Artículo
Único
Angel Mario
Ksheratto
 |
| ¿Espera el gobierno de MVC otra carnicería? |
El
oportunismo por encima de soluciones de fondo que den por terminada una crisis
añeja y se lleve justicia a las miles de víctimas; en eso se convirtió la
aspirina que, a través de Protección Civil, se envió a los desplazados de
Chalchihuitán, perseguidos por hordas criminales al mando de la alcaldesa de
Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.
Así, con
bombo, platillo y cohetes, los boletines oficiales remarcaron el envío de
cobijas y despensas a los damnificados, resaltando la odisea que el personal de
gobierno debió padecer para llegar a las apartadas comunidades donde se encuentran
los refugiados. Debieron rodear caminos y tomar veredas, en virtud de estar,
las carreteras, copadas por grupos criminales, dispuestos a evitar que la ayuda
llegase hasta los necesitados.
Cierto es
que los indígenas echados de sus propiedades por los paramilitares, requieren
ayuda urgente en materia de salud, alimentación y cobijo; es verdad también que
la solidaridad de otros sectores —principalmente de la Iglesia Católica—, ha
sido notoria y plausible, pero ello es insuficiente —por parte de las
autoridades— dada la gravedad de la situación y las implicaciones que la crisis
conlleva.
Llama la
atención que, teniendo certeza de la existencia y operatividad de un nutrido
grupo armado ilegal, la autoridad misma tenga que buscar caminos alternos para
llegar a las víctimas, ante el temor de ser atacados. Ello, indudablemente,
revela la debilidad del Estado frente a poderes fácticos, liderados por una
autoridad municipal impuesta por intereses políticos y no por voluntad popular.
El gobierno
doméstico ha negado sistemáticamente que se viva un estado de ingobernabilidad;
se han amparado, las autoridades, en un falso respeto a los derechos humanos y
en la perorata de una defensa de la pluralidad y diversidad. Sin embargo, esas
condiciones son inequitativas, selectivas y por tanto, inadmisibles.
La ayuda
humanitaria, como ya hemos dicho, es necesaria, pero no solo debe quedar en
eso; la fuerza de la ley, debe aplicarse sin distingos para desarmar a esos
grupos y someterlos al orden constitucional. A la par, debe llevarse a los
Tribunales a la alcaldesa de Chenalhó, que ha sido acusada formalmente por las
víctimas, quienes han presentado sobradas pruebas de su culpabilidad.
Es
incomprensible que el Estado, como ente generador de gobernabilidad y
condiciones igualitarias para todos y, como presunto garante de la ley, no solo
evada los caminos normales de acceso a las comunidades, sino también, su deber
constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes.
Resulta
hasta risible que, teniendo fuerzas policiales suficientes y contando con
garantías de ley para someter a los criminales, les dejen actuar con total
impunidad e incluso, les envíen señales de miedo. Si los paramilitares están
armados, es obvio que no deben llegar con ramos de flores para convencerlos a
dejar de delinquir. Son sujetos desalmados a quienes se debe combatir con rigor
y determinación.
Permitir que
sigan persiguiendo a miles de indígenas inocentes y pobres, es complicidad. La omisión
institucional, es un delito que debe perseguirse en éste caso, toda vez que hay
fundadas sospechas que el asunto, por desgracia, apunta hacia una nueva
masacre, como la ocurrida en Acteal.
La
complacencia gubernamental hacia los paramilitares, no es nueva; es histórica.
En el caso que nos ocupa, tiene su explicación en la protección que siempre se
ha dado a Rosa Pérez Pérez, a quien impusieron, primero como candidata y luego
como alcaldesa, aun cuando ya había sido echada del cargo bajo acusaciones de
corrupción e incumplimiento de promesas de campaña.
Ella, la
alcaldesa, no ha tenido empacho en perseguir, incluso a su propia familia. En
varios medios de comunicación, se reprodujo la entrevista realizada a una hermana
suya, en la que le ruega, dejar de acosar a su propia sangre. Es obvio que hay
un interés mezquino superior por parte del gobierno.
¿Esperan las
autoridades otra masacre para entonces hacer lo conducente? Todo indica que a
eso le apuestan, lo cual se constituirá en un delito de lesa humanidad que
habrá de inscribirse en el historial de las autoridades locales. No hay que
olvidar que dichos grupos violentos, suelen actuar en épocas del año
específicas. La matanza de Acteal, fue en un mes de diciembre. No sería extraño
que, siguiendo esa lógica, los paramilitares al mando de Rosa Pérez, cometan
una felonía por éstas fechas. Por tanto, debe actuar, la autoridad, en
consecuencia y de inmediato. Dejar que cumplan un cometido mortal, será
responsabilidad absoluta del gobierno local. No debe quedar ninguna duda de
ello.