Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Niños de zonas marginadas,
las principales víctimas de la
mafia policía-jueces.
Hace un par de días le advertía a Usted sobre el riesgo que corren sus hijos al andar en la calle por las noches. Quizá se haya dado cuenta que, eventualmente, se aparece un convoy de patrullas de diversas corporaciones policíacas. La idea es buena, pues persuaden a los verdaderos delincuentes… Bueno, eso es lo que a veces creemos. Pero resulta que no; ese grupo de agentes del orden, no inhiben a la delincuencia, puesto que no es a ésta a la que persiguen, sino a menores de edad que, por diversas razones andan fuera de su hogar.
Hace unos días, el hijo menor de una señora, de pronto desapareció de la puerta de su casa donde estaba sentado, sin molestar a nadie. Tras buscarle por varias horas, alguien informó a la afligida madre que a su hijo se lo había llevado la policía. El chamaco apenas tiene doce años y medio. No sabía, su madre, a qué delegación se lo habrían llevado y mucho menos, las razones por las que fue detenido. Conozco al chamaco y es de los que apenas si habla, además de ser un muchacho sin vicios. ¡Vaya, si es un niño todavía!
Tras visitar los centros de detención de Patria Nueva y Terán, cayeron en la cárcel de la colonia “Popular”, donde efectivamente estaba el niño detenido. Junto a él, otros menores de edad habían sido llevados por la policía, sin haber cometido un solo delito. Algunos estaban jugando fútbol en la calle, otros habían ido a hacer mandados de sus padres a la tienda más cercana. Obviamente, la “juez” de esa cárcel, impuso una multa a cada uno de los detenidos; desde 200 hasta mil pesos por cada uno, sin que probaran que éstos chamacos hubiesen cometido algún delito. Así de fácil.
Pero no queda ahí la cosa; no se extendió ningún recibo oficial por las multas depositadas. Corrupción. No hay de otra. Me contó la madre del muchacho detenido injustamente que, durante el tiempo que estuvo a la espera que soltaran a su hijo, decenas de menores de edad estaban siendo liberados, claro, mediante el pago de su respectiva multa. Igual: A nadie le extendieron un recibo oficial por dicho pago. Según las cuentas de la madre del menor, en una hora, habrían cobrado por concepto de “multas”, al menos 10 mil pesos. Si hacemos cuentas, en una noche, perciben una respetable cantidad de dinero y si sumamos por las noches de un mes, la suma es considerablemente alta. La pregunta es: ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Entra a las arcas de la institución de la que depende ese juzgado?
Personalmente, dudo mucho que ese dinero sea ingresado a la tesorería de la dependencia correspondiente. Si no extienden recibos, alguien se debe quedar con esas sumas inmensas de dinero.
¿Complicidad pactada?
Llama la atención el caso que ahora nos ocupa; primero, porque el convoy de patrullas, detiene a quien encuentre a su paso, sin importar si es menor de edad y lo peor, sin que hayan cometido delito alguno. Nos da la impresión que son actos pactados entre los policías y la “juez” que despacha en la cárcel de la Popular. Ellos, los policías, se encargan de detener a medio mundo, la “juez” de cobrar las multas y luego, se reparten el botín. No hay otra explicación. Ahora bien: ahí vemos flagrantes violaciones a la Constitución que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos mexicanos. Por un lado, por el otro, violaciones inadmisibles a los derechos humanos, especialmente de los niños, quienes ahora, no pueden estar libres del abuso y acoso policial. De tal manera que la exigencia de una investigación a fondo de lo que ocurre en las cárceles municipales y lo que hace en realidad ese convoy de diversas corporaciones policíacas, se hace urgente, toda vez que no están cumpliendo con su objetivo primordial que es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que están haciendo de su obligación, un negocio redondo que afecta a cientos de familias de escasos recursos.
Porque curiosamente, tales “operativos” los hacen en colonias marginales, donde los padres de familia no tienen más opción que pagar la multa sin chistar y tampoco tienen la oportunidad de quejarse ante autoridad alguna. Esto nos recuerda que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos que, por ley, debería tener a un visitador en esas cárceles para vigilar el buen trato de los detenidos y conocer si no se cometen arbitrariedades y asaltos como el que les he comentado ahora. No puede estar la sociedad al amparo de pandillas oficiales que abusan de su condición. Eso es reprobable desde todo punto de vista. Porque hay algo más grave aún: Cuenta el niño detenido que mientras eran conducidos a la citada cárcel, uno de los agentes que llevaba cubierto el rostro con un pasamontañas, sugería que se los llevaran fuera de la ciudad para golpearlos. ¿Es policía o un grupo de asaltantes violentos? ¿De quién dependen esos patrullajes? ¿A cuántos ciudadanos han golpeado injustificadamente?
Debemos insistir en una investigación a fondo. Debe hacerse una auditoria a los juzgados de las cárceles de Terán, patria Nueva y la Popular para determinar cuánto dinero ingresa por conceptos de multas y debemos saber, todos, en qué se utilizan esos recursos. Esto, por la buena salud de las autoridades competentes y la seguridad de los chiapanecos, quienes no pueden estar bajo el yugo de grupos armados dispuestos a abusar de sus funciones. Porque mientras esto sucede, los verdaderos delincuentes hacen lo que en gana les viene, sin que nadie les moleste. Ojalá y alguien de la cara y explique qué esta pasando. Es lo mejor que se puede hacer.
Tarjetero
*** Miedo e hipocresía de los perredistas que violentaron la libertad de culto en la Catedral Metropolitana. Sus deslindes no tienen lugar, en virtud que han sido identificados plenamente los agresores de los feligreses que el domingo pasado acudieron a misa. Lo que lamentamos es la intolerancia de los perredistas. Eso es grave para un país que deambula en busca de una democracia participativa. Como hemos dicho, no ayuda en nada a López Obrador ese tipo de actitudes, toda vez que son signo de mediocridad y anuncio de intolerancia. En lo que debemos insistir es en que se aplique la ley a quienes estén directamente involucrados. No hay de otra. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blosgpot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Niños de zonas marginadas,
las principales víctimas de la
mafia policía-jueces.
Hace un par de días le advertía a Usted sobre el riesgo que corren sus hijos al andar en la calle por las noches. Quizá se haya dado cuenta que, eventualmente, se aparece un convoy de patrullas de diversas corporaciones policíacas. La idea es buena, pues persuaden a los verdaderos delincuentes… Bueno, eso es lo que a veces creemos. Pero resulta que no; ese grupo de agentes del orden, no inhiben a la delincuencia, puesto que no es a ésta a la que persiguen, sino a menores de edad que, por diversas razones andan fuera de su hogar.Hace unos días, el hijo menor de una señora, de pronto desapareció de la puerta de su casa donde estaba sentado, sin molestar a nadie. Tras buscarle por varias horas, alguien informó a la afligida madre que a su hijo se lo había llevado la policía. El chamaco apenas tiene doce años y medio. No sabía, su madre, a qué delegación se lo habrían llevado y mucho menos, las razones por las que fue detenido. Conozco al chamaco y es de los que apenas si habla, además de ser un muchacho sin vicios. ¡Vaya, si es un niño todavía!
Tras visitar los centros de detención de Patria Nueva y Terán, cayeron en la cárcel de la colonia “Popular”, donde efectivamente estaba el niño detenido. Junto a él, otros menores de edad habían sido llevados por la policía, sin haber cometido un solo delito. Algunos estaban jugando fútbol en la calle, otros habían ido a hacer mandados de sus padres a la tienda más cercana. Obviamente, la “juez” de esa cárcel, impuso una multa a cada uno de los detenidos; desde 200 hasta mil pesos por cada uno, sin que probaran que éstos chamacos hubiesen cometido algún delito. Así de fácil.
Pero no queda ahí la cosa; no se extendió ningún recibo oficial por las multas depositadas. Corrupción. No hay de otra. Me contó la madre del muchacho detenido injustamente que, durante el tiempo que estuvo a la espera que soltaran a su hijo, decenas de menores de edad estaban siendo liberados, claro, mediante el pago de su respectiva multa. Igual: A nadie le extendieron un recibo oficial por dicho pago. Según las cuentas de la madre del menor, en una hora, habrían cobrado por concepto de “multas”, al menos 10 mil pesos. Si hacemos cuentas, en una noche, perciben una respetable cantidad de dinero y si sumamos por las noches de un mes, la suma es considerablemente alta. La pregunta es: ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Entra a las arcas de la institución de la que depende ese juzgado?
Personalmente, dudo mucho que ese dinero sea ingresado a la tesorería de la dependencia correspondiente. Si no extienden recibos, alguien se debe quedar con esas sumas inmensas de dinero.
¿Complicidad pactada?
Llama la atención el caso que ahora nos ocupa; primero, porque el convoy de patrullas, detiene a quien encuentre a su paso, sin importar si es menor de edad y lo peor, sin que hayan cometido delito alguno. Nos da la impresión que son actos pactados entre los policías y la “juez” que despacha en la cárcel de la Popular. Ellos, los policías, se encargan de detener a medio mundo, la “juez” de cobrar las multas y luego, se reparten el botín. No hay otra explicación. Ahora bien: ahí vemos flagrantes violaciones a la Constitución que garantiza el libre tránsito de los ciudadanos mexicanos. Por un lado, por el otro, violaciones inadmisibles a los derechos humanos, especialmente de los niños, quienes ahora, no pueden estar libres del abuso y acoso policial. De tal manera que la exigencia de una investigación a fondo de lo que ocurre en las cárceles municipales y lo que hace en realidad ese convoy de diversas corporaciones policíacas, se hace urgente, toda vez que no están cumpliendo con su objetivo primordial que es el de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que están haciendo de su obligación, un negocio redondo que afecta a cientos de familias de escasos recursos.
Porque curiosamente, tales “operativos” los hacen en colonias marginales, donde los padres de familia no tienen más opción que pagar la multa sin chistar y tampoco tienen la oportunidad de quejarse ante autoridad alguna. Esto nos recuerda que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos que, por ley, debería tener a un visitador en esas cárceles para vigilar el buen trato de los detenidos y conocer si no se cometen arbitrariedades y asaltos como el que les he comentado ahora. No puede estar la sociedad al amparo de pandillas oficiales que abusan de su condición. Eso es reprobable desde todo punto de vista. Porque hay algo más grave aún: Cuenta el niño detenido que mientras eran conducidos a la citada cárcel, uno de los agentes que llevaba cubierto el rostro con un pasamontañas, sugería que se los llevaran fuera de la ciudad para golpearlos. ¿Es policía o un grupo de asaltantes violentos? ¿De quién dependen esos patrullajes? ¿A cuántos ciudadanos han golpeado injustificadamente?
Debemos insistir en una investigación a fondo. Debe hacerse una auditoria a los juzgados de las cárceles de Terán, patria Nueva y la Popular para determinar cuánto dinero ingresa por conceptos de multas y debemos saber, todos, en qué se utilizan esos recursos. Esto, por la buena salud de las autoridades competentes y la seguridad de los chiapanecos, quienes no pueden estar bajo el yugo de grupos armados dispuestos a abusar de sus funciones. Porque mientras esto sucede, los verdaderos delincuentes hacen lo que en gana les viene, sin que nadie les moleste. Ojalá y alguien de la cara y explique qué esta pasando. Es lo mejor que se puede hacer.
Tarjetero
*** Miedo e hipocresía de los perredistas que violentaron la libertad de culto en la Catedral Metropolitana. Sus deslindes no tienen lugar, en virtud que han sido identificados plenamente los agresores de los feligreses que el domingo pasado acudieron a misa. Lo que lamentamos es la intolerancia de los perredistas. Eso es grave para un país que deambula en busca de una democracia participativa. Como hemos dicho, no ayuda en nada a López Obrador ese tipo de actitudes, toda vez que son signo de mediocridad y anuncio de intolerancia. En lo que debemos insistir es en que se aplique la ley a quienes estén directamente involucrados. No hay de otra. *** Luego nos leemos.
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