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Angel Mario Ksheratto
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| Por favor, no aborde taxis piratas. |
“De todo
culpan al gobierno”, ha sido la excusa de algunos funcionarios estatales y
federales (incluido el presidente Peña Nieto), ante la exigencia de resultados
concretos y benéficos; también han recurrido al mismo subterfugio, para eludir
la responsabilidad en la violencia extrema que vive el país y que a Chiapas, ha
llegado de la mano de políticas fallidas en materia de prevención y combate
frontal a la criminalidad.
La reacción oficial
en los dos últimos crímenes de alto impacto mediático en la entidad, ha sido
inusitadamente rápida. Y por lo mismo, sospechosa. Obliga, por tanto, a lanzar
serios cuestionamientos a las autoridades judiciales y policíacas.
Aun cuando en
efecto, los hasta ahora detenidos por los crímenes contra Gloria Castellanos y
Adán Gómez, sean los verdaderos responsables, quedan más dudas que respuestas.
¿Por qué, en ambos casos, metieron celeridad a las investigaciones? En el caso
de Gloria, ¿por qué omitieron investigar al dueño del salón donde, se presume,
se cometió el crimen? ¿Por qué es familiar de una funcionaria federal?
Con respecto
al asesinato de Adán, ¿cómo hicieron para identificar, así de rápido, a los
presuntos criminales, si los encargados del famoso C-4, juran y aseguran que
las cámaras de ese sector fueron destruidas por los normalistas? ¿Por qué
ocultan cierta información relacionada directamente con las condiciones físicas
en que fue encontrado el cuerpo? ¿Por qué intentaron, sin éxito, verter la
versión que el asesinato pudo ser pasional?
Si hacemos
un recuento de los crímenes que se han cometido contra cientos de ciudadanos en
Chiapas, ni uno solo se ha resuelto satisfactoriamente. Insisto en que puede
ser que las autoridades estén en lo correcto, pero las versiones, chocan
incluso, con la lógica. Y con las cifras oficiales y extraoficiales.
Retomando lo
dicho en el primer párrafo, no se puede exculpar a las autoridades de la ola de
crímenes en Chiapas. En primer lugar, porque las políticas públicas de
prevención del crimen y la inseguridad, han fracasado y esas, las ha dictado el
gobierno, sin tomar en cuenta a la sociedad. Es, entonces, responsabilidad
gubernamental, no garantizar la seguridad de los ciudadanos y de ese compromiso
institucional y obligación constitucional, no pueden sustraerse, por mucho que
lo intenten.
De acuerdo a
la versión oficial (cierta o inventada), a Adán Gómez González, lo asesinaron
el chofer de un taxi pirata y dos cómplices entre éstos, una mujer que, se conjetura,
trabaja o trabajó como agente de tránsito. Desde hace algún tiempo y para
captar votos a favor del PVEM y del PRI, la secretaría de Transporte, bajo
presión de algunos legisladores y otros funcionarios “influyentes”, ha
repartido concesiones para transporte público, sin que se cumplan los
requisitos de ley.
También se
ha autorizado, sin fundamento legal, la operación de “taxis colectivos”, que
circulan sobre los libramientos norte y sur; son éstos, fuente de alto riesgo para
los usuarios quienes, para ahorrarse unos pesos, los abordan, sin saber que
podría ser la última vez en su vida que se suban a un taxi bajo esa ilegal
modalidad. ¿Se puede eximir de responsabilidad al gobierno?
De
confirmarse que una de las sospechosas es o fue agente policial, ¿bajo qué
parámetros de control y confianza la contrataron? ¿Por qué ese dato, que podría
ser crucial en la investigación de otros crímenes, se ha guardado celosamente? En
todo caso, que aclaren esa versión. He ahí, otro elemento para decir que sí,
las autoridades tienen responsabilidad directa en la ola de criminalidad que
asuela a los chiapanecos.
Es claro que
en el tema de prevención, no hay resultados; y mucho tememos que no los haya en
los siguientes meses. Las reacciones oficiales ante la crisis, han sido a base
de presión social y no convencen. Lo idóneo será que se busquen mecanismos
efectivos para someter a los criminales.
Uno de éstos
podría ser el inmediato retiro de las concesiones que se han repartido al margen
de la ley. Para ello, será menester realizar operativos para lograr dos cosas:
retirar a los piratas y evitar que sigan operando como “taxis colectivos”.
Exigir a los pulpos del transporte, pedir una serie de documentos personales a
los taxistas y combiteros, para garantizar la seguridad de los usuarios.
Revisar los
protocolos de investigación en las fiscalías, para evitar confusiones y
desconfianza y hacer lo mismo en los cuerpos de policía, para que no se filtren
en éstos, delincuentes en potencia. Por último, alertar a los usuarios para no abordar
transporte irregular, mediante una campaña institucional y ciudadana. No
hacerlo, aumentará el riesgo de morir a manos de delincuentes desalmados.