Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Rosario Martínez, en el hospital, tras haber
sido brutalmente golpeada por un pelotón de
policías, en Pichucalco.
La semana pasada, dos actos de prepotencia policial marcaron la pauta para advertir el riesgo que se corre de caer en cierto grado de abusos, cuya finalidad podría ser, por un lado, buscar el desprestigio del Gobierno del Estado o por otro, enviar mensajes equivocados de exceso de confianza. Los dos eventos son graves, sumamente graves; el primero, encabezado por Rubén Álvarez Solar, jefe de la policía municipal capitalina y el segundo, por varios mandos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de
Pichucalco. Curiosamente, los jefes policiales involucrados en los dos atentados contra las libertades civiles, pertenecen al grupo de politiqueros que pretenden el regreso del pablismo, mediante la imposición de Rubén Velásquez.
El jueves, un grupo de campesinos pretendía entablar diálogo con las autoridades para resolver sus demandas; en respuesta, un grueso número de policías intentó cerrarles el paso y amenazó con utilizar grúas para levantar los vehículos en los que se trasladaban. Al frente del pelotón de policías, Rubén Álvarez, director de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, trató en varias ocasiones de reventar con las endebles conversaciones y lanzar sobre los indefensos campesinos, la fuerza bruta de los hombres bajo su cargo. La prepotencia del jefe policial no tenía límites. Daba la impresión que su único interés era provocar un enfrentamiento que llevase a las autoridades estatales y municipales al terreno de la represión, arma que desde los tiempos de la dictadura, dio frutos sangrientos tanto a Álvarez Solar, como a su jefe inmediato, Rubén Velásquez, señalado en las indagaciones por delitos de lesa humanidad, como uno de los principales persecutores de la oposición al pabliato. Afortunadamente, los campesinos fueron inteligentes y se retiraron del lugar; de no haber sido así, los planes de represión del jefe policial capitalino, se hubieran cumplido y ahora tendríamos un saldo lamentable.
El otro caso sucedió en Pichucalco. Abusando de su poder, elementos de la PEP, cerraron una calle, según para realizar sus ejercicios de rigor. Rosario Martínez, joven madre acompañada de su pequeño hijo de 9 años a quien fue a recoger de la escuela primaria, osó meterse a la calle cerrada ilegalmente por los gendarmes, ante lo que de inmediato, fue encañonada, bajada por la fuerza del automóvil que conducía, vapuleada y golpeada por éstos, en presencia de su menor hijo. Tras la golpiza, Benjamín Pérez, comandante del grupo y el entrenador de éste, Rogelio Jiménez, ordenaron arrestar a la señora, quien debió ser internada en un centro hospitalario, en calidad de detenida. Tras salir de ahí, fue llevada a los separos carcelarios junto con su menor hijo, donde fue interrogada por cinco horas, relata el periodista Jacinto Méndez Gómez en su reporte de prensa. La señora Rosario Martínez no sólo fue víctima de una brutal golpiza y de una detención totalmente ilegal, sino que además, fue amenazada de muerte por los mismos policías si denunciaba el hecho a los Medios de Comunicación.
¿Complot para desacreditar al gobierno?
Estas dos acciones llaman a la reflexión: ¿Qué pretende la policía con actos cobardes de esa naturaleza? ¿Desestabilizar al gobierno? ¿Crear a los gobiernos de Juan Sabines y Jaime Valls la imagen de “represores”? ¿De quién siguen órdenes? ¿A quién benefician con esos actos de barbarie? ¿Por qué en el caso de la agresión de una ciudadana inocente e indefensa, un sujeto de apellido Pedrero, vestido de civil y con cargo de “oreja” de la Secretaría de Gobierno fue el que más golpeó a la señora Martínez? ¿Por qué el secretario de Gobierno, Jorge Morales Messner ha guardado silencio ante tan espeluznante hecho de cobardía? ¿Sabía del asunto? Si lo sabía, ¿por qué lo calló? ¿En qué se beneficia el encargado de la política interna o a quiénes beneficia con su silencio?
En el caso de Rubén Álvarez Solar, no es la primera vez que recurre a la violencia para solucionar un conflicto social; cuando colonos de la zona norte de la ciudad protestaron por la falta de seguridad, el jefe policial no dudó en arremeter contra éstos, agredirlos y posteriormente encancelarlos, tratando después de culpar “políticamente hablando” a personeros del Partido Acción Nacional. Hasta hoy no se sabe nada de aquellos colonos detenidos. Aquí surge una pregunta clave: ¿Por qué si todo mundo sabe que Álvarez Solar obedece órdenes directas de Rubén Velásquez, uno de los enemigos más acérrimo de los chiapanecos, sigue en el cargo? Hay quiénes dicen que sus actuales jefes directos, podrían tener conocimiento de las intenciones de la pandilla pablista y estar de acuerdo con éstas. Por ello, le mantienen en el cargo. Ojalá y quienes así opinan, estén equivocados.
Lo que sí se advierte es una intención cantada de desestabilizar socialmente a Chiapas. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel Roque Figueroa, también es parte de la dictadura pablista. Llama entonces la atención que respecto a la brutalidad de sus gendarmes en Pichucalco, junto con Morales Messner, guarde sepulcral silencio. ¿Es que acaso todos los pablistas están de acuerdo en llevar a cabo un siniestro plan de terror a nombre del gobierno para el que dicen estar trabajando? Esperemos, por el bien de todos los chiapanecos, que se tomen medidas drásticas contra quienes abusan de sus cargos para aterrorizar a los ciudadanos.
Tarjetero
*** Aquel delegado de tránsito de Chiapa de Corzo que fue corrido por agredir a un agente de esa misma corporación de Tuxtla Gutiérrez, no sufrió mucho para acomodarse de nuevo, ahora en la Policía Ministerial. Y todo porque es sobrino de Juan Gabriel Coutiño, jefe Jurídico del actual gobierno. ¿Influencias? *** En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, persiste la soberbia de sus directivos. El rezago en los expedientes es de tal forma, que hay casos que llevan seis años sin ser resueltos. Por cierto, Fernando Buenrostro, tiene un sueldo de 60 mil pesos, sin que por ello haga algo por mejorar. Al contrario, tiene todo hecho un desastre. Ya habrá más de las corruptelas en la JLCA. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Rosario Martínez, en el hospital, tras haber
sido brutalmente golpeada por un pelotón de
policías, en Pichucalco.
La semana pasada, dos actos de prepotencia policial marcaron la pauta para advertir el riesgo que se corre de caer en cierto grado de abusos, cuya finalidad podría ser, por un lado, buscar el desprestigio del Gobierno del Estado o por otro, enviar mensajes equivocados de exceso de confianza. Los dos eventos son graves, sumamente graves; el primero, encabezado por Rubén Álvarez Solar, jefe de la policía municipal capitalina y el segundo, por varios mandos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio dePichucalco. Curiosamente, los jefes policiales involucrados en los dos atentados contra las libertades civiles, pertenecen al grupo de politiqueros que pretenden el regreso del pablismo, mediante la imposición de Rubén Velásquez.
El jueves, un grupo de campesinos pretendía entablar diálogo con las autoridades para resolver sus demandas; en respuesta, un grueso número de policías intentó cerrarles el paso y amenazó con utilizar grúas para levantar los vehículos en los que se trasladaban. Al frente del pelotón de policías, Rubén Álvarez, director de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, trató en varias ocasiones de reventar con las endebles conversaciones y lanzar sobre los indefensos campesinos, la fuerza bruta de los hombres bajo su cargo. La prepotencia del jefe policial no tenía límites. Daba la impresión que su único interés era provocar un enfrentamiento que llevase a las autoridades estatales y municipales al terreno de la represión, arma que desde los tiempos de la dictadura, dio frutos sangrientos tanto a Álvarez Solar, como a su jefe inmediato, Rubén Velásquez, señalado en las indagaciones por delitos de lesa humanidad, como uno de los principales persecutores de la oposición al pabliato. Afortunadamente, los campesinos fueron inteligentes y se retiraron del lugar; de no haber sido así, los planes de represión del jefe policial capitalino, se hubieran cumplido y ahora tendríamos un saldo lamentable.
El otro caso sucedió en Pichucalco. Abusando de su poder, elementos de la PEP, cerraron una calle, según para realizar sus ejercicios de rigor. Rosario Martínez, joven madre acompañada de su pequeño hijo de 9 años a quien fue a recoger de la escuela primaria, osó meterse a la calle cerrada ilegalmente por los gendarmes, ante lo que de inmediato, fue encañonada, bajada por la fuerza del automóvil que conducía, vapuleada y golpeada por éstos, en presencia de su menor hijo. Tras la golpiza, Benjamín Pérez, comandante del grupo y el entrenador de éste, Rogelio Jiménez, ordenaron arrestar a la señora, quien debió ser internada en un centro hospitalario, en calidad de detenida. Tras salir de ahí, fue llevada a los separos carcelarios junto con su menor hijo, donde fue interrogada por cinco horas, relata el periodista Jacinto Méndez Gómez en su reporte de prensa. La señora Rosario Martínez no sólo fue víctima de una brutal golpiza y de una detención totalmente ilegal, sino que además, fue amenazada de muerte por los mismos policías si denunciaba el hecho a los Medios de Comunicación.
¿Complot para desacreditar al gobierno?
Estas dos acciones llaman a la reflexión: ¿Qué pretende la policía con actos cobardes de esa naturaleza? ¿Desestabilizar al gobierno? ¿Crear a los gobiernos de Juan Sabines y Jaime Valls la imagen de “represores”? ¿De quién siguen órdenes? ¿A quién benefician con esos actos de barbarie? ¿Por qué en el caso de la agresión de una ciudadana inocente e indefensa, un sujeto de apellido Pedrero, vestido de civil y con cargo de “oreja” de la Secretaría de Gobierno fue el que más golpeó a la señora Martínez? ¿Por qué el secretario de Gobierno, Jorge Morales Messner ha guardado silencio ante tan espeluznante hecho de cobardía? ¿Sabía del asunto? Si lo sabía, ¿por qué lo calló? ¿En qué se beneficia el encargado de la política interna o a quiénes beneficia con su silencio?
En el caso de Rubén Álvarez Solar, no es la primera vez que recurre a la violencia para solucionar un conflicto social; cuando colonos de la zona norte de la ciudad protestaron por la falta de seguridad, el jefe policial no dudó en arremeter contra éstos, agredirlos y posteriormente encancelarlos, tratando después de culpar “políticamente hablando” a personeros del Partido Acción Nacional. Hasta hoy no se sabe nada de aquellos colonos detenidos. Aquí surge una pregunta clave: ¿Por qué si todo mundo sabe que Álvarez Solar obedece órdenes directas de Rubén Velásquez, uno de los enemigos más acérrimo de los chiapanecos, sigue en el cargo? Hay quiénes dicen que sus actuales jefes directos, podrían tener conocimiento de las intenciones de la pandilla pablista y estar de acuerdo con éstas. Por ello, le mantienen en el cargo. Ojalá y quienes así opinan, estén equivocados.
Lo que sí se advierte es una intención cantada de desestabilizar socialmente a Chiapas. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel Roque Figueroa, también es parte de la dictadura pablista. Llama entonces la atención que respecto a la brutalidad de sus gendarmes en Pichucalco, junto con Morales Messner, guarde sepulcral silencio. ¿Es que acaso todos los pablistas están de acuerdo en llevar a cabo un siniestro plan de terror a nombre del gobierno para el que dicen estar trabajando? Esperemos, por el bien de todos los chiapanecos, que se tomen medidas drásticas contra quienes abusan de sus cargos para aterrorizar a los ciudadanos.
Tarjetero
*** Aquel delegado de tránsito de Chiapa de Corzo que fue corrido por agredir a un agente de esa misma corporación de Tuxtla Gutiérrez, no sufrió mucho para acomodarse de nuevo, ahora en la Policía Ministerial. Y todo porque es sobrino de Juan Gabriel Coutiño, jefe Jurídico del actual gobierno. ¿Influencias? *** En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, persiste la soberbia de sus directivos. El rezago en los expedientes es de tal forma, que hay casos que llevan seis años sin ser resueltos. Por cierto, Fernando Buenrostro, tiene un sueldo de 60 mil pesos, sin que por ello haga algo por mejorar. Al contrario, tiene todo hecho un desastre. Ya habrá más de las corruptelas en la JLCA. *** Luego nos leemos.
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