Artículo
Único
Angel Mario
Ksheratto
 |
| Peña y Osorio, apariciones forzadas. |
La
recurrencia al futuro imperfecto condicional, deja en claro dos cosas: Una, que
el Estado, hasta hoy, no se había preocupado por la muerte de decenas de periodistas
y dos, que cabe la posibilidad —sí, solo la posibilidad— de que en un futuro
indefinido, se apliquen protocolos efectivos para garantizar la libertad de
expresión y la integridad física, moral y psicológica de periodistas y
activistas de derechos humanos.
“Protegeremos”,
“debemos”, “daremos con los responsables”, “actuaremos con firmeza”, “fortaleceremos
la estructura y el presupuesto”, “estableceremos un esquema nacional”, “fortaleceremos
la Fiscalía Especial”, “capacitaremos,”, “nos reuniremos”, “revisaremos…”; todo
apuntando hacia un futuro incierto, hacia lo que no sabemos con certeza si se
logrará.
No lo
sabemos porque desde que la actual administración se instaló en Los Pinos, el
fracaso en materia de seguridad, ha sido constante, aplastante. Han pasado más
de cuatro años y hasta hoy, el resultado es desolador. Falta de voluntad,
viejas inercias, complicidad, incapacidad y una larga lista de factores que han
fortalecido las raíces de dos males mayores: la corrupción y la impunidad.
De éstos
penden la violencia, la inseguridad y el crimen en general. Nadie ignora que
policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros, han facilitado
la expansión de la impunidad. Todos estamos ciertos que las cárceles están
repletas de gente que no ha tenido los recursos financieros suficientes para
comprar la justicia… En muchos casos, llenas de chivos expiatorios para
hacernos creer que se aplica la ley.
De forma tal
que lo expresado por el presidente Peña Nieto y su segundo de a bordo, Miguel
Ángel Osorio Chong, no es ninguna garantía de seguridad para periodistas y
defensores de los derechos humanos. En el remoto supuesto que esa fuera su
intención, debe pasar, su propuesta, por una depuración integral de la PGR y el
Poder Judicial, que es donde están enraizadas la corrupción y la impunidad.
Desde hace
años se ha venido hablando de “protocolos de seguridad y medidas cautelares”,
pero éstas son insuficientes e ineficaces; hace unos días, un colega reportero
de Tuxtla (Lenin Flores), acudió a la delegación de la PGR para denunciar el
acoso de un desconocido. La respuesta fue indignante: “no le han hecho nada”,
declaró el periodista a otros compañeros que acudieron en su auxilio.
La mayoría
de los 267 periodistas asesinados en México de 1990 a la fecha, habían
denunciado amenazas de muerte previas; fueron desoídos. Algunas veces, se
implementaron medidas cautelares para protegerlos de posibles atentados y sin
embargo, fueron asesinados.
Esto
reafirma la sospecha que los protocolos e incluso, la asistencia policial a
potenciales víctimas, no funcionan. No, porque quienes están detrás de tales
crímenes, tienen la certeza que nunca serán llevados a los Tribunales. Y más,
si los autores intelectuales, gozan de protección del Estado o detentan algún
cargo público, como ha ocurrido en muchos casos.
Según
algunas estadísticas que han surgido tímidamente en las últimas horas, solo
tres sentencias se han logrado a lo largo de éstos 27 años de crímenes contra
la libertad de expresión. Los asesinos, han gozado de cabal libertad, lo que
sin duda, otorga seguridad a quienes los ordenan.
Frenar los
ataques permanentes contra periodistas, no es cuestión de promesas ni discursos
preñados de indignación; requiere la inmediata y efectiva acción del Estado
para empezar desde dentro a garantizar las libertades civiles y los derechos
humanos. Mientras el sistema de gobierno esté infiltrado, contaminado y sucio,
ninguna buena intención abonará en beneficio de un sector vulnerable, como lo
es el periodismo mexicano.
Lo único rescatable
de la forzada aparición del presidente Peña Nieto con el tema de los asesinatos
de periodistas, es que parece haber superado la negación que tenía al respecto
y sobre la crítica situación de seguridad en el país. Era un paso necesario.
Ocultarlo, era una pesada losa para su decadente administración. La gran
pregunta es si mantendrá sus promesas o una vez que merme la indignación por el
asesinato de Javier Valdez, volverá al ostracismo y a dejar de lado su
responsabilidad institucional y obligación constitucional.
Cuando
veamos las detenciones de los responsables y sean sentenciados, entonces
habremos de creer en su rosario de deseos. Cuando cada periodista ejerza su
profesión sin presiones, ni miedo, ni amenazas, habremos de creerle. Solo
entonces.