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Único
Angel Mario
Ksheratto
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| Aprovecha su cargo, para estafar al Estado. |
Muy
conveniente… Wendy Guadalupe Lorenzana Domínguez, no pudo encontrar un aliado
mejor para defraudar al Estado, que su actual jefe, un alcalde dicharachero, pero
al mismo tiempo, torpe. Patán, para decirlo en términos costeños. Juntos
pretenden estafar al Ayuntamiento y a la secretaría de Hacienda, mediante el
cobro indebido de un millón 200 mil pesos por concepto de un laudo arrastrado
desde el año 2007.
Lorenzana
Domínguez y Manuel Narcía Coutiño, edil de Tonalá, planearon el hurto cuando
iniciaron las pláticas para que el Partido Verde Ecologista, postulara al
exsecretario de Pesca para la alcaldía; fue condición inapelable que una vez en
el poder, el Ayuntamiento pagase a Lorenzana, dicho laudo, bajo el alegato de
despido injustificado, cuando en realidad, fue cesada por abusos cometidos contra
los trabajadores municipales y porque, al terminar la gestión de Miguel Angel
Gordillo Vázquez como alcalde, ella debió renunciar.
A Wendy
Lorenzana, Manuel Narcía le otorgó el nombramiento de Auditora Interna del
Municipio. Desde esa posición y con la complicidad del alcalde, la funcionaria
ha logrado “un acuerdo”, para que la Tesorería la pague el millón 200 mil pesos
en “módicas mensualidades”.
Con ello, el
edil y la Auditora, violan la Ley del Servicio Civil, que establece que los
laudos e indemnizaciones, quedan sin efecto, cuando el demandante, es
contratado para seguir prestando sus servicios en la misma institución. Por
otro lado, la misma ley dice que el pago de laudos, debe hacerse en una sola
presentación, lo cual, como ya hemos dicho, no podría efectuarse, en virtud de
tener ésta, empleo fijo y bien remunerado en el Ayuntamiento de Tonalá.
Ese
municipio cuenta con 84 sentencias a favor de trabajadores despedidos injustificadamente;
solo la auditora Lorenzana, recibirá el pago, en tanto que los 83 restantes, se
quedarán sin éste. El argumento del alcalde es que no hay recursos financieros.
Los laudos se vienen arrastrando desde el año 2001 y, curiosamente, el de Wendy
Lorenzana, es el más alto; los demás oscilan entre tres mil y 430 mil pesos.
Llama la
atención que otros empleados de mayor rango despedidos y con laudos desde el
2001, no alcanzan la cantidad con se ha visto beneficiada la Auditora en
cuestión, quien además, es acusada de abusos, intimidaciones, amenazas,
insultos y acoso laboral, por parte de trabajadores de la actual administración,
con lo cual, viola la Ley de Servidores Públicos y la Ley Federal del Trabajo.
Lorenzana
Domínguez, no solo aprovecha su cargo para cobrar un laudo que ya no le
corresponde, de acuerdo a la ley; también lo utiliza para desviar recursos y
favorecerse a sí misma. A varios jóvenes los ha inscrito en el programa “Jóvenes
construyendo el futuro”, a cambio que le den una parte de los recursos que les
son entregados por el gobierno. Incluso, inscribió a tres empleados del
Ayuntamiento, a quienes, por tener un empleo fijo, no les corresponde.
Es decir, no
es honrada, no es honesta, no es leal, no es responsable, no es congruente y
tampoco respeta los postulados de la mal encaminada Cuarta Transformación,
quizá por su origen verdista. ¿Así es como “vigila” el gasto público del
municipio de Tonalá? ¿Así está logrando la transparencia tan cacaraqueada en
este país? ¿Así disminuye los altos índices de corrupción?
Y no
esperemos que ahí se aplique la ley, puesto que el alcalde la protege y goza además,
del apoyo del Auditor Superior, según pregona ella misma. La corrupción, como
vemos, sigue campante. No es parte del cambio que ofreció AMLO y lo peor: no hay
autoridad estatal que le ponga un freno.
Transitorio
No es de
extrañar que la corrupción y la opacidad, sigan reinando en Chiapas. El Auditor
Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, en declaraciones recientes, se
desmarcó de las anteriores investigaciones sobre corrupción que pudo haber
realizado su antecesor, que tampoco eran muy buenas. Estrada tiene una buena
razón para hacerse de la vista gorda.
Su cuñado, Ángel
Iván Hidalgo, dejó enormes adeudos en Simojovel; destapar las corruptelas en
otros municipios, le obligaría a proceder contra su cuñado y eso, para la
familia, no es conveniente. El conflicto de interés, es claro y desde luego,
riñe con las normas de transparencia y combate a la corrupción, asuntos que parecen
olvidados en Chiapas.
A eso, hay
que agregar la soberbia de Estrada, quien ha dicho a sus allegados que tiene la
anuencia del gobernador, para no atacar la corrupción. ¿Será? Si es así, ¡que
grave! Si no, mal hace al mandatario cuando lo embarra.