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Angel Mario
Ksheratto
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| ¿Y el Estado de Derecho? |
En Chiapas,
históricamente, la mentira es verdad y la verdad, mentira. Tras los disturbios
protagonizados por un grupo de campesinos indígenas de la comunidad “El Aguaje”,
en los que murieron dos policías y 28 resultaron heridos, circuló la versión en
el sentido que el gobierno habría pagado medio millón de pesos a los
responsables del ilícito, con lo que el conflicto pudo llegar a un final.
De
inmediato, personeros autorizados de la administración gubernamental, se
apresuraron a desmentir la presunta acción, historia que pocos creyeron, en
virtud de ser ésta, la mecánica recurrente que ha sustituido al Estado de
Derecho y ha otorgado amplia impunidad a diversos grupos, aparentemente
sociales, que operan en la entidad y que, de una u otra forma, han minado la
endeble economía de Chiapas.
Se dijo
también que no habría impunidad para ninguno de los perpetradores y se condenó “enérgicamente”
la violencia, prometiendo que, ante la intransigencia, se aplicaría todo el
peso de la ley, sin distingos ni complacencias. Por la noche del día del letal
evento, el discurso furibundo amainó y, oficialmente, se dijo que todo había
vuelto a la calma.
No así en
otros momentos de la tragedia; familiares de uno de los policías municipales
asesinados, arrinconaron al alcalde de San Cristóbal de las Casas, Marco
Cancino —un fanático religioso extremista—, acusándole de asesino y exigieron su
inmediata dimisión al cargo. La indignación de amigos y familiares del
fallecido, está justificada.
Tanto las autoridades
municipales como las estatales, fallaron en la aplicación de los protocolos
para enfrentar una crisis de esa naturaleza. Por otro lado, hubo filtraciones
que alertaron a los atacantes con respecto a las condiciones en que serían
desalojados, lo que puso en riesgo la vida de casi 500 policías, a quienes
enviaron, prácticamente, desnudos.
A juzgar por
las fotos de las dos víctimas mortales que circularon en las redes sociales,
portaban solamente el uniforme policial y solo uno de ellos, se cubría las
espinillas con la indumentaria, digamos, reglamentaria.
El argumento
que a regañadientes ofreció el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, para explicar la precariedad de la protección de los gendarmes, fue que
se buscaba proteger los derechos humanos de los manifestantes, quienes desde
antes, venían dando muestras de violencia extrema y quienes no tuvieron la
menor compasión para atacar a la policía.
Aún en
países europeos, los derechos humanos no son pretexto para cumplir con
protocolos estrictos, rigurosos y potencialmente violentos. Normalmente hacen
uso de cuatro contingentes policiales durante las manifestaciones: el
persuasivo, que se ocupa de convencer a los grupos de choque de desistir de sus
acciones; el defensivo, que protege al primer contingente. El invasivo, que
ingresa cuando no se ha logrado el diálogo y rompe las barreras de
manifestantes, y el grupo de policías que se encarga de llevar a cabo arrestos.
Todo ello,
en el caso que nos ocupa, no se llevó a cabo. Ahí, sin duda, hay responsabilidad
oficial, puesto que se omitieron protocolos y se expuso, irresponsablemente, a
cientos de policías, frente a un grupo que, las autoridades debieron saberlo,
portaban armas de fuego de distinto calibre y punzocortantes.
En el
supuesto que no hubiesen tenido información del peligro que constituía el grupo
inconforme, la cosa es peor: significa que los servicios de “inteligencia”
gubernamental, son ineficaces y sus superiores, absolutos ignorantes de lo que
ocurre en la entidad. Mucho peor resulta, si sí poseían informes de la
belicosidad de aquellos y enviaron, sin la menor protección, a los policías.
Un gobierno
que no protege a los suyos, es incapaz de garantizar la seguridad de los
ciudadanos; ello es grave, porque desnuda no solo la incompetencia de las
autoridades, sino la indiferencia y la irresponsabilidad, cuando se requiere de
esos factores para mantener la gobernabilidad y la armonía social.
En el fondo,
la apatía del secretario de gobierno, que no ha tenido a lo largo del tiempo en
que ha estado al frente de la política interna, voluntad para el diálogo, ni
capacidad para lidiar con firmeza y determinación, ante grupos de chantajistas
profesionales que asuelan a Chiapas. Funcionarios cercanos a éste, atribuyen
sus yerros e indiferencias al hecho de “tener las manos atadas” por el mismo
gobernador, Manuel Velasco Coello.
Un hombre
con dignidad, ante ese posible escenario, habría ya, renunciado; en cuanto a
las reacciones tras el mortal evento, lo que debería quedar es la correcta y
pronta aplicación de la justicia. Negociar cuando los efectos han sido
negativos, es ceder; es claudicar y es rendirse. Doblegar las rodillas.