.
A esos, solemos llamarles “políticos”. Hombres y mujeres que por angas o por mangas, alcanzan cargos de elección que en la mayoría de las veces, fecundan en las enaguas de la sospecha y, por qué no decirlo, en las partes pudendas de un sistema político y partidista corrupto, impune y cínico. Si, como ciudadanos, revisásemos cuidadosamente al sistema político de México, estaríamos absolutamente convencidos que somos víctimas de ellos y de nosotros mismos.
De ellos, los políticos, porque sistemáticamente nos han mentido, engañado, robado, perseguido y aniquilado como sociedad librepensante. De nosotros, porque, a pesar de ser permanentemente engañados, seguimos votando en beneficio de los mismos sinvergüenzas que dicen gobernarnos.
El partidismo, no ha sido otra cosa que la fatídica expresión de colores que nos hacen creer que rojos, verdes, amarillos, azules, morados, blancos y negros, son buenos o quizá malos, de acuerdo a circunstancias que tarde o temprano, nos enseñan que los colores en política, terminan siendo de un solo color: el gatopardismo por decir lo menos y el característico que nunca traicionará al excremento, para no ignorar la escatología que tiñe a unos y otros.
¡Un payaso incompetente! ¡Un deportista soberbio! ¡Una actriz de mediana estampa! En las ciudades del país donde se han presentado personajes impensables, el escándalo es mayúsculo. Sus ciudadanos y los de otras partes, han vomitado opiniones diversas, satirizando a los pretendientes o de plano, llenándoles de maledicencias.
Nadie parece entender las razones por las que personalidades de distintos sectores y estratos, dan el salto a la política, ese mundillo ruin y despreciable. Al menos, es lo que reflejan. Y nadie tampoco entiende, el desconcierto provocado. No debería sorprender a nadie que quienes vivan de la patada, las risas, los aplausos o lo que sea, se inserten en un plano en el que, desde la perspectiva del resto, no encajan.
No nos debería sorprender porque payasos, por ejemplo, siempre hemos tenido en la política mexicana. Políticos que hacen su trabajo con las patas, también los hemos tenido y políticos que solo viven de las lisonjas y aplausos, están regados por todas partes. ¿Por qué el rechazo, entonces?
Sucede que somos una sociedad de modas y limitada memoria; nos indignamos un rato y al siguiente, acudimos en tropel a elegir a los mismos que han hecho daño al país. Una sociedad que alimenta permanentemente a un sistema de partidos que en el discurso, arremete contra los corruptos pero en la práctica, los consiente, respalda y otorga candidaturas; más aún: los mismos que regurgitan peroratas contra la impunidad y la corrupción, son los corruptos que deberían ser desterrados… Pero el sacrosanto “voto popular”, los mantiene en la cima del poder.
El que cualquier ciudadano aspire a un cargo de elección popular, independientemente de su trabajo, profesión u oficio, no debe ser objeto de burlas o condenas. La ciudadanía tiene la obligación de rescatar al país de las manos en que actualmente se encuentra. Tiene además, el derecho a participar para, paulatinamente, quitar a los corruptos del poder. Siempre y cuando, claro está, esos ciudadanos, no caigan en las seductoras redes de los políticos y nos salga más caro el caldo que los frijoles. Casos como el de Ayotzinapa o el ahora preso exalcalde de Pueblo Nuevo, Enoc Hernández, pueden evitarse, si ciudadanos honrados toman el control del poder público.
amksheratto@hotmail.com

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