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| El expresidente, ni inmune, ni impune. |
Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Craso, colosal error; la solicitud de inmunidad por parte del gobierno mexicano al Departamento de Estado de Estados Unidos para beneficiar al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, rebasa los límites de acción de los funcionarios pero además, rompe con la pretensión de no permitir impunidad a todo aquel que se encuentre frente a la posibilidad de un juicio. Lo habían callado. Dos meses después que el gobierno de Calderón solicitase a su contraparte norteamericana inmunidad para el exmandatario, se supo la verdad y aunque no parezca, pone a las autoridades de Relaciones Exteriores en un aprieto.
Los expertos en derecho internacional, son claros: no aplica la inmunidad ni de jurisdicción ni diplomática al expresidente Zedillo. En otras palabras, sí puede ser sometido a un tribunal en Estados Unidos, especialmente si se toma en cuenta la gravedad de la acusación: delitos de lesa humanidad. Si lo sentencian o exoneran, ya será criterio de los jueces.
Ahora bien, la acusación contra el expresidente, puede no estar debidamente sustentada. En primer lugar, porque aquí, en México, no se ha hecho justicia a las 45 víctimas mortales de la masacre de Acteal. Ningún exfuncionario del gobierno de Chiapas en ese entonces, ha sido llevado a juicio.
Los políticos priístas que fueron señalados en su momento de haber alentado la masacre, para despojar de la gubernatura a Julios César Ruiz Ferro, tampoco fueron investigados. Detuvieron sí, a decenas de indígenas, pero la mayoría fueron liberados años después, bajo el argumento jurídico que fueron violados sus derechos humanos y otros, fueron exonerados.
¿Cómo entonces pretender hacer justicia desde el punto opuesto de la lógica? Inviable someter a juicio al expresidente, si los responsables directos, no han sido ni siquiera investigados. Que tiene responsabilidad alguna, sin duda que sí la tiene. Pero resulta torpe que se le busque responsabilidad directa sin tocar a los que promovieron aquella masacre.
Todo suena a componendas políticas, a acciones que no buscan justicia, sino que persiguen intereses más allá de los que a las víctimas y sus familias, debe interesarles. Porque hasta ahora, solo se sabe que “familiares” de las víctimas son quienes impulsan el juicio contra Zedillo. Nada claro; por tanto, sujeto de sospechas.
La complicidad federal
Pablo Abner Salazar, parece gozar de la complicidad de la justicia federal; le otorgaron un amparo para librarlo de la acusación por la muerte de más de 30 niños en el Hospital de Comitán. Imposible entender cómo y por qué, algún juez federal otorga cierto grado de impunidad al tirano en cuestión, toda vez que ya fueron presentadas las pruebas irrefutables por parte de la autoridad investigadora.
Para nadie es secreto que Pablo Abner, ordenó de manera directa al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, no asistir financiera ni médicamente a los niños que murieron víctima de un virus mortal que se desató dentro del hospital, derivado de las malas condiciones y la falta de higiene.
Tampoco se ignora que dinero que estaba etiquetado para al área de salud, fue desviado para construir el estadio “Víctor Manuel Reyna” y para adquirir la franquicia del equipo Jaguares. Mientras el exdictador se divertía con su regalo deportivo, decenas de niños morían ante la indiferencia de Pablo Abner que incluso, llegó a decir que la muerte de los infantes, era necesaria para mantener al pueblo contento. “Son solo unos cuantos niños, ¿a quién le interesa el asunto?, se preguntó ante el entonces Presidente de la CNDH, quien le visitó en casa de gobierno.
Aquí hay que recordar que la CNDH, presidida por José Luis Soberanes, protegió siempre al tirano, desmintiendo las acusaciones que constantemente se hacían en diversos foros contra éste.
Será un error histórico, imperdonable, que la justicia federal proteja a un criminal que no tuvo la menor de las compasiones hacia un grupo de inocentes, prácticamente asesinados por el Estado mismo. La Suprema Corte, está obligada a investigar al juez que otorgó el amparo al criminal Salazar, pues hay más sospechas que aciertos en la determinación tomada.
La exigencia de los chiapanecos es de justicia. Debe haber justicia. Pablo Abner no puede quedar en la impunidad. Y los jueces federales, deben investigar más a fondo. No dudaría, en lo absoluto, que el juez que otorgó el amparo al exdictador, recibió algo a cambio. De gratis, no lo hizo.
Tarjetero
*** Hace unos días tocamos el tema de la casa que un altísimo funcionario del ISSSTE, remodela en el fraccionamiento “Santa Fe”, en Chiapa de Corzo. Nadie ha hecho nada, pues la remodelación de la casa de una enfermera, sigue su curso, como si nada. ¿De dónde salen tales recursos? Ya hay una línea de sospecha: de dinero sustraído del fondo para ayuda a los pacientes. Hace un par de días, se acercó una persona para denunciar que, debido a su enfermedad, debe viajar constantemente al Distrito Federal. Cuenta que firma recibos de boletos de avión, pero en realidad, le dan boletos para irse en autobús. Y hasta eso, se los dan cuando les da la gana, aunque debe firmar por boletos no entregados. Para el colmo, personal de confianza que trabajó al lado del extitular de esa dependencia, Ricardo Aguilar Gordillo, siguen cobrando en la delegación del ISSSTE, pese a que se fueron a la Secretaría de Educación. ¡Toda una bola de rateros! *** Gerardo Sáez Castillo, dicen, se perfila para una candidatura en el próximo proceso electoral. Su amplio currículum y experiencia en la administración pública, son su carta de presentación. *** Indignante; si usted pide el servicio para una emergencia en la Cruz Roja, le cobran no menos de 400 pesos. ¿Y lo que recolectan? Le pido un favor: no le dé ni medio centavo a esos vividores. Y hablo de los que administran a la institución. Los paramédicos, desde luego, nada tienen qué ver con los sinvergüenzas que administran… O más bien, utilizan para su propio beneficio. *** Luego nos leemos.
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