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INM, cueva de violadores y torturadores


Imparables, los abusos de agentes de esa institución.
La violencia en El Salvador, los obligó a salir de ese país; y no la violencia común que ha hecho que casi todos los salvadoreños tengan un pensamiento permanente: “me quiero ir a vivir a otra parte del mundo”. Se marcharon porque sus preferencias sexuales terminaron por estigmatizarlos en una nación donde el libertinaje, es cosa diaria, pero no la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Kendra, Daniela, Mahomy, Jonathan, Josué y Geovanny —cuyos nombres masculinos, los tres primeros, por voluntad propia, habían cambiado para concordar con su identidad sexual—, llevaban una vida sin mayores sobresaltos, hasta que autoridades y gente común, decidieron que no encajaban en una sociedad machista y por lo mismo, violenta.
La persecución en su país, se tornó cada vez más frecuente y más, porque trataron de hacer valer sus derechos. No encontraron lugar donde pudieran estar seguros hasta que decidieron emigrar; tomaron lo poco que tenían y abandonaron su tierra, su gente, sus costumbres. Se prendaron del sueño americano y corrieron tras él. Poco se sabe de sus aventuras en territorio guatemalteco. Pero mucho, de lo que les ha ocurrido en el mexicano, donde las autoridades federales anuncian un día y sí y el otro también, medidas para combatir la tortura y persecución a migrantes.
La historia de éstos jóvenes, es aterradora y esculpe a la perfección, un estado de perpetua violación a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición física, religión, raza, ideología o preferencia sexual.
Una vez que atravesaron el Suchiate en balsas de hule para pisar suelo mexicano, Mahomy, Daniela Y Kendra, tuvieron la mala suerte de ser abordadas por cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración; eso lo corroboraron algunos testigos de la detención. Ahí mismo, en Hidalgo, en la delegación del INM, las tres chicas transexuales, fueron constantemente violadas por los de esa institución; las despojaron, además, de las pocas pertenencias que traían.
De alguna manera, fueron liberadas y buscaron refugio en el albergue “Jesús el buen pastor”, de donde, por su condición de transexuales, fueron echadas hace apenas unos días, solo con el amparo de un especialista de la Comisión de Derechos Humanos, que poco ha podido hacer para que lleven una vida digna mientras encuentran condiciones para seguir su camino rumbo a estados unidos.
Una semana después del ataque a Mayhomy, Kendra y Daniela, Josué, Geovanny y Jonathan, fueron brutalmente golpeados por los mismos elementos del INM. Venían también de El Salvador, huyendo de las amenazas de muerte que, por su activismo, habían lanzado contra ellos. Los despojaron de todo y fueron sometidos a torturas indescriptibles. Junto con las tres chicas transexuales, deambulan ahora en busca de ayuda en la Ciudad de Tapachula. Deberían, por haber sido víctimas de violación y tortura por parte de agentes del estado, acceder a una visa humanitaria. Se las han negado.
Desde hace años, el gobierno Federal ha insistido en cambiar las formas de trato a los migrantes. Se han establecido protocolos y se han adecuado medidas para que la tortura, el despojo, la violación y persecución contra éstos, termine de una vez por todas. Todo ha quedado en un discurso muy bonito porque en la práctica, el salvajismo, sigue siendo lo mismo.
Mucho se ha hablado de respeto a las preferencias sexuales de los ciudadanos, vengan de donde vengan y vemos que la violencia contra quienes tienen gustos sexuales distintos, es cada vez más recurrente y con mayor grado de agresión, especialmente, por parte de las autoridades federales.
Todo esto nos indica que no ha habido cambios sustanciales; que todo ha quedado en el palabrerío hueco de un gobierno insensible y funcionarios corruptos y ladrones. La violación de los derechos humanos de los migrantes y de personas con preferencias sexuales distintas, es una práctica cotidiana que ninguna autoridad parece tener interés en erradicar. Y menos, mucho menos, que exista la voluntad para castigar a los responsables de la tortura y persecución sistemática en la Frontera Sur.
La exigencia es que haya sanciones drásticas y que se mejoren los protocolos; que el respeto a los migrantes, sean quienes sean y vengan de donde vengan, sea una garantía del Estado. Con discursos y ofrecimientos, pero con agentes del INM torpes y abusivos, no iremos a ninguna parte. ¿Alguien va a hacer, por fin, lo correcto en ese tema?
amksheratto@hotmail.com

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