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Angel Mario
Ksheratto
Efectos de la indiferencia gubernamental. |
Ni las
autoridades ambientales, ni las encargadas del monitoreo hidrológico, ni las de
Protección Civil, han satisfecho las dudas surgidas tras el repentino y dramático
descenso del caudal y la notoria desviación del curso de los ríos Otulún,
Shumuljá y Tulijá, que daban belleza y atracción a las “Cascadas de Agua azul”,
cuya dimensión se ha visto terriblemente disminuida.
Las
explicaciones hasta ahora ofrecidas, son insuficientes; son algo así como una
mirada de reojo que han dado los funcionarios, sin admitir que parte del
problema, ha sido la devastación de la selva por el hombre, en complicidad con
un gobierno “ecologista”, que ha permitido la depredación de miles de hectáreas
de bosques.
Se ha
tratado de culpar a la naturaleza misma. Que si ha sido el enjambre de réplicas
del terremoto del 7 de septiembre; que pudo haberse registrado un derrumbe en
el subsuelo e incluso, se dice que se debe a la disminución pluvial.
Ninguna de
esas tres teorías emergentes de las autoridades, parecen encajar en el asunto.
Si bien el terremoto del pasado septiembre se sintió en la zona norte-selva de
Chiapas, su intensidad en ese lugar, no pudo ocasionar erosiones de gran magnitud
bajo la tierra, que pudieran haber succionado el cauce líquido. De así haber
sido, en zonas donde la magnitud del terremoto fue mayor a los 8 grados, se
hubiesen registrado hundimientos a gran escala de la tierra, especialmente si
tomamos en cuenta la clasificación de suelos.
¿Qué decir
de la “disminución pluvial”? Según reportes oficiales sobre la lluvia, éste fue
un año intenso, principalmente, en municipios del norte, como Tumbalá, donde se
encuentran dichas cascadas.
Habrá que
estar atentos a los reportes oficiales al respecto, porque el asunto de fondo,
parece no estar en la agenda de explicaciones que se ofrezcan. Cualquiera que
transita en las carreteras de esa parte de la entidad, podrá darse cuenta de la
cantidad de camiones cargados con madera que circulan en distintas direcciones.
La actividad
minera, no ha sido frenada, pese a las advertencias que desde muchos organismos
ambientalistas se han hecho y nada se ha logrado, más que discursos
incumplibles. Los proyectos “turísticos” en la región, también han causado
daños irreparables al medio ambiente, puesto que sus operadores, no cuentan con
programas alternativos eficientes para preservar la naturaleza.
Los expertos
en cuencas hidrológicas, dicen que una de las causas por las que un río cambia
su curso o disminuye su caudal, se debe al desequilibrio entre el caudal
líquido y el caudal sólido.
Es decir,
cuando en éste hay, por ejemplo, más sedimento (lodo) que agua. La crecida del
sedimento, obliga al agua a buscar nuevos cursos. ¿Por qué crece más el
sedimento? Por la erosión del suelo, provocada por la tala inmoderada de
árboles. La tierra se desplaza al fondo de los ríos. Así de sencillo.
El tema no
lo tocan quienes han tratado de explicar el fenómeno. No, porque es negocio
para las autoridades mismas. O cuando menos, porque no quieren evidenciar la
falta de capacidad para detener los daños al medio ambiente.
No ha habido
políticas públicas efectivas para sancionar, con rigurosidad, a quienes
explotan ilegal, indebida e irresponsablemente los recursos naturales. Preocupa
que un gobierno ecologista, haya desatendido un tema cuyas repercusiones, son ya,
una factura de alto precio.
Las pérdidas
por la probable desaparición, definitiva, de las Cascadas de Agua Azul, no
deben verse solo desde la perspectiva turística que por cierto, ha objeto de
jaloneos políticos y pleitos comunales, como ocurre en Lagunas de Montebello. A
la par de medidas ambientales para tratar de rescatar las cascadas, debe haber
acciones judiciales contra quienes han ocasionado el desastre.
Que no
vengan con que son los temblores o que el diablo tiene metidas las manos. Se
debe reconocer fallas y admitir errores que han alimentado actos que hoy, nos
tienen al borde de una catástrofe irreversible. Y se debe hacer cuanto antes.
Hace unos
días en Pacul, murieron miles de peces, derivado de abusos de PROACTIVA; los afluentes
que alimentan el río Grijalva, de donde se extrae el agua para la zona
metropolitana, son contaminados por esa empresa (VEOLIA, como también se hace
llamar) y ninguna autoridad hace lo sensato, lo legal, lo conducente. ¿Qué
esperan para hacer lo debido y cumplir con la ordenanza constitucional? Ya
basta de corrupción que afecta al medio ambiente.