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Único
Angel Mario
Ksheratto
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| Sin estado de derecho... |
Si el
alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, merecía o no, el “castigo”
impuesto por comuneros inconformes con su administración, es asunto trivial
frente a la preocupante realidad del estado, en cuanto a resultados inmediatos
en los municipios que desde el sexenio pasado, fueron relegados del
financiamiento adecuado y suficiente que la ley ordena.
La extrema
violencia a la que han recurrido en varios municipios, si bien no es
justificada, es comprendida por la mayoría de chiapanecos, que ven con profunda
frustración un retraso alarmante en el desarrollo de los pueblos y la ausencia
de políticas públicas acordes con los obligados cambios globales.
A lo
anterior se unen otros factores críticos, además de acciones deplorables que
han alimentado la furia colectiva contra los funcionarios públicos,
principalmente alcaldes, quienes durante la campaña electoral, hicieron
promesas que bien sabían, no podrían cumplir. No fueron previsores frente al
discurso del candidato presidencial que llevaba delantera, quien sostuvo que
haría recortes presupuestales para ahorrar y para terminar con la corrupción.
A casi un
año, ni pulcritud en el gasto público, ni ahorro, sino derroches superfluos que
solo han acrecentado la pobreza y retrasado cambios fundamentales en el país.
Pero hay
algo más de fondo que alienta la violencia contra la autoridad misma: el
discurso alcahuete de un presidente de la República que incluso, ha llamado “pueblo
sabio” a las hordas que asuelan pueblos y ciudades, bajo el supuesto de
defender su visión personal de la política nacional. Como en el caso del crimen
organizado, el resultado ha sido el empoderamiento de grupos de choque
potencialmente peligrosos para la estabilidad y la seguridad nacional.
En Chiapas,
hay que decirlo, el gobierno ha intentado poner orden; su primer gran objetivo
fue la legal y necesaria persecución judicial de los líderes de una facción
magisterial que por dos sexenios, han tenido secuestrada a la educación y se
han hecho millonarios mediante sobornos, chantajes y extorsiones, aparte de la
sustracción de fondos públicos para la educación.
La inoportuna,
grosera e invasiva intervención del presidente López, frenó la acción legal
contra los acusados y dejó al gobierno chiapaneco, atado de manos y a la merced
de ése grupo, pese a que la mayoría de ciudadanos, apoyaba la iniciativa
doméstica de acabar con la impunidad.
Otro factor
que ha contribuido al descontento generalizado, es el de la falaz “austeridad”;
ésta ha sido de tal manera lacerante, que —me atrevería a decir— a un 80-87 por
ciento de los municipios, no les está llegando el recurso federal asignado y si
les llega, lleva los respectivos recortes. Una prueba de ello es la falta de
obra pública. Si usted habla con constructores locales, le contarán que no
tienen trabajo. Lo poco que se ha invertido en esa materia, ha sido asignado
desde la federación, a constructoras foráneas o a constructores locales
influyentes.
Si revisamos
cuidadosamente, encontraremos que la demanda más recurrente de los grupos que
han recurrido a la violencia para hacerse escuchar, es precisamente, la falta
de obras públicas. Que faltan caminos, escuelas, centros de salud, calles
pavimentadas… No vayamos lejos: las calles de Tuxtla Gutiérrez están hechas un
desastre y no hay un solo programa ni siquiera para bacheo.
En resumen,
los orígenes de la ira popular, están en una política financiera fallida.
Porque la deuda externa, por ejemplo, ahí sigue y sigue creciendo; nada se ha
ahorrado, puesto que esos “ahorros”, se han invertido en asistencia social
limitada que, si bien por el momento mantiene en cierto grado de popularidad a AMLO,
en el mediano plazo (cuando los billetes resulten insuficientes) será la pesada
loza sobre el hasta ahora, único y principal beneficiario.
También está
en la insana intervención presidencial y en la blandengue respuesta de la
Fiscalía, cuyo titular, más parece estar en campaña electoral, que sometiendo a
los malosos que pululan por todo Chiapas. ¿Cuántos funcionarios más habrán de
ser secuestrados, arrastrados y vejados antes que el señor Llaven Abarca haga
su trabajo de manera oportuna, correcta y eficaz? Así, mientras un alcalde es
arrastrado, el Fiscal busca tener arrastre entre potenciales electores… para el
2024.
Transitorio
El ministro
presidente de la SCJN, denunció que en sus tiempos, el expresidente Felipe
Calderón, lo presionó para resolver algunos casos y someter a ese organismo a
su capricho. No es nada nuevo. Ni el último caso.