Llamarán a comparecer a funcionarios pablistas
El exdictador, bajo la mira
de las autoridades.
(SRN).- La Contraloría General del Estado (CGE) inició una revisión del programa de reconstrucción de la infraestructura devastada por el huracán Stan en octubre del 2005, para conocer el destino de los 10 mil 800 millones de pesos federales. El titular de la dependencia Francisco Gerardo Saú Yáñez, explicó que serán citados a comparecer ex funcionarios del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, responsables de la ejecución del gasto, para que informen el procedimiento de la ejecución de las obras, montos autorizados y aplicados.
Entrevistado en el marco del Programa de Capacitación Blindaje Electoral 2007 dirigido a los 118 ayuntamientos, aseguró que no se trata de emprender una persecución de funcionarios y ex funcionarios, sino que la ciudadanía conozca con precisión el destino de los dineros de la federación para recuperar la infraestructura devastada.
“Estamos haciendo énfasis en checar todos los recursos, programas, la verdad es que estamos con muchos pendientes de revisión, proceso que ha comenzado y hasta ahora no tengo dando de presuntas irregularidades”, subrayó.
“Lo que quiero precisar es que vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar el régimen de derecho, justamente para eso es la Contraloría General del Estado, estamos llamando a todo tipo de dependencias y las ejecutoras del gasto”, abundó.
Abundó que no solo se revisan el programa de la reconstrucción, sino también el gasto de inversión del Ramo 33 del 2005 y 2006 ejercidos por los presidentes municipales, para conocer metas, alcances y el destino de los recursos del erario.
Saú Yáñez abundó que en el marco del proceso electoral que vive el estado desde el 15 de enero y que nos llevará a la elección de los 118 ayuntamientos y 40 diputados locales, 20 de ellos por el principios de mayoría relativa, se fomenta entre los funcionarios y dependencias la necesidad de apegarse al estado de derecho.
Los programas y recursos públicos tienen que ser destinados para toda la población, no encaminarlos a los partidos políticos, ni a los candidatos a puestos de elección popular, 30 días antes de las elecciones previstas para el primer domingo de octubre los programas y obras quedarán suspendidas, mencionó.
Insistió que a los presidentes municipales les debe quedar muy claro de que tienen ser muy cuidadosos de los recursos públicos, el voto ciudadano tiene que ser respetado, quien gane tendrá que ser con absoluta legalidad, transparencia, objetividad e imparcialidad.
Ni los programas, ni los recursos pueden estar en riesgo, como tampoco la gestoría, por el contrario, tienen que llegar a su destinatario y cumplir con su función social, la contienda tiene que ser limpia, puntualizó.
El exdictador, bajo la mira
de las autoridades.

Entrevistado en el marco del Programa de Capacitación Blindaje Electoral 2007 dirigido a los 118 ayuntamientos, aseguró que no se trata de emprender una persecución de funcionarios y ex funcionarios, sino que la ciudadanía conozca con precisión el destino de los dineros de la federación para recuperar la infraestructura devastada.
“Estamos haciendo énfasis en checar todos los recursos, programas, la verdad es que estamos con muchos pendientes de revisión, proceso que ha comenzado y hasta ahora no tengo dando de presuntas irregularidades”, subrayó.
“Lo que quiero precisar es que vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar el régimen de derecho, justamente para eso es la Contraloría General del Estado, estamos llamando a todo tipo de dependencias y las ejecutoras del gasto”, abundó.
Abundó que no solo se revisan el programa de la reconstrucción, sino también el gasto de inversión del Ramo 33 del 2005 y 2006 ejercidos por los presidentes municipales, para conocer metas, alcances y el destino de los recursos del erario.
Saú Yáñez abundó que en el marco del proceso electoral que vive el estado desde el 15 de enero y que nos llevará a la elección de los 118 ayuntamientos y 40 diputados locales, 20 de ellos por el principios de mayoría relativa, se fomenta entre los funcionarios y dependencias la necesidad de apegarse al estado de derecho.
Los programas y recursos públicos tienen que ser destinados para toda la población, no encaminarlos a los partidos políticos, ni a los candidatos a puestos de elección popular, 30 días antes de las elecciones previstas para el primer domingo de octubre los programas y obras quedarán suspendidas, mencionó.
Insistió que a los presidentes municipales les debe quedar muy claro de que tienen ser muy cuidadosos de los recursos públicos, el voto ciudadano tiene que ser respetado, quien gane tendrá que ser con absoluta legalidad, transparencia, objetividad e imparcialidad.
Ni los programas, ni los recursos pueden estar en riesgo, como tampoco la gestoría, por el contrario, tienen que llegar a su destinatario y cumplir con su función social, la contienda tiene que ser limpia, puntualizó.