Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
El secretario de Gobierno,
Jorge Morales Messner,
advirtió que no se permitirá
a nadie por encima de la ley.
Los trabajadores despedidos injustificadamente de la Iniciativa Privada que buscan una justa retribución por sus servicios ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tienen todo en contra. El influyentismo de una familia de abogados al servicio de empresas poderosas y la debilidad de la titular de dicha Junta, Oralia Rodríguez, han convertido a esa institución en el instrumento para presionar, chantajear y amenazar a los nuevos desempleados, quienes, ante el peso del constante acoso, terminan aceptando las imposiciones monetarias que, de acuerdo con los abogados de las empresas demandadas, sentencia esa Junta.
Luego de conocer un caso en el que una empresa distribuidora de autos despidió a varios de sus empleados y los acorraló en la JLCA primero, para no pagar liquidaciones, prestaciones y sueldos caídos y luego para intentar juicios penales por fraude en contra de éstos en venganza por haber sido demandada, nos dimos a la tarea de investigar qué realmente está ocurriendo en la Junta y descubrimos que son muchos los casos que la misma familia de abogados a “defendido” con los mismos resultados: Sentencias en contra de los trabajadores, abuso de autoridad, mal trato en las mesas receptoras de quejas y acoso directo de los empleados de la JLCA contra los demandantes.
Son raros los casos en que la Junta dicta una sentencia favorable a los despedidos; en la mayoría de éstos, el influyentismo es el que impone sus ilegales reglas y cuando no es así, los empresarios deciden demandar a sus exempleados o por lo menos, desacreditarlos con falsas acusaciones de fraude, robo, o abuso de confianza. Esto nos obliga a recordar uno de los compromisos del Gobernador Sabines: No tolerará el influyentismo ni el abuso en contra de los ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos, recurre a la Junta Local en busca de un acto de justicia. El número de quejas en contra de esa dependencia es alto, lo cual nos indica que el influyentismo es demoledor e insultante. Para abundar, una abogada, miembro de la familia influyente, labora en la JLCA y, según varios afectados, es quien por lo regular dicta las sentencias a favor de la firma de abogados que lidera su padre.
Eso, obviamente, es una inmoralidad que las autoridades competentes no deben dejar pasar por alto. Los tiempos de la dictadura en que solo por medio de influencias se lograban las cosas, han pasado; los ciudadanos que por políticas turbias de las empresas privadas son despedidos, merecen un trato digno y no sentencias desfavorables y tratos déspotas. Por razones de espacio en la edición impresa, no he podido incluir el caso de una mujer que fue despedida de una empresa automotriz por el solo hecho de estar embarazada; tal acto de discriminación, es inadmisible. Pero está resultando peor el juicio en la JLCA, desde donde solo quieren pagarle una miseria y aparte, la han amenazado de demandarla por fraude. La misma táctica, promovida y defendida por la Junta que en realidad, solo recibe órdenes del abogado de ésa empresa. En el blog http://ksheratto.blogspot.com, encontrará Usted todos los detalles de ese caso. Ojalá el señor Gobernador tome cartas en el asunto y sea solidario con miles de ciudadanos que están siendo víctimas del influyentismo en esa dependencia.
La luz al final del túnel
Llama la atención la declaración hecha por el Secretario de Gobierno, Jorge Morales Messner, quien ha dicho que “las instituciones están para servir a la gente” y, que “las leyes no están para favorecer a unos y afectar a otros”. Esto abre una oportunidad para que, casos como el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se investiguen a fondo y se sancione a quienes, en un claro abuso de poder, afectan los intereses de ciudadanos que ya han sido severamente afectados por empresarios inmisericordes. Desde los tiempos de la brutal dictadura salazarista, muchos de los funcionarios que se quedaron incrustados en el nuevo gabinete, siguieron la misma ruta del menosprecio por los chiapanecos. Eso ya debe quedar atrás; si la señora Rodríguez, titular de la JLCA no ha entendido que son nuevos tiempos y se deja seducir por la corrupción que le extienden abogados sin ética para que afecte los intereses de los trabajadores, debe renunciar cuanto antes.
En todo caso, que se cumpla lo expresado por el encargado de la política interna y en esa Junta, se trabaje en beneficio de los afectados y no de los patrones que ya han abusado de sus exempleados. La luz al final del túnel que ha encendido el Secretario de Gobierno, debe extenderse a todas las dependencias de gobierno donde todavía hay resquicios de la corrupta dictadura que encabezó el tiranito Salazar Mendiguchía. Le tomamos, entonces, la palabra a Morales Messner y esperemos a que, a la mayor brevedad posible, los abusos, influyentismos y descaros de la JLCA, terminen para siempre. Solo así creeremos en el discurso.
La estrategia de Julio
De derecho, no sabe ni pizca; llegó al cargo de magistrado electoral por la recomendación específica de los aliados del exdictador Pablo Salazar y ya echado éste del poder, urdió, Julio Fernández, un complot para derrocar a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, mediante la elaboración de una serie de tarjetas informativas anónimas mediante las cuales desprestigiaba a su jefa directa. Ambicioso como pocos, no previó que su ignorancia le condujera por un callejón sin salida. Utilizó como quiso y cuando quiso a los empleados del Tribunal Electoral, obligándolos a trabajar horas extras y corriéndolos luego para que no se supiera de lamentable ignorancia con la que intentó, incluso, engañar al gobernador Sabines con una propuesta de reforma de ley que extrajo de un proyecto de Néstor del Buen. Un vil plagio, pues. Luego se volvió paranoico y empezó a buscar culpables de sus aberrantes actos. Buscó la estrategia más absurda para tratar de involucrar a sus antiguos trabajadores, filtrando él mismo, por terceras personas, versiones diversas de sus pedanterías para tener un pretexto de ataque. Fracasó, pues se le descubrió y ahora, busca solamente un espacio para que no le finquen responsabilidades por haber, por ejemplo, utilizado equipo técnico y humano para elaborar demandas penales contra políticos y periodistas que han estado exigiendo investigar y castigar a Pablo Salazar por los actos de corrupción en que incurrió.
¿Qué confianza puede haber en los tribunales electorales si su presunto (o “aparente”, como suele poner en sus demandas contra periodistas) titular es un impertinente complotista? Hay qué recordarle a Fernández que, cuando apenas era un empleado de quinta categoría en el STJ, estuvo involucrado en acusaciones de acoso sexual, junto con el célebre acosador de ese Poder, Didier Villagómez. Por ahí viene su paranoia; ahí puede estar el fondo de sus intrigas.
Tarjetero
*** En Comitán acusan al alcalde Jorge Constantino Kanter de correr a los empleados del Ayuntamiento que no apoyan al candidato de éste a sucederlo. Y es que todos están en contra del defenestrado edil. *** ¡Vaya! Al fin se dieron cuenta que el candidato del PRD a la alcaldía de Huehuetán, es un estafador de mala nota. A ver si ahí se hace justicia. *** Ya puede consultar la Ley del Transporte y el Reglamento de Tránsito en el blog de siempre. *** Para Esther Almazán, que el fin de semana pasado, cumplió años, mis mejores deseos porque cumpla muchos más. *** Luego nos leemos.
http://www.asich.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@yahoo.com
Angel Mario Ksheratto
El secretario de Gobierno,
Jorge Morales Messner,
advirtió que no se permitirá
a nadie por encima de la ley.
Los trabajadores despedidos injustificadamente de la Iniciativa Privada que buscan una justa retribución por sus servicios ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tienen todo en contra. El influyentismo de una familia de abogados al servicio de empresas poderosas y la debilidad de la titular de dicha Junta, Oralia Rodríguez, han convertido a esa institución en el instrumento para presionar, chantajear y amenazar a los nuevos desempleados, quienes, ante el peso del constante acoso, terminan aceptando las imposiciones monetarias que, de acuerdo con los abogados de las empresas demandadas, sentencia esa Junta.Luego de conocer un caso en el que una empresa distribuidora de autos despidió a varios de sus empleados y los acorraló en la JLCA primero, para no pagar liquidaciones, prestaciones y sueldos caídos y luego para intentar juicios penales por fraude en contra de éstos en venganza por haber sido demandada, nos dimos a la tarea de investigar qué realmente está ocurriendo en la Junta y descubrimos que son muchos los casos que la misma familia de abogados a “defendido” con los mismos resultados: Sentencias en contra de los trabajadores, abuso de autoridad, mal trato en las mesas receptoras de quejas y acoso directo de los empleados de la JLCA contra los demandantes.
Son raros los casos en que la Junta dicta una sentencia favorable a los despedidos; en la mayoría de éstos, el influyentismo es el que impone sus ilegales reglas y cuando no es así, los empresarios deciden demandar a sus exempleados o por lo menos, desacreditarlos con falsas acusaciones de fraude, robo, o abuso de confianza. Esto nos obliga a recordar uno de los compromisos del Gobernador Sabines: No tolerará el influyentismo ni el abuso en contra de los ciudadanos que, en ejercicio de sus derechos, recurre a la Junta Local en busca de un acto de justicia. El número de quejas en contra de esa dependencia es alto, lo cual nos indica que el influyentismo es demoledor e insultante. Para abundar, una abogada, miembro de la familia influyente, labora en la JLCA y, según varios afectados, es quien por lo regular dicta las sentencias a favor de la firma de abogados que lidera su padre.
Eso, obviamente, es una inmoralidad que las autoridades competentes no deben dejar pasar por alto. Los tiempos de la dictadura en que solo por medio de influencias se lograban las cosas, han pasado; los ciudadanos que por políticas turbias de las empresas privadas son despedidos, merecen un trato digno y no sentencias desfavorables y tratos déspotas. Por razones de espacio en la edición impresa, no he podido incluir el caso de una mujer que fue despedida de una empresa automotriz por el solo hecho de estar embarazada; tal acto de discriminación, es inadmisible. Pero está resultando peor el juicio en la JLCA, desde donde solo quieren pagarle una miseria y aparte, la han amenazado de demandarla por fraude. La misma táctica, promovida y defendida por la Junta que en realidad, solo recibe órdenes del abogado de ésa empresa. En el blog http://ksheratto.blogspot.com, encontrará Usted todos los detalles de ese caso. Ojalá el señor Gobernador tome cartas en el asunto y sea solidario con miles de ciudadanos que están siendo víctimas del influyentismo en esa dependencia.
La luz al final del túnel
Llama la atención la declaración hecha por el Secretario de Gobierno, Jorge Morales Messner, quien ha dicho que “las instituciones están para servir a la gente” y, que “las leyes no están para favorecer a unos y afectar a otros”. Esto abre una oportunidad para que, casos como el de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se investiguen a fondo y se sancione a quienes, en un claro abuso de poder, afectan los intereses de ciudadanos que ya han sido severamente afectados por empresarios inmisericordes. Desde los tiempos de la brutal dictadura salazarista, muchos de los funcionarios que se quedaron incrustados en el nuevo gabinete, siguieron la misma ruta del menosprecio por los chiapanecos. Eso ya debe quedar atrás; si la señora Rodríguez, titular de la JLCA no ha entendido que son nuevos tiempos y se deja seducir por la corrupción que le extienden abogados sin ética para que afecte los intereses de los trabajadores, debe renunciar cuanto antes.
En todo caso, que se cumpla lo expresado por el encargado de la política interna y en esa Junta, se trabaje en beneficio de los afectados y no de los patrones que ya han abusado de sus exempleados. La luz al final del túnel que ha encendido el Secretario de Gobierno, debe extenderse a todas las dependencias de gobierno donde todavía hay resquicios de la corrupta dictadura que encabezó el tiranito Salazar Mendiguchía. Le tomamos, entonces, la palabra a Morales Messner y esperemos a que, a la mayor brevedad posible, los abusos, influyentismos y descaros de la JLCA, terminen para siempre. Solo así creeremos en el discurso.
La estrategia de Julio
De derecho, no sabe ni pizca; llegó al cargo de magistrado electoral por la recomendación específica de los aliados del exdictador Pablo Salazar y ya echado éste del poder, urdió, Julio Fernández, un complot para derrocar a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, mediante la elaboración de una serie de tarjetas informativas anónimas mediante las cuales desprestigiaba a su jefa directa. Ambicioso como pocos, no previó que su ignorancia le condujera por un callejón sin salida. Utilizó como quiso y cuando quiso a los empleados del Tribunal Electoral, obligándolos a trabajar horas extras y corriéndolos luego para que no se supiera de lamentable ignorancia con la que intentó, incluso, engañar al gobernador Sabines con una propuesta de reforma de ley que extrajo de un proyecto de Néstor del Buen. Un vil plagio, pues. Luego se volvió paranoico y empezó a buscar culpables de sus aberrantes actos. Buscó la estrategia más absurda para tratar de involucrar a sus antiguos trabajadores, filtrando él mismo, por terceras personas, versiones diversas de sus pedanterías para tener un pretexto de ataque. Fracasó, pues se le descubrió y ahora, busca solamente un espacio para que no le finquen responsabilidades por haber, por ejemplo, utilizado equipo técnico y humano para elaborar demandas penales contra políticos y periodistas que han estado exigiendo investigar y castigar a Pablo Salazar por los actos de corrupción en que incurrió.
¿Qué confianza puede haber en los tribunales electorales si su presunto (o “aparente”, como suele poner en sus demandas contra periodistas) titular es un impertinente complotista? Hay qué recordarle a Fernández que, cuando apenas era un empleado de quinta categoría en el STJ, estuvo involucrado en acusaciones de acoso sexual, junto con el célebre acosador de ese Poder, Didier Villagómez. Por ahí viene su paranoia; ahí puede estar el fondo de sus intrigas.
Tarjetero
*** En Comitán acusan al alcalde Jorge Constantino Kanter de correr a los empleados del Ayuntamiento que no apoyan al candidato de éste a sucederlo. Y es que todos están en contra del defenestrado edil. *** ¡Vaya! Al fin se dieron cuenta que el candidato del PRD a la alcaldía de Huehuetán, es un estafador de mala nota. A ver si ahí se hace justicia. *** Ya puede consultar la Ley del Transporte y el Reglamento de Tránsito en el blog de siempre. *** Para Esther Almazán, que el fin de semana pasado, cumplió años, mis mejores deseos porque cumpla muchos más. *** Luego nos leemos.
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