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Angel Mario
Ksheratto
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| Periodistas protestando por el asesinato de Mario Gómez. Foto APECOCH A. C. |
Era lo que
faltaba a la saliente administración: el primer periodista asesinado en 26
años, desde aquel fatídico 2 de febrero de 1992, cuando fue acribillado el
columnista Roberto Mancilla Herrera. La persecución a periodistas en Chiapas,
ha sido sistemática y por lo general, la represión es oficial; proviene de
personajes incrustados en cualquier orden de gobierno. Desde las llamadas “de
atención” por publicar lo incómodo, hasta la abierta cacería que hasta ahora,
había alcanzado el destierro, el secuestro y el encarcelamiento.
«Las circunstancias son
distintas», me
dijo un funcionario que intentó defender a la actual administración del
señalamiento de omisión y negligencia, en el asesinato del periodista Mario
Gómez Sánchez, ocurrido en Yajalón, hace apenas unas horas.
Cierto es
que ahora, hay otros actores e intereses y otros negocios y ganancias; no
obstante, está la agravante contra la autoridad, principalmente, en el caso de
la Fiscalía General del Estado, que tuvo amplio y pleno conocimiento de las
amenazas de muerte previas al crimen y no activó ninguno de los protocolos para
garantizar la seguridad de Mario Gómez.
Fue la
Fiscalía, omisa, negligente, incompetente e indiferente. Si en éste momento se
le exigiese una copia de las actuaciones ministeriales, los testimoniales, las
amonestaciones, las declaraciones y los resultados de la investigación, muy
probablemente, no la tendrían. Así ha ocurrido en decenas de denuncias
presentadas por periodistas.
La Fiscalía
Especial para Atención de Periodistas, no ha procesado un solo caso en contra
de los que han sido señalados de atentar contra la Libertad de Expresión. El
titular de ésta (cuyo nombre pocos saben), fue puesto ahí, solo para generar un
gasto innecesario, puesto que si hablamos de resultados, no hay uno solo para
presumir. Seamos francos: esas “fiscalías especiales”, solo sirven para
justificar sueldos a recomendados o amigos de altos funcionarios.
Una vez que
se supo del artero asesinato del periodista de Yajalón, el Fiscal General salió
corriendo a esa municipalidad para encabezar las investigaciones. ¡Ya para qué!
Demasiado tarde. Junto con él, otros encumbrados en el gabinete, concurrieron a
las exequias con su “pool” de prensa para que las condolencias, no pasasen
desapercibidas. ¿Para qué? No es momento para la foto, ni para presumir el lado
“humano”, sino para responder, primero, por qué se dejó sin protección al
periodista Gómez Sánchez y segundo, para ofrecer resultados reales, autores
verdaderos. Lo demás, es oportunismo.
La tarde de
éste lunes, la Fiscalía dio a conocer los nombres de los presuntos autores
intelectuales del crimen. Son, dice la dependencia, miembros de una banda de
narcomenudistas… Horas antes, esa misma institución, negó que existan en
Chiapas, cárteles de la droga. Las constantes contradicciones, desacreditan per
se, todas las actuaciones, a menos que junto a éstas, se presenten pruebas inatacables
y lejanas al escepticismo.
No solo el
asesinato de Mario Gómez, cimbró a la prensa chiapaneca el pasado fin de
semana. El “Triboulet” de la Moderna Corte, conocido como Julión Álvarez, amenazó,
a través de su “departamento LEJAL” (sic), con demandar a tres medios
digitales, un organismo defensor de los derechos humanos y a periodistas
varios, bajo la acusación de difundir “mentiras” a costa de su bufona carrera.
Álvarez, que
hasta hace unos años renegaba su nacencia chiapaneca, es uno de los grandes
favorecidos en la actual administración con jugosos contratos para presentarse
con su estridente música en diferentes escenarios.
La embestida
contra medios de comunicación, periodistas y organismos no gubernamentales,
está en marcha, lo cual preocupa. Preocupa, porque aun cuando, por presiones
sociales, resuelvan los atentados contra la libertad de expresión, tales
acciones son tardías. Y son además, signo inequívoco que las instituciones del Estado,
han fracasado rotundamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La urgencia
es doble; por una parte, que los encargados de las instituciones, como único y
último acto de congruencia con sus obligaciones constitucionales, garanticen la
paz y la seguridad pública y por otra, que renuncien, si no tienen la capacidad
y voluntad de trabajar para el bien de los chiapanecos. O que sean destituidos.
No podemos seguir a la merced de poderes fácticos y grupos al margen de la ley,
que irrespetan la vida humana.
En ese
contexto, no está demás pedir —¡EXIGIR!—, la renuncia de Carlos Tovilla Padilla
como Fiscal para la Atención de Periodistas, toda vez que ha sido inútil e
ineficiente. Y por supuesto, la desaparición de esa Fiscalía que solo
representa un gasto imprudente. Pd.: Mi solidaridad con Vinicio Portela, a
quien enviaron inusitada advertencia, desde una cárcel.