Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Elizabeth Pérez, un años más en
la cárcel, condenada por ser pobre
y además, prostituta. Víctima, sin
duda, de violencia oficial.
En todo el mundo se habla de frenar la violencia contra las mujeres; pero solo es eso: habladurías, discursos bonitos, promesas casi románticas. Incluso, los mismos organismos dedicados a promover y defender los derechos de las mujeres, han caído en la mecánica de solo ofertar sabrosas tertulias, organizar frívolas marchas con motivaciones extrañas al espíritu de liberación femenil y en la triste mayoría de los casos, ofrecer su “fuerza social” a los partidos políticos y sus candidatos a puestos de elección popular. Todos defienden los derechos de las mujeres… Sí, pero no de todas.
Hace poco más de un año, Elizabeth Pérez Morales –una joven madre a quien las mismas autoridades que hoy se llenan la boca con bonitos discursos, tildaron de prostituta– trató de defender a su pequeña hija de una posible violación, en manos de un hombre que a ella, violaba y maltrataba constantemente. En el forcejeo por evitar que su bebita fuera una víctima más, el criminal cayó al suelo, provocándose la muerte. Justo hace un año denunciamos la hipocresía y perversidad contra ésta mujer; nada pasó, pese a que se ha probado una y otra vez que Elizabeth, en realidad es una víctima de la violencia contra las mujeres y no una asesina. ¿Qué la condenó desde el principio de su nuevo calvario? La afirmación oficial que la tituló de prostituta. Esa condición la privó de toda defensa y la llevó a una sentencia absolutista que nos vuelve a probar la teoría que la cárcel está diseñada para mujeres pobres, y que no tiene puerta de salida si además de pobres, son prostitutas. Muy probablemente, el próximo año volvamos a recordar las rejas que entretienen el futuro de Elizabeth, pues según conversaciones informales con su abogado, no hay capacidad del juez de la causa para resolver el asunto. Y no hablo de competencia jurídico-legal, sino de incapacidad de intelecto para atender debidamente su oficio.
En otras regiones de Chiapas, son mujeres las que infringen violencia contra sus pares. Renata Cabrera, Juez de Pichucalco, ha sido reiteradamente acusada de violentar los derechos de las señoras que por uno u otro motivo, acuden a su oficina en busca de justicia. Grotescamente vulgar, Renata aprovecha su cargo público para insultar, humillar y reducir a nada los derechos de sus compañeras de género. Como ese, hay miles, cientos de casos en los que la violencia institucional viene de las mismas mujeres. Debemos entender que la violencia antifemenil, no solo son golpes dentro del seno familiar, ni abuso psicológico entre parejas; también se da en las instituciones cuando se despide injustificadamente a las mujeres de su puesto de trabajo ó se les acosa sexual y laboralmente. En éste espacio hemos hecho públicos infinidad de casos. ¿Qué ha pasado? Nada, en lo absoluto. Pese a que hay una legislación que sanciona severamente a los y las acosadoras (sí, hay un buen número de mujeres con cargos públicos que acosan sexualmente a otras mujeres) hasta hoy no se ha llevado a los Tribunales a uno solo de éstos. Ese tipo de violencia se ha cuidado celosamente.
Anteayer leímos el patético caso de una mujer a quien el médico José Manuel Sánchez Sánchez, provocó la muerte al sacar con negligencia –más bien, con extrema violencia– a la bebita del vientre de ésta. La recién nacida, por si fuera poco, también mujer, sufrió lesiones como desgarradura permanente en uno de sus bracitos. ¿Sabe dónde está el médico? Libre. Ese tipo de violencia no es castigada. Hubo un homicidio contra una mujer y lesiones contra otra. No nos sirve entonces, escuchar gritos y lamentos, acusaciones, advertencias y amenazas, si a la hora, cualquiera puede abusar de una mujer y ha de estar seguro que no tendrá castigo alguno. Otra vez, las mujeres pobres, víctimas de una sociedad con leyes, sí, pero sin capacidad para aplicarlas. El doctor al que nos referimos, alega ser amigo del Presidente Calderón y por lo mismo, dice él, goza de impunidad.
¿Dónde entonces están las normas que protegen a nuestras mujeres? Ahí, en la letra, en los libros, el los códigos, pero no en las mesas de los jueces, no en la conciencia de los defensores de derechos y prerrogativas de las mujeres. Ese es el grave problema. Discursos y movilizaciones, por donde quiera; pero acciones concretas, que devuelvan a las mujeres la confianza en todo y en todos, no vemos, desgraciadamente. Ahí está el multipublicitado caso del funcionario que causó lesiones a su esposa e hija y que no pagó debidamente su delito. ¿Cuántos funcionarios de baja estopa hacen lo mismo con sus mujeres y no son castigados?
Debemos volver a la realidad; ya no más excelentes discursos y sí, contundentes acciones. Las mujeres no merecen más burlas. Ni de las autoridades, ni de las organizaciones que aseguran defender sus derechos, ni de nadie más. Dejemos la hipocresía por un lado y volvamos a la congruencia, a la responsabilidad, al compromiso. Son nuestras mujeres; las que nos dan la alegría de vivir, las que paren nuestros hijos, las que nos parieron, las que nos dan amor sin condiciones, las que sufren por nuestros desvaríos, las que dan la vida por nosotros… Las que dan más votos en las urnas. Siquiera por eso, volvamos a la realidad y dejemos los discursos huecos.
Tarjetero
*** A pocas horas que se cumplan los cien días de plazo a los funcionarios federales para resolver el asunto de la extrema violencia, todo sigue igual. La pregunta es si éstos, por dignidad van a renunciar de sus cargos o seguirán dándonos atole con el dedo. *** Surge la Asociación Civil de Protección Ciudadana, cuya labor será defender a los usuarios del transporte colectivo de los abusos. Vemos ya, una agudizada confrontación entre la sociedad y los transportistas. Y todo, porque no hay quién aplique la ley a los pulpos que han frenado la modernización del transporte capitalino. Un encono innecesario, pero que ya se veía venir. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@hotmail.com
ksheratto@gmail.com
Angel Mario Ksheratto
Elizabeth Pérez, un años más en
la cárcel, condenada por ser pobre
y además, prostituta. Víctima, sin
duda, de violencia oficial.
En todo el mundo se habla de frenar la violencia contra las mujeres; pero solo es eso: habladurías, discursos bonitos, promesas casi románticas. Incluso, los mismos organismos dedicados a promover y defender los derechos de las mujeres, han caído en la mecánica de solo ofertar sabrosas tertulias, organizar frívolas marchas con motivaciones extrañas al espíritu de liberación femenil y en la triste mayoría de los casos, ofrecer su “fuerza social” a los partidos políticos y sus candidatos a puestos de elección popular. Todos defienden los derechos de las mujeres… Sí, pero no de todas.Hace poco más de un año, Elizabeth Pérez Morales –una joven madre a quien las mismas autoridades que hoy se llenan la boca con bonitos discursos, tildaron de prostituta– trató de defender a su pequeña hija de una posible violación, en manos de un hombre que a ella, violaba y maltrataba constantemente. En el forcejeo por evitar que su bebita fuera una víctima más, el criminal cayó al suelo, provocándose la muerte. Justo hace un año denunciamos la hipocresía y perversidad contra ésta mujer; nada pasó, pese a que se ha probado una y otra vez que Elizabeth, en realidad es una víctima de la violencia contra las mujeres y no una asesina. ¿Qué la condenó desde el principio de su nuevo calvario? La afirmación oficial que la tituló de prostituta. Esa condición la privó de toda defensa y la llevó a una sentencia absolutista que nos vuelve a probar la teoría que la cárcel está diseñada para mujeres pobres, y que no tiene puerta de salida si además de pobres, son prostitutas. Muy probablemente, el próximo año volvamos a recordar las rejas que entretienen el futuro de Elizabeth, pues según conversaciones informales con su abogado, no hay capacidad del juez de la causa para resolver el asunto. Y no hablo de competencia jurídico-legal, sino de incapacidad de intelecto para atender debidamente su oficio.
En otras regiones de Chiapas, son mujeres las que infringen violencia contra sus pares. Renata Cabrera, Juez de Pichucalco, ha sido reiteradamente acusada de violentar los derechos de las señoras que por uno u otro motivo, acuden a su oficina en busca de justicia. Grotescamente vulgar, Renata aprovecha su cargo público para insultar, humillar y reducir a nada los derechos de sus compañeras de género. Como ese, hay miles, cientos de casos en los que la violencia institucional viene de las mismas mujeres. Debemos entender que la violencia antifemenil, no solo son golpes dentro del seno familiar, ni abuso psicológico entre parejas; también se da en las instituciones cuando se despide injustificadamente a las mujeres de su puesto de trabajo ó se les acosa sexual y laboralmente. En éste espacio hemos hecho públicos infinidad de casos. ¿Qué ha pasado? Nada, en lo absoluto. Pese a que hay una legislación que sanciona severamente a los y las acosadoras (sí, hay un buen número de mujeres con cargos públicos que acosan sexualmente a otras mujeres) hasta hoy no se ha llevado a los Tribunales a uno solo de éstos. Ese tipo de violencia se ha cuidado celosamente.
Anteayer leímos el patético caso de una mujer a quien el médico José Manuel Sánchez Sánchez, provocó la muerte al sacar con negligencia –más bien, con extrema violencia– a la bebita del vientre de ésta. La recién nacida, por si fuera poco, también mujer, sufrió lesiones como desgarradura permanente en uno de sus bracitos. ¿Sabe dónde está el médico? Libre. Ese tipo de violencia no es castigada. Hubo un homicidio contra una mujer y lesiones contra otra. No nos sirve entonces, escuchar gritos y lamentos, acusaciones, advertencias y amenazas, si a la hora, cualquiera puede abusar de una mujer y ha de estar seguro que no tendrá castigo alguno. Otra vez, las mujeres pobres, víctimas de una sociedad con leyes, sí, pero sin capacidad para aplicarlas. El doctor al que nos referimos, alega ser amigo del Presidente Calderón y por lo mismo, dice él, goza de impunidad.
¿Dónde entonces están las normas que protegen a nuestras mujeres? Ahí, en la letra, en los libros, el los códigos, pero no en las mesas de los jueces, no en la conciencia de los defensores de derechos y prerrogativas de las mujeres. Ese es el grave problema. Discursos y movilizaciones, por donde quiera; pero acciones concretas, que devuelvan a las mujeres la confianza en todo y en todos, no vemos, desgraciadamente. Ahí está el multipublicitado caso del funcionario que causó lesiones a su esposa e hija y que no pagó debidamente su delito. ¿Cuántos funcionarios de baja estopa hacen lo mismo con sus mujeres y no son castigados?
Debemos volver a la realidad; ya no más excelentes discursos y sí, contundentes acciones. Las mujeres no merecen más burlas. Ni de las autoridades, ni de las organizaciones que aseguran defender sus derechos, ni de nadie más. Dejemos la hipocresía por un lado y volvamos a la congruencia, a la responsabilidad, al compromiso. Son nuestras mujeres; las que nos dan la alegría de vivir, las que paren nuestros hijos, las que nos parieron, las que nos dan amor sin condiciones, las que sufren por nuestros desvaríos, las que dan la vida por nosotros… Las que dan más votos en las urnas. Siquiera por eso, volvamos a la realidad y dejemos los discursos huecos.
Tarjetero
*** A pocas horas que se cumplan los cien días de plazo a los funcionarios federales para resolver el asunto de la extrema violencia, todo sigue igual. La pregunta es si éstos, por dignidad van a renunciar de sus cargos o seguirán dándonos atole con el dedo. *** Surge la Asociación Civil de Protección Ciudadana, cuya labor será defender a los usuarios del transporte colectivo de los abusos. Vemos ya, una agudizada confrontación entre la sociedad y los transportistas. Y todo, porque no hay quién aplique la ley a los pulpos que han frenado la modernización del transporte capitalino. Un encono innecesario, pero que ya se veía venir. *** Luego nos leemos.
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