Acusa Frayba a gobierno de seguir negando lucha zapatista
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta su Balance 2006 que comprende el periodo de Enero de 2006 a Marzo de 2007, estructurado así considerando que esa etapa de transición contempla, al menos, los primeros tres meses del presente año. En esta ocasión entregamos el segundo de seis capítulos, posteriormente se hará una presentación publica el miércoles 2 de mayo a las 5:00 PM en el Café “Museo Café” ubicado en Calle Maria Adelina Flores No. 10, Zona Centro en San Cristóbal de Las Casas.
Marcado por las elecciones presidenciales, el 2006, fue un año de transición que reveló por un lado, las viejas y recurrentes prácticas de tortura y detenciones arbitrarias como políticas de gobierno para el control social, pero por otra parte situaciones que anteriormente no se hacían presentes como el recrudecimiento de ataques a defensores y activistas además de acciones armadas de corte paramilitar en contra de distintas comunidades, este contexto lo leemos como producto de la turbulencia política y preámbulo de una nueva etapa de endurecimiento para Chiapas y para el País.
Este Balance 2006 muestra parte de lo que el Frayba ha documentado como principales violaciones a derechos humanos en Chiapas, desde su quehacer cotidiano.
En esta entrega presentamos el capítulo 2:
Conflicto armado y sus actores en 2006
Vigente el conflicto armado en Chiapas y sostenido durante las transiciones gubernamentales estatal y federal.
Grupos con acciones paramilitares se mantienen en impunidad ante ataques a poblaciones civiles y desalojos y amenazas a comunidades zapatistas.
En el marco de la presentación del próximo informe “Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta algunos casos y eventos que configuran el Conflicto armado y sus actores en 2006, mismos que fueron documentados en el periodo Enero de 2006 a Marzo de 2007.
Durante el 2006, fin de periodos sexenales y de supuesta alternancia política, el contexto de un año electoral en el que concurrieron, la elección para Presidente de la República con los comicios para Gobernador del Estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a una iniciativa civil y pacífica a través de la articulación de organizaciones, Pueblos y personas a lo que denominaron “La Otra Campaña”.
Por su parte el Gobierno Mexicano continuó negando la existencia del conflicto armado en Chiapas, a pesar de las declaraciones públicas de la Secretaría de la Defensa contrarias a las de la Secretaría de Gobernación; sin embargo lo más preocupante han sido las omisiones y acciones que siguen configurando una sistemática violación a los derechos humanos. Acciones políticas y militares que se han recrudecido en torno a la incontenible protesta social y la articulación de organizaciones que han optado por la construcción de un movimiento nacional civil y pacifico.
De esta manera, el conflicto armado interno en Chiapas configura una nueva etapa ya que al mantener en bajo perfil las funciones de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se mantienen bajo la operación del gobierno estatal y federal la ejecución de acciones en lógica militar por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuerpos policiales federales y estatales y grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC).
Ante ese escenario el Frayba observa la falta de políticas gubernamentales que posibiliten una resolución digna, justa y verdadera del Conflicto armado y más lejos aún la voluntad para garantizar condiciones de Paz en la entidad. Con conocimiento de causa el Frayba afirma que las “circunstancias de excepción” en Chiapas están vigentes al final y principio de cada sexenio gubernamental.
Prueba de ello es que la militarización en el estado de Chiapas se mantiene ya que a pesar de haberse levantado 19 campamentos durante los últimos 14 meses se mantienen aún alrededor de 71 campamentos militares ocupando territorios indígenas.
Tras la documentación y registro del despliegue y permanencia del ejército en las comunidades indígenas, el Frayba ha observado la constante violación al Derecho al territorio de los Pueblos indígenas, el Derecho al libre tránsito y Derecho a la integridad como han denunciado mujeres que han sido violentadas por elementos del Ejército mexicano.
Otro actor, aliado de las instituciones, que agrava el conflicto armado interno es el accionar de grupos paramilitares como la OPDDIC; durante el primer semestre del 2006, en el contexto de la salida de la Comisión Sexta del EZLN, se registró hostigamiento, amenazas de desalojo, robo de cosechas, destrucción de parcelas, detención, amenazas y advertencias públicas hacia bases de apoyo zapatistas
Durante el segundo semestre del 2006, los patrones anteriormente observados se consumaron cuando en el mes de agosto, en el Municipio de Palenque, Chiapas, se ejecutó un desalojo a la comunidad de Ch’oles de Tumbalá, perteneciente al Municipio Autónomo de El Trabajo del Caracol de Roberto Barrios. Un mes después, en Septiembre, fueron detenidos dos bases de apoyo zapatistas de la comunidad Huitepec-Ocotal Segunda sección, del municipio de San Cristóbal.
De igual forma los ataques a poblaciones civiles fueron parte del cierre del gobierno estatal y federal de Pablo Salazar y Vicente Fox respectivamente, el 9 de noviembre en la comunidad de Busiljá, municipio de Ocosingo, se registró el desplazamiento de 5 familias que fueron amenazadas por integrantes de la OPDDIC; El 13 de noviembre, muy cerca de esa localidad, se presentó un ataque armado en la comunidad de Viejo Velasco Suárez del municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) ejecutado por miembros de la comunidad de Nueva Palestina, pertenecientes a los Bienes Comunales Zona Lacandona.
Para comienzos del 2007 las denuncias de hostigamiento por parte de miembros de OPDDIC aumentaron en diferentes regiones, se tienen registradas dos regiones con presencia de campamentos de entrenamiento paramilitar ligados a la OPDDIC, el primero en la cañada de San Manuel y otro en la cañada de Morelia, pero de acuerdo con la información recabada es posible que existan al menos dos más.
Las diferentes acciones documentadas por el Frayba, revelan que la OPDDIC se ha posicionado en una lógica envolvente, que en coordinación con la presencia militar, van cerrando un círculo territorial en la zona denominada de conflicto.
Otros eventos que se consumaron en el pasado pero que durante el 2006 y 2007 cobran relevancia lo constituye el Caso de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de Diciembre de 2007, próximo a cumplir 10 años en impunidad; la falta de justicia en el caso de la Masacre de Acteal, no es un crimen del pasado, es una expresión clara del fracaso de la democracia en los llamados “Gobierno del cambio” y “Gobierno de la Esperanza” que tanto publicitaban la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado de Chiapas respectivamente.
En 2005 el Frayba y la Sociedad Civil de Las Abejas, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de apertura de caso en contra de Estado Mexicano por la masacre perpetrada en Acteal, pocos días después de asumir el cargo como Gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, anunció la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal de la cuál hasta el cierre de este Balance 2006 no ha reportado resultado en sus investigaciones.
En junio de 2006, se cumplieron 10 años de la desaparición de Minerva Guadalupe Pérez López, indígena Ch’ol, quien entonces tenía 19 años de edad, hecho ocurrido en la comunidad de Miguel Alemán municipio de Tila, cuando el transporte publico en donde viajaba fue interceptado por Sabelino Torres y otros miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, desde ese entonces se desconoce su paradero, en el mismo 2006 la madre de Minerva murió, sin saber qué pasó con su hija y con la esperanza de que se hiciera justicia.
A consecuencias de los actos y amenazas perpetradas por miembros de Paz y Justicia, en contra de habitantes de la comunidad Andrés Quintana Roo del municipio de Sabanilla, Chiapas, el 12 de diciembre de 2006 la CIDH solicitó al Gobierno Mexicano la adopción de medidas urgentes y humanitarias para las familias desplazadas y retornadas, proceso que aún está por ser cumplido.
Para el Frayba el conflicto mantiene una continuidad desde 1994. En 2006 se comenzaron a dar expresiones de una nueva etapa que retoma signos de conflicto directo a través de la acción de grupos con rasgos paramilitares. Existe la clara intervención de agentes estatales que por medio de acciones en lógica de estrategia contrainsurgente que buscan desmantelar el proceso de construcción de las autonomías de los pueblos zapatistas.
Las circunstancias en la denominada zona de conflicto revelan el aumento de hostigamiento y amenazas por grupos afines a los grupos tradicionales de poder hacia la población civil, situación que incrementa la tensión social y agrava la situación de tal modo que se dificulta el logro gradual de circunstancias en beneficio de una paz justa y duradera.
El Frayba reitera la necesidad de que el Estado Mexicano reencause sus iniciativas también por la vía política, civil y pacífica, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, no por la fuerza de la violencia y la simulación, sólo de esa manera será posible reencontrarse en el diálogo. Es imperante la desmilitarización del territorio y de la política en Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta su Balance 2006 que comprende el periodo de Enero de 2006 a Marzo de 2007, estructurado así considerando que esa etapa de transición contempla, al menos, los primeros tres meses del presente año. En esta ocasión entregamos el segundo de seis capítulos, posteriormente se hará una presentación publica el miércoles 2 de mayo a las 5:00 PM en el Café “Museo Café” ubicado en Calle Maria Adelina Flores No. 10, Zona Centro en San Cristóbal de Las Casas.Marcado por las elecciones presidenciales, el 2006, fue un año de transición que reveló por un lado, las viejas y recurrentes prácticas de tortura y detenciones arbitrarias como políticas de gobierno para el control social, pero por otra parte situaciones que anteriormente no se hacían presentes como el recrudecimiento de ataques a defensores y activistas además de acciones armadas de corte paramilitar en contra de distintas comunidades, este contexto lo leemos como producto de la turbulencia política y preámbulo de una nueva etapa de endurecimiento para Chiapas y para el País.
Este Balance 2006 muestra parte de lo que el Frayba ha documentado como principales violaciones a derechos humanos en Chiapas, desde su quehacer cotidiano.
En esta entrega presentamos el capítulo 2:
Conflicto armado y sus actores en 2006
Vigente el conflicto armado en Chiapas y sostenido durante las transiciones gubernamentales estatal y federal.
Grupos con acciones paramilitares se mantienen en impunidad ante ataques a poblaciones civiles y desalojos y amenazas a comunidades zapatistas.
En el marco de la presentación del próximo informe “Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta algunos casos y eventos que configuran el Conflicto armado y sus actores en 2006, mismos que fueron documentados en el periodo Enero de 2006 a Marzo de 2007.
Durante el 2006, fin de periodos sexenales y de supuesta alternancia política, el contexto de un año electoral en el que concurrieron, la elección para Presidente de la República con los comicios para Gobernador del Estado de Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a una iniciativa civil y pacífica a través de la articulación de organizaciones, Pueblos y personas a lo que denominaron “La Otra Campaña”.
Por su parte el Gobierno Mexicano continuó negando la existencia del conflicto armado en Chiapas, a pesar de las declaraciones públicas de la Secretaría de la Defensa contrarias a las de la Secretaría de Gobernación; sin embargo lo más preocupante han sido las omisiones y acciones que siguen configurando una sistemática violación a los derechos humanos. Acciones políticas y militares que se han recrudecido en torno a la incontenible protesta social y la articulación de organizaciones que han optado por la construcción de un movimiento nacional civil y pacifico.
De esta manera, el conflicto armado interno en Chiapas configura una nueva etapa ya que al mantener en bajo perfil las funciones de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) se mantienen bajo la operación del gobierno estatal y federal la ejecución de acciones en lógica militar por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuerpos policiales federales y estatales y grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC).
Ante ese escenario el Frayba observa la falta de políticas gubernamentales que posibiliten una resolución digna, justa y verdadera del Conflicto armado y más lejos aún la voluntad para garantizar condiciones de Paz en la entidad. Con conocimiento de causa el Frayba afirma que las “circunstancias de excepción” en Chiapas están vigentes al final y principio de cada sexenio gubernamental.
Prueba de ello es que la militarización en el estado de Chiapas se mantiene ya que a pesar de haberse levantado 19 campamentos durante los últimos 14 meses se mantienen aún alrededor de 71 campamentos militares ocupando territorios indígenas.
Tras la documentación y registro del despliegue y permanencia del ejército en las comunidades indígenas, el Frayba ha observado la constante violación al Derecho al territorio de los Pueblos indígenas, el Derecho al libre tránsito y Derecho a la integridad como han denunciado mujeres que han sido violentadas por elementos del Ejército mexicano.
Otro actor, aliado de las instituciones, que agrava el conflicto armado interno es el accionar de grupos paramilitares como la OPDDIC; durante el primer semestre del 2006, en el contexto de la salida de la Comisión Sexta del EZLN, se registró hostigamiento, amenazas de desalojo, robo de cosechas, destrucción de parcelas, detención, amenazas y advertencias públicas hacia bases de apoyo zapatistas
Durante el segundo semestre del 2006, los patrones anteriormente observados se consumaron cuando en el mes de agosto, en el Municipio de Palenque, Chiapas, se ejecutó un desalojo a la comunidad de Ch’oles de Tumbalá, perteneciente al Municipio Autónomo de El Trabajo del Caracol de Roberto Barrios. Un mes después, en Septiembre, fueron detenidos dos bases de apoyo zapatistas de la comunidad Huitepec-Ocotal Segunda sección, del municipio de San Cristóbal.
De igual forma los ataques a poblaciones civiles fueron parte del cierre del gobierno estatal y federal de Pablo Salazar y Vicente Fox respectivamente, el 9 de noviembre en la comunidad de Busiljá, municipio de Ocosingo, se registró el desplazamiento de 5 familias que fueron amenazadas por integrantes de la OPDDIC; El 13 de noviembre, muy cerca de esa localidad, se presentó un ataque armado en la comunidad de Viejo Velasco Suárez del municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) ejecutado por miembros de la comunidad de Nueva Palestina, pertenecientes a los Bienes Comunales Zona Lacandona.
Para comienzos del 2007 las denuncias de hostigamiento por parte de miembros de OPDDIC aumentaron en diferentes regiones, se tienen registradas dos regiones con presencia de campamentos de entrenamiento paramilitar ligados a la OPDDIC, el primero en la cañada de San Manuel y otro en la cañada de Morelia, pero de acuerdo con la información recabada es posible que existan al menos dos más.
Las diferentes acciones documentadas por el Frayba, revelan que la OPDDIC se ha posicionado en una lógica envolvente, que en coordinación con la presencia militar, van cerrando un círculo territorial en la zona denominada de conflicto.
Otros eventos que se consumaron en el pasado pero que durante el 2006 y 2007 cobran relevancia lo constituye el Caso de la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de Diciembre de 2007, próximo a cumplir 10 años en impunidad; la falta de justicia en el caso de la Masacre de Acteal, no es un crimen del pasado, es una expresión clara del fracaso de la democracia en los llamados “Gobierno del cambio” y “Gobierno de la Esperanza” que tanto publicitaban la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado de Chiapas respectivamente.
En 2005 el Frayba y la Sociedad Civil de Las Abejas, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de apertura de caso en contra de Estado Mexicano por la masacre perpetrada en Acteal, pocos días después de asumir el cargo como Gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, anunció la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal de la cuál hasta el cierre de este Balance 2006 no ha reportado resultado en sus investigaciones.
En junio de 2006, se cumplieron 10 años de la desaparición de Minerva Guadalupe Pérez López, indígena Ch’ol, quien entonces tenía 19 años de edad, hecho ocurrido en la comunidad de Miguel Alemán municipio de Tila, cuando el transporte publico en donde viajaba fue interceptado por Sabelino Torres y otros miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, desde ese entonces se desconoce su paradero, en el mismo 2006 la madre de Minerva murió, sin saber qué pasó con su hija y con la esperanza de que se hiciera justicia.
A consecuencias de los actos y amenazas perpetradas por miembros de Paz y Justicia, en contra de habitantes de la comunidad Andrés Quintana Roo del municipio de Sabanilla, Chiapas, el 12 de diciembre de 2006 la CIDH solicitó al Gobierno Mexicano la adopción de medidas urgentes y humanitarias para las familias desplazadas y retornadas, proceso que aún está por ser cumplido.
Para el Frayba el conflicto mantiene una continuidad desde 1994. En 2006 se comenzaron a dar expresiones de una nueva etapa que retoma signos de conflicto directo a través de la acción de grupos con rasgos paramilitares. Existe la clara intervención de agentes estatales que por medio de acciones en lógica de estrategia contrainsurgente que buscan desmantelar el proceso de construcción de las autonomías de los pueblos zapatistas.
Las circunstancias en la denominada zona de conflicto revelan el aumento de hostigamiento y amenazas por grupos afines a los grupos tradicionales de poder hacia la población civil, situación que incrementa la tensión social y agrava la situación de tal modo que se dificulta el logro gradual de circunstancias en beneficio de una paz justa y duradera.
El Frayba reitera la necesidad de que el Estado Mexicano reencause sus iniciativas también por la vía política, civil y pacífica, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, no por la fuerza de la violencia y la simulación, sólo de esa manera será posible reencontrarse en el diálogo. Es imperante la desmilitarización del territorio y de la política en Chiapas.