Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
El debate sobre la aplicación de la pena
de muerte en el país, se enciende
cada vez más.
Sin más argumento que matar al que mata, el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a secuestradores que mutilen y/o asesinen a sus víctimas, ha polarizado a los grupos políticos que en el fondo, no buscan otra cosa que notoriedad y desde luego, posicionamiento social que les reditúe votos. Han pedido insistentemente que el tema se someta a intensos debates, pero ninguno de los protagonistas de la trifulca verbal, ha hecho una propuesta de fondo que permita a la opinión pública formar criterios sólidos; por años, México se ha opuesto a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente cuando el ejecutable es oriundo de éste país. Incluso, muchos de los que ahora apoyan ésa medida, han sido férreos enemigos de la pretensión estadounidense de manipular al género humano y tomar el lugar de Dios para quitar la vida a una persona que, desde la perspectiva gringa, se convierte en peligro para su desorientada sociedad.
El debate sobre la pena de muerte no puede estancarse en el simplismo de una política mercenaria, sino que debe ir más allá de ínfulas y soberbias; en primer término debemos analizar las condiciones del sistema judicial mexicano, cuyas bases han sido corroídas por la corrupción, la inoperancia y la ineficacia. Por otro lado, tenemos qué voltear hacia el sistema de leyes que en la práctica, no ha pasado de ser un enorme y atractivo catalogo de buenas intenciones, inaplicable y sometido a caprichos de jueces sin escrúpulos. Y por último, verificar los métodos de aplicación de la ley. En México, cada ley tiene su normativa, empero si revisamos el actuar de los encargados de aplicarlos, muy pocas veces encontramos remisiones a los distintos códigos de procedimientos. Por ejemplo, durante un cateo, el procedimiento obliga que debe estar presente un abogado o una persona de confianza del indiciado; raras veces las autoridades permiten que se cumpla esa exigencia de ley. ¿Cuántos inocentes podrían ser sentenciados a muerte debido a fallas en la aplicación de los ordenamientos? Si a esto agregamos la corrupción en los juzgados y agencias del ministerio público, el resultado sería catastrófico para la sociedad, pues no sería una regla de sanción ó prevención del delito, sino un riesgo potencial que todos correríamos. Esto, en el terreno jurídico-legal.
Moralmente hablando, el daño no se puede retribuir con más daño; el viejo principio de “diente por diente y ojo por ojo”, resulta inaplicable puesto que el Estado no puede institucionalizar la violencia ni legalizar el asesinato. Es claro que quitar la vida a una persona, constituye un delito grave; por tanto, ninguna autoridad puede delinquir, sino que su prioridad será la de preservar la vida y evitar la comisión de transgresiones que atenten contra la dignidad humana, la vida y, entre otras cosas, las creencias religiosas de los gobernados. La aplicación de la pena de muerte, es un método que pondría al Estado en el mismo nivel de los criminales y en ese estado, perdería su fuerza moral.
Me parece que quienes están a favor de aplicar la pena de muerte, no han medido ni la consecuencia de sus pretensiones, ni los alcances de una medida de esa naturaleza. Es, a todas luces, un ardid que se queda en la medianía de los intereses que los obliga y conduce a un debate estéril y carente de sentido. Un debate que se pierde en sí mismo, pues el disentimiento, no se refleja como una necesidad natural de los grupos en pugna, mucho menos, como una práctica democrática. Es más bien, una torpe medición de fuerzas políticas que desnuda mezquindades y revela ignorancias. Hace unos meses, el PRD alentó la despenalización del aborto en el Distrito Federal, otra forma de exterminar a la raza humana; hoy se opone a la pena de muerte… Francamente, solo entendemos la parte que corresponde al interés electoral.
En todo caso, lo que debiera hacerse es legislar para que a los secuestradores, homicidas y otros delincuentes de alta peligrosidad, paguen con cadena perpetua. Eso de ponerles hasta cuatrocientos años de prisión, es una burla del Estado al Estado mismo. ¿Quién vivirá cuatrocientos años para purgar su pena? Es un absurdo. Matar a quien mata, es hacerle un favor. Está plenamente probado que en los países donde se aplica la pena de muerte, el delito no se inhibe. Ahí está Estados Unidos donde hasta los adolescentes se dan el lujo de organizar orgías sangrientas en las escuelas. Y eso que los jueces matan a más gente que una epidemia. La muerte, entonces, no es la solución. La solución está, primero, en que se limpie al Poder Judicial de jueces vagos, malvivientes, corruptos e inescrupulosos. Segundo, en que se aplique correcta y adecuadamente la ley; tercero, que se impongan castigos penitenciarios más severos y cuarto, que se castigue a los jueces y magistrados que liberan a delincuentes peligrosos y mantienen presos a miles de inocentes. Matar por matar, es muestra de salvajismo. Y los mexicanos no podemos ni mostrar incivilidad y tampoco podemos tomar el papel de hipócritas, exigiendo a los gringos, respeto a la vida de los delincuentes nuestros en su territorio y matando indiscriminadamente a los de éste lado. El momento exige prudencia e inteligencia. ¿O no?
Tarjetero
*** Un accidente más en el que se ve involucrada otra unidad del transporte público; y nada que nos indique que se les aplique la ley a los transportistas. *** Juan Sabines Guerrero, se informó ayer oficialmente, recorre todas las regiones del Estado para rendir su segundo informe; no se había hecho antes, lo cual llama la atención puesto que habla de un compromiso serio para que todos sepan qué se está haciendo. *** El oportunismo del partidito de Dante Delgado Ranauro no tiene límites. Ahora no quieren nada con el PRD pero eso sí, no dejan la mano de López Obrador. Increíble. *** Alfredo Araujo Esquinca, constructor y empresario, obviamente, no descubrió el agua tibia, pero sí, puso el dedo sobre la llaga en cuestiones de obra pública y licitaciones. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@hotmail.com
ksheratto@gmail.com
Angel Mario Ksheratto
El debate sobre la aplicación de la pena
de muerte en el país, se enciende
cada vez más.
Sin más argumento que matar al que mata, el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a secuestradores que mutilen y/o asesinen a sus víctimas, ha polarizado a los grupos políticos que en el fondo, no buscan otra cosa que notoriedad y desde luego, posicionamiento social que les reditúe votos. Han pedido insistentemente que el tema se someta a intensos debates, pero ninguno de los protagonistas de la trifulca verbal, ha hecho una propuesta de fondo que permita a la opinión pública formar criterios sólidos; por años, México se ha opuesto a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente cuando el ejecutable es oriundo de éste país. Incluso, muchos de los que ahora apoyan ésa medida, han sido férreos enemigos de la pretensión estadounidense de manipular al género humano y tomar el lugar de Dios para quitar la vida a una persona que, desde la perspectiva gringa, se convierte en peligro para su desorientada sociedad.El debate sobre la pena de muerte no puede estancarse en el simplismo de una política mercenaria, sino que debe ir más allá de ínfulas y soberbias; en primer término debemos analizar las condiciones del sistema judicial mexicano, cuyas bases han sido corroídas por la corrupción, la inoperancia y la ineficacia. Por otro lado, tenemos qué voltear hacia el sistema de leyes que en la práctica, no ha pasado de ser un enorme y atractivo catalogo de buenas intenciones, inaplicable y sometido a caprichos de jueces sin escrúpulos. Y por último, verificar los métodos de aplicación de la ley. En México, cada ley tiene su normativa, empero si revisamos el actuar de los encargados de aplicarlos, muy pocas veces encontramos remisiones a los distintos códigos de procedimientos. Por ejemplo, durante un cateo, el procedimiento obliga que debe estar presente un abogado o una persona de confianza del indiciado; raras veces las autoridades permiten que se cumpla esa exigencia de ley. ¿Cuántos inocentes podrían ser sentenciados a muerte debido a fallas en la aplicación de los ordenamientos? Si a esto agregamos la corrupción en los juzgados y agencias del ministerio público, el resultado sería catastrófico para la sociedad, pues no sería una regla de sanción ó prevención del delito, sino un riesgo potencial que todos correríamos. Esto, en el terreno jurídico-legal.
Moralmente hablando, el daño no se puede retribuir con más daño; el viejo principio de “diente por diente y ojo por ojo”, resulta inaplicable puesto que el Estado no puede institucionalizar la violencia ni legalizar el asesinato. Es claro que quitar la vida a una persona, constituye un delito grave; por tanto, ninguna autoridad puede delinquir, sino que su prioridad será la de preservar la vida y evitar la comisión de transgresiones que atenten contra la dignidad humana, la vida y, entre otras cosas, las creencias religiosas de los gobernados. La aplicación de la pena de muerte, es un método que pondría al Estado en el mismo nivel de los criminales y en ese estado, perdería su fuerza moral.
Me parece que quienes están a favor de aplicar la pena de muerte, no han medido ni la consecuencia de sus pretensiones, ni los alcances de una medida de esa naturaleza. Es, a todas luces, un ardid que se queda en la medianía de los intereses que los obliga y conduce a un debate estéril y carente de sentido. Un debate que se pierde en sí mismo, pues el disentimiento, no se refleja como una necesidad natural de los grupos en pugna, mucho menos, como una práctica democrática. Es más bien, una torpe medición de fuerzas políticas que desnuda mezquindades y revela ignorancias. Hace unos meses, el PRD alentó la despenalización del aborto en el Distrito Federal, otra forma de exterminar a la raza humana; hoy se opone a la pena de muerte… Francamente, solo entendemos la parte que corresponde al interés electoral.
En todo caso, lo que debiera hacerse es legislar para que a los secuestradores, homicidas y otros delincuentes de alta peligrosidad, paguen con cadena perpetua. Eso de ponerles hasta cuatrocientos años de prisión, es una burla del Estado al Estado mismo. ¿Quién vivirá cuatrocientos años para purgar su pena? Es un absurdo. Matar a quien mata, es hacerle un favor. Está plenamente probado que en los países donde se aplica la pena de muerte, el delito no se inhibe. Ahí está Estados Unidos donde hasta los adolescentes se dan el lujo de organizar orgías sangrientas en las escuelas. Y eso que los jueces matan a más gente que una epidemia. La muerte, entonces, no es la solución. La solución está, primero, en que se limpie al Poder Judicial de jueces vagos, malvivientes, corruptos e inescrupulosos. Segundo, en que se aplique correcta y adecuadamente la ley; tercero, que se impongan castigos penitenciarios más severos y cuarto, que se castigue a los jueces y magistrados que liberan a delincuentes peligrosos y mantienen presos a miles de inocentes. Matar por matar, es muestra de salvajismo. Y los mexicanos no podemos ni mostrar incivilidad y tampoco podemos tomar el papel de hipócritas, exigiendo a los gringos, respeto a la vida de los delincuentes nuestros en su territorio y matando indiscriminadamente a los de éste lado. El momento exige prudencia e inteligencia. ¿O no?
Tarjetero
*** Un accidente más en el que se ve involucrada otra unidad del transporte público; y nada que nos indique que se les aplique la ley a los transportistas. *** Juan Sabines Guerrero, se informó ayer oficialmente, recorre todas las regiones del Estado para rendir su segundo informe; no se había hecho antes, lo cual llama la atención puesto que habla de un compromiso serio para que todos sepan qué se está haciendo. *** El oportunismo del partidito de Dante Delgado Ranauro no tiene límites. Ahora no quieren nada con el PRD pero eso sí, no dejan la mano de López Obrador. Increíble. *** Alfredo Araujo Esquinca, constructor y empresario, obviamente, no descubrió el agua tibia, pero sí, puso el dedo sobre la llaga en cuestiones de obra pública y licitaciones. *** Luego nos leemos.
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