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Angel Mario
Ksheratto
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La alcaldesa de Suchiate, suplanta su propia identidad. |
Es, en suma,
preocupante la ola de violencia que de un día para otro, se desató en Chiapas,
principalmente en la capital y las zonas fronterizas con Guatemala, Tabasco y
Oaxaca. La cuestión da para mucho y, como en todas partes, se presta incluso,
para conjeturar sobre quién o quiénes son los más beneficiados con una crisis
de esa naturaleza, que no se había visto en años y que pone en jaque a las
autoridades recién estrenadas.
No es cosa
menor lidiar con grupos delincuenciales que operan a sus anchas ante la
fragilidad de los cuerpos de policía (principalmente municipales) y la porosidad
de los puestos fronterizos, por donde pasa de todo en las narices de la
autoridad; no obsta mencionar que los alcaldes de reciente ingreso, agregaron
al problema la inclusión de funcionarios policiales inexpertos, indiferentes,
haraganes y con historiales poco fiables.
Y a esto, se
añaden añejas carencias: patrullas insuficientes e inservibles; agentes mal
armados y sueldos de hambre. Incapacitados física y mentalmente para contrarrestar
el ataque de los delincuentes; jefes policiales (no todos) coludidos con las
bandas criminales. Abusos y excesos derivados de la falta de control de los
altos mandos.
En Suchiate,
por ejemplo, hay solo siete patrullas de la Policía Municipal. Cinco,
permanecen en los puestos de control vehicular, donde se cobran ciertas cuotas
a los conductores y una de éstas, es utilizada por la Directora de Seguridad
Pública, para realizar viajes de placer a las cercanas playas, ir de compras a
Tapachula e incluso, transportar contrabando desde la orilla del río, hasta la
casa de la funcionaria.
Mientras,
hordas de asaltantes asuelan a la población; los pocos policías de a pie, se
mantienen apostados en el edificio municipal, protegiendo a la alcaldesa Sonia
Eloína Hernández, quien desde el inicio de su gestión, despidió al 80 por
ciento de los policías, bajo el pretexto de no cumplir con los protocolos de
control y confianza.
La
alcaldesa, por cierto, suplanta su propia identidad, puesto que en toda su
documentación oficial, aparece como MARÍA Eloína Hernández Aguilar, empero la
documentación oficial, la firma como SONIA Eloína Hernández Aguilar, lo cual es
un delito. ¿Cómo confiar en que acabe con la creciente ola de delitos si ella
es la primera en poner el mal ejemplo?
Para el
colmo y derivado de las malas prácticas en materia de seguridad, ése municipio
perdió los beneficios del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en
Materia de Seguridad Pública, que otorga subsidios extraordinarios a los
municipios. Hernández Aguilar, desoyendo recomendaciones de alto nivel, nombró
a un inexperto en temas de seguridad, Demetrio Martínez, como secretario
Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública e impuso, sin
consentimiento de las organizaciones sociales, al encargado de Participación
Ciudadana.
Es éste,
solo un ejemplo de cómo, las autoridades municipales han propiciado, con actos
de mala fe, el crecimiento de la violencia en las zonas mencionadas. Otro
podría ser el caso de Tapachula; el alcalde Óscar Gurría, impuso como jefe de
Seguridad Pública a un joven ex mesero, que nunca había tenido un cargo
policial importante.
Vimos
horrorizados, cómo un delincuente asesina a los dos policías municipales; las
víctimas son acribilladas sin tratar siquiera resguardarse. Falta de táctica
policial, sin duda. El afamado doctor Gurría, nos cuentan, ha sido, innumerables
veces, omiso a las recomendaciones de alto nivel que se discuten en las mesas
de seguridad que encabeza el gobernador Rutilio Escandón.
Otros alcaldes,
como el de Reforma, Herminio Valdez, han optado por culpar de la violencia e
inseguridad a las autoridades estatales; cierto es que hay corresponsabilidad,
pero la primera línea de defensa, los primeros obligados a garantizar la
seguridad de los municipios, ¡son los alcaldes y alcaldesas!
Si éstos no
cumplen con los protocolos; si no ponen en puestos claves de seguridad a
personas expertas, abren las puertas a la delincuencia. Recursos financieros,
tienen; lo que no tienen, son pretextos para incumplir con su obligación
constitucional. ¿Cuánto tiempo durará la violencia?
Transitorio
Hay quienes
ven tras la violencia en Chiapas, a agentes del pasado reciente, urgidos de
lograr cierta comparación que los convierta en artífices de la seguridad; y no
es descabellada tal conjetura. Ya sucedió en el pasado, cuando un exprocurador
quiso regresar al cargo… Y lo logró. En las actuales condiciones, no estaría en
duda que, incluso, Manuel Velasco sea el más interesado en crear el clima de
violencia. El poder, embrutece.