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| Urgen cambios en altos mandos policiales. |
El recuento de crímenes de alto impacto de los últimos meses, es preocupante. Ejecuciones en la Costa —especialmente en Tapachula y la franja fronteriza con Guatemala—; secuestros en la capital y las zonas centro y norte, levantones y ejecuciones en la zona fronteriza con Tabasco. Extorsiones en todo el estado, asaltos bancarios, a comercios y plazas, asaltos a autobuses y camiones de carga… Todo indica que ya no se trata de actos de violencia común, sino de acciones de bandas criminales no solo bien
organizadas, sino mejor protegidas, lo que agrava la situación.
Muchas son las teorías y sospechas en torno al incremento de la inseguridad: la presencia excesiva de policías federales, la incompetencia de las autoridades locales, los acuerdos ilegales entre los últimos y bandas delincuenciales, la falta de protocolos efectivos de prevención del delito, la pérdida de autoridad moral de los cuerpos policíacos, pero principalmente de sus jefes; la creciente crisis económica, ineficacia de la instancia procuradora de justicia, corrupción en el Poder Judicial, la pérdida de miles de empleos tras el plantón de la CNTE, la ausencia de políticas laborales para dotar a la gente de un empleo digno que le permita vivir con decoro.
Todos, de una u otra forma, han sido factores para que la violencia e inseguridad se disparen alarmantemente en la entidad que hasta hace poco, presumía ser la “más segura” del país.
El mito, recreado en el narcicismo gubernamental, poco a poco se ha derrumbado. Independientemente de los factores, ha habido indiferencia absoluta por parte de quienes están obligados a garantizar la paz y la armonía en Chiapas. Y no solo me refiero al aspecto penal, sino al social de donde, por desgracia, han derivado otros actos de violencia, generados por la falta de atención política y la poca capacidad para satisfacer las necesidades de la sociedad, aunque en descargo de la autoridad, hay qué decir que muchos casos, han caído en los excesos, precisamente porque no se aplica el Estado de Derecho para proteger a la sociedad. Ahí están los abusos de los normalistas, quienes se han constituido en un serio peligro y nadie los mete en cintura.
En las últimas horas, dos hombres incendiaron el automóvil de un caricaturista; en ese mismo lapso, rociaron de balas la casa de un empresario de giros negros y medios de comunicación afines al gobierno; pocas horas después, desconocidos agredieron físicamente al hijo de un reconocidísimo conductor de radio y funcionario (el agredido) de una institución educativa gubernamental. Menos de 24 horas después, desconocidos secuestraron a un menor de cinco años, hijo de un alcalde en la región selva de la entidad.
A lo anterior sumemos decenas de actos violentos que no son reportados ante la autoridad, por temor a represalias o sencillamente, porque no se confía en éstas. La lista sería interminable. Lo preocupante es que, a pesar del repunte, prevalece la indiferencia de los cuerpos de seguridad. De vez en cuando anuncian, con bombo y platillo, la detención de algún par de rufianes de poca monta, mismos que salen el mismo día de su detención.
Urge reestablecer las condiciones de seguridad que, queramos o no admitir, estaban dentro del rango de admisión ciudadana. Sería imposible poner a un policía por persona para evitar más inseguridad, pero existen estrategias efectivas que venían dando resultados y que hoy, no garantizan nada a nadie.
Si el gobernador Manuel Velasco Coello está pensando en la renovación de su gabinete para cerrar sus dos últimos años con cierta aceptación de los gobernados, debe remover a los encargados de seguridad y procuración de justicia y ordenar una purga de malos elementos. Los chiapanecos no pueden vivir bajo zozobra; Chiapas no debe caer en los estándares de violencia de otros estados donde, lamentablemente, la inseguridad es irreversible.
El grado de desesperación, desconfianza y enfado, está llegando a su límite; basta ver las mantas y lonas que han aparecido en varias ciudades donde se anuncia que ladrón que sea atrapado, será linchado. No corresponde a la sociedad tomar la justicia en sus manos, pero ante la falta de acciones fulminantes de las autoridades, tiene que defenderse y eso, aunque no es legal, es legítimo y más, cuando se está en extrema indefensión. Es tiempo de hacer algo. Estamos a tiempo.