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Angel Mario
Ksheratto
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| Ortega Farrera, de los principales responsables. |
Es un hecho
que la salud de los mexicanos, está en grave riesgo; las autoridades actuales,
no han tenido empacho en culpar a las anteriores administraciones de la crisis
y tienen razón. La corrupción que encabezaron los expresidentes Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña, arrasó con recursos públicos etiquetados para
garantizar el bienestar de la ciudadanía y dejó los estantes de los hospitales,
sin siquiera aspirinas para paliar las dolencias de la gente.
Hasta ahí,
estamos de acuerdo con el hecho que quienes ahora ostentan el poder público, no
son responsables directos de la crisis, pero sí están obligados a actuar en dos
vertientes: solucionar el problema inmediato y asegurar el abasto futuro y por
otro lado, interponer las denuncias penales correspondientes, para castigar con
severidad a quienes iniciaron el descalabro financiero de la salud, toda vez
que ello constituye un delito de lesa humanidad.
Obligación
es también, sincerarse con los mexicanos, dejando atrás las simulaciones y
mentiras, que en las tres pasadas administraciones, fueron las armas
predilectas de los funcionarios para esconder una realidad dolorosa que hoy
mantiene al pueblo en riesgo de muerte… Y no es exageración. La falta de
medicamentos básicos para enfermedades virales y crónicas, es preocupante, sin
tomar en cuenta otros tipos de males que aquejan a la población.
Chiapas no
es la excepción; aunque se hacen esfuerzos para matizar la crisis, ésta es más
que evidente en la población que, por desgracia, debe acudir a un hospital o a
un centro de salud. La carencia de medicamentos e insumos, así como los bajos
salarios de los trabajadores de ese sector, tienen en la cuerda floja a la
salud de todos.
Como en el
caso federal, la responsabilidad directa es de las anteriores administraciones,
con el plus que aquí, se cometió la terrible equivocación de nombrar a un
secretario foráneo, incompetente, encubridor, desconocedor de Chiapas y con un
penoso historial de corrupción, que ningún bien le hace a la afamada 4T, cuyo
principal líder, insiste en otorgar perdón a los delincuentes de cuello blanco,
a los miembros de la mafia del poder que debieran estar combatiendo desde el
ámbito jurídico y legal.
Desde los
sexenios de Pablo Abner Salazar (¿recuerdan a los niños muertos en el hospital
de Comitán? y Juan Sabines Guerrero, el sector salud inició su declive; adeudos
a proveedores, no pago de salarios y falta de medicinas, empezaron a ser
notorios y fue a la llegada de Carlos Eugenio Ruiz Hernández a esa secretaría (ya
con Manuel Velasco como gobernador), que la crisis se agravó. La llegada de Francisco
Ortega Farrera, no fue la solución. Más endeudamiento y, como con el anterior
funcionario, el desvío descarado de recursos públicos, se acentuó. Francisco
Javier Paniagua Morga, en sus primeros días tras la caída de Ortega Farrera,
intentó administrar la crisis, pero a los pocos días, retomó el camino de los
desvíos.
Los tres
exsecretarios, tuvieron un pretexto infame para justificar el mal uso de los
recursos: el primero, los utilizó para su campaña a la rectoría de la UNACH que
al final, le fue otorgada por la vía de la imposición; el segundo, argumentó la
inversión de recursos etiquetados para apoyar las campañas de los candidatos
del PVEM a alcaldías y diputaciones locales y federales, y el último, para
financiar campañas de candidatos de MORENA, el PVEM y la suya propia, puesto
que fue candidato a la alcaldía de Comitán.
Con todo y
las pruebas con que se cuenta para procesarlos penalmente, a Ruiz Hernández se
le asignó una oficina en Palacio de Gobierno; a Ortega Farrera y Paniagua
Morgan, tratan de mantenerlos alejados de las consecuencias, mandando llamar a
sus excolaboradores, en una especie de chivos expiatorios.
¡Cómo no! No
hay que olvidar que los tres principales causantes de la crisis sanitaria,
fueron jefes de José Manuel Cruz Castellanos, actual titular de salud, quien a
su vez, alega cercanas ligas de amistad con altos funcionarios de gobierno, lo
que complica y detiene, un acto de justicia para los chiapanecos.
No debe
quedar el asunto en meras campañas mediáticas de desprestigio; deben ir a
fondo. Es decir, castigar a los responsables y obligarlos a devolver, centavo
sobre centavo, para de ahí tener, aunque sea leve, una recuperación financiera
que garantice en lo mínimo, la salud de los chiapanecos. No debe haber
contemplaciones de ninguna naturaleza. Para nadie. ¿O sí?
Transitorio
El avión
presidencial en venta, tuvo un costo neto de 5 mil 213 millones 502 mil 866
pesos; se han abonado por éste, mil 622 millones 19 mil 956 pesos o sea, solo
el 31 por ciento, debiéndose aún, el 69 por ciento, que equivale a 3 mil 591
millones 482 mil 830 pesos. Se estima que se venda en 150 millones de dólares
(unos 2 mil 923 millones 570 mil 761 pesos, al cambio de hoy). De venderse en
ese precio, ¿dónde está la ganancia? Por el contrario, el gobierno tendrá que “poner
de su bolsa” entre 500 y 600 millones para liquidar el dichoso avión, aparte de
más de 700 millones que ya se han pagado por traslado, renta de hangar, impuestos,
mantenimiento y otros gastos, más los que se acumulen. Tampoco olvidemos la
depreciación por el desgaste de la aeronave. Así que no se hagan ilusiones con que
la venta del “José María Morelos y Pavón”, va a solucionar problemas
financieros o que ese dinero va a servir para obras en algunos municipios.