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Angel Mario
Ksheratto
 |
| David Araujo, director del IBS en Chiapas y delegado del PRI en Tamaulipas. |
El Instituto
de Bienestar Social, fue creado con la finalidad de promover “el desarrollo de
la sociedad chiapaneca a través de la participación ciudadana (…) ejecutando
acciones y estrategias para atender sus necesidades”; el decreto mediante el
cual fue creado en Julio del 2014, otorga a éste, facultades, responsabilidades
y obligaciones que hacen creer que su operatividad coadyuva efectivamente en el
desarrollo de Chiapas. No es así, por desgracia.
Documentos
obtenidos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por el portal de
noticias “Alerta Chiapas”, dan cuenta no solo de la inoperancia de dicho
“Instituto”, sino de lo innecesaria que resultó su creación, lo que desata
sospechas en varios sentidos, incluyendo el de una posible maniobra para
desviar recursos con fines partidistas o para beneficios personales.
De acuerdo a
la información proporcionada por el IAIP, el Instituto de Bienestar Social
(IBS) respondió a una serie de preguntas planteadas por el grupo de
periodistas, con negativas respecto a las actividades que el decreto de
creación les ordena. A la pregunta “¿Qué programas lleva ésta dependencia?”,
José Juan Bustos Manzano, director de Control Estadístico y Padrón de
Beneficiarios, responde: “El Instituto de Bienestar Social, no lleva a cabo
ningún programa de tipo social por no contar con el presupuesto suficiente para
implementarlos…”.
Así, a las
interrogantes sobre cuántas personas han sido beneficiadas con las acciones de
esa institución y que eventos han logrado avances para el bienestar de los
chiapanecos, el mismo funcionario respondió que el IBS, “no lleva a cabo ningún
tipo de acción para el bienestar social de Chiapas”, repitiendo el argumento de
la falta absoluta de presupuesto.
Por su parte
y frente al cuestionamiento sobre el presupuesto del IBS, Alma Nallely Martínez
Estrada, se limita a proporcionar la dirección electrónica de la institución,
donde por cierto, los números confirman la gravedad del asunto. El presupuesto
promedio raya entre los ocho millones y los ocho millones y medio de pesos
mensuales. El desglose de cada 30 días arroja tantas dudas sobre la
transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por ejemplo,
vemos gastos superfluos como el pago de 19 mil 425 pesos por concepto de
“vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”. ¿Cómo?
¿Quién se compró ropa con dinero público? Las cuentas internas del IBS lo confirman:
solo en el año 2016, en “servicios personales”, la dependencia erogó 6 millones
290 mil 430 pesos en remuneraciones adicionales y pago de estímulos, entre
otros.
Otro gasto
que llama la atención es el realizado para el pago de “científicos y técnicos”
(no se especifica para que fines ni especialistas en qué rama) esa dependencia
pagó 177 mil 958 pesos el año pasado. Esto llama la atención porque los gastos
no cuadran con la declaración de no ejecución de programas.
Si no tienen
presupuesto, ¿para qué contratar a “científicos”? Por otra parte, también es
notorio que de los 8 millones y medio, más o menos, de su presupuesto, desde su
creación, hay un subejercicio de poco más de un millón de pesos que hasta hoy,
no sabemos si se reasignan o se devuelven a la secretaría de Hacienda, de donde
provienen los 28 empleados que laboran en el IBS.
Al provenir
de Hacienda, se encienden los focos rojos: ¿Fue creado ese instituto para lavar
dinero en beneficio de algún alto funcionario de esa dependencia? Un dato para
alimentar las suspicacias: en diciembre del año pasado, ese instituto tenía un
adeudo de 55 millones 630 mil dos pesos con 54 centavos. ¿A quién o quiénes se
le debía esa cantidad? ¿De qué se debía si, claramente, sus funcionarios han
informado al IAIP que no ejecutan ningún programa?
Revisando el
portal del Instituto en cuestión, no aparece el nombre de David Araujo Guerra,
quien se supone, es el director general. Aunque todos los informes financieros
son avalados con su firma, no figura públicamente. La razón es simple: viola la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Desde marzo
del 2016, Araujo Guerra, empresario tamaulipeco, es delegado especial del PRI
en Ciudad Victoria del estado de Tamaulipas. Ello, como bien sabemos, está
prohibido por la referida ley y por tanto, el funcionario debería ser cesado de
inmediato para fincarle responsabilidades y, desde luego, aplicarle la sanción
prevista.
Lo urgente
es investigar y dar cuenta de los resultados de las indagaciones. Es claro que
el IBS, es innecesario; es un gasto oneroso que no beneficia más que algún
funcionario corrupto. Esperemos acciones contundentes.