Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Rafael Velasco Salas, corresponsal de
un medio capitalino en Pichucalco,
agredido por un familiar del alcalde de
aquel municipio.
A veces, la lucha contra los corruptos pareciera perderse entre la impunidad y complicidad de las mismas autoridades. Ejemplos sobran todos los días; desde la secretaria de una modesta oficina de trámites públicos, hasta funcionarios de primer nivel se ven envueltos en escándalos de corrupción, acciones por las cuales y pese al ofrecimiento formal y oficial, van quedado en el olvido, como si la corrupción fuera la fuente de energía del sistema de gobierno. Hace unos días sacamos a la luz pública la espantosa corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dimos nombres de los corruptos y ¿sabe que está pasando?
¡Nada! Los funcionarios de primer nivel que deberían investigar y sancionar las auténticas raterías de Fernando Buenrostro y el resto de la pandilla, están siendo engañados con cuentos chinos que indignan, pues ahora resulta que muchos de los expedientes que en la JLCA torcieron en beneficio de una familia de abogados que ha monopolizado la defensa patronal, están siendo presentados con “fallas” cometidas por los abogados de los trabajadores a quienes ahí se esquilma impunemente. Ese es uno de tantos casos de abierta y declarada corrupción que se pretende cobijar descaradamente.
En San Cristóbal de las Casas y a propósito del todavía irresuelto crimen de la universitaria Ana Laura Sánchez Gómez, la mayoría de autoridades que han intervenido en las investigaciones, han lucrado con esa muerte, al grado que un presunto “agente investigador” del asesinato, de nombre Alfonso del Rivero Tello, se ha tomado la libertad de presentarse a las casa de los familiares de la víctima para exigirles 20 mil pesos, a cambio de detener al presunto homicida, Fernando de Arcia Mendoza, conclusión ala que llegó el “investigador” luego que un “oreja” le confirmó que de Arcia fue el asesino de la estudiante. Lo grave es que la familia de Ana Laura, sí entregó al agente de la ahora Policía Ministerial los 20 mil pesos y no ha presentado al presunto homicida. Ese es el grado de corrupción que hay en Chiapas. Y se ha dicho en torno al tema que “el que la haga la habrá de pagar”, que no habrá tolerancia a la corrupción, y mil cosas más que solo están dejando mal paradas a las autoridades.
Anteayer mismo se supo de un comerciante que interpuso demanda penal contra dos agentes de la Policía Municipal que le robaron su mercancía y ha topado con la complicidad de una de las Agentes del Ministerio Público adscritas, quien ha dilatado de manera dolosa las investigaciones. Así podríamos de caso en caso y nunca terminaríamos de mencionarlos. No entiendo cómo una organización de esas que abundan en materia de dizque transparencia, dice que Chiapas está en primer lugar transparencia, si todos los días surgen denuncias de corrupción, si todos los días se sabe de un policía ladrón, un funcionario sinvergüenza, un empleado corrupto… O se sabe que nombran en tal ó cual cargo, a un personaje con oscuro pasado, con historia de corrupción y raterías. Si pasamos lista de los corruptos, no terminaríamos en un año de leerla. Esto nos lleva a la pregunta obligadísima: ¿Hasta cuándo entenderán la orden de Sabines Guerrero en el sentido de no permitir ni un solo acto de corrupción? ¿Qué pretenden con robar? ¿A quién quieren beneficiar con sus raterías? Mientras nos preguntamos: ¿Hasta cuándo la sociedad aguantará la corrupción?
Tarjetero
*** Hablando de cosas de escándalo, anteayer nombraron a Luís Humberto Esponda Martínez, sobrino de Blanca Ruth Esponda, secretaria Técnica del Gobierno, como director de “El Amate”. Ahí hubo una precipitación grave, pues Esponda es más bien conocido por su pésimo y violento carácter. Solo esperemos que no vaya a convertir al Amate en un campo de concentración nazi. Fue un error que ojalá, la población interna no vaya a sufrir las consecuencias. ¿Qué no hacen un estudio psicológico de las personas que nombran para cargos de alto riesgo como una prisión de máxima seguridad? *** Ojo, mucho ojo deberían poner las autoridades del transporte público en las jarrillas viejas que tiene como “transporte” una empresa de Ocozocoautla. Los usuarios se han quejado que la famosa “piña” en sus unidades 1, 2, 4 y 5 hay tales y tantos desperfectos mecánicos que un día de éstos podrían ocasionar una espantosa tragedia. Ahí debe haber una revisión de dichas unidades y mandarlas al cementerio de chatarra donde deberían estar. Es un aviso a tiempo. Luego no vayan a salir con su batea de babas, como siempre suele ocurrir. Están advertidos. *** En la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, siguen sin ser aclaradas muchas cuentas. Y es que conociendo la ambición de la familia del alcalde, Mariano Díaz Ochoa, nadie puede estar tranquilo ante la ausencia de informes, pues todo se presta a sospechar de malos manejos del erario. Algunos suponen que como ya no se pudieron hacer millonarios con el asunto de Los Humedales, buscan hacerse de dinero fácil de otra forma. *** Hablando de alcaldes bajo sospecha, el de Arriaga, Carlos Bedwell, no encuentra la salida a la camisa de once varas en que se metió. Una de sus regidoras, en una carta enviada a Bedwell y al Consejo de Seguridad Pública, se pregunta cómo es que presuntos asaltantes penetraron al edificio municipal y se llevaron una fuerte suma de dinero sin ser detectados por los “gloriosos” y “valientes” gendarmes que cuidaban el edificio. Para muchos en Arriaga, no queda ninguna duda: se trató de un autoasalto o cuando menos, de una fechoría con permiso oficial. *** De nueva cuenta un familiar político del alcalde de Pichucalco, arremete contra un periodista. No es la primera vez que el cuñado del presidente municipal se toma la libertad de agredir a nombre de marido de su hermana, acción que es vista con complacencia por el que cobra como alcalde; de tal forma que Humberto Cernuda Hernández, al agresor, se ha convertido en un potencial peligro para la sociedad, amparado en el cargo de sus familiares. Esperemos que Rafael Velasco Salas, el periodista agredido, interponga su demanda y no se quede con los brazos cruzados. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Rafael Velasco Salas, corresponsal de
un medio capitalino en Pichucalco,
agredido por un familiar del alcalde de
aquel municipio.
A veces, la lucha contra los corruptos pareciera perderse entre la impunidad y complicidad de las mismas autoridades. Ejemplos sobran todos los días; desde la secretaria de una modesta oficina de trámites públicos, hasta funcionarios de primer nivel se ven envueltos en escándalos de corrupción, acciones por las cuales y pese al ofrecimiento formal y oficial, van quedado en el olvido, como si la corrupción fuera la fuente de energía del sistema de gobierno. Hace unos días sacamos a la luz pública la espantosa corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dimos nombres de los corruptos y ¿sabe que está pasando?¡Nada! Los funcionarios de primer nivel que deberían investigar y sancionar las auténticas raterías de Fernando Buenrostro y el resto de la pandilla, están siendo engañados con cuentos chinos que indignan, pues ahora resulta que muchos de los expedientes que en la JLCA torcieron en beneficio de una familia de abogados que ha monopolizado la defensa patronal, están siendo presentados con “fallas” cometidas por los abogados de los trabajadores a quienes ahí se esquilma impunemente. Ese es uno de tantos casos de abierta y declarada corrupción que se pretende cobijar descaradamente.
En San Cristóbal de las Casas y a propósito del todavía irresuelto crimen de la universitaria Ana Laura Sánchez Gómez, la mayoría de autoridades que han intervenido en las investigaciones, han lucrado con esa muerte, al grado que un presunto “agente investigador” del asesinato, de nombre Alfonso del Rivero Tello, se ha tomado la libertad de presentarse a las casa de los familiares de la víctima para exigirles 20 mil pesos, a cambio de detener al presunto homicida, Fernando de Arcia Mendoza, conclusión ala que llegó el “investigador” luego que un “oreja” le confirmó que de Arcia fue el asesino de la estudiante. Lo grave es que la familia de Ana Laura, sí entregó al agente de la ahora Policía Ministerial los 20 mil pesos y no ha presentado al presunto homicida. Ese es el grado de corrupción que hay en Chiapas. Y se ha dicho en torno al tema que “el que la haga la habrá de pagar”, que no habrá tolerancia a la corrupción, y mil cosas más que solo están dejando mal paradas a las autoridades.
Anteayer mismo se supo de un comerciante que interpuso demanda penal contra dos agentes de la Policía Municipal que le robaron su mercancía y ha topado con la complicidad de una de las Agentes del Ministerio Público adscritas, quien ha dilatado de manera dolosa las investigaciones. Así podríamos de caso en caso y nunca terminaríamos de mencionarlos. No entiendo cómo una organización de esas que abundan en materia de dizque transparencia, dice que Chiapas está en primer lugar transparencia, si todos los días surgen denuncias de corrupción, si todos los días se sabe de un policía ladrón, un funcionario sinvergüenza, un empleado corrupto… O se sabe que nombran en tal ó cual cargo, a un personaje con oscuro pasado, con historia de corrupción y raterías. Si pasamos lista de los corruptos, no terminaríamos en un año de leerla. Esto nos lleva a la pregunta obligadísima: ¿Hasta cuándo entenderán la orden de Sabines Guerrero en el sentido de no permitir ni un solo acto de corrupción? ¿Qué pretenden con robar? ¿A quién quieren beneficiar con sus raterías? Mientras nos preguntamos: ¿Hasta cuándo la sociedad aguantará la corrupción?
Tarjetero
*** Hablando de cosas de escándalo, anteayer nombraron a Luís Humberto Esponda Martínez, sobrino de Blanca Ruth Esponda, secretaria Técnica del Gobierno, como director de “El Amate”. Ahí hubo una precipitación grave, pues Esponda es más bien conocido por su pésimo y violento carácter. Solo esperemos que no vaya a convertir al Amate en un campo de concentración nazi. Fue un error que ojalá, la población interna no vaya a sufrir las consecuencias. ¿Qué no hacen un estudio psicológico de las personas que nombran para cargos de alto riesgo como una prisión de máxima seguridad? *** Ojo, mucho ojo deberían poner las autoridades del transporte público en las jarrillas viejas que tiene como “transporte” una empresa de Ocozocoautla. Los usuarios se han quejado que la famosa “piña” en sus unidades 1, 2, 4 y 5 hay tales y tantos desperfectos mecánicos que un día de éstos podrían ocasionar una espantosa tragedia. Ahí debe haber una revisión de dichas unidades y mandarlas al cementerio de chatarra donde deberían estar. Es un aviso a tiempo. Luego no vayan a salir con su batea de babas, como siempre suele ocurrir. Están advertidos. *** En la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, siguen sin ser aclaradas muchas cuentas. Y es que conociendo la ambición de la familia del alcalde, Mariano Díaz Ochoa, nadie puede estar tranquilo ante la ausencia de informes, pues todo se presta a sospechar de malos manejos del erario. Algunos suponen que como ya no se pudieron hacer millonarios con el asunto de Los Humedales, buscan hacerse de dinero fácil de otra forma. *** Hablando de alcaldes bajo sospecha, el de Arriaga, Carlos Bedwell, no encuentra la salida a la camisa de once varas en que se metió. Una de sus regidoras, en una carta enviada a Bedwell y al Consejo de Seguridad Pública, se pregunta cómo es que presuntos asaltantes penetraron al edificio municipal y se llevaron una fuerte suma de dinero sin ser detectados por los “gloriosos” y “valientes” gendarmes que cuidaban el edificio. Para muchos en Arriaga, no queda ninguna duda: se trató de un autoasalto o cuando menos, de una fechoría con permiso oficial. *** De nueva cuenta un familiar político del alcalde de Pichucalco, arremete contra un periodista. No es la primera vez que el cuñado del presidente municipal se toma la libertad de agredir a nombre de marido de su hermana, acción que es vista con complacencia por el que cobra como alcalde; de tal forma que Humberto Cernuda Hernández, al agresor, se ha convertido en un potencial peligro para la sociedad, amparado en el cargo de sus familiares. Esperemos que Rafael Velasco Salas, el periodista agredido, interponga su demanda y no se quede con los brazos cruzados. *** Luego nos leemos.
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