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Angel Mario
Ksheratto
 |
| Jorge Luis Llaven Abarca. |
Imbuido en la
euforia de su primer discurso oficial como presidente, el señor López Obrador,
hizo una promesa que a algunos les pareció alentadora y a otros, un fogonazo
mesiánico: ni un solo activista social y ningún periodista, serían asesinados a
partir de ése momento. Ganaron los segundos: los crímenes contra periodistas y
activistas sociales, son cada vez más alarmantes por los métodos que los
autores de éstos, utilizan con mayor certeza de impunidad.
Obviamente,
tales hechos contradicen el discurso y eliminan de tajo una promesa que cayó en
el fango de la indiferencia oficial, desde que el mismo presidente alentó el
odio hacia los medios, periodistas y activistas, a quienes no ha dejado de hostigar
con epítetos, acusaciones infundadas e insultos que han dado vía libre a los
atentados y otras acciones que, en el caso de Chiapas, provienen de autoridades
municipales.
Ha sucedido
en Tuxtla Gutiérrez, donde los periodistas han sido expuestos a la creciente
inseguridad que, curiosamente, ha afectado selectivamente a quienes han sido
críticos de los excesos del alcalde Carlos Morales Vázquez, acusado
constantemente de opacidad en el gasto público, desvío de recursos, desorden
administrativo, irresponsabilidad financiera y muchas otras acciones prohibidas
en la “Cartilla Moral” de la 4T, que ha terminado siendo un panfleto fusilado,
sin beneficio.
También ha
sucedido en Comitán, donde el alcalde Emanuel Cordero, utiliza a mujeres para
intimidar, acosar y dificultar el oficio de los reporteros, principalmente
cuando para los cuestionamientos, el imberbe faldero, no tiene respuestas o
sencillamente, se apega a viejos cánones para esconder su estulticia e
ineptitud.
Recién, en
Tapachula, la Policía Municipal de Óscar Gurría Penagos, detuvo a tres
periodistas y una activista, a quienes golpearon, esposaron y retuvieron, aun
cuando solo ejercían, los colegas, su profesión y la activista, lo suyo. Más
acá en el tiempo, la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo,
ordenó la detención de dos periodistas y un ambientalista, bajo acusaciones
increíblemente absurdas.
Llama la
atención que en las cuatro ciudades, gobierna el partido del presidente López.
No debe extrañarnos, puesto que la naturaleza de MORENA, sus dirigentes y la
mayoría de militantes, es peligrosamente violenta. Lo vemos entre ellos mismos
y si no, volteemos hacia la pugna virulenta que se traen por la dirigencia
nacional.
Lo que sí,
es que debe preocuparnos como gremio y debe también, llamar la atención de toda
la sociedad, porque por desgracia, son signos de un futuro sombrío y —sin ánimo
fatalista—, de un totalitarismo iracundo que arrastre a los mexicanos al caos y
quizá, a su propia destrucción como país con aspiraciones democráticas.
Tras los
hechos narrados, hubo frágiles y risibles “disculpas”, de parte de dos ediles;
éstas no fueron bien recibidas, toda vez que en el caso de la alcaldesa de San
Cristóbal, mintió categóricamente al decir que los tres detenidos, no habían sido
detenidos, sino “rescatados” de una turba de campesinos. Gurría Penagos, no
solo mintió, sino que evidenció que fue obligado a disculparse y lo peor:
recurrió a un título del porfiriato, firmando como “Jefe Político de Tapachula”
y no como presidente municipal.
No bastan
las disculpas, por hipócritas y falsas, pero además por carentes de voluntad
política; una acción creíble habría sido suspender a los policías involucrados,
investigarlos y enviarlos a la cárcel, por abuso de autoridad, lesiones, amenazas,
secuestro y los demás delitos que hubieren cometido.
Eso, nunca
lo esperemos en un estado donde el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca,
está más inmerso en una adelantadísima campaña electoral para la gubernatura,
que en procurar justicia para los chiapanecos. En ese contexto, podemos
declararnos desamparados, desprotegidos y a merced, no solo de los
delincuentes, sino de la policía misma y los alcaldes timoratos que solo tienen
a la violencia como recurso único para “gobernar”.
Transitorio
Por cierto,
casi desde su llegada al cargo que ocupa, el Fiscal Llaven Abarca, se
comprometió a detener al o a los autores intelectuales del crimen contra el periodista
Mario Gómez; han pasado los meses, y nada. Su antecesor, Raciel López Salazar,
adelantó a un grupo de periodistas que tenían pistas irrebatibles de quién
ordenó el cobarde asesinato… ¿Las ignoró el Fiscal Llaven? ¿Las desechó?
¿Negoció? ¿Le ganó la indiferencia de su anterior jefe superior? ¿Otorgó
impunidad como con el exalcalde de Simojovel, liberado por presiones de su
cuñado y actual Auditor, Uriel Estrada? ¡Quién sabe!