Condicionan respaldo a Juan Sabines
El gobernador ha sido llamado por
el magisterio para rechazar ley
(SRN).- Ningún gobernador que se dice demócrata e izquierdista debe apoyar la nueva Ley del ISSSTE, porque afecta a la sociedad, sostuvo Miguel Alonso Raya, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por ello pidió ayer al gobernador Juan José Sabines Guerrero, deslindarse de la nueva ley del ISSSTE por considerarla un agravio a los derechos de los trabajadores y sus familias.
Señaló que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) haga un pronunciamiento y se deslinde, a la vez, propuso que los grupos parlamentarios evalúen la posibilidad de eliminar las pensiones a ex presidentes, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás ex funcionarios federales para fortalecer las fianzas del ISSSTE.
La nueva ley no fue consultada, ni consensuada, por lo que vislumbra un posible revés a través de amparos, los acuerdos se efectuaron con las dirigencias nacionales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), del SNTE, agregó.
Previo a una reunión de trabajo con maestros de las secciones VII y XL del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostuvo que existe en la nueva ley inequidad y desigualdad en las pensiones.
Si bien hay una transición demográfica y epidemiológica que ha generado un aumento a la expectativa de vida y el costo de la atención médica de enfermedades crónicas degenerativas, se evade la atención del problema de fondo, acotó.
Los niveles de corrupción son muy altos, desde 1980 en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se quedó sin reservas lejos de comenzarse los ajustes graduales, “se utilizó como caja chica para campañas electorales”, apuntó.
Lo que se cuestiona de la ley es que no se trató de un consenso social, “sino del poder”, un pacto entre el gobierno federal con poderes fácticos como los del sector financieros y dueños de las Afores, con los dirigentes de la FSTSE y del SNTE, insistió Alonso Raya.
Existen además, imprecisiones y omisiones como la indefinición de la integración del salario base para los descuentos de las cuotas y aportaciones, a la gente lo que le queda es optar en el marco de la nueva ley.
A los trabajadores no les dan más herramientas que acogerse al contenido del artículo X transitorio, aceptando el bono de pensiones, mientras que los artículos XXX y XXXI facultan a la Junta Directiva para subrogar servicios médicos y contratar con particulares, en vez de construir un sistema de seguridad único en el país, acotó.
Se trata de ya no entregarles servicios médicos adicionales a diputados, senadores y funcionarios de todos los niveles, expuso el dirigente sindical.
La ley manda a la gente a cuentas individuales para determinar su futura pensión, cada quien haría su “cochinito” para determinar cómo se pensionará, lo cual es un negocio que se apoya con la transferencia de fondos públicos a particulares y planteó la constitución de una financiera pública para la administración del ahorro para el retiro.
Reconoció que es necesaria la reforma a la ley del ISSSTE pero no impuesta, sino consultada, sin afectar derecho de los trabajadores, a la fecha se han presentado más de 200 mil amparos en el país, 80 mil aceptados y para el 14 de mayo aumentará las quejas en protesta por el agravio y exigir la protección de la Constitución.
El gobernador ha sido llamado por
el magisterio para rechazar ley
(SRN).- Ningún gobernador que se dice demócrata e izquierdista debe apoyar la nueva Ley del ISSSTE, porque afecta a la sociedad, sostuvo Miguel Alonso Raya, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Por ello pidió ayer al gobernador Juan José Sabines Guerrero, deslindarse de la nueva ley del ISSSTE por considerarla un agravio a los derechos de los trabajadores y sus familias.Señaló que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) haga un pronunciamiento y se deslinde, a la vez, propuso que los grupos parlamentarios evalúen la posibilidad de eliminar las pensiones a ex presidentes, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás ex funcionarios federales para fortalecer las fianzas del ISSSTE.
La nueva ley no fue consultada, ni consensuada, por lo que vislumbra un posible revés a través de amparos, los acuerdos se efectuaron con las dirigencias nacionales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), del SNTE, agregó.
Previo a una reunión de trabajo con maestros de las secciones VII y XL del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostuvo que existe en la nueva ley inequidad y desigualdad en las pensiones.
Si bien hay una transición demográfica y epidemiológica que ha generado un aumento a la expectativa de vida y el costo de la atención médica de enfermedades crónicas degenerativas, se evade la atención del problema de fondo, acotó.
Los niveles de corrupción son muy altos, desde 1980 en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se quedó sin reservas lejos de comenzarse los ajustes graduales, “se utilizó como caja chica para campañas electorales”, apuntó.
Lo que se cuestiona de la ley es que no se trató de un consenso social, “sino del poder”, un pacto entre el gobierno federal con poderes fácticos como los del sector financieros y dueños de las Afores, con los dirigentes de la FSTSE y del SNTE, insistió Alonso Raya.
Existen además, imprecisiones y omisiones como la indefinición de la integración del salario base para los descuentos de las cuotas y aportaciones, a la gente lo que le queda es optar en el marco de la nueva ley.
A los trabajadores no les dan más herramientas que acogerse al contenido del artículo X transitorio, aceptando el bono de pensiones, mientras que los artículos XXX y XXXI facultan a la Junta Directiva para subrogar servicios médicos y contratar con particulares, en vez de construir un sistema de seguridad único en el país, acotó.
Se trata de ya no entregarles servicios médicos adicionales a diputados, senadores y funcionarios de todos los niveles, expuso el dirigente sindical.
La ley manda a la gente a cuentas individuales para determinar su futura pensión, cada quien haría su “cochinito” para determinar cómo se pensionará, lo cual es un negocio que se apoya con la transferencia de fondos públicos a particulares y planteó la constitución de una financiera pública para la administración del ahorro para el retiro.
Reconoció que es necesaria la reforma a la ley del ISSSTE pero no impuesta, sino consultada, sin afectar derecho de los trabajadores, a la fecha se han presentado más de 200 mil amparos en el país, 80 mil aceptados y para el 14 de mayo aumentará las quejas en protesta por el agravio y exigir la protección de la Constitución.