En el sexenio anterior, defensores de derechos humanos, perseguidos y amenazados
En el marco de la presentación del “Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta algunos casos y eventos que configuran agresiones a Defensores de Derechos Humanos en San Cristóbal de Las Casas, mismos que fueron documentados en el periodo Enero de 2006 a Marzo de 2007.
Desde el año 2005 el Frayba ha registrado diversos eventos que revelan una escalada de agresiones, intimidación, hostigamiento e intentos de inhibir la labor de organizaciones y defensores de derechos humanos en el estado de Chiapas. Particularmente en 2006 se documentó un incremento de agresiones en comparación con los casos que fueron denunciados en el Balance Anual 2005, sumando un total de 22.
El hostigamiento por lo general es ejecutado por personas no identificadas pero relacionadas con corporaciones policíacas e instituciones de gobierno, por lo general enfocando las actividades de activistas, luchadores sociales, observadores y defensores de derechos humanos quienes documentan directamente eventos de violaciones a los derechos humanos.
Los ataques son diversos, en algunos casos nuevas formas no registradas con anterioridad, como la cancelación de cuentas bancarias o el robo cibernético de las mismas; hechos en donde las instituciones bancarias no han asumido ninguna responsabilidad, ni han aportado elementos que permitan conocer las razones de la cancelación de las cuentas o en los casos del robo, datos que permitieran conocer quién sustrajo los fondos.
En otros casos, las agresiones pueden estar disfrazadas de delincuencia común, como aparentar un asalto a mano armada, lo cual no sería extraño pues el índice de robos ha aumentado, lo preocupante es que se repitan en contra de la misma persona o de personas cercanas a algún defensor de derechos humanos, lo cual descarta la posibilidad de que sean asaltos circunstanciales.
Otros casos tienen como característica común el que se presente uno o varios individuos y amenacen a algún defensor o defensora, amenazas de muerte o a la integridad. En unos más se han dado intentos de agresión física en contra del defensor o defensora, en otros violencia con la utilización de navajas, es decir, se ha atentado contra la integridad física de las y los defensores.
Además de los eventos de hostigamiento, amenazas y agresiones, en el trabajo para documentar eventos de personas detenidas, torturadas, se impide la labor documental, expresada en obstáculos de tipo administrativo y judicial. Por ejemplo, impedir documentar denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en casas de arraigo, y cuando existe la posibilidad de recabar testimonios, no se facilitan las condiciones necesarias en espacios privados y libres del hostigamiento psicológico que implica la presencia de los custodios, que generalmente son miembros de la institución a la que pertenecen los presuntos infractores.
En el 2006, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la grave situación que viven las defensoras y defensores de derechos humanos indicando: “Las (...) agresiones, amenazas, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación al domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. Indicando también que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja”
Una vez más, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recuerda a las autoridades del Estado Mexicano, su obligación de garantizar protección a quienes promueven y defienden los derechos humanos, compromiso que asumió al firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que el Estado Mexicano está obligado a cumplir.
En el marco de la presentación del “Balance Anual 2006, Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chiapas” el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas presenta algunos casos y eventos que configuran agresiones a Defensores de Derechos Humanos en San Cristóbal de Las Casas, mismos que fueron documentados en el periodo Enero de 2006 a Marzo de 2007.Desde el año 2005 el Frayba ha registrado diversos eventos que revelan una escalada de agresiones, intimidación, hostigamiento e intentos de inhibir la labor de organizaciones y defensores de derechos humanos en el estado de Chiapas. Particularmente en 2006 se documentó un incremento de agresiones en comparación con los casos que fueron denunciados en el Balance Anual 2005, sumando un total de 22.
El hostigamiento por lo general es ejecutado por personas no identificadas pero relacionadas con corporaciones policíacas e instituciones de gobierno, por lo general enfocando las actividades de activistas, luchadores sociales, observadores y defensores de derechos humanos quienes documentan directamente eventos de violaciones a los derechos humanos.
Los ataques son diversos, en algunos casos nuevas formas no registradas con anterioridad, como la cancelación de cuentas bancarias o el robo cibernético de las mismas; hechos en donde las instituciones bancarias no han asumido ninguna responsabilidad, ni han aportado elementos que permitan conocer las razones de la cancelación de las cuentas o en los casos del robo, datos que permitieran conocer quién sustrajo los fondos.
En otros casos, las agresiones pueden estar disfrazadas de delincuencia común, como aparentar un asalto a mano armada, lo cual no sería extraño pues el índice de robos ha aumentado, lo preocupante es que se repitan en contra de la misma persona o de personas cercanas a algún defensor de derechos humanos, lo cual descarta la posibilidad de que sean asaltos circunstanciales.
Otros casos tienen como característica común el que se presente uno o varios individuos y amenacen a algún defensor o defensora, amenazas de muerte o a la integridad. En unos más se han dado intentos de agresión física en contra del defensor o defensora, en otros violencia con la utilización de navajas, es decir, se ha atentado contra la integridad física de las y los defensores.
Además de los eventos de hostigamiento, amenazas y agresiones, en el trabajo para documentar eventos de personas detenidas, torturadas, se impide la labor documental, expresada en obstáculos de tipo administrativo y judicial. Por ejemplo, impedir documentar denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en casas de arraigo, y cuando existe la posibilidad de recabar testimonios, no se facilitan las condiciones necesarias en espacios privados y libres del hostigamiento psicológico que implica la presencia de los custodios, que generalmente son miembros de la institución a la que pertenecen los presuntos infractores.
En el 2006, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la grave situación que viven las defensoras y defensores de derechos humanos indicando: “Las (...) agresiones, amenazas, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación al domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. Indicando también que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja”
Una vez más, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recuerda a las autoridades del Estado Mexicano, su obligación de garantizar protección a quienes promueven y defienden los derechos humanos, compromiso que asumió al firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, y que el Estado Mexicano está obligado a cumplir.