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| Matanza de migrantes: ¿quién responderá? |
Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
El gobierno mexicano se niega a admitir la parte de responsabilidad que le corresponde en la matanza de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas; para nadie es secreto que agentes del Instituto Nacional de Migración mantienen estrechos lazos con diversas bandas de maleantes, dedicadas a secuestrar, extorsionar y asesinar a ciudadanos provenientes de países al sur de México.
Tampoco se ignora que la política de protección a migrantes —cuyas cláusulas han sido avaladas por organismos internacionales—, es letra muerta en los múltiples retenes, cuasi militares, a lo largo del país, en los que se veja, maltrata, humilla y amenaza a los migrantes. Para muchos sectores sociales en México, quienes perpetraron la masacre en el noroeste del país, tenían información certera de los ocupantes del transporte que fue detenido por el convoy de asesinos.
En otras palabras, los cómplices de ése crimen de lesa humanidad, están dentro de la institución encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. A éstos están intrínsecamente ligados los traficantes de humanos, uno de los cuales, según reportes de la Prensa ecuatoriana, ha amenazado de muerte a los familiares del único sobreviviente, un joven de apenas 17 años de edad.
El modus operandi de traficantes y agentes migratorios, es de todos conocido: basados en la información de primera mano que reciben de los “coyotes”, los empleados del INM, bajan de los autobuses —para ser deportados— solamente a quienes ya sus posibilidades económicas están menguadas. Los que han garantizado el pago del traslado en Estados Unidos o en sus países de origen, continúan, sin saber que han sido elegidos para ser canjeados por dinero. Los que mejor suerte corren, son liberados en lugares inhóspitos; otros, por desgracia, son ejecutados aunque sus familiares hayan pagado el rescate.
La pregunta que se hacen miles de mexicanos y latinoamericanos es quién o quiénes están realmente detrás de los perpetradores de la carnicería. De manera inmediata, el gobierno mexicano —apoyado en parte en información del cuerpo de inteligencia de Estados Unidos y por otro lado, en la obtenida en la declaración no pública aún, de un presunto implicado y la de un testigo protegido (que fue quien alertó a la policía de la masacre)— ha afirmado que la banda criminal denominada “Los Zetas”, es la responsable directa de tal brutalidad.
El argumento es que los migrantes se negaron a entrar al círculo de violencia que éstos fomentan. La negativa que los llevó a la muerte, confirma que los migrantes con destino a los Estados Unidos, son gente honrada que busca ganarse la vida de forma digna y sin meterse en problemas. “Piensa mal y acertarás”, dice un adagio mexicano.
Muchos han empezado a “pensar mal” y dudan acerca de la versión que empieza a tomar tintes oficiales, con respecto al origen, intenciones de fondo, financiadores y promotores de ése deleznable acto.
Si bien existe la probabilidad de que el crimen organizado —frente a los demoledores golpes que a su economía ha asestado el gobierno de México en su guerra contra éstos— recurra a prácticas criminales vulgares para reabastecerse de fondos financieros, también cabe la posibilidad que grupos aislados estén detrás de esas acciones. Incluso, los que “piensan mal”, no descartan otras probabilidades.
¿Están los grupos republicanos antiinmigrantes involucrados? ¿Tienen algo qué ver los racistas norteamericanos? ¿Obedece, la matanza de migrantes ilegales en Tamaulipas, a un complot finamente urdido entre sectores radicales de los gobiernos mexicano y estadounidense para frenar la creciente migración? ¿Intenta alguien persuadir, con sangre, fuego y terror, el deseo de ir en busca del “sueño americano”?
Es altamente sospechoso el hecho que a las 72 víctimas hayan otorgado el tiro de gracia y al único sobreviviente (ahora se habla de tres) le dejaran con una herida salvable; sospechoso que de inmediato, detuviesen a un presunto implicado que omitió la regla de oro del crimen organizado: hablar hasta pasado el tiempo necesario para que sus cómplices se pusieren a resguardo.
Sospechoso, que ni uno solo haya aceptado unirse al grupo criminal para salvar su vida. Sospechoso que tras las primeras conjeturas oficiales, surgieran testimonios sobresalientes sobre el mal trato que reciben, los secuestrados, por parte del crimen organizado. Muy sospechoso.
Mientras el gobierno mexicano encuentra respuestas certeras y satisfactorias a la vergonzante masacre, debemos esperar una profunda depuración del Instituto Nacional de Migración; ahí debe haber muchas vías para llegar hasta los que cometieron tan deplorable acto. México está obligado, moral e institucionalmente, a ofrecer resultados creíbles a los países que han sido agraviados con ésa acción.
Los lamentos del Presidente Calderón, no constituyen la mejor garantía de encontrar a los verdaderos culpables. Solo son lamentos plañideros que profundizan la desconfianza en su administración.
De cualquier forma, queda claro que quienes asesinaron a sangre fría a 72 ciudadanos de América Latina, expresaron su perspectiva de supremacía sobre un gobierno que lanzó una cruzada guerrerista, sin estrategias, ni tácticas, ni idea sólida del objetivo para evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos.
Es un abierto reto a instituciones menguadas, infiltradas y carentes de vigor para ofrecer resultados más allá de la propaganda triunfalista, ésa que abona a favor de lamentables daños colaterales. A expensas de ciertos compromisos bilaterales con Estados Unidos, el Presidente Felipe Calderón, debe marcar un alto a la violencia contra migrantes de los países al sur del suyo. Y debe iniciar desde la casa propia.
Es decir, obligando al personal del INM, al Ejército, a las policías (federal, estatal y municipal) a respetar sin distingo, los derechos de los migrantes.
Por último, mostrar carácter y determinación honestas para someter, dentro del rango de su propia guerra, a las bandas criminales, quienes también deben dejar al margen de sus intereses, la necesidad de los migrantes de buscar un sueño para dar a los suyos, un poco de dignidad y decoro. No hay otra vereda; ningún camino sangriento.
Pero corresponde a los gobiernos del área, principalmente al de México, garantizar lo que por derecho, corresponde a todos.
Tarjetero
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