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09 febrero 2016

¿A qué viene el Papa?


¿Sabe el Papa de los excesos cometidos en su nombre?
Quiérase o no admitir, la próxima visita a México del máximo jerarca de la grey católica, se ha convertido en un circo; en una feria de oportunismos y una apretada competencia de “inversiones” entre los estados que habrá de visitar el señor Bergoglio. La inversión estatal para los preparativos de ese viaje, es incierta, pero onerosa, excesiva, brutal. En todas partes se ha privilegiado la atención al distinguido visitante y su extensa comitiva, dejando de lado a los sujetos de interés de él.
Es decir, pobres, marginados, hambrientos, presos, migrantes, han pasado al último término de la atención gubernamental. La tragedia de millones de mexicanos que comen paupérrimamente una vez al día, y que es retórica permanente de políticos de todos los colores, ha caído en el olvido para exaltar, no las virtudes del convidado, sino las ganancias económicas que dejará tal visita.
El gobernante de Michoacán, por ejemplo, celebró públicamente que el líder espiritual de los católicos, haya escogido ese violento estado para celebrar una misa. “Tendremos una derrama económica hasta de 700 veces sobre el valor de lo que invirtamos”, dijo Aureoles con aire de buen mercenario ante un grupo de empresarios, a quienes detalló la inversión de su administración en el evento que encabezará Jorge Bergoglio.
La diócesis de Tuxtla Gutiérrez, no se ha quedado atrás con sus ambiciones monetarias. Celebraron, sus líderes, las ganancias que obtendrán de un disco con interpretaciones musicales dedicadas al ilustre comendador. Las mismas autoridades chiapanecas confían en que el dinero obtenido por la visita papal, reactive la endeble economía, venida a menos en las últimas semanas.
Como aditivo, se han activado toda clase de maromas mediáticas para hacer de ese evento, la tabla de salvación para quienes ven disminuida su autoridad moral en la entidad.
El Papa Francisco, no ha escogido a estados como el nuestro, por capricho; tampoco lo ha hecho porque se tengan aquí, virtudes extraordinarias y acciones cristianas para la atención y ayuda de los más necesitados. Viene, porque sabe a ciencia cierta que Chiapas, es uno de los estados más pobres. Sabe que aquí, los problemas sociales son cada vez menos solucionables. Escogió Chiapas porque quizá tenga la esperanza que su presencia aquí, sensibilice a los gobernantes y se vean éstos, obligados a solucionar los ancestrales problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades, negadas sexenio tras sexenio.
Nadie, entonces, se vista de vanagloria y presuma la visita papal, como un “triunfo político”. No debe cabernos duda que el líder de los católicos, está plenamente enterado de los desbarajustes sociales y políticos, económicos y financieros por los que atravesamos. Sabedor está que no viene al paraíso terrenal, sino a la tierra de los desprotegidos, los olvidados, los perseguidos, los vilipendiados, los despojados, los engañados, los defraudados…
Tampoco se crea que el discurso u homilía que exponga, solucionará todos los males de Chiapas. La pobreza y marginación no se soluciona con misas, ni con discursos políticos. Se solucionará cuando la corrupción, el cinismo, la impunidad, la manipulación, la indiferencia, y otras malas prácticas, se hayan erradicado. Cuando políticos y líderes religiosos, dejen de lado sus propios intereses y volteen a ver a la gente. Él mismo, incluso.
Sabedor de las condiciones de extrema pobreza en México, en un acto de contrición, fe, voluntad y amor al prójimo, debió rechazar el insultante gasto que los gobiernos de los estados que visitará, hicieron a expensas de los oprimidos, los necesitados.
Su Santidad, si quiere congraciarse con los mexicanos pero más, con los pobres, está en la obligación moral de resarcir el daño que, con o sin su conocimiento, se cometió en nombre de su labor pastoral. Debe, por tanto, condenar los abusos, los excesos y las imprudencias que se han cometido y que afectan seriamente a millones de ciudadanos.
Porque no viene a un país en condiciones favorables. Viene a un México que se ahoga en su propia sangre. Un país sin mucho futuro. Un país donde la corrupción y las mentiras, son el pan cotidiano. Habráse ya enterado, don Jorge, el reciente escándalo del mandatario mexicano: el de su boda para la cual, se prostituyó a la Iglesia Católica misma. Eso es suficiente para que el señor Papa, venga con un discurso honrado, honesto, sincero y contundente.
Obviamente, no podemos esperar que el principal inquilino de El Vaticano, venga solo con su cayado y sus sandalias; pero sí, que ayude a despertar a la sociedad. Y que éste, concientice a los gobernantes que sin duda, tendrán actos de genuflexión ante él, pero una vez ido, volverán a las mismas actitudes de soberbia, intolerancia… ¿Es mucho pedir?

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03 febrero 2016

02 febrero 2016

Violencia e inseguridad


Niños, víctimas de la violencia. 
Cualquier parámetro sobre la violencia en el país, está, por mucho, rebasado; el repunte de ésta es de escándalo y más, porque ninguna de las estrategias para combatir la criminalidad, ha dado resultados positivos. El discurso oficial ha estado a contracorriente de la realidad. La cifra de muertos aquí, supera holgadamente las estadísticas con respecto al número de víctimas en países en franca guerra.
A todos nos ha horrorizado la imagen del niño ejecutado en brazos de sus padres, en Oaxaca; la de la niña de 14 años, abatida junto con su padre, ahí mismo, en Oaxaca y la menor de 12 años, muerta durante un enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal en Tamaulipas. La primera reacción es culpar al gobierno. No ha sido eficiente ni ha tenido capacidad para hacer efectivas las leyes.
Tampoco ha tenido voluntad para terminar con la corrupción, convertida en la columna vertebral, en el motor de todos los males del país. El mismo presidente de la República y sus más cercanos colaboradores, se han visto envueltos en escándalos de corrupción, acciones que a pesar de la condena popular, no se han corregido. Han, eso sí, enredado más la madeja con explicaciones insulsas, endebles e insensibles.
¿Cómo esperar que la violencia cese si no hay voluntad gubernamental para limpiar primero la casa por dentro? ¿Cómo confiar en un gobierno débil, deshonesto y frívolo?
Mientras persistan la corrupción y la impunidad, seguiremos viendo imágenes lamentables, dolorosas y vergonzantes como las que hemos visto, cuyos protagonistas son niños inocentes. Ninguna programa, ninguna estrategia sería eficaz, en tanto el gobierno no asuma plena responsabilidad en el combate al más grande mal de México.
Se ha hablado en demasía del sistema denominado “Mando Único” para las corporaciones policíacas. No es, desde el punto de vista que se le quiera ver, una estrategia confiable. No tiene reglas claras de operatividad y carece de objetivos cumplibles a corto plazo. Digo “corto plazo”, porque la erradicación de la violencia, es de urgente resolución. No se pueden postergar las garantías de seguridad para los mexicanos.
No es, el tema de la seguridad-inseguridad, cuestión de prueba y error. Es asunto serio y por lo tanto, serías y contundentes deben ser las acciones que se deban tomar.
Decir que la espiral de violencia que hunde al país está focalizada o es aislada, es admitir incapacidad para reconocer la gravedad del asunto. Lo peor es utilizar medios poco convencionales para hacerlo, puesto que ello, solo profundiza la desconfianza en las instituciones, sumidas en la corrupción.
La crisis de inseguridad, se está extendiendo peligrosamente a estados donde anteriormente, había relativa calma. Entidades cuyas estrategias locales venían funcionando, pero que ahora, empiezan a sucumbir ante el embate generalizado del llamado crimen organizado.
Para el presidente Peña, por desgracia, parece no ser un tema de interés oficial. La indiferencia con que ha tratado de abordarlo refleja por un lado, desconocimiento absoluto de mecanismo adecuados y efectivos para contrarrestar el poderío de los grupos al margen de la ley y por otro, ausencia de voluntad para establecer pactos eficaces de cooperación con las entidades federativas, principalmente con aquellas donde la violencia se ha desbordado descomunalmente.
El Mando Único, no ofrece ninguna garantía. No está diseñado para primero, anular los signos de corrupción policial. Es en sí, una medida desesperada que no abonaría nada a la solución de la crisis. Debe repensarse en un modelo de policía más amplio.
Y debe, el presidente de la República, buscar a los mejores elementos para estar al frente de ésta. Los actuales, han demostrado poca capacidad; han sido, básicamente, cómplices de quienes rompen las reglas de buena convivencia entre los mexicanos. Así, sencillamente, no se puede garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Tendrá Enrique Peña Nieto el interés, la voluntad, la capacidad para hacerlo?

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24 enero 2016

Las redes y el lavado de manos


Falsa denuncia, según el jefe policial.
En los últimos días se ha disparado el índice de asaltos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No son, en comparación con otros estados, hechos violentos pero que sí, preocupan y obligan a una reflexión seria de lo que sucede para de ahí, sacar conclusiones y con ello —como han pedido algunos funcionarios, principalmente municipales—, coadyuvar con la solución del problema. Debemos empezar con decir que la crisis de seguridad, no es privativa de la ciudad capital; en el resto de la entidad, los asaltos son cada vez más recurrentes sin que la autoridad haya encontrado la fórmula para detener a los delincuentes.
¿Es verdad que hubo un incremento inusitado de asaltos? ¿A qué se debe el aumento de éstos? En el sexenio pasado, hubo una especie de pacto entre las autoridades y algunos medios de comunicación: no debían publicitarse hechos violentos “para no crear psicosis” entre la población. Solo se publicaron notas de accidentes y algunas de actos violentos que no podían ocultarse. Se volvió una práctica cotidiana hasta que vino la suspensión de pagos publicitarios oficiales. (¿Me explico?)
Si hiciésemos una revisión de casos denunciados (sin resolución la mayoría) y buscamos las denuncias en las redes sociales, veremos que el índice delictivo es el mismo de hace 15 años hasta el día de hoy. Desde que el tema de seguridad se convirtió en franquicia para reposicionar a los gobernantes en turno, las estadísticas reales se han ocultado deliberadamente.
Propagandísticamente hablando, Chiapas ser convirtió en “referente de seguridad nacional”. Cierto es que no tenemos el mismo nivel de violencia que en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos y otros estados de la República, pero el problema de inseguridad, no nos es ajeno y sí nos afecta ostensiblemente. El turismo, por ejemplo, ha disminuido notoriamente, a raíz de los constantes asaltos a los turistas.
Hay, queramos o no admitirlo, un déficit en los resultados en materia de seguridad. Las acciones de prevención que la actual administración está poniendo en marcha, son las adecuadas, pero en lo referente a los efectos positivos no vemos ninguno que nos dé certeza. Se previene efectivamente, pero se ataca con poco éxito a quienes infringen las leyes. Esa es la gran diferencia.
Al chiapaneco común, no le interesa si tal o cual alcalde o funcionario, es premiado por tener “una ciudad segura”. No le interesa porque, aunque los medios oculten la verdad, él, el ciudadano, es víctima de cualquier crimen. No es con estatuillas, ni con cartones bellamente decorados como se va a frenar la ola delictiva. Se va a detener, primero, con acciones contundentes y segundo, con funcionarios honrados y leales.
En todo esto, la ciudadanía debe ser participativa; pero debe inmiscuirse con seriedad y responsabilidad. El mal uso de las redes sociales, sí crea un espacio de psicosis generalizada que no ayuda a solucionar el asunto. Muchos, por desgracia, han intentado crear un estado de terror mediante la publicación de falsos actos de violencia. Y otros, han aprovechado la situación para lavarse las manos.
Ni una ni otra cosa ayuda. El jefe de la policía municipal de Tuxtla ha tratado infructuosamente de limpiar a toda la municipalidad con el caso de una denuncia falsa, emitida por un “troll”. El tal (Pineda, creo que dice apellidarse) no existe. Pero eso no borra el resto de casos que sí, sí son muchos y ciertos.
Don Fernando Castellanos Cal y Mayor, como alcalde, desde mi punto de vista, está haciendo bien muchas cosas; pero le está fallando su equipo de seguridad. No le están respondiendo. Antes de que tomara posesión del cargo su jefe de policía, muchos se le acercaron y le aconsejaron que no era el idóneo. Ahí están las consecuencias.
Siempre que Octavio Lozoya Uribe ha estado en mandos policiales, los actos delictivos se disparan. Cuando estuvo en la PFP, los asaltos a migrantes, autobuses, camiones de carga y comerciantes, se fueron al alza escandalosamente. Se fue y todo quedó en santa paz. Algo hace mal. Y ese mal, afecta a todos por igual. Castellanos Cal y Mayor, debe revisar cuidadosamente a su equipo de seguridad.
Solucionar el tema de la inseguridad, requerirá del concurso de todos; de los ciudadanos para denunciar con responsabilidad y de las autoridades, actuar con determinación y contundencia. La eficacia de la lucha contra la criminalidad, dependerá también de revisiones profundas para detectar a quienes no hacen su trabajo adecuadamente y despedirlos. El futuro político del actual alcalde, dependerá de su determinación para gobernar.

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10 enero 2016

Violencia y complicidad institucional


Protegido, abusa de las mujeres.
Ángel Iván Hidalgo Morales, se ha negado a instalar el Consejo Municipal para Garantizar una Vida Libre de Violencia, cuya presidencia, recaería en él. Y no por la supina ignorancia que lo ha acompañado siempre y mucho menos, por asuntos relacionados con el presupuesto municipal, sino por una razón poderosa: quien por ley e institucionalidad debe tomarle la protesta de rigor, ¡es su propia víctima de abuso y violencia intrafamiliar!
Días antes que Amín Rafael Flores Calvo, Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Integral de Justicia Restaurativa —dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado—, “desapareciera” los expedientes penales que obran contra el alcalde de Simojovel de Allende, una fuente de esa dependencia, filtró copias de éstos, en el que se acusa formalmente a Hidalgo Morales de agresión, amenazas, lesiones, tentativa de feminicidio, acoso sexual y laboral, y persecución política.
Claudia Sofía Torres Mendoza, delegada de la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres en la región donde se ubica Simojovel —según consta en los expedientes penales números CL/0177/101//0101/2015 y RA/0008/01/0101/2015—, fue durante tres años, pareja sentimental de Hidalgo Morales. Durante ese lapso, el ahora alcalde de aquella población, la golpeó en diversas ocasiones. Ella soportó todo tipo de maltratos y vejaciones, una vez que el agresor, se excusaba y trataba de explicar que su comportamiento, se derivaba de sus constantes excesos en el consumo del alcohol.
En su declaración la señora Torres Mendoza, afirma que no denunció los abusos, porque creyó en las disculpas de su agresor, un sujeto violento que nunca dudó en sacar su pistola para amedrentar a quienes se oponían a sus constantes actos de corrupción, desde que estuvo en la Secretaría de Salud, protegido por funcionarios de supuesto alto nivel.
No fue sino hasta que el actual alcalde simojovelense se extralimitó (le pegó tal golpiza, que Claudia Torres debió ser internada para sanar de sus heridas), que fue demandado por primera vez. Ángel Iván Hidalgo Morales, inició entonces, una campaña de “convencimiento” para que la víctima, desistiera de la demanda. ¡Hasta el cura de Simojovel, un tal Marcelo Pérez Pérez, intentó convencer a la víctima de renunciar a su derecho de justicia y otorgase el perdón al agresor! Bajo presión e intimidaciones, firmó el acuerdo ante una autoridad competente.
Esto último, según amigos y familiares de la víctima, porque Hidalgo Morales, contendía por una candidatura en el PVEM y buscaba no ser afectado en sus aspiraciones. Los entrevistados, —de quienes omito su identidad para proteger su integridad física en virtud de la extrema violencia del edil—, afirman que Morales Hidalgo, ha ofrecido autos, dinero y casas a Torres, para que retire las demandas… Caso contrario, mandará a asesinarla.
Al ser consultada al respecto, Claudia Torres Mendoza se limitó a decir que prefiere seguir el proceso en las instancias legales, “para no entorpecer las investigaciones”, aunque sí confirmó que los expedientes penales, “están perdidos” en la Procuraduría. En uno de los expedientes, Torres Mendoza, acusa al alcalde de Simojovel, de haberla golpeado brutalmente estando embarazada. Ahí mismo relata que éste, intentó lanzarla desde un vehículo en marcha.
Ahora bien, hay ahí, un caso grave de violencia contra la mujer. Pero más grave resulta que quien ejerció violencia, sea un alcalde y mucho, muchísimo más, que la víctima sea la encargada regional de garantizar una vida sin violencia contra las mujeres. Resulta también preocupante que funcionarios de la Procuraduría (Amín Rafael Flores Calvo, es tío del acusado) en lugar de procurar justicia, protejan a quien debería ir a la cárcel por los delitos cometidos.
Esto desnuda a una dependencia que incumple con su obligación moral y constitucional de proteger a las mujeres violentadas. ¿De qué sirven los discursos si la ley no se aplica como debe ser? ¿Esperará la Procuraduría que asesinen a la señora Torres Mendoza para actuar? En ese caso, serán, como han sido en múltiples ocasiones más, cómplices de un crimen, puesto que en lugar de castigar al agresor, lo protegen y alientan a mantener el grado de violencia contra una mujer.
Es incongruente que la víctima de ataques físicos, emocionales y psicológicos, tome protesta a su victimario, como “promotor” de una vida sin violencia. Eso, solo en el Chiapas desordenado que tenemos, sucede. Urgen medidas drásticas contra los agresores. Urge que la Procuraduría haga su trabajo, y lo haga bien. No tienen alternativa.

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07 enero 2016

Las “finanzas sanas” de EPN


Desde su llegada, la inflación es imparable.
Justo cuando el presidente Peña Nieto y varios gobernadores afines a su fallida política económica se regodeaban por las “finanzas sanas”, surgen dos inconvenientes —nada menores— que evidencian la opacidad gubernamental en el manejo monetario del país y la incapacidad para generar alternativas que fortalezcan la ambivalente moneda mexicana frente al cada vez más poderoso dólar. El primer tropezón para el presidente, fue el grito de alerta por parte de expertos financistas de dos influyentes diarios norteamericanos, quienes convinieron en que la política económica del país, había fracasado por el desorden y la corrupción.
El segundo fue la depreciación súbita del peso que éste jueves, subió a 18.08, cifra considerada “histórica”, en virtud de las consecuencias que traerá a la economía en general. Desde que Peña Nieto asumió el mando del país, la crisis económica ha ido en aumento imparable. El dólar se había mantenido en las últimas semanas en un precio inusitado, lo que llevó a decir al propio presidente que si bien no bajaría, se mantendría entre 16 y 17 pesos, hasta encontrar la fórmula para reducir el precio. No sucedió así.
La tendencia, por desgracia, sigue siendo desfavorecedora. Los que conocen del asunto, afirman que debido a la falta de planeación y a la nula capacidad del gobierno mexicano para controlar la inflación, el precio del dólar podría alcanzar hasta los 25 pesos para mediados de febrero, si no es que antes. Muy preocupante. Recordemos que tras la crisis inflacionaria en el sexenio de Ernesto Zedillo, ésta se mantuvo bajo control en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En descargo del gobierno de la República que hasta ahora ha mantenido un silencio sospechoso, los propagandistas oficiales atribuyen la caída del peso a la crisis económica de China, el desplome del precio del petróleo y hasta las pruebas nucleares que el gobierno norcoreano realizó en las últimas horas. Ya solo falta que se lo atribuyan también a los problemas familiares que la famosa cantante Madonna, tiene con su hijo.
La verdad es que la crisis económica, es por asuntos meramente locales, no por incidencias internacionales. La inflación ha estado presente desde que Peña Nieto asumió el cargo. La canasta básica aumentó, según los expertos, hasta en 143 por ciento, mientras que el salario mínimo, apenas rebasó el 2 por ciento. Con todo y eso, la administración federal, sigue negando la inflación, basando sus conjeturas en la macroeconomía, no en la economía doméstica.
Hoy, las mediciones sobre la pobreza y la pobreza extrema, muestran un retroceso impresionante que tiende a revertir el proceso de combate a la pobreza en una crisis alimentaria sin precedentes. En los dos últimos años, según el CONEVAL, 15 millones, 936 mil 246 mexicanos, se sumaron a las cifras de pobreza alimentaria. Felipe Calderón presumió que durante su mandato, la cifra, que oscilaba entre los 60 y 62 millones, se habría reducido a 53-54 millones.
Otro dato impactante es el de la pobreza patrimonial. En los tres años de gobierno peñista, según el CONEVAL también, el porcentaje de mexicanos que perdieron su casa, su auto o cualquier otro patrimonio, subió del 52.4 al 69 por ciento. Los resultados, como vemos, son absoluta y rotundamente negativos para un gobierno que presume fianzas sanas pero que en la práctica, todo es podredumbre e ineficacia.
Los analistas gringos ven con preocupación el destino inmediato de México; y con sobrada razón. Principalmente porque el eje que ha movido al país a una nueva crisis, sigue siendo la corrupción. Gran parte de la falta de moneda para hacer frente a la exigencia de circulante, se debe a los multimillonarios desvíos de fondos públicos para beneficiar solamente a funcionarios y políticos de todas las tendencias e ideologías.
Mientras no exista transparencia plena, funcionarios y políticos seguirán haciendo mal uso del dinero. Mucho se ha hablado de las enormes cantidades que se distribuyen entre los partidos políticos, por poner un ejemplo. Pero esas cantidades “públicas”, no son en realidad las que se entregan a esas agrupaciones. Es mucho más, que no es publicable, para no enfadar aún más a los mexicanos.
Sucede lo mismo con la asistencia social. La inversión para atender las necesidades básicas por un par de días a millones de pobres, ni es suficiente, ni es la que en el presupuesto, está estipulada. La alerta puesta sobre la mesa por los analistas estadounidenses, frena en gran parte las aspiraciones de Peña Nieto de vendernos un panorama halagüeño. Al presidente le conviene sincerarse. Tiene quizá poco tiempo, para recomponer las cosas.

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03 enero 2016

Palabra de Dios sin pan


Pobreza y marginación, sus anfitrionas en Chiapas.
Para la segunda semana de febrero próximo se tiene prevista la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica a México. El Papa Francisco tiene programadas reuniones con diversos grupos vulnerables entre éstos, migrantes, presos, víctimas de la violencia e indígenas. Los últimos, del estado de Chiapas, la entidad federativa con el mayor índice de pobreza, marginación y olvido institucional.
De todos es sabido que la visita del arzobispo de Roma, requiere de una fuerte erogación de recursos públicos; su alta designación así lo obliga. Las exigencias de logística de los encargados de su seguridad y comodidad personal, sobrepasan cualquier expectativa cometiendo a veces, excesos que pocos señalan por temor a enfadar a la cúpula eclesial.
El tema del presupuesto para cubrir los gastos del paseo pastoral del Papa, ha sido guardado celosamente por las autoridades mexicanas. A regañadientes, han soltado una que otra cifra que no se acerca mínimamente a la realidad del gasto que desde ya se hace para darle, como solo en México ocurre, la mejor de las bienvenidas. No se puede negar el afecto, respeto y admiración que los mexicanos tienen a su Santidad, pero tampoco se deben ocultar los gastos que se harán, muchos de éstos, innecesarios y superfluos.
Principalmente, porque el país está sumido en una profunda crisis financiera y un preocupante descenso de la economía, que ha acentuado aún más, la pobreza y marginación, especialmente en las comunidades indígenas con quienes el Papa habrá de reunirse durante su estadía en San Cristóbal de las Casas.
La falta de transparencia en los gastos por dicha visita, ha encendido el debate sobre la imprudencia oficial de invitar a tan distinguido personaje, cuando las finanzas públicas están sumamente deterioradas y lo que es peor, la violencia se ha disparado escandalosamente. Los alegatos que se han desatado en torno a ello, no son para nada saludables para la fe y la espiritualidad de los mexicanos, roídas en los últimos años por escándalos de pederastia y complicidades de la cúpula católica del país, con funcionarios y políticos corruptos.
Y es que, gran parte de la crisis económica, se deriva de la corrupción que envuelve a todos los políticos, sin excepción. Eso, el señor Jorge Mario Bergoglio, debe saberlo a ciencia cierta, puesto que ninguna diferencia hay entre los políticos mexicanos y los argentinos. Las condiciones de México, no están para una vista de esa envergadura y tales gastos.
En muchos estados de la República y la mayoría de los municipios de Chiapas, no se pagaron aguinaldos por falta de dinero; muchas dependencias incumplieron con esa ley por las mismas razones. La lista de proveedores, prestadores de servicios y constructores a quienes se les adeudan cantidades millonarias de dinero, es inmensa. Imprudente, entonces, erogar dinero que no se tiene y que a la larga, acrecentará el descontento social, pues no solo los empresarios y comerciantes son afectados, sino miles de trabajadores.
La remodelación del centro deportivo municipal de San Cristóbal de las Casas, es un ejemplo. Recién se entregaron esas instalaciones con un costo de varios millones de pesos; destruir para adecuarla y luego una hora de uso, volver a construirla, costará mucho dinero al erario. Lo mismo sucederá con el estadio Víctor Manuel Reyna. 

Parodiando a Judas Iscariote cuando recriminó a María por ungir los pies de Jesús con perfume de nardos, ¿no sería mejor invertir ese dinero en los pobres? ¿O para pagar a los acreedores para evitar que miles de trabajadores pierdan su empleo e ingresen a las estadísticas sobre la pobreza?
Las autoridades están obligadas a transparentar esos gastos; porque son onerosos e innecesarios. Porque al final, la pobreza, la marginación, la miseria, el olvido y tantas otras cosas que hacen daño a la sociedad, no se resolverán con el discurso papal. Si bien no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hay que recordar que el gran problema de estados como el de Chiapas, lo que hace falta es pan. Falta cobijo para dar dignidad a miles de indígenas que apenas si comen una vez a la semana.
 Para los creyentes, sin duda será una bendición; pero no deja de ser un tema polémico que involucra asuntos financieros que preocupan y ¿por qué no decirlo?, indignan puesto que no se están haciendo las cosas con responsabilidad y pulcritud. De nada servirán discursos y golpes de pecho, si se mantiene la idea de ocultar lo que todos deben saber. Ojalá, lo entiendan.

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24 noviembre 2015

La tortura en Chiapas, vigente


Minerva Pineda, demandante. Foto: Juan González.
Frecuentemente leemos en los boletines de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado que se logró esclarecer tal o cual delito, gracias a peritajes profesionales, pruebas científicas, estudios grafológicos y un sinfín de términos técnicos que solo se escuchan en la afamada serie estadounidense “La Ley y el Orden” o en la otra llamada “Detectives Médicos”. En los boletines, probado está que son solo palabras para adornarlos puesto que en la práctica, sigue siendo de uso corriente, la tortura para inventar criminales y así, aparecer como una institución con alto nivel de credibilidad y eficacia.
Según reportes de prensa de la ciudad de Tonalá, en días pasados fueron detenidos tres sujetos, acusados de robar ganado. Padre e hijo, entre los detenidos. No es la primera vez que familias completas son detenidas en esa región por el mismo delito. En el reciente caso, el muchacho, menor de edad, fue quien más sufrió las consecuencias de la mala, pésima praxis policial.
Según declaraciones de la madre de éste, Minerva Pineda, a su hijo de 17 años, enfermo, los policías lo sometieron a graves torturas para que admitiese haber participado en un robo de ganado, sin que hasta hoy, se sepa de quién era propiedad y tampoco, quién interpuso la demanda. Alexis Gutiérrez Pineda, el detenido, fue brutalmente golpeado en diversas partes del cuerpo; en varias ocasiones, fue sumergido en un tonel de agua sucia, además de haber sido electrocutado en sus partes nobles, hasta que, para evitar más martirio, aceptó ser parte de una banda de roba-vacas.
A su padre no le fue mejor. Elicer Gutiérrez fue torturado por el propio agente del Ministerio Público, de apellido Garzón, quien impidió a la familia de los detenidos, verles durante más de 72 horas. Prepotente, el funcionario negó primero que estuviesen ahí los detenidos, lo cual es una clara violación a los derechos humanos de éstos y más, porque ambos —por las pruebas y testimonios de sus vecinos de la pesquería “Pueblo Nuevo”, de aquel municipio—, nada tuvieron que ver con el delito por el que los acusan.
En efecto, Alexis y Elicer, son humildes pescadores; a eso se han dedicado toda la vida. Pero la injusticia los alcanzó, a través de un “grupo especializado contra el abigeato”, sobre quienes pesan graves acusaciones de violaciones reiteradas a los derechos humanos. Repito: no es la primera vez que acusan sin fundamento a ciudadanos honrados, gente humilde que nada tiene que ver con grupos criminales.
A los detenidos (hay un tercero implicado cuya identidad no ha sido proporcionada) se les llevó a prisión sin tener, los policías, una orden de aprehensión. Poco antes de la detención, cuenta la señora Pineda, llegaron a su domicilio haciéndose pasar como encuestadores del DIF. Bajo engaño, los sacaron de sus casas; les dijeron que tendrían trabajo en Puerto Arista, uno que el DIF les ofrecía para combatir la pobreza.
A Elicer, lo obligaron a firmar su declaración de culpabilidad mientras un policía apuntaba su arma a la cabeza de su hijo; igual procedimiento con el joven para que se declarara culpable de un delito que jamás cometió. En la pesquería donde viven, reina la confusión. Conocen de sobra a los detenidos y saben a ciencia cierta que serían incapaces de robarse una piedra del camino. Saben que están siendo inculpados injustamente.
Y nosotros acá, comprobamos una vez más que los “métodos científicos” con que la Procuraduría investiga, son sencillamente, inexistentes; son solo para hacernos creer que estamos en la modernidad investigativa, pero en realidad, se sigue “investigando” con métodos prehistóricos, ilegales e inhumanos. Ello sigue robusteciendo el sistema de corrupción e impunidad que ha generado que inocentes estén en la cárcel y los verdaderos delincuentes, libres.
La petición de la familia de Elicer y Alexis, es sencilla: que se investigue a fondo y se demuestre la inocencia de ambos. Porque a juzgar por todos los que los conocen, lo son. Y porque la procuraduría de Tonalá, se ha negado a decir quiénes son los demandantes de ellos. Obviamente, es también exigencia, que se castigue con severidad al ministerio público y a los agentes involucrados en ese acto de brutalidad y abuso policíaco. Es lo justo.
A todo esto nos preguntamos: ¿Dónde está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Desde hace días, su presidente Juan Oscar Trinidad Palacios, es acusado de abuso contra el erario al cobrar un sueldo de casi 160 mil pesos mensuales. ¿Le pagan para no proteger los derechos humanos de los inocentes? Su cercanía con el Procurador de Chiapas (son coetáneos, paisanos, compadres y familiares políticos) podría ser claro indicativo que para eso lo pusieron: para que nadie se entere de los excesos policiales. ¿A quién recurrir para que por fin haya justicia en Chiapas?
ksheratto@gmail.com

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16 noviembre 2015

Cartilla laboral en el IAIP


Elaboró su propia ley mordaza.
Contradictorio, cantinflesco, repetitivo, restrictivo, parcial, amenazante, autoritario, ridículo. Es todo, menos un “código de ética”. Se trata del texto —así de simple— que recién lanzó a la opinión pública la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ana Elisa López Coello, en un intento para imponer prohibiciones tanto a consejeros como a personal de esa institución, que han cuestionado acciones suyas al margen de la ley y que por cierto, han mostrado claramente su proclividad a la constante violación de las leyes que rigen a la sociedad.
Si llegare el momento de tomar en serio el documento referido, debiera ser aplicado en su totalidad a ella misma, en virtud de carecer de la integridad moral que exige a sus compañeros de trabajo. En ese contexto, la presidenta del IAIP, trata de obligar a quienes conforman esa institución a que se conduzcan con “legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, independencia y transparencia”, bondades públicas y privadas que ella desconoce deliberadamente para alcanzar fines personales. ¿No es ella quien abandonó sus funciones para buscar un cargo de elección popular mediante artimañas políticas desaseadas?
A la señora López Coello, le hizo falta un asesor en ética y moral para explicarle que un código de ética occidental, no debe ser el tantō (daga con que se practicaba el hara-kiri en el código de ética japonés), sino un conjunto de reglas para regular el comportamiento de las personas. Tampoco debe ser la recopilación de ideas abstractas para dar sentido draconiano a las costumbres y el carácter del personal bajo su responsabilidad.
Alguien debió decirle que los códigos de ética, solo suponen una normativa de conducta interna y solo en casos excepcionales, puede ser obligatorio, debido a disposiciones legales y cuestiones relacionadas con el derecho jurídico y en contraparte, los derechos humanos y libertades de las personas, como el libre albedrío, por ejemplo. No es entonces, impositivo, como pretende doña Licha.
Revisando cuidadosamente dicho texto, encontramos que la misma norma, se repite en casi todos los artículos, lo cual nos habla de un texto elaborado con ausencia de carácter y plagado de prejuicios que denotan la falta de conocimiento sobre el tema, por parte del o los redactores de éste.
Por otra parte, las restricciones al actuar de consejeros y personal, son más que sugerencias para el buen comportamiento dentro de la institución, mordazas para evitar la crítica contra ella. “No emitir opiniones públicas…”, se lee en el artículo nueve, lo que es un claro intento por acallar a quienes por ley, están obligados a transparentar la función pública del estado. Y luego viene, una de las tantísimas contradicciones encontradas: “Favorecer que el ejercicio de sus funciones, se haga del conocimiento público” (…) y “garantizar la máxima publicidad y disponibilidad de la información que genera en el desarrollo de sus funciones”, dice el artículo 11.
Un organismo dedicado a la transparentación, no puede ni debe limitar la libre opinión sobre asuntos públicos, pero principalmente, cuando en ese mismo lugar, se generan actos contrarios a la pulcritud en el uso de los recursos del pueblo. Pero ahí les va una joyita que deja en ridículo al texto completo: “El personal debe ejercer sus funciones con plena rectitud y probidad, atendiendo siempre a la verdad, comentando (sic) la credibilidad en las instituciones y la confianza por parte de la sociedad.” (Artículo 14.) Nótese el término COMENTANDO. ¿Quisieron quizá decir “FOMENTANDO la credibilidad en las instituciones”? ¡Vaya profesionalismo para elaborar un código de ética! ¡Excelentísimo cuidado de términos, verbos y otras cuestiones gramaticales, léxicas…!
En síntesis es éste, una cartilla laboral mal elaborada y peor planteada; parece más un devocionario de cualquier secta, no un código cuya observancia valga la pena seguir. No vemos en ese texto, una valoración moral apropiada, sino una intención dolosa para el deterioro de la transparencia misma. Es en sí, una mordaza interna para que no se sigan ventilando en público, los affaires de doña Ana Elisa, mismos que deberían ser investigados a fondo, si es que en Chiapas, se quiere implementar una política seria y responsable en torno a la transparencia y la rendición de cuentas.
En el fondo, la presidenta del IAIP, pretende solamente imponer medidas cautelares para proteger sus intereses personales, no los derechos del personal de esa institución y menos, los de los usuarios. Ojalá y con ese su dichoso “código de ética”, no le ocurra lo que a Alexander Bogdanov, quien queriendo utilizar su propio invento (la transfusión de sangre), murió en el intento. Aplíqueselas doña Elisa para que haya transparencia de verdad.
ksheratto@gmail.com

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15 noviembre 2015

Los abusos contra el turismo



Solo promueve sus negocios, no el turismo.
Promover el turismo sin contar con la infraestructura adecuada y los servicios básicos para atender a los visitantes, es una irresponsabilidad que no podemos dejar pasar por alto. Los abusos de los prestadores de servicios al turista, son francamente, excesivos y por lo tanto, inaceptables, como inadmisible es la pasividad de las autoridades de Turismo para regular y sancionar a quienes atropellan el derecho de los ciudadanos a vacacionar sin sobresaltos.
Para terminar de pulir un proyecto personal, planee irme a alguna parte del estado para trabajar sin las presiones y ruidos de la ciudad. Intenté primero, irme a la ciudad de Villaflores; en lo que me dijeron es el mejor hotel, las restricciones para el huésped se parecen en mucho a las de un campo de concentración nazi: asignación de habitación, hasta las cinco de la tarde y hora límite de ingreso, hasta las once de la noche. Ni un minuto más, porque ya no abren las puertas de éste. En otro hotel de ahí mismo, 400 pesos la noche; habitación sin agua caliente ni clima y sin servicio de televisión por cable.
Cambio de rumbo: Puerto Arista. Es temporada baja, debe tener precios accesibles, creí. ¡Sorpresa! Habitación sencilla con vista al mar, 800 pesos y con vista al boulevard, 600. Era jueves. “Mañana viernes, los precios suben”, me advirtió el recepcionista del hotel “Bugambilias”. La habitación costaría entonces, mil 200 con vista al mar y mil pesos, con vista al boulevard. Las habitaciones en ése hotel, la verdad, no valen ni 300 pesos. Parecen más, cuartuchos de hotel de paso.
En otro hotel (“Agua”, creo se llama) mil 200 pesos la noche de jueves; para el viernes, sábado y domingo, mil 450. Y eso que, según el recepcionista, por ser jueves, había “promoción”. En “El Jardín” y otro llamado “Garden”, igualmente, desorbitantes cantidades por una habitación. Repito, habitaciones que no deberían costar más de 300 pesos, puesto que no son hoteles de cinco estrellas. Ni a dos creo que llegan.
Haciendo comparativos, sale más barato ir a Cancún, Huatulco, Acapulco o cualquier otro destino turístico del país. Revisando tarifas de hoteles en Cancún, encontré desde 797 pesos por noche, en hoteles de cinco estrellas. ¡Y no cobran por ver el mar! Opté, finalmente, por hospedarme en Tonalá, un par de días, en un hotel mil veces mejor, más cómodo, higiénico y seguro que los de Puerto Arista, a 350 pesos la noche. Central Parq (sic) se llama éste.
Insisto: no se puede promover el turismo en esas condiciones. Es como tender una celada a los turistas para que les roben descaradamente. Peor todavía si, en el caso de Puerto Arista, se revisan sus circunstancias como que como “centro turístico” posee. La suciedad impera por todas partes; sus playas son un auténtico depósito de desechos de todo tipo. La atención a los turistas es nula; tratan a la gente como pordioseros, no como visitantes a quien darle atenciones apropiadas. Y no hablemos de la comida que es cara y de mala calidad.
Mario Uvence Rojas, el titular de la cartera de Turismo, anda por todo el mundo promocionando a Chiapas, pero no se ha preocupado por concientizar a los prestadores de servicios para que atiendan al turismo como debe ser y ofrezcan servicios de calidad a precios módicos, accesibles, decentes. Si en otras atracciones turísticas del país hay más facilidades, mejor trato y precios razonables, el turista preferirá irse a otra parte y no venir a Chiapas. Con justa razón.
Debe haber una regulación de precios. Una revisión de los servicios y mayor capacitación para los prestadores de éstos. Pero no esperemos que suceda. A Uvence Rojas le interesa más viajar con dinero del Estado, que velar porque el turismo, se fortalezca de verdad. Mucho se ha ufanado del “repunte” en ese sector y es probable que sí venga gente de otras partes, pero son personas que ante los abusos, jamás regresarán a poner un pie en Chiapas.
Se dice, se afirma que somos potencia turística. No es cierto. No solo Puerto Arista está en esas condiciones de abandono y abusos. Algo debe hacerse; empezando con el cambio de secretario de Turismo. No está haciendo nada, absolutamente nada, para mejorar el turismo chiapaneco. Las cifras que eventualmente presenta, son sencillamente, increíbles, nada fiables. Lo único cierto es el descontrol y la falta de políticas públicas adecuadas para incentivar el turismo ofreciendo servicios y atención responsable, amable y adecuada. Si en temporada baja los precios en los hoteles son altísimos, no quiero pensar en temporada alta. Y eso, no ayuda a Chiapas. Por el contrario, contribuye a la merma de visitantes y por ende, al debilitamiento de la economía. Ojalá, se haga algo y cuanto antes, mejor.
ksheratto@gmail.com

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05 noviembre 2015

Ubiquemos a Willy


Inmoral, deshonesto.
Ilegalidad, soberbia, cinismo, simulación, inmoralidad, complicidad, desacato, violación reiterada de las leyes… todo se conjunta en un solo personaje: Willy Ochoa Gallegos, a quien de manera complaciente, crearon una “Comisión Especial” para ocultar sus faltas a las sesiones del Congreso del Estado. Dicha Comisión (Enlace Legislativo con el Congreso de la Unión), por defecto, anula las atribuciones de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Locales, quienes de acuerdo al ordenamiento jurídico de ese colegiado, deberían ser las facultadas para mantener los lazos de comunicación y entendimiento directos con ése órgano superior.
Lo de la “Comisión”, es claramente una acción simulada. No tiene sustento legal ni jurídico y por lo tanto, es inmoral y contraria al quehacer legislativo. En primer lugar, porque Ochoa Gallegos es en realidad, secretario de Organización del CEN del PRI. Su actividad principal se centra en asuntos partidistas, lo que hipotéticamente convierte al Congreso del Estado de Chiapas, en una dependencia colegiada, bajo la tutela de un solo partido. Grave para la pretendida democracia y la pluralidad.
La existencia de un Reglamento Interno del Legislativo, no ha frenado la ambición de un aprendiz de política, que ha forjado su meteórica carrera en actos al margen de los principios éticos y morales de la sociedad chiapaneca. En éste hay reglas claras que, por angas o por mangas, no se ha querido aplicar.
Por ejemplo, en el artículo 38 se instituye con claridad que cada diputado debe asistir puntualmente —obligatoriamente—, a todas las sesiones del Congreso. En el artículo 40 dice que si la ausencia durase más de tres sesiones consecutivas (Willy Ochoa solo se presentó a tomar protesta ante el Pleno), “lo participará a la Cámara para obtener la licencia correspondiente”. Al no hacerlo, el diputado en cuestión, cae en inmoralidad y deshonestidad, de lo que hablaré líneas adelante.
Solo “una causa grave”, exime al legislador de su ausencia, se lee en el artículo 41, mientras que en el 43, especifica que gozará de licencia, quien acredite enfermedad, que esté comisionado por el presidente del Congreso para representar a éste en actos diversos o cuando asista a actos oficiales en ejercicio de su condición de diputado. Willy Ochoa se ausenta para atender asuntos propios de su investidura partidista, lo que debería valerle, como establece la ley, la pérdida de su remuneración económica y, consecuentemente, el retiro del fuero para que asuma su suplente.
¿Incurre el diputado en actos de deshonestidad? Por supuesto que sí. Cobra un sueldo como diputado sin devengarlo honradamente. Miente al resto de legisladores al ausentarse de las sesiones argumentando “comisiones” que no ha ordenado el Congreso. Cobra emolumentos como secretario de Organización del PRI. Simula ser “enlace” entre las Cámaras de Diputados…
El Sistema de Justicia Partidaria del PRI, órgano también colegiado de ese instituto político, tiene sus propias reglas y, precisamente, castiga con amonestación, suspensión temporal de la militancia y expulsión a quien, como el multicitado legislador, incurre en actos de deshonestidad. El artículo 226 de los Estatutos del PRI nos lo explica: las sanciones arriba descritas son aplicables a dirigentes y militantes que incurran en “desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política de sus dirigentes”. Mientras que en el artículo 227, párrafo décimo, se advierte que quien cometa “faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se le tengan encomendadas”, también debe recibir las mismas sanciones.
Más aún: el PRI cuenta con una Defensoría de los Derechos de los Militantes, cuya función es la de vigilar la observancia del Código de Ética Partidaria que entre otras cosas, prohíbe que los militantes con cargos de dirigencia, desprotejan a los militantes. Ochoa Gallegos, con todo y que le dieron la diputación por caprichos cupulares y vendettas políticas, “representa” a un segmento de militantes de su partido. Los derechos de éstos a tener un diputado que legisle a su favor o realice gestiones diversas, están siendo vulnerados y por tanto, castigado debe ser.
Todo obra contra Willy Ochoa; no tiene defensa alguna. Pero todo —por desgracia y para mal de la sociedad— indica que se le va a seguir dando alas. Parte de la corrupción, la indolencia, la burla, la impunidad, la falta de democracia… y falta de respeto a los chiapanecos. Ochoa se ha convertido en el símbolo de la podredumbre política del estado y además, en el rostro de la canallada, la estulticia y la falta de oficio político.
ksheratto@gmail.com

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04 noviembre 2015

Exportando el engañoso “Buen Fin”


¿Trampa para los guatemaltecos?
Más allá del interés para promover el intercambio comercial entre México y Guatemala, la tentativa de atracción clientelar que de manera un tanto sospechosa hacen organismos y dependencias mexicanas en el occidente del vecino territorio, es igualmente de engañosa que el “Buen Fin”, el fallido programa de oferta y demanda que éste año, dadas las circunstancias financieras y económicas del país, parece estar encaminado a la ruina absoluta. De ahí la urgencia de convocar a los guatemaltecos que, dicho sea de paso, gozan de una moneda estable frente al ambivalente peso.
Todo estaría bien, de no ser porque las condiciones para recibir como invitados a potenciales consumidores, no están dadas, por lo menos, para garantizar su seguridad y el pleno respeto a sus derechos humanos. Dicho de otra forma, no ha habido indicios que los organizadores del asunto, tengan un plan conjunto con las autoridades federales para que los prepotentes y abusivos elementos del Instituto Nacional de Migración, respeten a los guatemaltecos que quisieren aprovechar las “ofertas” en los comercios tapachultecos.
Tampoco hay la certeza de que las policías Federal, Estatal y Municipal, estén dispuestas a dar una tregua a las constantes extorsiones en el tramo de Tapachula a Talismán, o Ciudad Hidalgo y nada se ha dicho sobre las concesiones aduaneras que se vayan a otorgar a quienes vengan a adquirir un bien durante esos días.
En el anuncio oficial para atraer compradores guatemaltecos durante la temporada que dura el engañoso programa, se ha dicho que habrá ofertas en hoteles y restaurantes. La pregunta es: ¿bajo qué regulación? De todos es sabido que Tapachula, en la llamada “temporada alta” de turismo, es una de las ciudades más caras. Un hotel de medio pelo, sin los servicios elementales, puede costar hasta 400 pesos. Uno de cinco estrellas, sobrepasa los mil-mil 500 pesos por noche, si no más.
La información que los organizadores han dado a conocer, establece que solo cinco hoteles ofrecerán “precios accesibles”, lo cual no garantiza el abasto de atención adecuada a los visitantes. Todos sabemos que cuando hay sobrecupo, hay sobreprecios. He ahí el engaño. No se puede tener invitados con la casa sucia.
Por otro lado, debo repetir lo que he dicho desde que se instauró ese programa: todo es una farsa. Ya sabemos que uno o dos meses antes de llegada la fecha del “Buen Fin”, los comerciantes elevan sus precios para poder “bajarlos” llegado el momento. Es decir, los venden a precio normal. No hay ninguna oferta, ningún beneficio para el consumidor.
Éste programa —al que con toda certeza debemos llamar “estafa”—, se creó con el propósito de arrebatar al trabajador, su aguinaldo de fin de año. El mexicano, por naturaleza, es imprudente y desordenado en sus finanzas personales y familiares. El gobierno, la clase patronal y los comerciantes, vieron ahí, la forma de despojar a la gente de su dinero.
La ocurrencia de invitar a nuestros hermanos de Guatemala para que vengan a gastar sus ahorros es además, sintomática. Muchas dependencias de gobierno, no han pagado salarios; en otras, existe la incertidumbre sobre el pago de aguinaldos. Más aún: los exalcaldes, dejaron sin un centavo a los ayuntamientos cuyas nuevas autoridades, han denunciado falta de fondos para pago de sueldos y aguinaldos.
Quizá no sea mala idea atraer clientes de Guatemala, pero es un síntoma de la gravedad de las finanzas en México. Eso debe preocuparnos. Porque no es un trasfondo meramente comercial, sino un ahogado grito de auxilio que refleja no solo una circunstancia pasajera, sino un problema de fondo que debe solucionarse cuanto antes.
Independientemente de las razones verdaderas para la convocatoria al gasto compulsivo, debe haber, por parte de los organizadores, responsabilidad para garantizar la buena estancia de los compradores. ¿Ya establecieron reglas y normas de respeto con los de la Migra? ¿Ya solicitaron a las máximas autoridades policiales que amarren las manos a los policías corruptos que patrullan esa zona? ¿Ya verificaron que los hoteles participantes otorguen el 10, 20, 30 por ciento de descuento efectivo? ¿Ya pidieron a las autoridades aduanales exenciones de impuestos o por lo menos, una rebaja de éstos? ¿Ya checaron que los comerciantes otorguen precios justos? ¿Están seguros que sí habrá rebajas en los precios de los productos? ¿Son productos de calidad? ¿Originales? ¿Legales? ¿Qué pasará con los guatemaltecos que viven en departamentos que no están dentro del esquema del pase local? ¿Buen Fin?
ksheratto@gmail.com

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03 noviembre 2015

Prevén catástrofe ambiental


Exige castigo a defraudadores de las UMAS.
Un acto de corrupción impune hasta hoy, tiene bajo grave riesgo a especies en peligro de extinción. Lo hemos venido documentando desde hace meses: se trata del fraude cometido contra las UMAS por parte de Juana García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses, contra quienes se han interpuesto demandas penales ante la PGR, mismas que no prosperan, pese al cúmulo de pruebas presentadas por los agraviados.
Efraín Orantes Abadía, reconocido conservacionista chiapaneco, externa su preocupación por lo que llama “el grave peligro de perder flora y fauna”, ante las medidas adoptadas por la SEMARNAT, luego de conocerse y comprobarse el fraude que, conforme pasan los días y las semanas, aumenta, de acuerdo al resultado de las investigaciones. Según reportes oficiales, la suma alcanza ya, los 400 millones de pesos.
“Las reglas de operación (de la SEMARNAT para otorgar financiamiento a través de las UMAS) se hicieron más estrictas” explica Orantes Abadía en una entrevista en la que aunque reconoce que esa dependencia “está actuando bien, porque está poniendo candados para que no se vuelva a repetir ése fraude”, también alega que “están poniendo en riesgo a los propietarios de las UMAS, pero sobre todo a las especies en peligro de extinción, porque no podemos acceder a recursos federales”.
La SEMARNAT en efecto, endureció las condiciones para obtener financiamiento para la cría de especies en peligro de extinción, pero poco ha hecho para presionar a la PGR para que cumpla con su deber de detener a los acusados de defraudar a la dependencia, lo que sentaría un precedente e inhibiría a potenciales defraudadores a desfalcar a productores, conservacionistas y campesinos que utilizan sus tierras para proteger a la naturaleza.
Para el conservacionista Orantes Abadía, especies como el quetzal, pavón, tapir águila de penacho, guacamaya verde, pecarí de labios blancos, venado cabrito entre otros, podrían ya no gozar de protección ante la falta de recursos federales, lo que devendría en una catástrofe ambiental de grandes proporciones. Y todo, porque García Palomares y Anzaldo Meneses, cometieron un fraude descomunal, por el que ahora, pagan justos por pecadores.
“La SEMARNAT debe de entender que sí debe de presionar, pero también de investigar que UMAS estamos trabajando y cuáles no; sancionar a las que no están trabajando, pero apoyar también a las que estamos haciendo las cosas de manera correcta”, sugiere Orantes Abadía, quien se declara víctima indirecta de los defraudadores.

—¿A cuánto asciende el fraude del que tanto se ha hablado y nada se ha hecho?

—Se ha estado hablando, en varios medios de comunicación, de hasta 400 millones de pesos; solo en Chiapas. Y ahí están los nombres: funcionarios, exfuncionarios y sobre todo, prestadores de servicios que se hicieron millonarios con esto y que tristemente, los que perdieron son los campesinos y los propietarios de las UMAS. Acá lo grave es que, como los campesinos eran los “beneficiarios”, son a los que están castigando. Pero ellos no recibieron ni una quinta parte del recurso.
Como otros líderes campesinos y dueños de UMAS estafados por el matrimonio Anzaldo Meneses-García Palomares, Efraín Orantes tiene una exigencia contundente: “Que no quede impune porque están perdiendo, primero, la gente y segundo, la conservación de especies y el medio ambiente de Chiapas”. Para quien ha dedicado toda su vida al cuidado de la biodiversidad, con las acciones del hombre y la falta de recursos derivado de las medidas para evitar más fraudes, se ha perdido el 80 por ciento de la cobertura vegetal de Chiapas. “Si no tenemos el apoyo gubernamental y el apoyo para instalaciones y para monitoreo y todo eso esto se va a venir abajo”, dice lacónico, al tiempo de pronosticar una catástrofe ambiental si no se atiende la crisis y no se castiga a quienes son responsables directos del fraude que derivó en medidas apropiadas, pero al mismo tiempo, restrictivas.
Lo hemos dicho siempre: pruebas contra Juana García Palomares y Manuel Anzaldo Meneses, hay de sobra. Lo que falta es voluntad para llevarlos a los tribunales y sancionarlos como corresponde. No pueden los campesinos honrados, pagar los platos rotos de éstos. Tampoco se puede poner en riesgo el medio ambiente, con medidas que en realidad, no afectan a los responsables verdaderos. Ellos, ya se embolsaron varios millones de pesos. Ya no necesitan recursos para sus “proyectos”. Los campesinos, sí.
ksheratto@gmail.com

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