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Único
Angel Mario
Ksheratto
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| Recibe el premio a la falsificación. |
Preocupa la
falta de criterios de justicia electoral en las determinaciones que afectan
directa o indirectamente, todo el proceso de elecciones. El INE, con fallas y
aciertos, determinó que las candidaturas independientes, no cumplieron con las
expectativas de una sociedad harta de partidos políticos corruptos y
corruptores.
Con ese
fundamento, invalidó las candidaturas de Jaime Rodríguez Calderón y Armando
Ríos Piter; éstos —junto con la sí avalada candidata Margarita Zavala—,
incurrieron en graves delitos electorales, para la obtención de las firmas
requeridas para lograr su registro ante las autoridades competentes.
La
falsificación de documentos oficiales, según el Código Penal Federal, debe castigarse
con penas de entre cuatro a ocho años de prisión. Los delitos se configuran,
solo después que el ente investigador (en éste caso, la FEPADE), verifique,
certifique y compruebe que los implicados, hayan puesto una firma imaginaria
sobre un documento oficial o se falsifique una real; cuando, bajo engaños,
promesas o coacción, se obligue a una persona a firmar papeles en blanco, se
haya alterado el texto sobre el cual se plasmó una firma de manera libre,
espontánea y consensuada…
Dicho
Código, también establece que incurre en ése delito, quien lo haga con fines de
obtener beneficios o pretenda causar perjuicios a la sociedad, al Estado o a
particulares.
Es muy claro
que los tres candidatos independientes, cometieron tales delitos. Ellos y no
los “promotores” de las firmas, como argumentó Margarita Zavala de Calderón;
porque los beneficiados directos, son ellos. Con esas firmas, falsas en su
mayoría, hoy son candidatos delincuentes, término duro, si usted quiere, pero
cierto y lamentable para la pulcritud que requiere el proceso electoral.
En el caso
de la señora esposa del ex presidente Calderón, presentó más de 700 mil firmas
falsas; ¿por qué no se le acusó en lugar de otorgarle licencia para competir por
la presidencia de la República?
En lo
tocante a Rodríguez Calderón, la cifra de delitos cometidos, es altísima;
impresionante, vergonzante. Sin embargo, el Tribunal Electoral, lo habilitó y
ordenó imprimir su nombre en la boleta electoral. Mal. Mal, porque se debió
privilegiar la transparencia, la honradez, la pulcritud. Da la impresión que
los magistrados de ese ahora sucio Tribunal, recibieron consignas para ensuciar
aún más, un proceso electoral bajo sospecha.
Es un
Tribunal que abona a la impunidad y agrega incertidumbre a un país que ha
dejado de creer en los partidos políticos, las instituciones y ahora, en los
pretendidos “ciudadanos independientes”, que resultaron más tracaleros que los
detestados políticos tradicionales.
Hemos dicho
que existe una ruptura total entre las instituciones electorales. Una cosa es
la independencia y autonomía de cada una y otra, el distanciamiento insano que
propicia competencias inusuales, que podrían estar encaminadas a concluir con
un fraude electoral de grandes dimensiones.
De por sí,
los candidatos abanderados por las coaliciones, gozan de mala fama; entre
ellos, se acusan de corruptos, ladrones, mantenidos, incapaces… Si a eso le
agregamos que los “independientes”, son en realidad delincuentes electorales,
ningún buen panorama le espera al país. Solo cheque las “propuestas”: uno, dice
estar dispuesto a acaba con la corrupción, y es acusado de negocios
fraudulentos.
Otro, promete
amnistiar a delincuentes de alto riesgo y a otorgar el perdón a funcionarios
corruptos; pero se opone a que los expresidentes, reciban millonarias
pensiones. Enfrente está el que se pronuncia a favor de seguir manteniendo
parásitos que estuvieron usurpando la presidencia y promete encarcelar a todos
los delincuentes. ¡Es el delirio dentro de la clase política!
Si algo
faltaba al dudoso proceso electoral, el Tribunal lo aportó mediante una
espantosa dosis de cinismo, incongruencia e irresponsabilidad. Lamentable
situación de México.