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| Peña Nieto, contra libertad de prensa. |
Angel Mario Ksheratto
Aunque de última hora y de manera poco clara, fue retirada la propuesta de coartar la libertad de expresión a través del Código Penal Electoral, el tema no puede quedar arrinconado y en vías de olvido; se trata de una reforma al artículo 412, en el que se pretendía —ó pretende puesto que se dijo que podría volver a presentarse una vez “enriquecido el texto”— imponer penas carcelarias y multas elevadas a los ciudadanos que “injurien ó difamen a instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos ó coaliciones”.
La propuesta fue presentada por el diputado priísta Arturo Zamora, obedeciendo dictados de Enrique Peña Nieto, quien ha tomado como parte medular de su discurso, la exigencia de no permitir críticas al pasado del Partido Revolucionario Institucional.
Evidentemente, la intención del PRI es penalizar a quienes pudieran estar en condiciones de, por ejemplo, pedir cuentas claras a un partido que gobernó con desatino al país por más de siete décadas.
El espíritu de la reforma hasta ayer fracasada, sin embargo, no busca civilizar la contienda electoral (que necesita con urgencia una normatividad estricta para candidatos y precandidatos) sino coartar la libre expresión de los ciudadanos mediante el abuso de las facultades de la autoridad, por un lado y por el otro, a través del acoso institucional, la amenaza e intimidación.
Los razonamientos presentados por Zamora —por cierto, señalado en el pasado por la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado—establecen que “la intención de ofender con fines preelectorales ó electorales, representa, en todo caso, un elemento esencial del tipo subjetivo, por lo tanto, no será necesario que se dé el resultado (causar deshonra a la víctima) bastando que la comunicación pueda causarle al ofendido riesgo de dañar su credibilidad o la buena imagen pública.
Será suficiente, entonces, que el autor externe conceptos, opiniones o narraciones de sucesos ciertos o inciertos, para que se dañe el objeto material que constituye ese delito, esto es: la disminución de la fama pública durante los tiempos electorales, o bien cuando se ponga en riesgo la imagen que tiene el pasivo frente a los demás.” (sic).
Si revisamos el fondo de la intención, encontraremos graves irregularidades; la crítica y la opinión, son tomadas como “ofensas”, suficientes para aplicar la ley.
Por tanto, no sería necesario que se cause deshonra o daño moral para someter a un imperio legaloide a los ciudadanos que tuvieren una opinión sobre los que estén en posición de ser electos.
Pero de mayor gravedad resulta que, aún cuando le fueren probados determinados delitos a los candidatos, nadie podría señalarlos, so pena de ser encarcelados. ¡Es una pifia! ¿Buscan acaso los priístas leyes que les garanticen impunidad? Con esa propuesta estaríamos frente a legislaturas plagadas de delincuentes y alcaldías, como guaridas de bandas criminales.
Ahora bien, si una válvula de escape social hay en éste país, es el insulto como extrema expresión de desaprobación hacia los políticos. La impotencia de saberse gobernados por un patacho de sinvergüenzas, es paliada con una mentada de madre, espontánea y contundente.
¿Encarcelarían a millones de mexicanos que recurren al único recurso popular para externar su rabia por el constante saqueo que hacen de los recursos financieros de la nación? Son capaces.
De tal manera pues que la hasta ayer fracasada propuesta, es un intento por sustituir la transparencia por impunidad legal. Es acabar con el sueño mexicano de por fin, tener autoridades limpias, honradas, justas.
Es tirar a la basura la exigencia de cuentas claras a todos quienes hacen labor de gobierno. En las redes sociales el llamado es a no votar por el PRI, partido del que emerge el diputado Arturo Zamora; podría ser buena medida. Porque los priístas deben entender que la sociedad, está harta de políticos ladrones que pretenden legalizar sus robos.
Ojalá y la intención de volver a presentar tan disparatada propuesta, quede para siempre en la reducida mente de un diputadito que no tiene ni un ápice de solvencia moral para atracar a los mexicanos y robarles sus libertades. Ojalá.
Lo contrario sería un lastre para un partido que busca regresar al poder, pero lo hace con leyes limitativas, leyes que buscan silenciar a todos. Práctica de ladrones, nos parece.
Tarjetero
*** El peligro que los promotores de la ley mordaza en materia electoral, temen que la crítica y el señalamiento, “disminuya su fama pública”; ¡por favor! Fama pública, la tendrán siempre: haraganes, ignorantes, vividores, rateros, abusivos, hocicones, oportunistas, bárbaros… *** Hoy, el diputado Carlos Valdez presentará un programa que él mismo ha calificado de “novedoso e importante”. Lo hará en conferencia de prensa durante un desayuno en un hotel de su propiedad, ubicado en la zona norte-poniente de la ciudad. *** Luis Enrique Aguilar Márquez, es actualmente alcalde de Tecpatán, municipio al que tiene en el olvido, dada su ineficiencia como servidor público; con todo y eso, busca ser candidato a diputado. Para financiar su precampaña, no ha tenido empacho en robarle a los empleados municipales, su sueldo y otras prestaciones que por ley, les pertenece. Karina Santiago Castellanos y César Marín Gómez, excolaboradores del cuestionado edil, como ejemplos de las transas citadas. *** Jacinta Fuentes, mi muy querida y estimada Chinta, está ya, promocionando su primer disco. Jacinta es dueña de una voz privilegiada. Ayer que escuché los dos temas promocionales, me dejó gratamente complacido. Ayer, por cierto, estuvo en la Expo-Plástica Colectiva Chiapas-México, en solidaridad con las víctimas de Japón. Chinta, como le decimos quienes la queremos, canta en diversas lenguas oaxaqueñas y chiapanecas. De verdad, le recomiendo escucharla. Su vos es una exquisitez. *** El diputado Zoé Robledo, justificó ayer las obras de remodelación del centro de Tuxtla Gutiérrez. Y da una razón válida: Son para evitar, en el futuro, mayores problemas tanto de vialidad, como de convivencia. *** Siempre dicen lo mismo: Que se vigilará el dinero del proceso electoral. A la hora, todo resulta ser un desorden fenomenal. ¿Para qué creerles? *** Los dueños de la SCJN, se defienden de las acusaciones presidenciales. Lo que no pueden ocultar los administradores de la justicia en México es que, en efecto, sus jueces son de lo más corrupto que hay. *** Luego nos leemos.
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