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Angel Mario
Ksheratto
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| ¿Y los cuerpos de policía locales, señores diputados? |
Cualquier
estadista que enfrente una seria crisis financiera y económica, tendría
prioridades; emergencias que atender. Programas específicos para superar los
escollos. Endeudar al Estado, si es posible, pero sobre prioridades y
emergencias. Claro, siempre y cuando, exista una justificación real y la crisis
se haya derivado de circunstancias insalvables. Nunca, por ningún pretexto,
debe contraer deudas para asuntos innecesarios.
Es lo que
sucede en Chiapas. El Ejecutivo enfrenta la peor crisis financiera en muchos
años. El endeudamiento de las instituciones es escandaloso, de tal forma que
las cobranzas públicas, ocupan espacios importantes en muchos medios de
comunicación.
A más,
secretarías como la de Salud y Educación, se encuentran desfondadas, sin dinero
siquiera para abastecerse de lo más elemental para su supervivencia y con adeudos
preocupantes, con el temor a que nunca se paguen. Instituciones como el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana o como el Congreso del
Estado, sin provisiones para cumplir su función y municipios sin las
ministraciones de ley para, por lo menos, contener la exigencia social; para el
colmo, los gastos que ha generado el desastre que dejó el terremoto del 7 de
septiembre.
Con todo
eso, una mayoría —relativa mayoría— de diputados locales, autorizó el
endeudamiento del Ejecutivo por casi 130 millones de pesos, ¡para construir un
cuartel militar! Éste, según acuerdo previo entre Manuel Velasco y la cúpula
castrense del país, costará alrededor de 250 millones de pesos, en una superficie
de 60 hectáreas, en el municipio de Chicomuselo.
Mientras
muchos sectores de México, ven con buenos ojos la intención de sacar al
ejército de la lucha contra los cárteles de la droga y los mismos secretarios de
la Defensa, Marina y Fuerza Aérea, piden reglas claras para las funciones
militares, en Chiapas, se invierte para reforzar el accionar de éste,
independientemente de los motivos “nacionalistas” en que han anclado la defensa
del endeudamiento.
¿De qué
sirve otro cuartel militar, si los efectivos estarán acuartelados, mientras el
trasiego de drogas se de en sus narices? ¿No es mejor invertir en los cuerpos
de policía locales para garantizar la seguridad de los ciudadanos? Pareciera
que el gobierno doméstico, pretende ignorar adrede las funciones del Ejército e
intenta dar una falsa apariencia de preocupación por la creciente inseguridad
en la entidad.
Si bien la
SSyPC, ha logrado algunas transformaciones interesantes en la formación de los
elementos policiales (la construcción de un cuartel para 1500 policías con
todos los aditamentos para una preparación formal, eficiente y completa de los
policías, cuyo costo fue de 150 millones de pesos, por ejemplo), todo ello
resulta insuficiente, ante la espiral de violencia que se quintuplicó en los
últimos meses.
Resulta
incongruente endeudar al Estado, para invertir en una obra militar, cuando el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha insistido en la
urgencia de sacar de las calles al ejército y se dediquen, los soldados, a
labores estrictamente constitucionales. Si así ha de ser, es la SEDENA, la
obligada a liberar recursos para sus cuarteles, y no los estados, aunque, por compromiso
moral, tengan ciertas obligaciones y atenciones con los militares.
El
endeudamiento aprobado, irresponsablemente, por un grupo de diputados
autómatas, es una aberración; un insulto y una grosería que demuestra una vez
más, la falta de compromiso con sus representados y prueba que la independencia
del Poder Legislativo, está supeditada a caprichos y frivolidades de un solo
hombre.
Debieron
desechar la petición del Ejecutivo, por no estar apegada a las exigencias de la
actual crisis financiera del Estado. Debieron, además, tener en comparecencia a
varios secretarios de estado para de ahí, determinar la procedencia de tan
abusiva petición. Que expliquen, antes que nada, los motivos de la crisis.
Hay
evidencias inatacables de grandes desvíos de recursos y gastos superfluos que
han arrastrado a Chiapas a la lipidia. Y no es necesario probarlo con
documentos (la mayoría han desaparecido en misteriosos incendios); basta ver la
opulencia en que viven ahora, funcionarios del gabinete que antes, no tenían ni
dónde caer muertos. Un ejemplo: Ramón Guzmán Leyva, antes fue un editor pobretón
de pasquines iletrados y hoy, es dueño de por lo menos, una cuadra de caballos
pura sangre.
Endeudarse
para construir un cuartel y no para atender verdaderas emergencias, es un
exceso inaceptable. Condenable desde el punto de vista que se le quiera ver. Un
abuso de poder que tarde o temprano, deberá castigarse. ¿O habrá que dejarlo
impune?