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La
investigación abarca tres ejes principales: Capacidad jurídica, Democracia e
instituciones políticas, y Sociedad Civil, medios de comunicación y sector
privado.
Angel Mario
Ksheratto
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| Insuficiente e ineficaz, la lucha contra la corrupción. |
Se presenta,
el presidente López, como un gran lector de la Biblia (que no erudito, ni
practicante ni devoto, conste) lo que nos da la oportunidad para asumir que
habrá leído aquella recomendación de Jesús en la que instó a no remendar con
tela nueva, un vestido viejo… O a no poner vino nuevo en odres viejos, lo que
viene siendo lo mismo a no construir una casa nueva sobre los cimientos de un
edificio viejo.
Viene esto a
colación porque la primera gran expectativa de los mexicanos, es el real y
definitivo fin de la corrupción, esperanza colectiva que a seis meses de su
administración, se ha desmoronado casi por completo. La razón: tratar de
erradicar el mal con los mismos personajes que en el pasado mediato e
inmediato, saquearon impunemente al país.
La quimera
de reconstruir al México impoluto mediante una transformación profunda,
contrasta dramáticamente con la realidad y más, con las pocas acciones para dar
por terminado el periodo de los excesos sin castigo y los abusos tolerados
—incluso promovidos por el Estado mismo—, que alimentaron el hartazgo que
favoreció a Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la presidencia.
Y la
expectativa, lejos de consolidarse, va hacia atrás. La organización empresarial
Américas Society/Council of the Américas (AS/COA) y la firma consultora Control
Risks (CR), dieron a conocer un estudio pormenorizado sobre el combate a la
corrupción en ocho de los países más importantes de América Latina, resultando
México en el sexto lugar, muy por debajo de Chile, Brasil, Colombia, Argentina
y Perú y solo arriba de Guatemala y Venezuela.
El análisis
de AS/COA/CR, es certero y se basa en consultas directas a organismos
internacionales como Proyecto de Integridad Electoral, Casa de la Libertad,
Asociación Internacional de Presupuesto, IDEA, Pew Global Center, Reporteros
sin Fronteras, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Proyecto de Justicia
Mundial, periodistas, analistas políticos, consultoras y otras entidades de
prestigio en América Latina.
La
investigación abarca tres ejes principales: Capacidad jurídica, Democracia e
instituciones políticas, y Sociedad Civil, medios de comunicación y sector
privado.
En el primer
eje, los investigadores centran su preocupación en la poca eficiencia y la
dependencia del ente procurador de justicia y el sistema judicial en general,
todavía sometidos a la intromisión política. Casos como el de Elba Esther
Gordillo Morales, Napoleón Gómez Urrutia, los exgobernadores Duarte Ochoa de
Veracruz y Duarte Jáquez, de Chihuahua, Manuel Velasco, de Chiapas, Manuel
Bartlett, director de la CFE; el caso Odebrecht, Emilio Lozoya, los 43
desaparecidos de Ayotzinapa, la tragedia de la guardería ABC, la matanza de
periodistas y activistas sociales —entre cientos y cientos de casos
irresueltos—, siguen en arbitraria impunidad, precisamente porque desde el
Ejecutivo —por influencias de secretarios de estado, gobernadores, legisladores
o amigos del presidente, o él mismo— se han paralizado los procesos judiciales,
o se han dictado sentencias favorables a los acusados.
En ese rubro
México solo obtiene el 4.28 de aprobación, en comparación con Brasil, que recibe
una calificación del 6.53 y Chile 6.07; de hecho está bajo Guatemala que saca
el 4.88 y solo encima de Venezuela que tiene el 1.21.
En
“Democracia e instituciones políticas”, México también sale desaprobado con
solo el 4.52, por debajo de cinco países y arriba de Guatemala y Venezuela.
Aquí hay que agregar que el sistema político y el sistema de elecciones, ha sido
rebasado por las famosas “consultas” a mano alzada que a la larga, no
representan ni una milésima de millonésima (o al revés) del pueblo mexicano.
Que 300 gentes —invariablemente acarreadas y beneficiadas con una torta—
“voten” a nombre de 126 millones de ciudadanos, es una burla que nos obliga a
pensar que la simulación de los gobiernos neoliberales, solo se mudó a un
gobierno neopopulista.
A esto hay
que agregar que hay una total ausencia de políticas institucionales adecuadas
para frenar la corrupción; cierto es que se han tomado algunas medidas
voluntariosas que rayan en el autoritarismo (como enviar memorándums ridículos
para frenar la corrupción), en lugar de crear nuevas leyes y fortalecer a las
ya existentes.
El marco
jurídico para combatir la corrupción, sigue siendo inconsistente y por lo
mismo, insuficiente e ineficaz. Y si nos adelantamos, podríamos hablar de
inexistencia absoluta, lo cual es sumamente grave para una administración que
prometió el fin de la corrupción y la sigue amamantando.
Llama la
atención que en la única área en la que México está adelantado, es en la de
“Sociedad Civil, medios de comunicación y sector privado”; ahí México se coloca
sobre Guatemala, Colombia, Venezuela y Perú. Abajo, por supuesto, de Brasil,
Argentina y Chile. Los mexicanos han sido muy activos en las redes sociales.
Los medios de comunicación, como dicen los expertos de AS/COA/CR, han incluso,
mejorado en investigación y denuncias, mientras que el sector privado, ha sido
más contestatario y concomitante con otros sectores sociales. Pero topan con
pared.
Se estrellan
frente a un presidente que una y otra vez ha reclamado su derecho de réplica;
lo ha hecho con epítetos, irresponsabilidades y sobrada negligencia. Ha sido
además, irrespetuoso y cuando no, ofensivo en sus respuestas.
A los medios
que le critican, acusa de “conservadores” y “corruptos”; igual calificativos
ofrece a empresarios e industriales que no aprueban sus ideas.
La
persecución contra activistas sociales, defensores de los derechos humanos y
periodistas, es similar a las de Nicaragua y Venezuela.
En el total
del resultado de la investigación de AS/COA/CR (publicado este lunes 24 de
junio en “Americas Quarterly” y replicado por varios medios de comunicación de
Estados Unidos y Latinoamérica), México aparece en el sexto lugar con el 4.65
de aprobación; arriba están Chile con 6.66, Brasil 6.14, Colombia 5.36,
Argentina 5.33, Perú 5.17 y abajo, Guatemala 4.55 y Venezuela con 1.71.
Triste
realidad; vergonzante retroceso en la lucha contra la corrupción. Incontestable
por parte del gobierno.
Transitorio
Reprobables
los actos de intimidatorios y de persecución contra Diego Cadenas, defensor de
los Derechos Humanos, miembro del colectivo “Ku’untik”. Que no se repitan las
prácticas de opresión contra indígenas, campesinos, estudiantes, líderes
sociales, opositores y críticos como ocurrió durante la dictadura de Pablo
Abner Salazar. Quien quiera que esté tras los cobardes atentados a los derechos
de los indígenas, no le hace ningún favor al discurso (porque en la práctica es
palabra inútil) presidencial, ni al gobernador Rutilio Escandón. Llamamos al
diálogo y a la solución civilizada y respetuosa de los conflictos. Solidario
con Cadenas.