Atentado contra la democracia

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Angel Mario Ksheratto

Ante la crisis financiera, el riesgo de frenar elecciones.

¿Qué pasaría si de pronto, los Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), anunciaren la suspensión temporal o definitiva del proceso electoral, argumentando la falta parcial o absoluta de recursos públicos para la celebración de elecciones? Sería, sin duda, un duro golpe a la todavía enclenque democracia en Chiapas.

Sería en sí, un golpe por parte del Estado, no contra los Consejeros, sino contra la institución y, evidentemente, contra la sociedad en general que, con todo y la suciedad que ha implicado el proceso de elecciones, mantiene un ápice de confianza en el árbitro que, a modo de justificación, ha dado pormenores de las vicisitudes que ha enfrentado, para evitar el estancamiento del proceso y consecuentemente, el desborde social que traería consigo.

La falta de recursos para que el organizador de las elecciones funcione adecuadamente, no solo es notoria, sino preocupante. Indignante, por demás, en virtud del grave daño que se ocasiona a una institución que de a poco, se repone del escándalo por las fraudulentas elecciones intermedias.

La secretaría de Hacienda, obligada constitucional y moralmente a ministrar los recursos mencionados, ha tratado de pretextar la falta de éstos con argucias de menesteroso. No obstante, los onerosos gastos en asuntos superfluos y el evidente desvío de dinero público para favorecer a determinados candidatos a distintos cargos de elección popular, desmienten las frívolas excusas.

Hay que decir que, de acuerdo al Presupuesto Egresos de éste año, al IEPC le corresponden exactamente, 435 millones, 133 mil 513 pesos, con 32 centavos. Es por ley que, mes a mes, debe entregarse al Instituto de Elecciones, algo así como 36 millones 270 mil pesos, para cubrir todos los gastos que el proceso requiere. ¿Por qué? ¡Porque lo dice la ley!

Es dinero que no solo debe estar contemplado en el papel, sino que debe estar disponible el día y hora señalados, para que ninguna institución se paralice. Generalizo, porque no solo el IEPC está desfondado. A la secretaría, al instituto, a la coordinación, a la alcaldía, a la dependencia que vaya y pregunte usted, le responderán que no tienen recursos desde hace varios meses.

Eso nos lleva a un tema verdaderamente preocupante: el cínico desvío de recursos públicos para fines electoreros, cuando no, para asuntos personales que, de comprobarse, configurarían delitos punibles que no deben quedar cubiertos por un grueso manto de impunidad, principalmente porque, justo para evitar más corrupción, se han creado leyes de transparencia.

La probabilidad de que en el fondo se trate de un saqueo desmesurado (léase robo), podría explicarse con la posible incrustación del secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno (todavía en funciones subrepticias), como candidato a una diputación federal, con la insana intención de cubrirse de inmunidad parlamentaria.

La crisis financiera del IEPC, no es menor. Se trata de un proceso —con todo y sus yerros y vericuetos—, para elegir autoridades que lleva la obligatoriedad de ser, una acción libre, transparente y efectiva para efectos de fortalecer la endeble democracia local.

Retener los recursos para evitar que el árbitro proceda bajo los protocolos de rigor y en base a la legislación vigente, es un atentado contra la democracia misma. Y no viene de un grupo de extremistas o de terroristas anárquicos; viene del Estado mismo, lo que preocupa profundamente, puesto que denota, dicha práctica, ya sea el interés personal del actual Jefe del Ejecutivo y/o de grupos de poder que pretenden perpetuar el actual sistema de corrupción e impunidad.

Es un hecho que muchas de las facultades del órgano electoral, están paralizadas por falta de dinero. A ello, si persiste la crisis, podría sobrevenir la suspensión de todo acto ligado al proceso de elecciones. No es una exageración. ¿Con qué pagaría el IEPC, la contratación de servicios básicos durante y después de las elecciones? ¿Cómo garantizaría esa institución el actuar transparente de empleados clave?

Es también una lamentable realidad que al mandatario —obligado a meter orden y a instruir a sus subordinados a cumplir con sus tareas y deberes— ha cerrado, sistemáticamente, los oídos al clamor de sanear y distribuir equitativamente el dinero de los chiapanecos. Responsabilidad suya es procurar que las instituciones públicas, gocen de los recursos financieros suficientes y necesarios, para el buen avance de su propia administración.

¿Pretende, acaso, el señor Velasco, propinar un golpe de Estado contra el Estado Democrático, representado por el IEPC? El urgente reclamo es que deje por un lado sus experimentos políticos y sus menjurjes “ideológicos”, se dedique a administrar con responsabilidad las finanzas del pueblo y busque la estabilidad democrática de Chiapas. Es lo apremiante.