Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Renata Cabr... era, captada mientras
comía, tras actuar con prepotencia
contra los ciudadanos.
La propuesta del Ejecutivo para endurecer los castigos a los secuestradores, extorsionadores y homicidas, no tuvo contratiempos en el Congreso del Estado; urgía enviar un mensaje claro a la delincuencia organizada, cuyas bases parecen no estar dispuestas siquiera a inmutarse. Tienen razones de sobra para despreocuparse de una reforma penal que les afecta directamente: jueces, ministerios públicos y policías, han estado siempre de su lado y es muy posible que sigan estándolo; son sus mejores aliados y cómplices. Lo hemos dicho siempre y lo sostenemos: leyes severas, hay de sobra. Más aún, la última reforma al Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados y propuesto por el Ejecutivo, es una de las más completas que se conozca en la historia de Chiapas. Es un Código Penal –además de severo– justo y equitativo. ¿Por qué entonces la delincuencia no se inhibe? Sencillamente porque en la aplicación de éste, hay errores de fondo y forma, derivados de dolosas malas interpretaciones de los encargados de administrar la justicia. En la mayoría de los casos, por actos de corrupción graves.
Para nadie es secreto que las cárceles están llenas de gente pobre e inocente; los verdaderos delincuentes están a salvo de ésta, gracias a los turbios amasiatos con los jueces, quienes se venden al mejor postor. ¿Cuántas veces no hemos oído que un delincuente salió de la cárcel porque pagó onerosas cantidades de dinero al juez de la causa? Eso es común escucharlo.
Conviene que a la par de leyes duras contra la delincuencia, se elaboren otras para sancionar la corrupción que ha generado un clima de total impunidad. Si un juez libera sin fundamento ni motivo a un delincuente, que cumpla él la sentencia que al otro correspondía; es una medida exagerada, sí, pero necesaria para recomponer el desaseado sistema de impartición de justicia. No nos sirve una ley dura para los delincuentes si ésta es letra muerta en los juzgados. La verdadera urgencia está en una recomposición judicial; si bien el Poder Judicial es autónomo, hay instancias de ley que permiten su saneamiento a fondo. Limpiarlo de jueces corruptos, es más urgente que implementar medidas rimbombantes.
Ahí está el ejemplo de la jueza Renata Cabrera Sánchez, quien encarcela a quien se le antoja, sin tener un solo elemento jurídico; en contraparte, junto con el magistrado Miguel Ángel Villalba Sánchez, liberan a delincuentes de alta peligrosidad. Cientos de ciudadanos de la zona Norte de la entidad lo han verificado, lo han denunciado y nada, absolutamente nada se ha podido hacer. Las quejas que en contra de Renata y su cómplice se han presentado, ni siquiera las ha leído la presidenta del Poder Judicial. Menos que se haya dignado a recibir a los afectados por la grosera actitud de la funcionaria pública. Desde ahí empieza el problema, desde la negligencia y cerrazón de la encargada de dirigir la tarea de administrar la justicia. Con esas actitudes, ninguna ley tendrá los efectos para los que fue creada. Parece que en el Poder Judicial, lo que importa es la chamba, el puesto, el sueldo, no la justicia. No hay control, no hay respeto, no hay compromiso social, no hay nada. ¿A dónde, entonces, van las reformas penales que recién aprobó el Congreso del Estado? Al cajón de los olvidos, desgraciadamente.
La nueva ley, de aplicarse correctamente, otorga pena privativa de la libertad de 30 a 110 años de prisión al que cometa el delito de secuestro y el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, integrante de alguna institución de procuración o administración de justicia o se ostente de estos cargos sin serlo; cuando la victima sea menor de edad o mayor de 60 años, sea mujer, o se realice con el propósito de llevar a cabo imposiciones o abusos de practicas sexuales para fines de explotación pornográfica. Insistimos: la pena es rigurosa; la aplaudimos, pero nos sigue acosando la duda respecto a si los jueces harán cumplir esas penas.
Por cierto, los diputados deben explicar un punto que llamó la atención de dicha reforma; en el artículo 64 en el que se instituye la figura de la extinción de bienes a favor del Estado, se especifica que “los bienes objeto de un ilícito, de manera especial aquellos que sean producto de éstos o conseguidos a través de hechos delictuosos particularmente por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, pasen a formar parte del patrimonio del Estado”. La pregunta es: si a un ciudadano le roban su vehículo y lo encuentran en un operativo contra el crimen organizado, ¿ése automóvil no será devuelto a su verdadero propietario? Preocupante, porque “los bienes objeto de un ilícito”, al ser recuperados, deben ser devueltos a sus legítimos dueños. ¿De qué servirá entonces que se denuncie un robo si ya no podrá, la víctima, recuperar su propiedad? Ahí deben los diputados volver a revisar lo que aprobaron, porque en palabras sencillas, el Estado podría incurrir en un delito al despojar a las víctimas de un robo, lo que por ley le pertenece. Es claro que si se denuncia un asalto es porque se quiere recuperar lo robado. Si no va a ser así, no tiene caso denunciar porque ningún beneficio tendría la víctima. Hay qué aclarar ese punto. En lo demás, muy bien, siempre y cuando lo confiscado se utilice bien.
Tarjetero
*** Con lo de la Ley Antitabaco, ¿dónde han quedado los derechos de los fumadores? *** Volvió a aparecer Walter León Montoya, ahora, con malas noticias. Bueno, la verdad es que nunca ha dado una buena. Anuncia que aumentarán los precios de los fletes. Con todo y eso, se lava las manos y culpa a las autoridades de la medida que ellos han tomado. ¡Vaya cinismo! Y todavía amenaza con una protesta. *** En San Cristóbal de las Casas, empezaron las manifestaciones en contra de Mariano Díaz Ochoa. Ha incumplido con sus promesas de campaña, alegan. La inseguridad y el abuso de su policía, la otra queja contra él. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Renata Cabr... era, captada mientras
comía, tras actuar con prepotencia
contra los ciudadanos.
La propuesta del Ejecutivo para endurecer los castigos a los secuestradores, extorsionadores y homicidas, no tuvo contratiempos en el Congreso del Estado; urgía enviar un mensaje claro a la delincuencia organizada, cuyas bases parecen no estar dispuestas siquiera a inmutarse. Tienen razones de sobra para despreocuparse de una reforma penal que les afecta directamente: jueces, ministerios públicos y policías, han estado siempre de su lado y es muy posible que sigan estándolo; son sus mejores aliados y cómplices. Lo hemos dicho siempre y lo sostenemos: leyes severas, hay de sobra. Más aún, la última reforma al Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados y propuesto por el Ejecutivo, es una de las más completas que se conozca en la historia de Chiapas. Es un Código Penal –además de severo– justo y equitativo. ¿Por qué entonces la delincuencia no se inhibe? Sencillamente porque en la aplicación de éste, hay errores de fondo y forma, derivados de dolosas malas interpretaciones de los encargados de administrar la justicia. En la mayoría de los casos, por actos de corrupción graves.Para nadie es secreto que las cárceles están llenas de gente pobre e inocente; los verdaderos delincuentes están a salvo de ésta, gracias a los turbios amasiatos con los jueces, quienes se venden al mejor postor. ¿Cuántas veces no hemos oído que un delincuente salió de la cárcel porque pagó onerosas cantidades de dinero al juez de la causa? Eso es común escucharlo.
Conviene que a la par de leyes duras contra la delincuencia, se elaboren otras para sancionar la corrupción que ha generado un clima de total impunidad. Si un juez libera sin fundamento ni motivo a un delincuente, que cumpla él la sentencia que al otro correspondía; es una medida exagerada, sí, pero necesaria para recomponer el desaseado sistema de impartición de justicia. No nos sirve una ley dura para los delincuentes si ésta es letra muerta en los juzgados. La verdadera urgencia está en una recomposición judicial; si bien el Poder Judicial es autónomo, hay instancias de ley que permiten su saneamiento a fondo. Limpiarlo de jueces corruptos, es más urgente que implementar medidas rimbombantes.
Ahí está el ejemplo de la jueza Renata Cabrera Sánchez, quien encarcela a quien se le antoja, sin tener un solo elemento jurídico; en contraparte, junto con el magistrado Miguel Ángel Villalba Sánchez, liberan a delincuentes de alta peligrosidad. Cientos de ciudadanos de la zona Norte de la entidad lo han verificado, lo han denunciado y nada, absolutamente nada se ha podido hacer. Las quejas que en contra de Renata y su cómplice se han presentado, ni siquiera las ha leído la presidenta del Poder Judicial. Menos que se haya dignado a recibir a los afectados por la grosera actitud de la funcionaria pública. Desde ahí empieza el problema, desde la negligencia y cerrazón de la encargada de dirigir la tarea de administrar la justicia. Con esas actitudes, ninguna ley tendrá los efectos para los que fue creada. Parece que en el Poder Judicial, lo que importa es la chamba, el puesto, el sueldo, no la justicia. No hay control, no hay respeto, no hay compromiso social, no hay nada. ¿A dónde, entonces, van las reformas penales que recién aprobó el Congreso del Estado? Al cajón de los olvidos, desgraciadamente.
La nueva ley, de aplicarse correctamente, otorga pena privativa de la libertad de 30 a 110 años de prisión al que cometa el delito de secuestro y el autor sea o haya sido integrante de alguna corporación de seguridad pública o privada, integrante de alguna institución de procuración o administración de justicia o se ostente de estos cargos sin serlo; cuando la victima sea menor de edad o mayor de 60 años, sea mujer, o se realice con el propósito de llevar a cabo imposiciones o abusos de practicas sexuales para fines de explotación pornográfica. Insistimos: la pena es rigurosa; la aplaudimos, pero nos sigue acosando la duda respecto a si los jueces harán cumplir esas penas.
Por cierto, los diputados deben explicar un punto que llamó la atención de dicha reforma; en el artículo 64 en el que se instituye la figura de la extinción de bienes a favor del Estado, se especifica que “los bienes objeto de un ilícito, de manera especial aquellos que sean producto de éstos o conseguidos a través de hechos delictuosos particularmente por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, pasen a formar parte del patrimonio del Estado”. La pregunta es: si a un ciudadano le roban su vehículo y lo encuentran en un operativo contra el crimen organizado, ¿ése automóvil no será devuelto a su verdadero propietario? Preocupante, porque “los bienes objeto de un ilícito”, al ser recuperados, deben ser devueltos a sus legítimos dueños. ¿De qué servirá entonces que se denuncie un robo si ya no podrá, la víctima, recuperar su propiedad? Ahí deben los diputados volver a revisar lo que aprobaron, porque en palabras sencillas, el Estado podría incurrir en un delito al despojar a las víctimas de un robo, lo que por ley le pertenece. Es claro que si se denuncia un asalto es porque se quiere recuperar lo robado. Si no va a ser así, no tiene caso denunciar porque ningún beneficio tendría la víctima. Hay qué aclarar ese punto. En lo demás, muy bien, siempre y cuando lo confiscado se utilice bien.
Tarjetero
*** Con lo de la Ley Antitabaco, ¿dónde han quedado los derechos de los fumadores? *** Volvió a aparecer Walter León Montoya, ahora, con malas noticias. Bueno, la verdad es que nunca ha dado una buena. Anuncia que aumentarán los precios de los fletes. Con todo y eso, se lava las manos y culpa a las autoridades de la medida que ellos han tomado. ¡Vaya cinismo! Y todavía amenaza con una protesta. *** En San Cristóbal de las Casas, empezaron las manifestaciones en contra de Mariano Díaz Ochoa. Ha incumplido con sus promesas de campaña, alegan. La inseguridad y el abuso de su policía, la otra queja contra él. *** Luego nos leemos.
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