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Angel Mario
Ksheratto
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| ¡Basta de impunidad! (Foto tomadad de RRSS.) |
Los
defensores de los excesos y abusos de un grupo de pseudoestudiantes que
torturaron hasta asesinar a uno de nuevo ingreso y dejaron con lesiones severas
a otros, argumentan que se está “criminalizando” a quienes, en acción
premeditada, extendieron su brutalidad más allá de lo que algunos, pretenden
disfrazar de “tradición escolar”.
En defensa
de la institución (la Escuela Normal Rural Mactumactzá), hay que decir que no
todos los alumnos, ni todos los maestros, han desvirtuado la lucha social; ha
sido un grupúsculo de violentos jovenzuelos, los que desde hace años,
desquician calles y carreteras, azotan a ciudadanos inocentes, asaltan
comercios, destruyen propiedad privada y pública y secuestran autobuses.
Ese mismo
grupo, es el que en la práctica de una supuesta “novatada”, sometió a los de
nuevo ingreso a interminables torturas, actos que de ser comprobados, deberían
ser configurados como delitos de lesa humanidad, en virtud de ser esa misma
modalidad, la que organismos internacionales han acuñado a la desaparición de
43 normalistas en el estado de Guerrero.
Tan
violatoria al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las libertades
civiles ha sido aquella deplorable acción, como la ocurrida en el campus de
Tuxtla Gutiérrez, cuyos victimarios, no han sido miembros de ninguna
corporación policíaca, ni del ejército, ni del crimen organizado, sino los
mismos que debieron ser ejemplo para futuros ciudadanos comprometidos con las
mejores causas sociales.
Un argumento
que saltó en defensa de los autores del crimen, es que, sencillamente, “exageraron
un poco”. ¡Vaya justificación! ¿Aceptarían, acaso, que el gobierno mexicano,
acusado de tener participación en la desaparición de 43 compañeros suyos, diga
en su descargo que a quienes se los llevaron “se les pasó la mano “exagerando
un poco”?
No hay
defensa posible para un grupo de muchachos desquiciados que crecieron al amparo
de la impunidad y bajo el cobijo de autoridades permisivas; con eso hay que
decir además que quizá (solo quizá), no sean del todo responsables del
asesinato cometido. Si desde que iniciaron una ofensiva burda —sin causa clara
y desapegada de los cánones mínimos de la protesta social inteligente—,
hubiesen sido frenados, hoy no estuvieran frente al pelotón de fusilamiento en
las redes sociales.
El Estado,
como garante de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, se
desatendió de ellos; les permitió toda clase de abusos y actos al margen de la
ley, de tal manera que éstos, se sintieron intocables y con licencia para cometer
toda clase de delitos, incluido ahora, el homicidio, el cual no debe quedar
impune.
En esa
tarea, cumplida medianamente por la presión social, debe llegarse hasta el
fondo en las investigaciones y alcanzar la última consecuencia contra quienes
resulten implicados. Y desde luego, abarcar los espacios donde se oculten los
autores intelectuales y materiales, pasando por las autoridades escolares, las educativas,
fiscales y judiciales, quienes han sido omisas a lo largo de la ola de
violencia que ha caracterizado a ese reducido grupo de presuntos estudiantes.
Esto, porque
en plena efervescencia del delito cometido, los tales siguen en las calles
causando destrozos e intimidando a los ciudadanos, como si tuviesen licencia
para delinquir.
Una cosa es
la manifestación de las inconformidades, la protesta legítima y otra, la
comisión de delitos graves que ponen en duda la nobleza de la lucha social y la
capacidad de las autoridades para mantener el Estado de Derecho intacto y a
salvo de hordas criminales. Un gobierno legítimo y fuerte, no puede darse el lujo
de mantener suelto a Barrabás en medio del pueblo indefenso.
“Nadie por
encima de la ley”, han dicho una y otra vez quienes detentan el poder; cúmplase
entonces la sentencia y llévese a los Tribunales a quienes asuelan Chiapas.
Entre éstos, a los de otras “organizaciones sociales”, que arrebatan la pequeña
propiedad, invaden terrenos, amenazan a los ciudadanos y mantienen al gobierno
mismo de rodillas.
¿Esperan que
los militantes del MOCRI, los ambulantes y otras organizaciones y sindicatos
cometan una matanza de inocentes para entonces, proceder penalmente contra
ellos? ¿Permitirán que, con todo y un crimen en sus espaldas, los
pseudoestudiantes de la Mactumactzá, sigan cometiendo barbaridades en la
capital del estado? La urgencia es no solo aplicar la ley, sino evitar que se
sigan realizando atropellos bajo el disfraz de un falso y raído disfraz de la
lucha social. ¡Ya basta!