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Nada justifica la violencia en Iguala. |
México no ha estado exento de movilizaciones sociales que tienen como principal objetivo, alcanzar una mudanza de criterios que permitan erradicar prácticas que se niegan a caer en el terreno de la extinción. Históricamente, las escuelas normales del país, han sido voces incómodas que, año con año, se levantan ya para protestar contra una imposición o bien, para rechazar algún menguado beneficio que les llega como factura en blanco, pagadero en épocas electorales.
Pero también, han sido víctimas utilitarias de dirigentes voraces, y obligatorias para quienes, de la ideología que provengan, no han intentado siquiera entender las inquietudes de quienes solo quieren aprender a ser útiles.
Cierto es que los métodos de los estudiantes no son compartidos por la mayoría de mexicanos, pero cierto es también que nada justifica la respuesta violenta de la autoridad, especialmente de aquellas que han fundado un reino de terror, de la mano de grupos criminales que dicho sea de paso, mantienen desde hace tiempo, en jaque al Estado. La aparición de decenas de fosas clandestinas repletas de cadáveres, es prueba irrefutable que los hechos en Iguala, solo son una pequeña muestra de la descomposición política y social que padecemos.
Si no son, los cuerpos encontrados, de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿de quién son esos cadáveres? Muy probablemente, el Estado no ha reparado en que se encuentra frente a una crisis de credibilidad y confianza sin precedentes en la historia del país. No se ha dado cuenta que la aparición de decenas de cementerios clandestinos, reflejan un estado de guerra y lo peor, un gobierno incapaz de garantizar la paz pública y la seguridad ciudadana.
A la par de lo anterior, los vanos intentos por esconder la realidad macabra de México, nos demuestran claramente la ineficiencia para dar respuesta a los familiares de las víctimas y el desinterés por la vida de los estudiantes desaparecidos. Vemos además, la carencia de moral de políticos de todas las ideologías.
Nadie, hasta hoy, reconoce nexos con los hasta ahora, sindicados directos de la desaparición de los estudiantes, pese a que le sirvieron y se sirvieron de los presuntos criminales, el exalcalde de Iguala, su mujer y el jefe de la policía local. La casta política que apoyó sus aspiraciones, se ha declarado limpia de toda culpa e incluso, dice desconocer las ligas de los acusados con el crimen organizado, a pesar de la sospecha que muchos de los fondos de las pasadas campañas electorales, pudieron haber provenido del narcotráfico.
La preocupación de todos —verdes, rojos, amarillos, azules, anaranjados, celestes, tricolores, negros y blancos—, es encontrar entre ellos, al culpable perfecto para abultar las urnas electorales a favor y, ¡por supuesto!, descalificar al adversario. En eso, la falta de valor civil ha sido notoria. Todos los que le levantaron la mano al prófugo exalcalde iguálense, le niegan rotundamente, como si ello les salvare del reclamo popular y la exigencia de un acto de constricción que les devuelva un poco de credibilidad.
Lo urgente, es la aparición de los 43 estudiantes; vivos o muertos, deben aparecer, pues dejarlos en el abandono, sería reconocer la rendición del Estado como garante de los derechos civiles y la seguridad de los mexicanos; la rendición de éste, será el fracaso, no del estado, sino del país en su conjunto y de la sociedad, que habrá fracasado en su obligación de exigir a las autoridades, responsabilidad y eficacia en sus actos.
México no puede permanecer inmóvil ante la pasividad de la clase política, pertenezca ésta al clan que sea. La exigencia debe ser contundente, pero dentro del estado de derecho y respetando siempre, el derecho de terceros. No se deben copiar los métodos de unos y otros, sino hacer la diferencia, hasta saber, de quién son los cadáveres.
amksheratto@hotmail.com