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Se recriudece la violencia en Chiapas

Fichero Político

Angel Mario Ksheratto


La policía no ha podido contener la
creciente espiral de violencia; en
algunos casos, los mismos policías
se han visto involucrados en hechos
de extrema violencia.

Familia masacrada por un grupo de supersticiosos. Mujer asesinada durante un intento de secuestro; tenía siete meses de embarazo. Banda de extorsionadores opera en San Cristóbal de las Casas. Siguen los “levantones” en Comitán. Militar asaltado por desconocidos. Sicarios agraden a jóvenes. Incremento de estafas y asaltos a PEMEX. Crece el número de denuncias por intolerancia religiosa. Comerciante herido en plena feria de San Roque. Incautan dos toneladas de marihuana. Golpeador de mujeres huye de la policía. Exfuncionario del Congreso lesiona a su menor hija. Policías intentan detener ilegalmente a ciudadano. Víctimas del “Stan” insisten en justicia por saqueo de pablistas. Policía Federal asesina a profesor. Abigeos atacan rancho. Detiene policía sin justificación a vendedores de tortillas. Comando atraca comercio en Comitán. Machetean a vendedora de tacos. Cae banda de plagiarios. Policías usurpan
funciones del INM. Sin aparecer, hombre detenido por la Policía Ministerial. Inspectora de mercados agrede a menor de edad. Funcionario amenaza a policías de Tránsito. Fiscal “sentencia” a policía que obró en legítima defensa.
Son los titulares de la nota roja de las últimas 72 horas, sin contar las de accidentes provocados por exceso de velocidad, por manejar en estado de ebriedad, ni los ocasionados por los choferes del servicio público, que son los que se llevan la medalla de oro. Obvio, tampoco contamos con las noticias que aparecen en muchos otros medios y las que sin duda, no alcanzaron a entrar en las ediciones del fin de semana. Grave, ¿no? Con todo eso, hay quiénes juran que acá no pasa nada, que estamos en santa paz, que no hay de qué preocuparse, que se puede andar desnudos por las calles porque nadie tendría la menor intención de robarnos la mugre.
En la vorágine de violencia en que estamos sumergidos hay de todo: policías en franco abuso de autoridad o lo que es peor, ligados a los grupos delincuenciales. Hay, por otro lado, gendarmes que por cumplir con su deber, están a punto de ser encarcelados, como el que mató a un ladrón en defensa propia y que el Fiscal Metropolitano prácticamente ya sentenció a más de seis años de cárcel, según esto, porque se excedió. Es el mismo funcionario que justifica los abusos policiales con la frase: “No van a detener a las hermanitas de la caridad, van por gente violenta a la que hay qué responder con violencia”. También policías matones, como el de la Federal que asesinó a un maestro y a punto estuvo de matar a otro ciudadano comiteco. Los hay desalmados que asesinan a mansalva a mujeres embarazadas y a niños indefensos, como sucedió en Cacahoatán y Chalchihuitán, respectivamente.
Ante la crítica situación, muchas son las voces que se han levantado para condenar la tragedia que nos envuelve a todos. Llamó la atención el mea culpa del obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz Díaz, quien tras lamentar la masacre de la familia de Chalchihuitán, reconoció que la Iglesia, junto con el Gobierno y la Sociedad, han fallado en la búsqueda de soluciones concretas a la problemática de las comunidades donde todavía suele haber brotes de violencia religiosa e intercomunitaria. “Nos cuestiona –el asesinato múltiple– cómo poder formar cristianos, ciudadanos más firmes en sus valores que no crean que la ley del más fuerte o la venganza van a solucionar los problemas, son hechos lamentables que nos da mucha tristeza, que nos cuestiona y que tenemos que hacer algo”, ha dicho. Llama la atención porque ese sector de la Iglesia siempre había mantenido una postura de denuncia sistemática, ahora se autocuestiona, toma la parte de responsabilidad que le corresponde y se abre a la posibilidad de hacer algo en conjunto para detener la ola de criminalidad. Ese es un mensaje que no debe dejarse a la deriva.
Y es que en esto, la responsabilidad es de todos, no solo del gobierno, al que eso sí, le corresponde un reordenamiento de los cuerpos policiales, una depuración a fondo de sus elementos y un compromiso serio para la administración y procuración de la justicia. Leyes severas ya hay; lo que hace falta son jueces honrados, ministerios públicos capaces y policías honestos. En esto cabe decir que los operadores y estrategas, también deben estar convencidos de su trabajo y no solo salgan con planes que a la hora, no sirven para nada. A diario leemos o escuchamos que dicen que se refuerza la seguridad en tal lugar, o que ya se implementaron tales o cuales operativos y de ahí, nadie sabe nada. Pareciera que la única capacidad que tienen es andar persiguiendo borrachos o clausurando cantinas. Por cierto, hace unas noches (el viernes para ser exactos) un impresionante operativo se llevó a cabo en conocido antro y lo clausuraron bajo el pretexto que ahí había una menor (a la que nadie vio) y “una sustancia sospechosa”. Mientras decenas de policías estaban ahí dentro, los hampones felices en las calles, haciendo de las suyas. De tal manera pues, que todos debemos estar inmersos en la búsqueda de soluciones a la crisis de seguridad que no es privativa de Chiapas, sino de todo el país. A Ver si entendimos.

Tarjetero

*** Renata Cabrera Sánchez, juez en Pichucalco, ha sido acusada de actuar con extrema prepotencia, en contra de quienes buscan justicia. Aliada permanente del exjuez de consigna personal de Pablo Salazar, Miguel Ángel Villalba Sánchez, también es señalada de abusar laboralmente del personal bajo su responsabilidad. Resulta sospechoso que el ahora magistrado de la sala con sede en aquella ciudad y la juez acusada, coincidan en muchos asuntos, la mayoría, en beneficio de los delincuentes. Es evidente que ambos, Villalba y Cabrera, están haciendo su negocito con la justicia. Valdrá la pena que las autoridades del Poder Judicial los sancionen y no vayan a convertirse en cómplices de este par de sinvergüenzas. Al magistrado se debe investigar por delitos cometidos durante la dictadura. Torció la ley en beneficio de Pablo Abner, no lo olvidemos. *** Luego nos leemos.
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