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Angel Mario
Ksheratto
Consecuencias de la incompetencia y corrupción |
Desde hace algunos
años, en lo que va del sexenio, hemos visto a funcionarios municipales
exhibidos públicamente, por turbas de gentes indignadas por la falta de resultados
en la administración pública. La protesta es válida, legítima, aunque los
métodos chocan y agreden los derechos humanos, principalmente porque muchos de
los secuestrados, son funcionarios de tercer nivel, que no son los que ordenan
el desfalco colectivo que obliga a tomar medidas de esa naturaleza.
En algunos
casos, se ha procedido con extrema violencia, sadismo inaudito y salvajismo
inaceptable. Recién, vimos a policías de Jaltenango, sometidos y
bajo la
consiga popular de ser cremados vivos; en El Bosque, funcionarios municipales
permanecían colgados en medio del monte, luego de haber sido secuestrados, en
sus propias casas, por comandos de gente fuertemente armada. En San Juan
Chamula, asesinaron al alcalde y colaboradores en plena plaza pública.
Casi todos
los días, se tienen noticias certeras de ese tipo de acciones, lo que ha
elevado dramáticamente el nivel de violencia en Chiapas, un estado que, si bien
ha tenido permanentes conflictos sociales, no había llegado a condiciones
deplorables como las ahora vistas.
Ello
evidencia dos cuestiones: primero, la ineficacia del gobierno para atender las
carencias en los municipios, erradicar la corrupción y cumplir con las promesas
de campaña. Muchos de los problemas sociales, se han derivado de la falta de
cumplimiento de los protocolos y normativas para transparentar el uso de los
recursos públicos.
Segundo, la
falta de autoridad moral y constitucional para meter orden y firmeza entre
quienes, basados en la incompetencia oficial, han llevado sus protestas a
límites nunca antes vistos.
Esa ausencia
de poder, de gobernabilidad, ha provocado que cada alcalde, haga lo que mejor
le convenga en su municipio. En el caso de Jaltenango, por ejemplo, la
alcaldesa ha cometido cualquier cantidad de excesos y desvíos del erario, que
obligó a la gente a tomar medidas extremas.
Igual ha
sucedido en El Bosque y si revisamos municipio por municipio, encontraremos
preocupantes desvíos de recursos, amén de la falta de éstos que, como en el
caso de municipios pequeños, no les han sido ministrados por la secretaría de
Hacienda, que es otro de los grandes problemas que está llevando a los
ciudadanos a cometer graves ilegalidades.
En lo
concerniente a la conflictividad desatada a todo lo que da, del sector
gubernamental, poco o nada se sabe. Por ejemplo, no se ha sabido si los
secuestrados en distintos municipios, han sido liberados y tampoco se sabe a
qué arreglos han llegado y mucho menos, si hay detenidos por esas acciones.
La relación
del gobierno con los medios de comunicación, está totalmente rota. Esa es la
razón por la que no se informa, no se sabe y ello, contribuye a la
incertidumbre y alimenta rumores que, como quiera que sea, minan aún más la
credibilidad en el gobierno actual. La poca información que circula desde el
oficialismo, aparte de escueta, es imprecisa, pobre y carente de pruebas.
La ingobernabilidad
es un hecho inocultable; los chiapanecos —asolados por turbas y saqueados por
una casta de políticos jóvenes que prometieron un cambio radical en la forma de
gobernar, y terminaron siendo peor que los políticos tradicionales—, parecen no
tener alternativa alguna para solucionar sus problemas
En esas
condiciones, mucho tememos que las calenturas propias de un proceso electoral,
desborden definitivamente los ánimos y nos veamos, no muy lejos en el tiempo,
en medio de un conflicto político y social, mucho mayor del que ahora vivimos. Llámenme
catastrófico si quieren, pero el panorama, no pinta más que nubarrones.
En esa
vorágine de irresponsabilidad gubernamental, todo mundo hace lo que quiere,
principalmente en los municipios. Hace unos días, se supo que el Síndico de
Copainalá, enterró a un pariente en el patio de su casa, contraviniendo así,
las leyes sanitarias y otros reglamentos de observancia general. Puede que en
el tema que nos ocupa, no quepa, ni se acople a la tendencia violenta que se
vive.
Pero es una
muestra de la total falta de autoridad y el descarado incumplimiento de las
leyes. Es una muestra de la falta de respeto a las figuras constitucionales que
fueron electas para cumplir y hacer cumplir la Constitución, tanto de México,
como de Chiapas.
En ese
contexto, nada bueno esperemos. Y sí, preparémonos para lo peor, hasta en
tanto, no se restablezca el estado de Derecho y no exista un gobierno serio,
responsable, comprometido y efectivo.