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Angel Mario
Ksheratto
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-¿Es corrupta Eva Cadena? -Lo que diga mi dedito. |
Santiago
Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), no da muestras de ser un funcionario apegado a
las reglas del vilipendiado sistema electoral mexicano. Hasta donde va, los
resultados de su trabajo son deplorables, insustanciales y parciales cuando no,
subjetivos y descaradamente selectivos.
Hace unos
días, Eva Cadena, diputada veracruzana con licencia, fue grabada recibiendo
medio millón de pesos, bajo la explícita encomienda de entregarlos
personalmente al precandidato presidencial, Manuel Andrés López Obrador. El
escándalo hizo rebotar a la aspirante a la alcaldía de Las Choapas y obligó al
líder de MORENA a deslindarse de la mujer a la que, unos días antes, defendió
de las acusaciones en su contra, imputando a sus tradicionales adversarios el “cuatro”
tendido a su seguidora para desprestigiarle a él.
Trampa o no,
el hecho de recibir dinero mal habido para una campaña (fuera de tiempo, lo
cual ya es un delito electoral), constituye una violación a las normas,
fundamento de la FEPADE para proceder en contra de la protagonista del affaire
y amenazar con llamar al aspirante a la presidencia de la República, para
interrogarlo.
El protocolo
así lo indica. Debe comparecer. Sin embargo, la parcialidad salta a la vista y
deja en entredicho, una vez más, el compromiso de esa dependencia para procurar
justicia en materia electoral.
Aspirantes
del PAN, PRI y PRD, han incurrido en las mismas anomalías; Ricardo Anaya,
Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel
Ávila, Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ivonne Ortega,
José Narro, Luis Videgaray, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Graco
Ramírez, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez, Jorge Castañeda, Pedro Ferriz de Con,
Emilio Álvarez Icaza y otros que no tienen ninguna posibilidad, no han reparado
en gastos para promover su imagen.
La mayoría,
incluso, echando mano del erario, lo cual, según la ley, es una agravante que
la institución bajo el mando de Nieto Castillo, ha omitido, En el caso de López
Obrador, ha reaccionado con inmediatez, lo que levanta sospechas sobre la
autonomía de su cargo y el tipo de consignas que habrá de seguir y que no dejan
dudas respecto a la parcialidad de las ejecuciones contra quienes se
contrapongan a la normativa electoral.
No es la
pretensión defender lo indefendible; AMLO ha sido reacio a acatar las reglas y
respetar a las instituciones. De hecho, las ha mandado al diablo. El hecho es
irrefutable, de tal manera que el mismo López Obrador lo ha admitido, aunque
hasta hoy, a ciencia cierta, no se sabe el paradero de ése medio millón de
pesos.
Se trata de
exigir imparcialidad y en ese contexto, reclamar a la FEPADE, la aplicación del
mismo criterio contra otros que han violado la ley. No vayamos lejos, en
Chiapas, siete exconsejeros cometieron delitos graves y esa dependencia, fue
débil y complaciente, al grado que de éstos, solo una de ellas estuvo detenida
unas horas.
Si hacemos
un recuento de los delitos electorales cometidos por aspirantes a cargos de
elección popular, existen evidencias sólidas y suficientes para encarcelar al
98 por ciento de éstos. O por lo menos, inhabilitarlos para contender, como
dicta el catálogo de sanciones.
Algunos
funcionarios electorales alegan “lagunas jurídicas y legales” en la ley
electoral, que han permitido el uso y abuso de recursos públicos para la
promoción personal; eso no es del todo verdad. ¿Por qué a algunos, a los
incómodos, sí se les aplica y a los incondicionales no? Por una sencilla razón:
en México, el imperio de la impunidad se ha apoderado de las instituciones; la
complicidad es insustituible.
Si al
aspirante tabasqueño habrá de sancionársele, hágase lo mismo con los funcionarios
de SEDESOL, que condicionan la asistencia social a cambio de votos para el PRI.
Castíguese a Rosario Robles Berlanga y Emilio Zebadúa, de la SEDATU, que
condicionan a los alcaldes de Chiapas, para que apoyen la precandidatura del
segundo y la aspiración del sátrapa Pablo Abner Salazar, de ser senador del PT.
Eso sería justicia.
Dudamos
mucho que Santiago Nieto Castillo, haga lo conducente, lo viable. No lo hará
porque él, obedece órdenes superiores; porque su consigna es “castigar” a los
odiados del sistema. Debo insistir que no se defiende a AMLO. No, porque él es
parte del mismo sistema corrupto y lo ha demostrado con creces. No es un hombre
de fiar. Los escándalos de dinero en que se ha visto envuelto, son muchos. Pero
tampoco debe pasar desapercibido el hecho que contra él, todo el aparato
gubernamental se ha enderezado y eso es, a todas luces, malo para la paupérrima
democracia.