27 abril 2016

Crónica: El argumento para una revuelta


Angel Mario Ksheratto

El presidente del Congreso, huyó del recinto parlamentario.
La costumbre de tomar edificios, bloquear vías de comunicación y marchar en cualquier parte del estado, dejó de ser. Y es que un día azaroso entre movilizaciones sociales —y no tan sociales—, cualquiera lo pasaba entre la monotonía del griterío desenfrenado, cargado de razón, pero sin espíritu de auténtica lucha. Lo de éste martes cambió las formas… y las maneras de responder a la exigencia popular.
Fue un martes raro; diría que un día de revelaciones políticas. El asunto de Chenalhó, cuyos habitantes habían solicitado al Congreso del Estado la destitución de su alcaldesa, no era nuevo para los diputados. Tres veces le habían dado largas a los inconformes, y no de manera directa, sino a través de los asistentes, esos que cobran como aviadores. “Ya no lo vamos esperar un día más; chingue su madre el diputados, lo vamos prender fuego si es necesario…”, repetía una y otra vez un hombre ataviado con el traje regional de Chenalhó: sombrero de polyester blanco cubierto con decenas de cintas de color, cotón negro de lana cruda, camisa azul chillante, suéter verde, playera blanca, pantalón de lino blanco, faja negra y botas de cuero puntiagudas, arqueadas; de esas que casi pegan en las rodillas con la punta.
Minutos antes, el pleno del Congreso del Estado había dado por finalizada la sesión ordinaria, una de las tantas que se dan con la mayor celeridad: tres

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24 abril 2016

Los manglares, ¿destino turístico?


El deterioro del medio ambiente, es desolador en la costa de Chiapas.
Dos de las seis especies de mangle en el litoral del pacífico están desapareciendo paulatinamente de la zona que comprende de Puerto Arista hasta Pijijiapan. La gente de por acá, dice desconocer las razones y trata de no comprender el término “extinción”. Saben, eso sí, que a lo largo de la costa hay regiones específicas donde los manglares son protegidos e incluso, las utilizan como atractivos turísticos, pero ¿a qué costo?
“Aquí nos ofrecieron desarrollo turístico y entre los beneficios estaba la explotación de los manglares como destino turístico”, explica el lanchero mientras conduce hacia la zona donde según él, “ya solo se ve mangle rojo, blanco y uno que otro negro”. El conocido como “botoncillo” y el amarillo, solo se encuentra, muy esporádicamente, en regiones remotas de los manglares. Una especie más, recién descubierta, nunca la han visto.
“Nos dijeron, pues, que había una nueva

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21 abril 2016

Julión y el erario chiapaneco

ksheratto@gmail.com

En lugar de pagar a Julión, deberían construirse escuelas dignas y cercanas.
El lenguaje sexista —públicamente condenado, pero práctica cotidiana en privado— es la razón por la que un afamado cantor de estribillos, esté en el ojo del huracán. La indignación desatada por el nacido en La Concordia y asumido sinaloense, tiene fundamento en la torpe idiosincrasia machista y en el hecho de exigir para sí, una mujer sumisa y esclava de los quehaceres domésticos, mientras que por otro lado, promueve el libertinaje y la infidelidad mediante la utilización de modelos dispuestas al sexo, las drogas y el alcohol. Completa incoherencia.
No debería extrañarnos que Julio César Álvarez Montelongo, conocido en el inframundo de la atrofiada cantaleta como Julión Álvarez, externe frases misóginas u otras que denigran al ser humano y le demeritan a él como tal. Su mundo es así: pobre de moral y escaso de educación. Lo dicen las letras de algunas de las coplas que ronronea ante un público, mayoritariamente femenil, que no advierte la terrible carga de desprecio hacia las mujeres.
En una, compara a la mujer con las mulas; en otras, dice abiertamente comprarlas con dinero y en unas más, las amenaza con muerte si no le aman. Y en muchas otras, incita a la violencia, al asesinato, al sicariato. ¿Qué entonces debemos esperar de quien no tiene la más insignificante noción de respeto hacia los demás?
Es grave, lamentable, condenable que un cantaretito execre frases tontas, ridículas, insultantes. Como éste rumiador de berreos musicales, hay muchos más. Doña Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, se suma a la pléyade de “estrellas” que utilizan los escenarios —otrora tribunas para la expresión de la mejor cultura— para injuriar los géneros humanos.
Es ultrajante la expresión de Julio César Álvarez en torno a sus preferencias personales; pero lo es aún más cuando reparamos que, en el caso de Chiapas, millones de pesos del erario público, van a parar a sus bolsillos, por concepto de regalías de sus presentaciones en la entidad.
No hay feria, boda, bautizo, divorcio, borrachera, donde no se eroguen millonarias cantidades de dinero para “pagar” los servicios de éste. Y, según fuentes confiables, en muchos municipios es obligatorio contratar al susodicho incluso, con sobrepagos.
A la par de la exigencia de retractación por lo que su desafinada boca ha externado, debe ir la interpelación general para que el Gobierno del Estado, revoque todos los contratos, verbales y escritos, que éste ha obtenido para presentarse en Chiapas. El Estado, como garante de los derechos de cada ciudadano, no puede subvencionar a un “artista” que se toma el atrevimiento de insultar a las mujeres.
Si reprobamos declaraciones de esa naturaleza, debemos reprobar que éste chamaco indecente, cobre millones de pesos que bien deberían servir para construir una escuela, un centro de salud, una carretera o lo que sea de beneficio para la ciudadanía.
Mantenerle los contratos sería tanto como pagarle para que destruya lo que bien o mal, se ha ido construyendo en beneficio de las mujeres y sus derechos. Sería convertirse en cómplice de ataques directos a las mujeres.
Independientemente si la música del cuestionado chaval gusta o no, debe existir congruencia entre las políticas públicas y las acciones de quienes, sin merecimiento alguno, se benefician con dinero del pueblo.
No requerimos de más bufones para el circo.

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13 abril 2016

Contrato con PROACTIVA, bajo sospecha


La única alternativa, revocar el contrato con PROACTIVA.
Se preguntarán por qué afirmo que el contrato entre la contaminadora empresa PROACTIVA y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, está bajo sospecha de ser éste, un negocio turbio y que, por sus consecuencias nocivas al medio ambiente y por las rabietas de ambas partes en los últimos días, debe ser revocado de inmediato. Tengo frente a mí, copia de dicho contrato. En éste encontramos algunas inconsistencias que deben ser aclaradas.
Se especifica que en cumplimiento al decreto 141, emitido por el Congreso del Estado, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para concesionar el servicio de limpia, se celebra el contrato con la empresa denominada PROACTIVA, quien, según éste documento, cumplió con los requerimientos de la licitación respectiva. De esa forma, la empresa contratada acreditó tener, entre otras exigencias, “un sitio de disposición final”. Es decir, terreno propio dónde reciclar y destruir la basura recolectada.
No obstante, en el mismo convenio, el Ayuntamiento —entonces presidido por Rosario Pariente Gavito— se declara “legítimo propietario” de los predios “Lacandón” y demasías del predio “San Francisco Tucutzano” y el predio “Monte Líbano”, sobre los que PROACTIVA construyó el relleno sanitario y otras instalaciones. Si PROACTIVA acreditó tener un sitio de disposición final, ¿por qué el Ayuntamiento cedió terrenos de su propiedad para que la empresa funcionase?
Otro punto que llama la atención es que en el contrato, el Ayuntamiento admite haber recibido de parte de PROACTIVA, 23 millones 655 mil 324 pesos, “correspondiente al 60 por ciento de 39 millones 425 mil 540 pesos, como cooperación al Ayuntamiento, por concepto de los estudios y gastos relativos del proyecto (…)” (sic). Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inició “los trámites necesarios para obtener del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, recursos provenientes del Fideicomiso número 1902 denominado “Fondo de Inversión en Infraestructura, bajo la modalidad de apoyo no recuperable…” ¿No se supone que PROACTIVA ya había pagado esos gastos?
Ahora bien, PROACTIVA declara en la celebración del multicitado contrato que cuenta, para su operación en la capital de Chiapas, con 127 millones, 14 mil 633 pesos con cuatro centavos. La deuda del Ayuntamiento de Tuxtla era de 120 millones; se ha abonado una parte y se presume que el adeudo oscila entre los 60 y 80 millones de pesos. Sin embargo, aclara que “para cubrir las inversiones necesarias para llevar a cabo lo pactado en el presente contrato, promoverá, gestionará, obtendrá y aplicará recursos económicos por un monto de 419 millones, 181 mil 253 pesos, que incluye los recursos provenientes del apoyo no recuperable que obtenga el Ayuntamiento”.
Es decir, esa empresa en realidad, no invirtió nada; solo puso el nombre. Si nos vamos a los porcentajes que se manejan en el referido contrato, ésta se descapitalizaría si los recursos de operación se redujeran un 25 por ciento. Si su inversión real fue de 27 millones y contando el anterior adeudo de 120 millones, PROACTIVA venía operando con menos del 8 por ciento de su inversión, cifra escandalosamente baja para cumplir con sus obligaciones.
Esa debió ser ya, una razón de forma y fondo para revocar el contrato. El Congreso del Estado, así como tuvo facultad para emitir el decreto correspondiente para la celebración de éste, tiene la obligación de derogarlo y ordenar al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, su inmediata casación. ¿Por qué? Porque así lo estipula el documento en mención.
Una de las principales cláusulas para la rescisión del contrato es clara: Se revocará éste cuando la empresa PROACTIVA, se niegue a prestar el servicio, en virtud de afectar al propio Ayuntamiento y a terceros. En este caso, a la ciudadanía. Como hemos notado en los últimos días, dicha compañía se ha negado a recoger la basura, lo cual es motivo suficiente, incontestable para que, tanto el Congreso del Estado como el Ayuntamiento, prescindan de sus servicios.
El perjuicio contra los tuxtlecos es notorio y por lo tanto, aplicables son las cláusulas; si PROACTIVA viene operando con menos del 10 por ciento de sus capacidades, es otra razón para ser desechada como prestadora del servicio de limpia. Más aún, si revisamos las disposiciones para la anulación, todas han sido violadas por esa empresa, lo que nos obliga a preguntarle a las autoridades involucradas: ¿Por qué la siguen protegiendo? ¿Qué intereses económicos hay detrás que esa empresa tiene a los tuxtlecos sin servicios? La revocación del contrato, es de urgente resolución. Gritos y sombrerazos, no sirven de nada.

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04 abril 2016

De feminicidios y sospechas


No está dando buenos resultados. (Foto tomada de internet.)
A la confusión, más confusión; el boletín de la PGJE donde se da cuenta de la detención del presunto “autor material” de la muerte de una adolescente en Pijijiapan, es escueto e insustancial para efectos informativos. Resalta la dependencia los tecnicismos de campo propios de una investigación criminal (que lo hace hasta en los discursos sentimentalistas), pero olvida pormenorizar, por ejemplo, en los probables motivos que tuvo el sospechoso para terminar con la vida de una joven.
Y presenta al presunto implicado como a una bestia, ignorando la presunción de inocencia. No es mi intención defender al sujeto en cuestión. Deploro el procedimiento, las formas y métodos exaltados por la dependencia encargada de procurar justicia, mismos que han sido determinantes a la hora de dictar sentencia: insuficientes para alcanzar condenas adecuadas.
Independientemente si el detenido cometió o no el crimen, la celeridad de la Procuraduría para “aclararlo”, llama la atención por lo inusual y porque no ofrece elementos para considerar cierta la versión oficial.
Para nadie es secreto que en Chiapas, se han cometido decenas de feminicidios de los cuales, menos de cinco han obtenido sentencia y más de 50, siguen en proceso, están estancados o los presuntos responsables han sido liberados sin dar cuenta a la sociedad para no levantar olas de reclamos. Los otros, que son los más, ni siquiera son dados a conocer o no son “admitidos” como feminicidios.
El excesivo burocratismo y la corrupción judicial, han sido factores para retardar, a veces, muchos años los procesos penales y las investigaciones. Muchos conocemos casos en los que los ministerios públicos y comandantes policiales, exigen dinero a las familias de las víctimas para acelerar la detención de un sospechoso ¡y hacen lo mismo con los victimarios para no ser detenidos!
En el caso de la jovencita asesinada, surtió efecto la presión social; pero resulta insuficiente la acción contra el presunto criminal, si no se ofrecen amplias explicaciones de por qué, en éste caso se hayan apresurado y en otros, ahí siguen los expedientes sin siquiera ser tocados. Es plausible la inmediata reacción, pero desata sospechas. Surgen infinidad de preguntas.
¿Es el verdadero asesino? ¿Por qué la mató? ¿Tiene relación ese crimen con el de otro joven a quien inicialmente relacionaron con la muerte de la chica? ¿Quién asesinó a éste muchacho? ¿Qué hay de la versión primera que salió a la luz y que incriminaba a tres chamacos, hijos de reconocidos ciudadanos y funcionarios de Pijijiapan? ¿Por qué se intentó culpar al otro desaparecido y encontrado muerto? ¿Por qué las autoridades municipales de ese municipio han ofrecido diversas versiones sobre los hechos violentos? ¿Quién es el supuesto hondureño al que implican entre dientes las propias autoridades?
De la noche a la mañana, la violencia se desató en ese lugar. Y o solo ahí. Se disparó en todo el estado. En tan solo tres días, se reportaron cuatro feminicidios, lo cual es alarmante. Y lamentable porque no vemos ninguna acción seria, contundente de las autoridades (in)competentes. Es de suma urgencia que se activen todos los protocolos que dicen tener las autoridades para evitar más feminicidios. Éste lunes, Adriana Vázquez denunció que la policía liberó a Job Azamar Mójica, exesposo suyo, quien el sábado pasado le pegó una brutal golpiza que la tiene recluida en un hospital. Amenaza con asesinarla. Otra dama hizo lo mismo, acusando a la Fiscalía de haber favorecido a su agresor.
De nada sirven los protocolos si no se ponen en marcha. Y menos, si los mismos ministerios públicos se prestan a actos de corrupción como por desgracia, es. Tampoco sirve esconder la realidad; es irresponsable tratar de tapar el sol con un dedo y hacer como si nada sucede. Y grave sería si, con el afán de escapar del juicio ciudadano, se fabrican culpables, mientras los verdaderos asesinos gozan de impunidad.
Quizá tengan al verdadero culpable, pero han cometido tantos errores y nos han mentido tanto, que francamente, no les creemos ni papa.

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15 marzo 2016

Degradantes fotografías


Debemos proteger los derechos de los niños.
Las tragedias, per se, vienen acompañadas de altísimas dosis de dolor; las víctimas de éstas, por lo tanto, merecedoras son de respeto a su dignidad, principalmente si son niños. El lunes reciente, cuatro infantes —de entre dos y siete años de edad— murieron asfixiados dentro del cuarto que sus padres rentaban en una colonia de Tuxtla Gutiérrez. Triste. Lamentable. Doloroso.
No había levantado el equipo forense los cuerpos de los menores, cuando ya circulaban en las redes sociales y algunos medios de comunicación, fotos de las cuatro víctimas. Las reacciones no se hicieron esperar; repulsa generalizada por la insensibilidad de quienes lucraban mediáticamente con la malaventura de una familia sumida en la desesperación.
¿Es correcto publicar fotos de las víctimas de una tragedia? ¿Es ético que un medio o periodista haga público material de esa naturaleza con el único objetivo de “tener la primicia” o cubrirse de “gloria” con la “exclusividad”? ¿Deben, las autoridades, permitir que personas ajenas a las labores propias de peritos, forenses y especialistas ingresen hasta el lugar de la tragedia para obtener fotos con las que luego expongan a las víctimas?
Todas las Convenciones, Acuerdos y Tratados Internacionales que México ha firmado con el resto de países para proteger a las víctimas de una desgracia, establecen protocolos específicos que garantizan el debido respeto a la dignidad de las personas involucradas, a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas e ilegales y al tratamiento adecuado de la información que deba ofrecerse al público.
La degradación de las víctimas mediante la publicación de material inapropiado, es equiparable a la tortura y la violación. En todo el instrumental de tratados sobre los derechos humanos, vamos a encontrar una constante: respeto absoluto a la privacidad de las víctimas e incluso, a la de reos peligrosos, si así lo solicitaren ante una autoridad competente. Podrá resultar incomprensible, pero son normas internacionales que deberían cumplirse puntualmente.
No vayamos lejos, en la Ley General de Víctimas de México, existen reglas y protocolos obligatorios para garantizar el trato digno, justo, responsable y respetuoso de toda víctima. Esto incluye la no publicación de material gráfico que denigre a la víctima y perturbe al espectador.
El artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de los Niños establece con claridad: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.” Haber exhibido sus cuerpos inertes es, a todas luces, un ataque doloso a su privacidad y dignidad.
Ese mismo tratado (artículo 37) obliga al Estado a velar porque ningún niño sea sometido a torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Esto debemos entenderlo todos. No por vender un ejemplar más o por tener unos cuantos “me gusta”, podemos exhibir a niños víctimas de un desastre y todavía vanagloriarnos por la “oportuna” y “exclusiva” foto.
Frecuentemente nos quejamos de la insensibilidad de los políticos y la autoridad frente a las tragedias sociales, pero somos los primeros en dar un manejo inadecuado, descontextualizado de las cosas. Por ejemplo, los que difundieron —de mala fe— las fotos de los menores muertos, “detallaron” que éstos habían muerto “calcinados”, cuando en la gráfica, aparecen intactos. El reporte final del forense fue que fallecieron por inhalación de humo.
Hay que recordar que existen 381 (más o menos) Tratados, Recomendaciones, Convenciones y Acuerdos que protegen los derechos y, de cierta forma, regulan al buen periodismo y que debemos leer urgentemente, para no caer en situaciones tan cuestionables como la del pasado lunes. Y no solo para casos como ese.
En muchos medios es común ver fotos publicadas de accidentados, suicidas y víctimas de cualquier tipo de violencia, como si éstos fueran solamente, producto vendible. Todo ser humano tiene derecho a la privacidad, a la dignidad. Decía líneas arriba que atentar contra la dignidad de los demás —principalmente niños—, es equiparable a la tortura y la violación. Es una interpretación válida puesto que, para la familia y los amigos de las víctimas, ver ese tipo de material, es tortuoso. Y por supuesto, viola todos sus derechos.
Sé que a muchos nos les agrada el tema; pero debemos estar conscientes que el periodismo chiapaneco, debe dejar prácticas envilecedoras del ser humano. No es coartar la libertad de nadie; es otorgar a todos, los derechos que se merecen. No se provoque pues, más dolor del que ya se tiene.

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