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Angel Mario Ksheratto
Angel Mario Ksheratto
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| Nancy Leticia Hernández Reyes. Foto tomada de redes sociales. |
Es probable
que más de uno, considere una exageración el comparar el exterminio de mujeres
en el México actual, con las miles de ellas asesinadas en los campos de
concentración nazis; la única diferencia es que bajo las normas criminales de
Hitler, prevalecían criterios de selección por razas, creencias religiosas, nacionalidad,
ideologías y condición social.
Hasta hace
unos años, la mayoría de feminicidios, derivaban de problemas conyugales o de
relaciones sentimentales tormentosas cuando no, por asuntos vecinales e
incluso, laborales. No obstante, constituyeron un factor de alarma y provocaron
la justa demanda social para castigar con ejemplaridad a los asesinos.
Ninguna
exigencia prosperó y por el contrario, generó un amplio círculo de impunidad,
basado en la corrupción desde Ministerios Públicos, hasta jueces y magistrados
que lucraron alevosamente con el martirio de miles de mujeres ultrajadas,
maltratadas y asesinadas.
De pronto
nos encontramos frente a una epidemia de feminicidios que mutó en endemia y que
ha tomado rasgos característicos de un exterminio masivo de mujeres, con un
cronicismo verdaderamente alarmante, padecido y visto por todos, menos por las
autoridades que insisten en minimizar el asunto y paliarlo con una narrativa
que lejos de persuadir a los criminales, los empodera.
El olvido, la
humillación y el desprecio, como respuesta institucional a una crisis
humanitaria, es otra forma de violentar los derechos de todas las mujeres; el
discurso oficial del último año es que no se responderá con violencia a la
violencia, lo que fomenta la “confianza” de los feminicidas en un sistema
judicial endeble y corrupto, y un gobierno errático que se ha tomado la
atribución de proponer una amnistía a “criminales pobres”.
Las cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —que por
ser oficiales son poco creíbles—, son desalentadoras; del millón 700 mil
delitos cometidos y denunciados en el país de enero a octubre, el 33.7 por
ciento, fue cometido contra mujeres. Estos incluyen trata de personas,
homicidio culposo, homicidio doloso, feminicidio, extorsión, corrupción de
menores, tráfico de menores, lesiones culposas, lesiones dolosas y “otros delitos
contra la vida y la integridad corporal y contra la sociedad”.
Sigue
llamando la atención que, en el caso de los feminicidios, la autoridad siga
calificando los hechos como “presunto feminicidio”, aun cuando se tienen evidencias
irrefutables que establecen claramente su tipificación. He ahí el desprecio
gubernamental. ¡No le cree el gobierno a las mujeres!
Según los
cálculos del SESNSP, en el mismo lapso, han muerto de manera violenta 5 mil 764
mujeres; de éstos, han sido tipificados como feminicidios, solo 809 casos. La
misma fuente especifica que se cometieron 93 mil 760 delitos contra mujeres.
Impresionante. Inadmisible. Y eso, sin contar los miles de delitos no
denunciados y los que, muy posiblemente, se ocultan deliberadamente para
maquillar cifras y mantener la protección al fracaso que han significado las
fallidas políticas públicas para solucionar el problema.
Ante ello,
persiste el silencio cómplice del gobierno. Muy poco se toca el tema desde la
institucionalidad, a no ser que sea para conmemorar una fecha o soltar un
discurso medianamente construido.
Pero hay
algo mucho más grave y preocupante: la manipulación mediática para contener el
reclamo y desvirtuar las acciones de la sociedad para exigir justicia. Curiosamente,
cada vez que las mujeres se manifiestan, surgen grupos radicales que causan
desmanes que desvían la atención y desatan agrios y virulentos alegatos que no
conducen a ninguna parte, sino a la polarización y a un extremismo peligroso.
Mientras las
discusiones bizantinas transcurren entre reclamos, amenazas y otras
trivialidades, más mujeres siguen siendo asesinadas, secuestradas, vejadas, acosadas,
violadas… y violentadas en sus centros de trabajo, aun en dependencias
gubernamentales. Solo en Chiapas, dos mujeres se han puesto en huelga de
hambre, reclamando justicia, la cual se les ha negado sistemáticamente, para
proteger a jefes inescrupulosos y potencialmente peligrosos para la integridad
física y moral de las víctimas.
Está claro
que la confianza en las autoridades, está rota. Queda la unidad de todos para
forzar a un cambio de actitud oficial; la desproporcionada idea de desechar el
respaldo de los hombres en la lucha netamente feminista, es desafortunada, como
lamentable es, estigmatizar a todos los hombres de “violadores” o “feminicidas”.
El autoaislamiento, solo contribuirá, no solo a un distanciamiento brutal, sino
a robustecer a la impunidad.
Solo
volteemos al caso de las dos víctimas en huelga de hambre: las dos han sido
violentadas por hombres, sujetos protegidos por dos mujeres con altos cargos en
el gobierno. La violencia contra las mujeres, viene de todos lados…
Combatámosla juntos.
Transitorio
En el COBACH,
muchos trabajadores aplaudirían la destitución de su directora Nancy Leticia
Hernández Reyes, a quien acusan de tratar con excesiva prepotencia al personal
y de obligarlos a tomar medidas claramente constitutivas de actos de
corrupción. ¿La mantendrán en el cargo?