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Fernando
Rosales Toledano, asistente del
senador Melgar Bravo, presunto asesinó a una jovencita; está prófugo. |
Angel Mario Ksheratto
Los escándalos escalan cada vez más alto; desde un linchamiento público en alguna comunidad aislada de Chiapas, hasta la admisión de un grupo homosexual en las entrañas del Vaticano, por mencionar lo menos. De políticos involucrados en actos de corrupción, los más abundantes y más, en México, donde no parece haber consciencia del mal que le hacen al país.
Ayer mismo aquí, familiares de una joven asesinada con tal saña y brutalidad en San Cristóbal de las Casas, señalaron al asistente de un senador como el principal sospechoso del secuestro y asesinato que enardeció a los coletos. Un escándalo más, un asunto más que obliga a exigir garantías jurídicas y legales para una sociedad que da alarmantes signos de cansancio ante la ineficacia, heredada de un pasado inmediato, no resuelto aún.
La inmoralidad, como base sólida para políticos y aprendices de ese oficio que no tienen empacho en afectar los intereses comunes; la pérdida de valores que favorece a un clima de terror que a su vez, alimenta la intolerancia de unos contra otros.
Hace apenas unos días se conoció del linchamiento de tres hombres en la zona indígena, acusados de la violación y asesinato de una mujer de apenas 24 años de edad. Perturbadoras imágenes que revelan la podredumbre social generada por la ausencia de criterios institucionales y aplicación de la justicia y por otro lado, la impunidad que sostiene a los usos y costumbres indígenas, convertidas ya, en instrumento ilegal para asesinar, sin que los presuntos implicados acudan al derecho de una defensa legal.
Sobre ello, la amenaza de sancionar a quienes difundan el dantesco hecho, bajo el argumento de “incitar a la violencia”. Nos preguntamos: ¿Quién realmente incita a la violencia? ¿El que la genera con su pasividad e ineficacia, o el que la difunde para que nada quede en la impunidad?
Eso, solo en Chiapas; a nivel nacional, los escándalos de corrupción por parte de exfuncionarios calderonistas y exgobernadores, son la comidilla diaria. Cada día un exfuncionario distinto es acusado de enriquecimiento ilícito; otro gobernador es sindicado de haber utilizado recursos públicos para su beneficio personal. Por ahí, algún diputado o senador, es señalado de percibir “donaciones” de empresas particulares para apoyar o bloquear, según sea el caso, alguna ley en proceso de votación.
De la escandalera no se escapa nadie; ni la iglesia Católica, ni la Evangélica. En la primera, empiezan a develarse las cortinas y a saberse que, muy dentro de sus entrañas, opera un poderoso grupo de altos jerarcas con tendencias homosexuales. Su preferencia sexual sería ampliamente respetada, de no ser porque ha sido la Iglesia Católica, la que más se ha opuesto al libre albedrío de los seres humanos y ha condenado con singular energía las uniones entre homosexuales.
Se respetaría también, si sus fines tuviesen un fin humanista; por desgracia, la intención de fondo es defender, proteger y encubrir a curas pederastas y violadores de niños. En la segunda iglesia, las estafas, chantajes y extorsiones, así como el acoso y abuso sexual, son el escándalo de cada día. Basta ver los canales de televisión que manejan sus distintas denominaciones, para darnos cuenta que se lucra descaradamente con la palabra de Dios y los supuestos milagros.
Somos pues, una sociedad sumergida en un océano de escándalos; las instituciones han perdido eficacia y credibilidad. La justicia ha dejado ser el paradigma que nos permitía la jactancia de civilidad. Arrinconados, no queda más opción que la justificación de actos deleznables. Lo hemos visto en el caso del linchamiento en la zona indígena; gente aplaudiendo el asesinato colectivo, como demostración oculta de impotencia ante la ineficacia.
Urge que tanto las instituciones como la sociedad, retornen a la civilidad; al respeto y la convivencia. Que las instituciones retomen la importancia de sus funciones y se empiece a aplicar con denuedo el estatuto para que todos se sometan al estado de derecho. No hacerlo solo nos conducirá a la irremediable desaparición como gente civilizada.
IMAGINARIO.- Las diferencias en la SEINFRA, podrían ser causa de la parálisis en las obras de infraestructura de Chiapas; los intereses son tan grandes que ni Robles ni Vidal, quieren dar su brazo a torcer. O se ponen de acuerdo o que renuncien. A quien le hacen daño, es al gobernador. Eso ni dudarlo.
amksheratto@hotmail.com