Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
La pena de muerte, desechada como
método para persuadir a los secuetradores.
El tema ya es viejo; no extr
aña que tras los hechos de violencia que azotan inmisericordemente al país, se reavive, como suele suceder con otros asuntos a los que por inercia y desidia, sólo se les da importancia cuando aprietan el cuello de la sociedad o ponen en riesgo la chamba de algún funcionario. Se trata de una reforma penal que endurezca las penas contra secuestradores. Los políticos tradicionales y los emergentes (no nos engañemos, políticos vanguardistas, reformadores y liberales, no existen, al menos en México) coinciden a fuerza de consejos dirigidos: no a la pena de muerte, sí a la prisión perpetua para quienes priven ilegalmente de su libertad a otros ciudadanos.
No obstante, hay quienes, como algunos pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México, se inclinan por la pena de muerte, lo cual desvirtúa las pretensiones de los presuntos ecologistas de preservar la naturaleza. Cosa de ellos, por supuesto, pero que no deja de inquietar, debido a las repercusiones que sus ideas imponen a una sociedad cansada de la violencia extrema y la ineficacia de algunas autoridades para combatir al crimen organizado. Para unos y otros y otros, la urgencia es extender los periodos de prisión a los involucrados en secuestros de alto impacto. Nadie estaría en condiciones de rebatirles la idea; es lo justo, visto el incremento de secuestros y comprobada la creciente violencia ejercida contra las víctimas y familiares de éstas.
La pregunta es: ¿Aprobar la cadena perpetua persuadiría a los delincuentes a no cometer secuestros? La respuesta puede ser un no rotundo. ¿Por qué? Sencillo: actualmente, las penas contra los secuestradores son altas. El meollo del asunto está en que muchos de éstos salen de las prisiones en menos de lo que canta un gallo, debido al alto índice de corrupción existente en el ramo judicial. No nos es extraño que los jueces liberen de inmediato a un secuestrador mediante un jugoso pago. Ello ha permitido que quienes se dedican a esa execrable actividad, no tengan miedo de delinquir, sabedores que un grueso fajo de billetes, los salvará de cumplir la pena carcelaria que les corresponde.
De tal manera que una reforma penal debe abordar también el tema procesal que incluya las mismas penas a los jueces y ministerios públicos que, amparados en el cargo, faciliten la liberación de los secuestradores. Ese es el punto. Mientras existan jueces corruptos, las leyes, por muy severas que sean, no tendrán la efectividad que se busca si no se aplican adecuada y justamente. La reforma debe ir más allá de la letra; debe ser precisa, contundente y capaz de garantizar a la sociedad el justo castigo para quienes delinquen con una pistola en la mano, como para quienes, detrás de un escritorio, suministran a la delincuencia, los túneles legales para abandonar la cárcel y seguir con su actividad.
El reto es superar el esquema de impunidad y corrupción; mientras esos dos factores sigan siendo el fundamento de las instituciones encargadas de impartir y administra justicia, ninguna ley, por dura que sea, servirá para frenar la creciente ola de secuestros. Ahora bien, ¿por qué solo a los secuestradores se les debe subir la pena? Hay otros delitos graves que deben ser tomados en cuenta para dicha reforma. Por ejemplo, el homicidio doloso, terrorismo, crímenes de lesa humanidad y otros que deriven en los anteriores. Es lo que la sociedad espera.
Tarjetero
*** Entendible la psicosis generada por la balacera del pasado jueves; incomprensible que a raíz del violento hecho que conmocionó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las fuerzas del orden incurran en actos notoriamente violatorios de los derechos humanos. Por todos lados ven delincuentes iracundos; a todos los ciudadanos los tratan como a tales. Sucede en todos los retenes. Los jefes policiacos deben intervenir para evitar malos tratos, abusos y evidentes amenazas de los policías encargados de garantizar la seguridad. Plausible es el exitoso operativo del jueves y lamentable la muerte de funcionarios policiales en cumplimiento de su deber. Pero lastimoso que la ira les presione para abusar contra ciudadanos inocentes. Algo debe hacerse y de inmediato. Urge. Se aplaude la seguridad, pero se cuestiona el método. *** La crisis de seguridad obliga. Los presidentes latinoamericanos y del Caribe asistentes a la Cumbre de Río, vienen con la clara idea de fortalecer los trabajos para debilitar la actividad criminal que ya ha tomado un cariz transnacional y ha puesto a los gobiernos del área, prácticamente de rodillas. Así vemos a un Hugo Chávez más relajado, menos picapleitos y con un poco de mejor sensibilidad política; a un Lula da Silva más convencido de la unidad y a un Raúl Castro más condescendente. Por lo menos ése fue el espíritu que rondó las primeras horas de la cumbre. No sabemos cómo desemboque. Y es que la criminalidad ya no solo es cosa de uno ó dos países, sino de toda el área. Un ejemplo claro es lo que vemos en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Sicarios guatemaltecos pasan a México a saldar cuentas por pedido y viceversa. Lo mismo sucede en el resto de América Latina. ¿Lograrán un acuerdo substancial? Eso esperamos. *** Gabriel Soberano Velasco, es por mucho, uno de los abogados más prominentes de Chiapas. Para muchos analistas locales, su experiencia en el ramo laboral y penal, podría ser de mucha utilidad en el Congreso local. Coincido con quienes piensan que Gabriel daría un toque de inteligencia, creatividad, pero sobre todo, un tanto de dignidad a la Cámara de Diputados. Otra vez hemos dicho que los partidos están obligados a proponer candidatos útiles a Chiapas y no solo figurines que capten votos, pero destruyan la imagen del Congreso. Soberano Velasco, reúne los requisitos para ser un buen representante popular. *** Luego nos leemos.
ksheratto@hotmail.com
ksheratto@gmail.com
http://ksheratto.blogspot.com
Angel Mario Ksheratto
La pena de muerte, desechada como
método para persuadir a los secuetradores.
El tema ya es viejo; no extr
aña que tras los hechos de violencia que azotan inmisericordemente al país, se reavive, como suele suceder con otros asuntos a los que por inercia y desidia, sólo se les da importancia cuando aprietan el cuello de la sociedad o ponen en riesgo la chamba de algún funcionario. Se trata de una reforma penal que endurezca las penas contra secuestradores. Los políticos tradicionales y los emergentes (no nos engañemos, políticos vanguardistas, reformadores y liberales, no existen, al menos en México) coinciden a fuerza de consejos dirigidos: no a la pena de muerte, sí a la prisión perpetua para quienes priven ilegalmente de su libertad a otros ciudadanos.No obstante, hay quienes, como algunos pertenecientes al Partido Verde Ecologista de México, se inclinan por la pena de muerte, lo cual desvirtúa las pretensiones de los presuntos ecologistas de preservar la naturaleza. Cosa de ellos, por supuesto, pero que no deja de inquietar, debido a las repercusiones que sus ideas imponen a una sociedad cansada de la violencia extrema y la ineficacia de algunas autoridades para combatir al crimen organizado. Para unos y otros y otros, la urgencia es extender los periodos de prisión a los involucrados en secuestros de alto impacto. Nadie estaría en condiciones de rebatirles la idea; es lo justo, visto el incremento de secuestros y comprobada la creciente violencia ejercida contra las víctimas y familiares de éstas.
La pregunta es: ¿Aprobar la cadena perpetua persuadiría a los delincuentes a no cometer secuestros? La respuesta puede ser un no rotundo. ¿Por qué? Sencillo: actualmente, las penas contra los secuestradores son altas. El meollo del asunto está en que muchos de éstos salen de las prisiones en menos de lo que canta un gallo, debido al alto índice de corrupción existente en el ramo judicial. No nos es extraño que los jueces liberen de inmediato a un secuestrador mediante un jugoso pago. Ello ha permitido que quienes se dedican a esa execrable actividad, no tengan miedo de delinquir, sabedores que un grueso fajo de billetes, los salvará de cumplir la pena carcelaria que les corresponde.
De tal manera que una reforma penal debe abordar también el tema procesal que incluya las mismas penas a los jueces y ministerios públicos que, amparados en el cargo, faciliten la liberación de los secuestradores. Ese es el punto. Mientras existan jueces corruptos, las leyes, por muy severas que sean, no tendrán la efectividad que se busca si no se aplican adecuada y justamente. La reforma debe ir más allá de la letra; debe ser precisa, contundente y capaz de garantizar a la sociedad el justo castigo para quienes delinquen con una pistola en la mano, como para quienes, detrás de un escritorio, suministran a la delincuencia, los túneles legales para abandonar la cárcel y seguir con su actividad.
El reto es superar el esquema de impunidad y corrupción; mientras esos dos factores sigan siendo el fundamento de las instituciones encargadas de impartir y administra justicia, ninguna ley, por dura que sea, servirá para frenar la creciente ola de secuestros. Ahora bien, ¿por qué solo a los secuestradores se les debe subir la pena? Hay otros delitos graves que deben ser tomados en cuenta para dicha reforma. Por ejemplo, el homicidio doloso, terrorismo, crímenes de lesa humanidad y otros que deriven en los anteriores. Es lo que la sociedad espera.
Tarjetero
*** Entendible la psicosis generada por la balacera del pasado jueves; incomprensible que a raíz del violento hecho que conmocionó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las fuerzas del orden incurran en actos notoriamente violatorios de los derechos humanos. Por todos lados ven delincuentes iracundos; a todos los ciudadanos los tratan como a tales. Sucede en todos los retenes. Los jefes policiacos deben intervenir para evitar malos tratos, abusos y evidentes amenazas de los policías encargados de garantizar la seguridad. Plausible es el exitoso operativo del jueves y lamentable la muerte de funcionarios policiales en cumplimiento de su deber. Pero lastimoso que la ira les presione para abusar contra ciudadanos inocentes. Algo debe hacerse y de inmediato. Urge. Se aplaude la seguridad, pero se cuestiona el método. *** La crisis de seguridad obliga. Los presidentes latinoamericanos y del Caribe asistentes a la Cumbre de Río, vienen con la clara idea de fortalecer los trabajos para debilitar la actividad criminal que ya ha tomado un cariz transnacional y ha puesto a los gobiernos del área, prácticamente de rodillas. Así vemos a un Hugo Chávez más relajado, menos picapleitos y con un poco de mejor sensibilidad política; a un Lula da Silva más convencido de la unidad y a un Raúl Castro más condescendente. Por lo menos ése fue el espíritu que rondó las primeras horas de la cumbre. No sabemos cómo desemboque. Y es que la criminalidad ya no solo es cosa de uno ó dos países, sino de toda el área. Un ejemplo claro es lo que vemos en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Sicarios guatemaltecos pasan a México a saldar cuentas por pedido y viceversa. Lo mismo sucede en el resto de América Latina. ¿Lograrán un acuerdo substancial? Eso esperamos. *** Gabriel Soberano Velasco, es por mucho, uno de los abogados más prominentes de Chiapas. Para muchos analistas locales, su experiencia en el ramo laboral y penal, podría ser de mucha utilidad en el Congreso local. Coincido con quienes piensan que Gabriel daría un toque de inteligencia, creatividad, pero sobre todo, un tanto de dignidad a la Cámara de Diputados. Otra vez hemos dicho que los partidos están obligados a proponer candidatos útiles a Chiapas y no solo figurines que capten votos, pero destruyan la imagen del Congreso. Soberano Velasco, reúne los requisitos para ser un buen representante popular. *** Luego nos leemos.
ksheratto@hotmail.com
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