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Angel Mario
Ksheratto
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| Javier Valdez, periodista y escritor asesinado en Sinaloa. DEP. |
Hace algunos
días el gobierno mexicano rechazó, categóricamente, el informe del Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos, mediante el cual, coloca a México en el
segundo lugar (solo después de Siria) de los países más violentos del planeta.
Los argumentos que la Cancillería y la secretaría de Gobernación expusieron,
eran insostenibles. Conforme han pasado los días, se hacen menos confiables y
más, cuando el índice de criminalidad, socaba la seguridad de uno de los
sectores más importantes: el periodismo.
Hace unas
horas, el enésimo periodista mexicano fue asesinado en Culiacán, Sinaloa; el
crimen no tiene ya, nada de extraordinario, en virtud de la cotidianeidad con
que se ha arremetido contra la prensa de un país, cuyas autoridades han
mostrado sobrada incapacidad para garantizar la seguridad de los periodistas.
Días antes,
un grupo armado retuvo, robó y amenazó a seis periodistas en el estado de
Guerrero. La lista de hombres y mujeres periodistas asesinados desde que la
administración de Felipe Calderón declaró una guerra sin estrategias, sin
fundamento legal y sin efectividad en la respuesta inmediata, es larga.
Y de estos
crímenes, ni uno solo ha sido esclarecido. Ni un solo hombre ha sido llevado a
los Tribunales para que responda por esos delitos. Ello es signo inequívoco del
colapso absoluto de las instituciones del Estado en materia de seguridad y
justicia. No ha habido voluntad oficial para proteger la vida de quienes
informan a la sociedad.
Por el
contrario, el discurso ha sido evasivo. Se ha recurrido insistentemente a la
negación de la realidad y al ocultamiento de hechos que lastiman severamente a
los mexicanos. La postura de la SEGOB y Relaciones Exteriores de hace una
semana, es notoriamente opuesta a la exigencia de justicia y pone sobre la mesa
de los debates, la capacidad gubernamental para ofrecer condiciones de
seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo.
Por
desgracia, el gobierno federal ha anclado su obligación constitucional en
pretextos y explicaciones burdas, que solo confirman ineptitud e indiferencia
ante un grave problema que debe solucionarse cuanto antes. Decir, por ejemplo,
que las y los periodistas asesinados en México tenían algún tipo de relación
con el crimen organizado, es un argumento cobarde y tosco que demuestra la
insensibilidad e ineficacia del gobierno.
Ineficacia
que se ha extendido a todos los sectores del país. “Verdades históricas” y “daños
colaterales”, solo han terminado en exabruptos inaceptables, insustanciales y
vergonzantes que determinan la nula responsabilidad del Estado para detener la
creciente ola de violencia en todo México y en la que las instituciones se han
visto inmiscuidas, como el caso de la presunta ejecución extrajudicial en
Puebla.
Nada frena
el miedo, el terror que invade a la sociedad ante la atrocidad, continuidad y
violencia con que se ataca a los comunicadores y activistas sociales.
Los
discursos resultan insuficientes para creer que la autoridad competente,
cumplirá con su función. Todo ha quedado en una perorata de bajo nivel que
desnuda las carencias institucionales para hacer frente a los crímenes contra
periodistas.
México
requiere urgentemente de acciones contundentes para asegurar que ni un
periodista más, sea asesinado; urge, además, que cese el alegato oficial en
torno a las motivaciones que, presuponen, son causales para el asesinato. Nada
justifica una muerte violenta; por lo tanto, intentar culpar a los periodistas
de su final destino, es fatuo, irresponsable y detestable.
La libertad
de expresión no debe estar bajo el mandato de nadie; es un derecho humano y por
lo tanto, obligación del Estado es, proteger eficazmente a quienes ejercen el
oficio. Ignorar esa tarea, es dar la espalda a la realidad, pero sobre todo, a
la verdad que debe prevalecer en México.
La exigencia
—que por antonomasia es permanente—, es de justicia y de correcta aplicación de
los criterios legales para terminar con la matanza de periodistas. Ni un
periodista más asesinado; ni un periodista menos en las redacciones.
México no
puede seguir nadando en un mar de sangre solo para complacer exigencias de los
gringos que, seamos honestos, son los consumidores de las drogas que nos han
arrastrado a una guerra sin sentido. No podemos seguir poniendo los muertos, mientras
nuestros vecinos del norte alucinan al grado de elegir a un loco como
presidente.