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Angel Mario
Ksheratto
Desde hace meses, vivimos inseguros y nadie pone fin a la crisis. |
Hace algunos
meses, un funcionario de la Fiscalía, me ofreció un dato preocupante en torno a
la espiral de violencia que no deja de crecer en las principales ciudades de la
entidad: de cada 10 delincuentes detenidos, dos son chiapanecos, tres
centroamericanos y cinco provenientes de otros estados del país como
Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México.
Entre los delitos
atribuidos a los chiapanecos son robo a casa habitación, riñas callejeras,
lesiones con arma blanca punzocortante, violencia intrafamiliar, faltas a la
moral y homicidios en diferentes modalidades. En tanto que al resto, se
atribuyen asaltos bancarios y establecimientos comerciales, secuestros (que los
hay pero oficialmente se ocultan), ejecuciones, tráfico de personas y drogas…
Delitos de los llamados “de alto impacto”.
Lo anterior,
me dijo el funcionario, es del pleno conocimiento de las autoridades locales,
estatales y federales. Pero no tienen una estrategia integral para combatir a
los grupos criminales que operan en Chiapas, pese a que, según la fuente, sí
están detectados, identificados e incluso, localizados.
Hay ahí una
especie de complicidad, derivada de múltiples factores que van desde el
soborno, hasta la repartición de ganancias, cuando no, miedo a eventuales
venganzas de quienes, en los últimos días, han incrementado la violencia,
especialmente en la capital del estado.
Los asaltos
violentos se han convertido en casi una cotidianeidad, ante lo que la autoridad
—incompetente— nada ha podido o querido hacer. En todo caso se han ido por la
tangente, minimizando el impacto de la criminalidad o desviando la atención con
discursos francamente irrisorios o sencillamente, increíbles.
A la
incompetencia y complicidad, se debe agregar la indiferencia y la ausencia de
voluntad para someter a los criminales y llevarlos a los tribunales. Hace unos
días, un empresario capitalino murió acribillado al resistirse al robo de su
camioneta. De inmediato se intentó desvirtuar el hecho, difundiendo a través de
terceros, versiones que desacreditaban en cierto modo a la víctima.
Hay que
decir que ni la Fiscalía, ni los cuerpos de policía (“acreditable”, según la
propaganda oficial), cuentan con equipo adecuado y mucho menos, con grupos de
élite especializados para hacer frente al reto de la creciente inseguridad. Las
“investigaciones” son por demás burdas, insuficientes y pobres.
Eso sí, los
boletines de prensa oficiales, presumen integraciones investigativas muy al
estilo de las series de televisión gringas, cuando en realidad, los agentes
ministeriales, no tienen elementos de trabajo necesarios para una investigación
científica, forense y técnica.
Han sido
recurrentes los asaltos a cuentahabientes; nadie investiga al o los cajeros,
que son quienes saben que cliente retiró tal cantidad de dinero. Porque no
asaltan al azar, sino de manera extraordinariamente selectiva. ¿Quién avisa a
los delincuentes la cantidad que la víctima lleva? ¿Cómo saben, exactamente, en
que bolsillo lleva el efectivo?
Minucias
como esas, jamás son investigadas, precisamente porque nuestros “detectives”,
aparte de no contar con los instrumentos apropiados, carecen de sentido común y
por lo menos, nociones sobre criminología. ¡Ah, pero según los funcionarios de
alto rango, son los mejor capacitados del planeta!
Nos
preguntamos: ¿Dónde están los millones y millones de pesos que se han invertido
para adiestrar a los cuerpos policíacos? Salvo la Secretaría de Seguridad y
Protección Civil, ha publicitado su inversión en capacitación. Las demás
instancias, han hecho mutis al respecto. No obstante, hace unos días, los
mismos policías protestaron por la falta de equipamiento y otras garantías que
hacen ineficiente su trabajo.
Quien deba,
está obligado a ordenar una investigación exhaustiva de a dónde van a parar los
recursos para la adecuada capacitación policial. En tanto, debe profundizarse
en el trabajo para detener la delincuencia. Salir con tonterías cada vez que
hay un asalto o un homicidio, es contraproducente, puesto que la sociedad, ya
no duerme. Está pendiente y exige de sus autoridades, resultados concretos, no
excusas indolentes.
No pueden,
los gobernantes de los tres niveles, permanecer con los brazos cruzados,
haciendo como que la virgen les habla. Es una felonía, similar a la que cometen
los criminales, dejar que nuestras ciudades se inunden de sangre trabajadora e
inocente.
Por el bien
de Chiapas, deben ponerse a trabajar en serio en el tema y garantizar, de hoy
en adelante, la seguridad de los ciudadanos. Dejar que el fenómeno crezca, es
traicionar a quienes los eligieron. ¿Qué no?