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Angel Mario
Ksheratto
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| Faltan los filtros legales. |
Las medidas
pre-dictadas para combatir la corrupción en el sexenio que inicia a partir del
1 de diciembre, son en sí, un nutrido catálogo de buenas intenciones que
rebotan en la superficialidad de un México expectante y profundamente eufórico,
tras lo impensable: la derrota aplastante de la derecha con su neoliberalismo y
la victoria de un legítima aspiración de la izquierda sin la izquierda… Digamos
que el triunfo de un proyecto unipersonal.
¿Son, los
cincuenta buenos deseos de Andrés Manuel López Obrador, aplicables tanto en el
interior del sistema de gobierno como en el exterior? No hay una sola duda que
se contraponga a ése propósito, principalmente si se piensa su aplicabilidad
desde la arbitrariedad característica de quien ha sido electo presidente. Ese
podría ser un riesgo.
Algunos de
los puntos enumerados por AMLO, pueden no pasar por los filtros
constitucionales; otros, necesariamente deben ser sometidos al consenso
cameral, toda vez que su práctica, hasta el día de hoy, está regida por la
Constitución misma y algunas leyes secundarias.
Por otro
lado, como todo ordenamiento, deben, sus criterios, pasar por la criba para
perfeccionarlos, toda vez que algunos puntos, dejan lagunas que podrían poner
en riesgo las buenas intenciones. Por ejemplo, el punto 46 del catálogo que a
la letra dice: «Ningún funcionario público podrá recibir un regalo cuyo valor
exceda los 5 mil pesos.»
Todo
integrante de un gobierno totalmente honesto, no debe, por ninguna razón,
recibir regalos de ninguna naturaleza. De ningún precio. Sucederá como hasta
hoy: el ciudadano va a una dependencia de gobierno a realizar un trámite y,
para agilizar sus resultados, deberá “mocharse” con un regalito de por lo
menos, 5 mil pesos. Va a salir más caro el caldo que las albóndigas. En ese
punto, AMLO está obligado a recular y reordenar que durante su mandato, ningún
funcionario reciba, ni solicite ni exija, dádivas.
La “austeridad
republicana” que impulsa el presidente electo, queremos suponer, debe tratarse
de devolver la buena reputación al Estado, otorgar plusvalías morales a la
administración pública y terminar con excesos, abusos e irresponsabilidades en
la repartición del gasto público y que éste a su vez, rinda lo necesario para
atender necesidades sociales impostergables. Eso es plausible.
Sin embargo,
el catálogo es todavía insuficiente, porque si bien se va a castigar a la alta
y la media burocracia, se extienden certificados de impunidad a quienes, en el
pasado y el agonizante presente, han utilizado recursos públicos para
enriquecerse cínica y brutalmente.
¿Cuántas
escuelas, centros de salud, hospitales, carreteras, universidades y otras obras
públicas se construirían si se obligare a los expresidentes, exfuncionarios y
exgobernadores a devolver lo robado? De la austeridad republicana, debería
pasarse a la justicia restaurativa en materia de corrupción. No se puede
castigar a unos y proteger a otros.
Es bueno
arrebatar los privilegios a los que llegan, pero mejor sería despojar de lo
robado a los que se van y que, por cierto, muchos adquirieron impunidad al
apoyar abierta o subrepticiamente, la candidatura de López Obrador. Esa parte
debe revisarse y debe dársele el carácter de justicia, de no impunidad, de
equilibrio republicano.
En ese deben
incluirse medidas contra el nepotismo; si bien en el punto 25 ordena que ningún
funcionario podrá contratar a familiares en las dependencias a su cargo, el caso
de Martha Bárcena, propuesta para representar a México en Washington, podría
volverse emblemático contra él mismo: la señora Bárcena es esposa de Agustín
Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador.
La
corrupción no se podrá combatir solo con buenas intenciones y acciones
superficiales y selecttivas. Hay que ir al fondo. Hay que ser severos.
Incluyentes. Es decir, que todos los corruptos quepan en el mismo excusado. No
pueden ser unos los que paguen los delitos del resto, que por desgracia, son
muchos.
Cierto es
que los 50 puntos anunciados por AMLO, son buenos… Pero insuficientes. No se
habla de la extinción de dominio en las propiedades de gobernadores y
exgobernadores corruptos. No se habla de ninguna medida fuerte contra los hijos
de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, ni contra los excesos de Felipe Calderón,
ni contra los involucrados en el caso Odebrecht, ni contra los responsables de
la “verdad histórica”, en el caso de los normalistas desaparecidos, ni contra
los responsables de la “Casa Blanca”.
Esperemos
que, por el bien de México, el presidente electo, enriquezca sus hasta ahora,
lindas intenciones; las vuelva factibles, perfectamente aplicables. No hacerlo
será seguir la misma ruta de quienes le antecederán.