Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Agustín Carstens, optimista,
pese a la gravedad de la crisis
económica de México.
En Tapachula, todos conocen el negro historial del Secretario de Administración del Ayuntamiento: detenido en varias ocasiones por delitos graves, sospechoso de tráfico de carros robados en California, Estados Unidos; detenido en Guatemala y Chiapas por presuntos delitos contra la salud y portación de armas de alto poder y ahora, acusado formalmente por los delitos de acoso sexual, violación y abuso de autoridad. De acuerdo a las averiguaciones previas 236/UEDSyVF/2008 y 238/UEDSyVF/2008, Teófilo Palacios Jara, inició una embestida laboral contra seis mujeres trabajadoras de la Presidencia Municipal, a quienes exigía favores sexuales a cambio de no cesarlas de su centro de trabajo. De las amenazas pasó a los hechos. Tres de las demandantes confirmaron actos de violación consumada, luego de haber sido narcotizadas por Palacios Jara, en una casa de la localidad “Playa Linda”, a donde fueron llevadas con engaños y promesas.
“A mi me dijo que íbamos a revisar documentación de la Secretaría de Administración, pero al estar en lugar, me ofrecieron refresco; cuando desperté, estaba tumbada en una cama, sin mi ropa interior; reclamé a Teófilo y solo me respondió que me había desmayado”, contó una de las agraviadas, quien relató que antes de ese incidente, el funcionario público intentó violarla dentro de sus oficinas, empero desistió de sus intenciones cuando alguien tocó la puerta. Similar historia cuenta otra afectada, a quien supuestamente, dejaron marcas de mordidas en varias partes del cuerpo y asegura haber sido víctima de sodomía (sexo anal).
En la primer averiguación interpuesta contra Palacios Jara, solo una mujer aparece como demandante; en la segunda (la 238) cinco víctimas se unieron, quienes aseguran que ante las negativas a sostener relaciones sexuales con el empleado público, fueron amenazadas de perder su empleo e incluso, una de ellas afirma haber sido amenazada de muerte. Otro testimonio indica que algunas otras mujeres empleadas del Ayuntamiento tapachulteco, son obligadas a ver películas pornográficas vía Internet, pese a que abiertamente, externaban su rechazo a tal práctica. Obviamente, las víctimas exigen justicia.
El Código Penal vigente señala pena de cinco años de prisión para quien “por cualquier medio ejecute o haga ejecutar por otros exhibiciones de contenido sexual explícito” (art. 223 prf. II) Esto, sólo en lo referente a las insinuaciones poco persuasivas que Teófilo ha cometido contra las mujeres. Si seguimos revisando el Código Penal, vemos que también ha incurrido en el delito de abuso de autoridad, según el párrafo II del artículo 420 de esa ley, que a la letra dice: “Cometen delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes: (…) Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas sin causa justificada hicieren violencia física o moral a una persona o la vejaren”. Por éste delito, se contemplan ocho años de cárcel. Aparte, las penas por el delito de violación y acoso sexual, contemplados en los artículos 233, 234, 235, 236, 237 y 238.
Una fuente del Ministerio de Justicia confirmó ayer mismo que se están ahondando las investigaciones en torno a ese caso; la noticia es buena porque no debe haber impunidad y más, cuando se trata de un funcionario público. Este, evidentemente, está aprovechando el cargo para saciar sus bajos instintos, lo cual, de acuerdo al artículo 415, es meritorio de una pena mayor. La sociedad tapachulteca espera que estos casos no queden en la impunidad. Si las autoridades ya están investigando y van al fondo del asunto, deben tomar en cuenta las agravantes y el historial de Palacios Jara, quien ha gritado a los cuatro vientos que goza de protección oficial. No se lo creemos, obviamente, pero no está demás exigir que las investigaciones se hagan con celeridad y no vayan a parar al cajón de los olvidos.
No es la primera vez que el Secretario de Administración de Tapachula es acusado de delitos sexuales; tampoco es la única ocasión que se le relaciona con abusos de autoridad; más aún, varios funcionarios han expresado sus sospechas en el sentido que éste ha estado desviando fondos públicos para fines no esclarecidos. Las quejas por actos de prepotencia y obstrucción del desarrollo de las actividades de los funcionarios del Ayuntamiento, abundan. Eso ha generado una serie de inconformidades que no han querido ser revisadas. Ojalá y a raíz de las investigaciones ministeriales que ya se están llevando a cabo, también se investiguen los fondos públicos de Tapachula. Puede haber más de una sorpresa. No lo duden.
Tarjetero
*** Qué mal que la policía meta las narices donde no le incumbe. Cientos de aficionados fueron replegados con excesos ayer, a la llegada de los seleccionados nacionales. Ignoramos de dónde salen órdenes absurdas o si los jugadores pidieron esa medida brutal. Si fue iniciativa de la policía, pues muy mal. Si fue chocantería de los jugadores, peor tantito. *** ¿Efecto indeseado? Pues como quieran que se vea el asunto, las “regulaciones” que el Gobierno Federal está haciendo a la gasolina y el diesel, afectan grandemente a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, los comerciantes se agarran de eso para aumentar los precios de la canasta básica. Y así, la cadena se vuelve irrompible. De tal manera que lo que Carstens diga al respecto, es más fofo que su palabrerío. *** Hoy se pondrá en marcha un interesante programa de seguridad en Chiapas. Cualquier medida que aliente la seguridad e inhiba a los grupos delincuenciales, es buena, siempre y cuando, las estrategias cumplan con los requisitos indispensables de una lucha frontal contra el hampa. Hay una evidente preocupación del Gobierno del Estado para fortalecer los mecanismos de seguridad, asunto que las corporaciones policiales deben atender y entender en su justa dimensión. Esperemos que de la reunión de hoy, salgan propuestas y acciones contundentes. *** Nuestro más sentido pésame a Rafael Nucamendi Chíu por la irreparable pérdida de su señora esposa, Maria del Rosario Gallegos. Descanse en paz. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Agustín Carstens, optimista,
pese a la gravedad de la crisis
económica de México.

“A mi me dijo que íbamos a revisar documentación de la Secretaría de Administración, pero al estar en lugar, me ofrecieron refresco; cuando desperté, estaba tumbada en una cama, sin mi ropa interior; reclamé a Teófilo y solo me respondió que me había desmayado”, contó una de las agraviadas, quien relató que antes de ese incidente, el funcionario público intentó violarla dentro de sus oficinas, empero desistió de sus intenciones cuando alguien tocó la puerta. Similar historia cuenta otra afectada, a quien supuestamente, dejaron marcas de mordidas en varias partes del cuerpo y asegura haber sido víctima de sodomía (sexo anal).
En la primer averiguación interpuesta contra Palacios Jara, solo una mujer aparece como demandante; en la segunda (la 238) cinco víctimas se unieron, quienes aseguran que ante las negativas a sostener relaciones sexuales con el empleado público, fueron amenazadas de perder su empleo e incluso, una de ellas afirma haber sido amenazada de muerte. Otro testimonio indica que algunas otras mujeres empleadas del Ayuntamiento tapachulteco, son obligadas a ver películas pornográficas vía Internet, pese a que abiertamente, externaban su rechazo a tal práctica. Obviamente, las víctimas exigen justicia.
El Código Penal vigente señala pena de cinco años de prisión para quien “por cualquier medio ejecute o haga ejecutar por otros exhibiciones de contenido sexual explícito” (art. 223 prf. II) Esto, sólo en lo referente a las insinuaciones poco persuasivas que Teófilo ha cometido contra las mujeres. Si seguimos revisando el Código Penal, vemos que también ha incurrido en el delito de abuso de autoridad, según el párrafo II del artículo 420 de esa ley, que a la letra dice: “Cometen delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes: (…) Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas sin causa justificada hicieren violencia física o moral a una persona o la vejaren”. Por éste delito, se contemplan ocho años de cárcel. Aparte, las penas por el delito de violación y acoso sexual, contemplados en los artículos 233, 234, 235, 236, 237 y 238.
Una fuente del Ministerio de Justicia confirmó ayer mismo que se están ahondando las investigaciones en torno a ese caso; la noticia es buena porque no debe haber impunidad y más, cuando se trata de un funcionario público. Este, evidentemente, está aprovechando el cargo para saciar sus bajos instintos, lo cual, de acuerdo al artículo 415, es meritorio de una pena mayor. La sociedad tapachulteca espera que estos casos no queden en la impunidad. Si las autoridades ya están investigando y van al fondo del asunto, deben tomar en cuenta las agravantes y el historial de Palacios Jara, quien ha gritado a los cuatro vientos que goza de protección oficial. No se lo creemos, obviamente, pero no está demás exigir que las investigaciones se hagan con celeridad y no vayan a parar al cajón de los olvidos.
No es la primera vez que el Secretario de Administración de Tapachula es acusado de delitos sexuales; tampoco es la única ocasión que se le relaciona con abusos de autoridad; más aún, varios funcionarios han expresado sus sospechas en el sentido que éste ha estado desviando fondos públicos para fines no esclarecidos. Las quejas por actos de prepotencia y obstrucción del desarrollo de las actividades de los funcionarios del Ayuntamiento, abundan. Eso ha generado una serie de inconformidades que no han querido ser revisadas. Ojalá y a raíz de las investigaciones ministeriales que ya se están llevando a cabo, también se investiguen los fondos públicos de Tapachula. Puede haber más de una sorpresa. No lo duden.
Tarjetero
*** Qué mal que la policía meta las narices donde no le incumbe. Cientos de aficionados fueron replegados con excesos ayer, a la llegada de los seleccionados nacionales. Ignoramos de dónde salen órdenes absurdas o si los jugadores pidieron esa medida brutal. Si fue iniciativa de la policía, pues muy mal. Si fue chocantería de los jugadores, peor tantito. *** ¿Efecto indeseado? Pues como quieran que se vea el asunto, las “regulaciones” que el Gobierno Federal está haciendo a la gasolina y el diesel, afectan grandemente a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, los comerciantes se agarran de eso para aumentar los precios de la canasta básica. Y así, la cadena se vuelve irrompible. De tal manera que lo que Carstens diga al respecto, es más fofo que su palabrerío. *** Hoy se pondrá en marcha un interesante programa de seguridad en Chiapas. Cualquier medida que aliente la seguridad e inhiba a los grupos delincuenciales, es buena, siempre y cuando, las estrategias cumplan con los requisitos indispensables de una lucha frontal contra el hampa. Hay una evidente preocupación del Gobierno del Estado para fortalecer los mecanismos de seguridad, asunto que las corporaciones policiales deben atender y entender en su justa dimensión. Esperemos que de la reunión de hoy, salgan propuestas y acciones contundentes. *** Nuestro más sentido pésame a Rafael Nucamendi Chíu por la irreparable pérdida de su señora esposa, Maria del Rosario Gallegos. Descanse en paz. *** Luego nos leemos.
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