Artículo
Único
¿Qué pasaría
si de pronto, los Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), anunciaren la suspensión temporal o definitiva del proceso
electoral, argumentando la falta parcial o absoluta de recursos públicos para
la celebración de elecciones? Sería, sin duda, un duro golpe a la todavía enclenque
democracia en Chiapas.
Angel Mario
Ksheratto
 |
| Ante la crisis financiera, el riesgo de frenar elecciones. |
Sería en sí,
un golpe por parte del Estado, no contra los Consejeros, sino contra la
institución y, evidentemente, contra la sociedad en general que, con todo y la
suciedad que ha implicado el proceso de elecciones, mantiene un ápice de
confianza en el árbitro que, a modo de justificación, ha dado pormenores de las
vicisitudes que ha enfrentado, para evitar el estancamiento del proceso y
consecuentemente, el desborde social que traería consigo.
La falta de
recursos para que el organizador de las elecciones funcione adecuadamente, no
solo es notoria, sino preocupante. Indignante, por demás, en virtud del grave
daño que se ocasiona a una institución que de a poco, se repone del escándalo
por las fraudulentas elecciones intermedias.
La
secretaría de Hacienda, obligada constitucional y moralmente a ministrar los
recursos mencionados, ha tratado de pretextar la falta de éstos con argucias de
menesteroso. No obstante, los onerosos gastos en asuntos superfluos y el
evidente desvío de dinero público para favorecer a determinados candidatos a
distintos cargos de elección popular, desmienten las frívolas excusas.
Hay que
decir que, de acuerdo al Presupuesto Egresos de éste año, al IEPC le
corresponden exactamente, 435 millones, 133 mil 513 pesos, con 32 centavos. Es
por ley que, mes a mes, debe entregarse al Instituto de Elecciones, algo así
como 36 millones 270 mil pesos, para cubrir todos los gastos que el proceso
requiere. ¿Por qué? ¡Porque lo dice la ley!
Es dinero
que no solo debe estar contemplado en el papel, sino que debe estar disponible el
día y hora señalados, para que ninguna institución se paralice. Generalizo,
porque no solo el IEPC está desfondado. A la secretaría, al instituto, a la
coordinación, a la alcaldía, a la dependencia que vaya y pregunte usted, le
responderán que no tienen recursos desde hace varios meses.
Eso nos
lleva a un tema verdaderamente preocupante: el cínico desvío de recursos
públicos para fines electoreros, cuando no, para asuntos personales que, de
comprobarse, configurarían delitos punibles que no deben quedar cubiertos por
un grueso manto de impunidad, principalmente porque, justo para evitar más
corrupción, se han creado leyes de transparencia.
La
probabilidad de que en el fondo se trate de un saqueo desmesurado (léase robo),
podría explicarse con la posible incrustación del secretario de Hacienda, Humberto
Pedrero Moreno (todavía en funciones subrepticias), como candidato a una
diputación federal, con la insana intención de cubrirse de inmunidad
parlamentaria.
La crisis
financiera del IEPC, no es menor. Se trata de un proceso —con todo y sus yerros
y vericuetos—, para elegir autoridades que lleva la obligatoriedad de ser, una
acción libre, transparente y efectiva para efectos de fortalecer la endeble
democracia local.
Retener los
recursos para evitar que el árbitro proceda bajo los protocolos de rigor y en
base a la legislación vigente, es un atentado contra la democracia misma. Y no
viene de un grupo de extremistas o de terroristas anárquicos; viene del Estado
mismo, lo que preocupa profundamente, puesto que denota, dicha práctica, ya sea
el interés personal del actual Jefe del Ejecutivo y/o de grupos de poder que
pretenden perpetuar el actual sistema de corrupción e impunidad.
Es un hecho
que muchas de las facultades del órgano electoral, están paralizadas por falta
de dinero. A ello, si persiste la crisis, podría sobrevenir la suspensión de
todo acto ligado al proceso de elecciones. No es una exageración. ¿Con qué
pagaría el IEPC, la contratación de servicios básicos durante y después de las
elecciones? ¿Cómo garantizaría esa institución el actuar transparente de
empleados clave?
Es también
una lamentable realidad que al mandatario —obligado a meter orden y a instruir
a sus subordinados a cumplir con sus tareas y deberes— ha cerrado,
sistemáticamente, los oídos al clamor de sanear y distribuir equitativamente el
dinero de los chiapanecos. Responsabilidad suya es procurar que las
instituciones públicas, gocen de los recursos financieros suficientes y
necesarios, para el buen avance de su propia administración.
¿Pretende,
acaso, el señor Velasco, propinar un golpe de Estado contra el Estado Democrático,
representado por el IEPC? El urgente reclamo es que deje por un lado sus
experimentos políticos y sus menjurjes “ideológicos”, se dedique a administrar
con responsabilidad las finanzas del pueblo y busque la estabilidad democrática
de Chiapas. Es lo apremiante.