Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Sin delito de por medio, siete
ciudadanos podrían ser
consignados al Amate.
Derivado de intereses superfluos y ambiciones incontrolables, candidatos a empleados de la autopista Coita-Arriaga, de pronto se vieron inmersos en líos judiciales, algunos de los cuales son inaceptables aberraciones jurídicas y legales que los ministerios públicos han enderezado contra éstos, a pedido expreso de los llamados concesionarios, algunos ligados a la descalabrada CTM y a otros sindicatos que, para empezar, no son de Chiapas. Como si en los tristes y recientes tiempos de la dictadura salazarista viviéramos, hasta funcionarios de segunda categoría han metido las
manos para sostener el abuso de autoridad de los MP’s involucrados y de paso, fortalecer los cacicazgos pueblerinos que, de una u otra forma, atienden la convocatoria de los grupúsculos de poder regional que intentan desestabilizar socialmente a la entidad.
La nueva historia de injusticias empezó cuando esbirros de los concesionarios del transporte de carga, inició una ola de ataques contra habitantes de Ocozocoautla que se acercaban a la empresa constructora de la autopista citada para pedir un empleo, de acuerdo al ofrecimiento oficial, en el sentido que esa obra generaría fuentes de empleo para ellos. No fueron, sin embargo, empleados pero sí, perseguidos, amenazados y posteriormente, apresados sin órdenes judiciales y omitiendo lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.
Hernán Molina Acero, uno de los activistas políticos más visibles del PRD en Coita durante la campaña para la gubernatura, fue el primero en ser apresado; sin un solo delito cometido y sin argumentos sólidos, primero fue llevado al penal de Chiapa de Corzo, a donde lo alcanzaron otros dos muchachos que fueron detenidos por haber ido a recoger el vehículo donde se conducía a la hora de la detención. Tras tres días de encierro injustificado, fueron liberados “por falta de pruebas”, pero inexplicablemente, a la salida de la misma cárcel fueron de nuevo detenidos y llevados en calidad de “arraigados” a la tristemente célebre prisión de “El Pitiquito”, sin que se les haya presentado la orden judicial respectiva.
Mientras esto sucedía con el dirigente del sindicato de buscadores de empleo, los esbirros de los concesionarios, atacaban con piedras, palos y machetes a otro grupo de trabajadores en la autopista. Sin alternativa, acudieron al Ministerio Público de Jiquipilas para interponer una demanda penal…
De agredidos a acusados
La sorpresa de las cuatro víctimas, Pedro Esaú Esquinca Espinosa, Jorge Vázquez, Omar Camacho Reyes y Edmundo Cruz Santos, fue que el MP de esa población, en lugar de tomarles su respectiva declaración, ordenó que los detuvieran, aún cuando no había una demanda penal contra éstos y menos, mucho menos, que un juez haya liberado la orden de aprehensión de rigor. Así de absurdo, así de fácil, el MP se puso a las órdenes de los caciques del transporte, como si éstos fuesen los dueños de la justicia en el estado.
Familiares y amigos de los siete detenidos (en “El Pitiquito” permanecen Hernán Molina Acero, Giber Sarmiento Guzmán y José Edy León Aguilera) iniciaron las gestiones para liberarlos, pero se han encontrado, primero, con la cerrazón de las autoridades judiciales que incluso, se han negado sistemáticamente a entregarles una copia del expediente de los detenidos y segundo, con las presiones y amenazas de los concesionarios, quienes han llegado a lanzar piedras sobre las casas y propiedades de éstos y además, han implementado un aparatoso grupo de persecución, aparentemente, miembros de la policía ministerial, dada las características de los autos en que se conducen y los aparatos de grabación y comunicación que portan.
Luís Enrique Castañón Morales, Alberto de la Cruz Vázquez, Eloy Larrinaga Fernández, Julio Méndez Méndez e Isidro Ochoa Aguilar, dueños de las concesiones de transporte que están detrás de la persecución de los aspirantes a empleados, no han tenido empacho en afirmar que actúan bajo el amparo y directriz de Blanca Ruth Esponda, secretaria técnica del Gobierno del Estado, señalada en múltiples ocasiones de favorecer a grupos de caciques y personajes ligados a las catervas desestabilizadoras que pretenden el regreso del pablismo. Según los concesionarios, ha sido la misma funcionaria quien les ha ofrecido torcer la ley para mantener en prisión a los detenidos, “hasta que terminen con la construcción de la autopista”. De ser ciertas las aseveraciones de éstos, debemos preocuparnos porque las prácticas del pasado, están en el presente. Y las llevan a cabo, personajes sin escrúpulos, capaces de traicionar a quien les ha dado la oportunidad de un cargo en el gobierno. De tal manera que ahí, urge una investigación a fondo, principalmente de los ministerios públicos, quienes, por las evidencias presentadas, están manchando no solo al Ministerio de Justicia, si no a todo el sistema de gobierno.
Tarjetero
*** Es lo mínimo: que renuncie Mariano Herrán al cargo que aún ostenta. Razones, sobran, pero la más importante es que está bajo proceso de investigación por violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad. De ahí que la exigencia de los diputados es más que acertada. Un hombre con escrúpulos ya lo hubiera hecho desde hace tiempo. *** El escándalo de un funcionario de la SSPC que amenazó a un agente con pistola en mano, no debería quedar impune. Ese favoritismo hacia quienes están dentro del organigrama gubernamental es el que hace perder la confianza en las instituciones. Rogelio Segundo Coutiño Hernández, debe ser castigado con rigor y no protegido como si fuera un angelito. ¿Dónde diablos entonces está la justicia? Atentó contra un policía y así, lo dejan libre. Sigue la impunidad su camino sin que nadie ose detenerla. *** Es de reconocer al gobernador Sabines la franqueza y objetividad al admitir que Chiapas es un estado en pobreza extrema. En el pasado reciente se decía que ya estábamos más allá de los países del primer mundo. Pues a la admisión debe venir, sin duda, el trabajo serio para avanzar en el combate a la pobreza. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@hotmail.com
Angel Mario Ksheratto
Sin delito de por medio, siete
ciudadanos podrían ser
consignados al Amate.
Derivado de intereses superfluos y ambiciones incontrolables, candidatos a empleados de la autopista Coita-Arriaga, de pronto se vieron inmersos en líos judiciales, algunos de los cuales son inaceptables aberraciones jurídicas y legales que los ministerios públicos han enderezado contra éstos, a pedido expreso de los llamados concesionarios, algunos ligados a la descalabrada CTM y a otros sindicatos que, para empezar, no son de Chiapas. Como si en los tristes y recientes tiempos de la dictadura salazarista viviéramos, hasta funcionarios de segunda categoría han metido lasmanos para sostener el abuso de autoridad de los MP’s involucrados y de paso, fortalecer los cacicazgos pueblerinos que, de una u otra forma, atienden la convocatoria de los grupúsculos de poder regional que intentan desestabilizar socialmente a la entidad.
La nueva historia de injusticias empezó cuando esbirros de los concesionarios del transporte de carga, inició una ola de ataques contra habitantes de Ocozocoautla que se acercaban a la empresa constructora de la autopista citada para pedir un empleo, de acuerdo al ofrecimiento oficial, en el sentido que esa obra generaría fuentes de empleo para ellos. No fueron, sin embargo, empleados pero sí, perseguidos, amenazados y posteriormente, apresados sin órdenes judiciales y omitiendo lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.
Hernán Molina Acero, uno de los activistas políticos más visibles del PRD en Coita durante la campaña para la gubernatura, fue el primero en ser apresado; sin un solo delito cometido y sin argumentos sólidos, primero fue llevado al penal de Chiapa de Corzo, a donde lo alcanzaron otros dos muchachos que fueron detenidos por haber ido a recoger el vehículo donde se conducía a la hora de la detención. Tras tres días de encierro injustificado, fueron liberados “por falta de pruebas”, pero inexplicablemente, a la salida de la misma cárcel fueron de nuevo detenidos y llevados en calidad de “arraigados” a la tristemente célebre prisión de “El Pitiquito”, sin que se les haya presentado la orden judicial respectiva.
Mientras esto sucedía con el dirigente del sindicato de buscadores de empleo, los esbirros de los concesionarios, atacaban con piedras, palos y machetes a otro grupo de trabajadores en la autopista. Sin alternativa, acudieron al Ministerio Público de Jiquipilas para interponer una demanda penal…
De agredidos a acusados
La sorpresa de las cuatro víctimas, Pedro Esaú Esquinca Espinosa, Jorge Vázquez, Omar Camacho Reyes y Edmundo Cruz Santos, fue que el MP de esa población, en lugar de tomarles su respectiva declaración, ordenó que los detuvieran, aún cuando no había una demanda penal contra éstos y menos, mucho menos, que un juez haya liberado la orden de aprehensión de rigor. Así de absurdo, así de fácil, el MP se puso a las órdenes de los caciques del transporte, como si éstos fuesen los dueños de la justicia en el estado.
Familiares y amigos de los siete detenidos (en “El Pitiquito” permanecen Hernán Molina Acero, Giber Sarmiento Guzmán y José Edy León Aguilera) iniciaron las gestiones para liberarlos, pero se han encontrado, primero, con la cerrazón de las autoridades judiciales que incluso, se han negado sistemáticamente a entregarles una copia del expediente de los detenidos y segundo, con las presiones y amenazas de los concesionarios, quienes han llegado a lanzar piedras sobre las casas y propiedades de éstos y además, han implementado un aparatoso grupo de persecución, aparentemente, miembros de la policía ministerial, dada las características de los autos en que se conducen y los aparatos de grabación y comunicación que portan.
Luís Enrique Castañón Morales, Alberto de la Cruz Vázquez, Eloy Larrinaga Fernández, Julio Méndez Méndez e Isidro Ochoa Aguilar, dueños de las concesiones de transporte que están detrás de la persecución de los aspirantes a empleados, no han tenido empacho en afirmar que actúan bajo el amparo y directriz de Blanca Ruth Esponda, secretaria técnica del Gobierno del Estado, señalada en múltiples ocasiones de favorecer a grupos de caciques y personajes ligados a las catervas desestabilizadoras que pretenden el regreso del pablismo. Según los concesionarios, ha sido la misma funcionaria quien les ha ofrecido torcer la ley para mantener en prisión a los detenidos, “hasta que terminen con la construcción de la autopista”. De ser ciertas las aseveraciones de éstos, debemos preocuparnos porque las prácticas del pasado, están en el presente. Y las llevan a cabo, personajes sin escrúpulos, capaces de traicionar a quien les ha dado la oportunidad de un cargo en el gobierno. De tal manera que ahí, urge una investigación a fondo, principalmente de los ministerios públicos, quienes, por las evidencias presentadas, están manchando no solo al Ministerio de Justicia, si no a todo el sistema de gobierno.
Tarjetero
*** Es lo mínimo: que renuncie Mariano Herrán al cargo que aún ostenta. Razones, sobran, pero la más importante es que está bajo proceso de investigación por violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad. De ahí que la exigencia de los diputados es más que acertada. Un hombre con escrúpulos ya lo hubiera hecho desde hace tiempo. *** El escándalo de un funcionario de la SSPC que amenazó a un agente con pistola en mano, no debería quedar impune. Ese favoritismo hacia quienes están dentro del organigrama gubernamental es el que hace perder la confianza en las instituciones. Rogelio Segundo Coutiño Hernández, debe ser castigado con rigor y no protegido como si fuera un angelito. ¿Dónde diablos entonces está la justicia? Atentó contra un policía y así, lo dejan libre. Sigue la impunidad su camino sin que nadie ose detenerla. *** Es de reconocer al gobernador Sabines la franqueza y objetividad al admitir que Chiapas es un estado en pobreza extrema. En el pasado reciente se decía que ya estábamos más allá de los países del primer mundo. Pues a la admisión debe venir, sin duda, el trabajo serio para avanzar en el combate a la pobreza. *** Luego nos leemos.
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