Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Amelia Rabasa fue
injustamente encarcelada
en ElAmate
Desde hace un tiempo hemos venido señalando, con expediente en mano, los abusos y el tráfico de influencias que todavía persisten en contra de los despojados durante el régimen de Pablo Salazar. Uno de los casos que señalamos es el de la señora Amelia Rabasa Esquinca, albacea de su finado esposo Gabriel Sánchez López a quien según las averiguaciones previas 275/CAJ4A/2004, 283/CAJ4A2/2005 y 308/CAJ4A1, despojaron de sus derechos para cobrar indebidamente una serie de pagarés.
Dijimos, también con elementos, que detrás de la arremetida en contra de la señora Rabasa Esquinca y su familia, estaba la tenebrosa mano de Joel Salazar Mendiguchía, influyente hermano del exgobernante, quien presionó a las autoridades del Instituto de Historia Natural y Ecología para que la demandaran sin justificación cierta de por medio. Derivado de esas publicaciones en las que se denuncia la intromisión de la familia de Salazar Mendiguchía en casos de despojo y abusos, el principal implicado en esa lamentable situación, José Antonio Córdova Cordero, decidió enviar una “carta aclaratoria” en la que explica una serie de razones que con todo, no satisfacen como aclaración. Por el contrario, confirman algunos hechos que nos obligan a ver de nuevo hacia la impartición de justicia en la entidad. Vayamos a la carta de Córdova Cordero.
Aclaraciones confusas
“En relación a la publicación realizada por la columna fichero político (sic) por el C. Angel Mario Ksherato (sic) del día 26 del año en curso, donde refiere usos y abusos de la ley, por este medio en vía de réplica realizo a usted la siguiente aclaración, solicitando sea publicada en el mismo espacio del diario: Con el objeto de demostrar que un servidor de usted, licenciado José Antonio Córdova Cordero, no soy ningún defraudador me permito mencionar que en diversos trámites judiciales ha sido demostrada la conducta delictiva de Gabriel Sánchez López, Amelia Rabasa Esquinca y otros, constando esto en averiguación previa número 006/MTIC/2003 por el delito de fraude en grado de tentativa en contra del C. Gabriel Sánchez López, así como en la averiguación previa número 275/CAJ4-2004 por el delito de fraude, difamación, asociación delictuosa y los que resulten, la averiguación 283/CAJ4-2005 por el delito de robo de documentos y los que resulten. Así también en la averiguación previa 283/CAJ4/2005 al agraviado Instituto de Historia Natural y Ecología este por el delito de robo de documentos, acusado Gabriel Sánchez López y quien o quienes resulten responsables.
Además, el Instituto de Historia Natural mencionado a iniciado juicio ordinario civil reivindicatorio por el robo de los pagarés en contra del extinto Gabriel Sánchez López, Amelia Rabasa Esquinca, Rafael Serra Moncayo, Beatriz Álvarez Alvarado, lo anterior bajo el expediente 898/2005 radicado ante el juzgado Cuarto de lo Civil de ésta Ciudad.
Con base a lo anterior se demuestra que la defraudadora sin duda alguna es Amelia Rabasa Esquinca y otros bajo la causa penal 332/2006 por fraude en grado de tentativa y uso de documento falso y no el suscrito José Antonio Córdova Cordero. Amelia Rabasa esquinca denigra al C. Emilio Rabasa Estebanel con su acto delictivo ya mencionado. Por tanto el columnista de fichero político a quien contesto por esta replica (sic) en primer término debe corroborar la información que presentará a los lectores de tan prestigiado diario y no debe aprovecharse del citado medio para publicar versiones distantes de la realidad. El Instituto de Historia Natural y Ecología y el suscrito somos quienes nos hemos visto perjudicados con el tráfico de influencias hecho por la magistrado Sofía Rabasa Esquinca, hermana de Amelia Rabasa Esquinca, interviniendo la primera de éstas en los procedimientos judiciales a favor de Amelia. De lo anterior existen varias quejas ante el H. Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal del Estado sin respuesta alguna sobre ello.
Por último quiero hacer las siguientes aclaraciones: 1.- Gabriel Sánchez López sustrajo los pagarés (dos) en año 1998 o 1999 de la extinta secretaría de Recursos Naturales y Pesca y dichos pagarés coinciden en monto de $813,524.82 y fecha 23 de diciembre de 1998 con los cheques de caja que Sedesol me entregara el mismo día por conducto de Gabriel Sánchez López quien fungía como Director de protección ambiental de la Secretaría ya mencionada. El 18 de marzo del 2003 se me requiere de pago según juicio Ejecutivo mercantil 195/2003 del juzgado primero civil de ésta ciudad procediendo al embargo de bienes de mi propiedad. Gabriel Sánchez López fue cesado por diversas irregularidades por el hoy instituto de Historia natural y Ecología en 1988 El gobernador del Estado era Roberto Albores Guillén. 2.- No tengo ningún trato con algún hermano del Exgobernador Pablo Salazar M. 3.- Jamás he comido en ningún restaurante ni tengo relación alguna con el juez Lic. Juan Calderón. Como punto final y para que Mario Ksheratto no sea engañado por Amelia Rabasa Esquinca y otros pongo a la disposición de usted cualquier expediente de lo antes mencionado para corroborar mi dicho.”.
Repasando las aclaraciones
Córdova Cordero presume que el autor de ésta columna no corrobora la información que publica. Falso. Obran en mi poder, copias simples de las averiguaciones previas, declaraciones, peritajes y acuerdos judiciales. En todos, el firmante de dicha carta no parece tener la razón. Por tanto, lo que se ha escrito al respecto, tiene fundamento ministerial y no obedece a caprichos y mucho menos a imaginaciones del autor. A reserva de ahondar con más datos sobre el tema, permítaseme repasar algunas imprecisiones en la “carta aclaratoria”.
En primer lugar, los números de averiguaciones previas que maneja Córdova Cordero, no coinciden con los del expediente en mención. Los números ciertos de acuerdo al expediente son 275/CAJ4A/2004, 283/CAJ4A2/2005 y 308/CAJ4A1/2005. El de la carta da otros números: 275/CAJ4-2004, 283/CAJ4-2004 y omite deliberadamente el 308/CAJ4A1/2005. La falta de coincidencia nos arranca la sospecha que el señor, desconoce a fondo su asunto o, deliberadamente, pone mal los números para no provocarse problemas adicionales.
El quejoso afirma que de acuerdo al juicio ejecutivo mercantil 195/2003, se procedió al embargo de bienes de su propiedad. En realidad, según el expediente, a Córdova Cordero se le sentenció al pago del dinero de dichos pagarés, toda vez que el juez determinó su culpabilidad. Al no hacerlo, efectivamente, se procedió a embargarle un solo bien (y no “bienes”, como asegura) consistente en un predio que éste tenía en sociedad con dos hermanos suyos.
Aquí viene la duda y es donde entra Joel Salazar, hermano del exgobernante. Si ya había habido una sentencia a favor de Amelia Rabasa, ¿quién influyó para que se iniciaran acciones legales en contra de la víctima? Por otro lado y en apego a la política de la dictadura pablista, a los abogados de la señora Rabasa Esquinca, se les acusó de asociación delictuosa. ¿No era esa la práctica favorita de Pablo y sus hermanos? Córdova Cordero debe estar cierto de las presiones que Joel estuvo ejerciendo al principio del gobierno de Sabines para que el Instituto a cargo de Lourdes López Moreno iniciase hostilidades en contra de la multicitada víctima del abuso e influencias.
Siguiendo con las corroboraciones que exige el hermano de Humberto Córdova Cordero, debo recordarle las declaraciones de Romeo Orantes en relación al asunto. En ésas, queda claramente establecido que los pagarés, nunca fueron emitidos por el Instituto mencionado, lo que derriba la intención de Córdova de intentar que esa institución demande por algo que no existe. Aquí cabe la pregunta: Si no era práctica del Instituto emitir pagares, ¿Quién los elaboró? ¿Por qué después de más de dos años de muerto Gabriel Sánchez López decidió demandarlo penalmente?
Como vemos, hay una serie de elementos perfectamente corroborables y que Córdova Cordero conoce plenamente. Su carta por tanto (y lo entendemos porque está en su derecho de defenderse) es parcial y oculta una serie de cuestiones que iremos mencionando poco a poco. El espacio es implacable.
Tarjetero
*** Las cosas para el proceso electoral están que arden; el optimismo del gobernador Sabines es en el sentido que no habrá mayores complicaciones. Su compromiso es respetar a todos los partidos y lograr del proceso, un Congreso equilibrado. Para Sabines, es mejor trabajar con un Congreso equilibrado y no con un congreso con mayorías. Buen punto, pero habrá que ver si no a la hora, los chiquitillos hacen de las suyas. *** Luego nos leemos.
http://www.columnasur.org
ksheratto@yahoo.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Amelia Rabasa fue
injustamente encarcelada
en ElAmate
Desde hace un tiempo hemos venido señalando, con expediente en mano, los abusos y el tráfico de influencias que todavía persisten en contra de los despojados durante el régimen de Pablo Salazar. Uno de los casos que señalamos es el de la señora Amelia Rabasa Esquinca, albacea de su finado esposo Gabriel Sánchez López a quien según las averiguaciones previas 275/CAJ4A/2004, 283/CAJ4A2/2005 y 308/CAJ4A1, despojaron de sus derechos para cobrar indebidamente una serie de pagarés.Dijimos, también con elementos, que detrás de la arremetida en contra de la señora Rabasa Esquinca y su familia, estaba la tenebrosa mano de Joel Salazar Mendiguchía, influyente hermano del exgobernante, quien presionó a las autoridades del Instituto de Historia Natural y Ecología para que la demandaran sin justificación cierta de por medio. Derivado de esas publicaciones en las que se denuncia la intromisión de la familia de Salazar Mendiguchía en casos de despojo y abusos, el principal implicado en esa lamentable situación, José Antonio Córdova Cordero, decidió enviar una “carta aclaratoria” en la que explica una serie de razones que con todo, no satisfacen como aclaración. Por el contrario, confirman algunos hechos que nos obligan a ver de nuevo hacia la impartición de justicia en la entidad. Vayamos a la carta de Córdova Cordero.
Aclaraciones confusas
“En relación a la publicación realizada por la columna fichero político (sic) por el C. Angel Mario Ksherato (sic) del día 26 del año en curso, donde refiere usos y abusos de la ley, por este medio en vía de réplica realizo a usted la siguiente aclaración, solicitando sea publicada en el mismo espacio del diario: Con el objeto de demostrar que un servidor de usted, licenciado José Antonio Córdova Cordero, no soy ningún defraudador me permito mencionar que en diversos trámites judiciales ha sido demostrada la conducta delictiva de Gabriel Sánchez López, Amelia Rabasa Esquinca y otros, constando esto en averiguación previa número 006/MTIC/2003 por el delito de fraude en grado de tentativa en contra del C. Gabriel Sánchez López, así como en la averiguación previa número 275/CAJ4-2004 por el delito de fraude, difamación, asociación delictuosa y los que resulten, la averiguación 283/CAJ4-2005 por el delito de robo de documentos y los que resulten. Así también en la averiguación previa 283/CAJ4/2005 al agraviado Instituto de Historia Natural y Ecología este por el delito de robo de documentos, acusado Gabriel Sánchez López y quien o quienes resulten responsables.
Además, el Instituto de Historia Natural mencionado a iniciado juicio ordinario civil reivindicatorio por el robo de los pagarés en contra del extinto Gabriel Sánchez López, Amelia Rabasa Esquinca, Rafael Serra Moncayo, Beatriz Álvarez Alvarado, lo anterior bajo el expediente 898/2005 radicado ante el juzgado Cuarto de lo Civil de ésta Ciudad.
Con base a lo anterior se demuestra que la defraudadora sin duda alguna es Amelia Rabasa Esquinca y otros bajo la causa penal 332/2006 por fraude en grado de tentativa y uso de documento falso y no el suscrito José Antonio Córdova Cordero. Amelia Rabasa esquinca denigra al C. Emilio Rabasa Estebanel con su acto delictivo ya mencionado. Por tanto el columnista de fichero político a quien contesto por esta replica (sic) en primer término debe corroborar la información que presentará a los lectores de tan prestigiado diario y no debe aprovecharse del citado medio para publicar versiones distantes de la realidad. El Instituto de Historia Natural y Ecología y el suscrito somos quienes nos hemos visto perjudicados con el tráfico de influencias hecho por la magistrado Sofía Rabasa Esquinca, hermana de Amelia Rabasa Esquinca, interviniendo la primera de éstas en los procedimientos judiciales a favor de Amelia. De lo anterior existen varias quejas ante el H. Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal del Estado sin respuesta alguna sobre ello.
Por último quiero hacer las siguientes aclaraciones: 1.- Gabriel Sánchez López sustrajo los pagarés (dos) en año 1998 o 1999 de la extinta secretaría de Recursos Naturales y Pesca y dichos pagarés coinciden en monto de $813,524.82 y fecha 23 de diciembre de 1998 con los cheques de caja que Sedesol me entregara el mismo día por conducto de Gabriel Sánchez López quien fungía como Director de protección ambiental de la Secretaría ya mencionada. El 18 de marzo del 2003 se me requiere de pago según juicio Ejecutivo mercantil 195/2003 del juzgado primero civil de ésta ciudad procediendo al embargo de bienes de mi propiedad. Gabriel Sánchez López fue cesado por diversas irregularidades por el hoy instituto de Historia natural y Ecología en 1988 El gobernador del Estado era Roberto Albores Guillén. 2.- No tengo ningún trato con algún hermano del Exgobernador Pablo Salazar M. 3.- Jamás he comido en ningún restaurante ni tengo relación alguna con el juez Lic. Juan Calderón. Como punto final y para que Mario Ksheratto no sea engañado por Amelia Rabasa Esquinca y otros pongo a la disposición de usted cualquier expediente de lo antes mencionado para corroborar mi dicho.”.
Repasando las aclaraciones
Córdova Cordero presume que el autor de ésta columna no corrobora la información que publica. Falso. Obran en mi poder, copias simples de las averiguaciones previas, declaraciones, peritajes y acuerdos judiciales. En todos, el firmante de dicha carta no parece tener la razón. Por tanto, lo que se ha escrito al respecto, tiene fundamento ministerial y no obedece a caprichos y mucho menos a imaginaciones del autor. A reserva de ahondar con más datos sobre el tema, permítaseme repasar algunas imprecisiones en la “carta aclaratoria”.
En primer lugar, los números de averiguaciones previas que maneja Córdova Cordero, no coinciden con los del expediente en mención. Los números ciertos de acuerdo al expediente son 275/CAJ4A/2004, 283/CAJ4A2/2005 y 308/CAJ4A1/2005. El de la carta da otros números: 275/CAJ4-2004, 283/CAJ4-2004 y omite deliberadamente el 308/CAJ4A1/2005. La falta de coincidencia nos arranca la sospecha que el señor, desconoce a fondo su asunto o, deliberadamente, pone mal los números para no provocarse problemas adicionales.
El quejoso afirma que de acuerdo al juicio ejecutivo mercantil 195/2003, se procedió al embargo de bienes de su propiedad. En realidad, según el expediente, a Córdova Cordero se le sentenció al pago del dinero de dichos pagarés, toda vez que el juez determinó su culpabilidad. Al no hacerlo, efectivamente, se procedió a embargarle un solo bien (y no “bienes”, como asegura) consistente en un predio que éste tenía en sociedad con dos hermanos suyos.
Aquí viene la duda y es donde entra Joel Salazar, hermano del exgobernante. Si ya había habido una sentencia a favor de Amelia Rabasa, ¿quién influyó para que se iniciaran acciones legales en contra de la víctima? Por otro lado y en apego a la política de la dictadura pablista, a los abogados de la señora Rabasa Esquinca, se les acusó de asociación delictuosa. ¿No era esa la práctica favorita de Pablo y sus hermanos? Córdova Cordero debe estar cierto de las presiones que Joel estuvo ejerciendo al principio del gobierno de Sabines para que el Instituto a cargo de Lourdes López Moreno iniciase hostilidades en contra de la multicitada víctima del abuso e influencias.
Siguiendo con las corroboraciones que exige el hermano de Humberto Córdova Cordero, debo recordarle las declaraciones de Romeo Orantes en relación al asunto. En ésas, queda claramente establecido que los pagarés, nunca fueron emitidos por el Instituto mencionado, lo que derriba la intención de Córdova de intentar que esa institución demande por algo que no existe. Aquí cabe la pregunta: Si no era práctica del Instituto emitir pagares, ¿Quién los elaboró? ¿Por qué después de más de dos años de muerto Gabriel Sánchez López decidió demandarlo penalmente?
Como vemos, hay una serie de elementos perfectamente corroborables y que Córdova Cordero conoce plenamente. Su carta por tanto (y lo entendemos porque está en su derecho de defenderse) es parcial y oculta una serie de cuestiones que iremos mencionando poco a poco. El espacio es implacable.
Tarjetero
*** Las cosas para el proceso electoral están que arden; el optimismo del gobernador Sabines es en el sentido que no habrá mayores complicaciones. Su compromiso es respetar a todos los partidos y lograr del proceso, un Congreso equilibrado. Para Sabines, es mejor trabajar con un Congreso equilibrado y no con un congreso con mayorías. Buen punto, pero habrá que ver si no a la hora, los chiquitillos hacen de las suyas. *** Luego nos leemos.
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