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Angel Mario
Ksheratto
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| De escándalo en escándalo. |
Imposible intentar
tender una línea de defensa a favor de Rosario Robles Berlanga, acusada y
encarcelada por el desvío de casi seis mil millones de pesos del erario; la
exfuncionaria incurrió en prácticas deshonestas, protegida por el expresidente
Peña y al amparo de un cinismo burlón que creyó ella, superado desde aquel
presidencial espaldarazo: “No te preocupes, Rosario.”
Tampoco es
posible separar el discurso oficial de la acción judicial. De antiguo viene la
tradición política de negar los hechos dictados desde los laberintos del poder,
o esconder la verdad con simulaciones y mentir con descaro aun cuando las
pruebas estén a la vista de todos.
En ese
contexto, cuesta creer que la detención de la extitular de la SEDESOL y SEDATU,
esté exenta de una buena dosis de venganza personal; con todo y lo ocioso que
es, no está de más recordar que Robles Berlanga, se confabuló con el
expresidente Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada
(detenido y liberado en Buenos Aires, Argentina en las últimas horas) y otros
personajes, para frenar la carrera política del ahora presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Dicho de
forma simplificada, la justicia al servicio de los caprichos personales. No es
malo que se luche contra la corrupción y la impunidad; tampoco lo es que en esa
tarea, se deban utilizar todas las herramientas jurídicas legales. Lo
verdaderamente preocupante es que persista la selectividad, la parcialidad y el
sentido autocrático para la procuración y administración de la justicia.
El discurso
de la paz, el amor y el perdón, choca contra el deseo de satisfacer egos
quebrantados en el pasado, por agravios recibidos. El miedo a perder lo
obtenido, el deseo de vengar las afrentas, el odio y el resentimiento, flotan
en cada acción judicial emprendida, aun cuando la razón, el derecho y la
justicia prevalecen por sobre cualquier pretensión, por muy correcta que sea.
¡Vamos! Si
de aplicar criterios de justicia para combatir la corrupción se tratare, miles
de casos hay que siguen protegidos bajo extensos y benevolentes mantos de
impunidad. No tan lejos está el caso del exgobernador de Chiapas, Manuel
Velasco Coello, a quien el mismo presidente López salvaguarda e impulsa para
que siga siendo parte de la cúpula política dominante, a la que él mismo ha
bautizado como “La mafia del poder”.
Desde la
campaña, López lanzó la propuesta de una especie de amnistía para los corruptos…
Y sí, de facto la está cumpliendo, pero por desgracia, de manera muy selectiva.
A sus amigos, justicia y gracia. A sus enemigos, “justicia” a secas. Eso es —sin
profundizar en filosofías y demás tratados éticos—, una inmoralidad inaceptable
y más, cuando se pretende un cambio verdadero en el país.
Debo
insistir en que no se trata de defender a los corruptos del pasado; pero
tampoco, de permitir que los del presente, se conviertan en las rémoras, no del
presidente López, sino del país. Y cuando me refiero a las rémoras, lo hago en
el estricto sentido zoológico, en previsión que éstos, se conviertan en el
lastre, el estorbo, la carga innecesaria para el desarrollo de México. No es
cuestión figurativa ni de figuraciones fantasmales, sino de lamentables
realidades.
En México,
negar es admitir. Creíase práctica en desuso a partir del 1 de diciembre del
año pasado. Ha vuelto. Más bien, nunca se ha ido. Cuando muchos expresidentes
negaban una crisis económica, era porque ya la teníamos encima; cuando
defendían a un gobernador caído en desgracia o a un secretario de Estado
indeseable, era porque ya tenían listo al sustituto. Si negaban un crimen de
Estado, era porque la orden había salido del despacho presidencial o de alguno
de sus colaboradores.
López niega
una y otra vez que en el caso de Robles Berlanga, Lozoya, Collado y otros
cercanos a expresidentes de sus resentimientos, exista un halo de venganza. Hay
que creerle al revés.
Transitorio
La
secretaría de Salud de Chiapas, no ha podido establecer estrategias efectivas
para garantizar la salud de los ciudadanos; desde la llegada a la titularidad
de esa dependencia del tabasqueño José Manuel Cruz Castellanos, ésta ha ido de
tropezón en tropezón, llegando a aparecer en medios nacionales como noticia
preocupante que pone en vilo al gobierno de Chiapas.
El último
escándalo fue la entrega de un ataúd vacío a los familiares de un bebé recién
nacido, muerto, aparentemente, por causas naturales. Evidentemente, no se trató
de una equivocación aislada. Fue, a todas luces, una acción premeditada, que
refleja la incompetencia de la secretaría de Salud y levanta sospechas sobre
las intenciones de fondo. ¿Acaso se debió a una posible “donación de órganos
involuntaria”? En términos legales, el delito podría ser tráfico ilegal de
órganos. Ha habido casos en los que se han reportado entrega de cadáveres
incompletos, arguyendo, los médicos, la sustracción de órganos como parte
normal de un proceso de autopsia. ¡Aguas! Por ahí puede haber un negocio
redondo. Ahí, el tabasqueño debe poner mucha atención, pero mucha atención.