Fichero Político
Angel Mario Ksheratto
Casas en pésimas condiciones,
puentes enclenques, material de
segunda, utilizados por las
empresas constructoras.
Demandar a las empresas constructoras que incumplieron con su obligación durante la inacabada reconstrucción por los estragos del huracán “Stan”, es una buena medida, pero no debe ser el fin de las investigaciones. Es solo la punta del iceberg que empieza a emerger y se que leguas se ve, viene cargado de corrupción de la que los principales beneficiados han sido el mismo Pablo Salazar, sus hermanos y el resto de la pandilla que lo acompañó en la terca aventura de llevarse lo que no les perteneció jamás. Aplaudimos que por algo se empiece; sabemos que los constructores, aprovecharon las circunstancias y se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, pero también sabemos que en algunos casos, hubieron de aceptar contratos deleznables en los que tuvieron que devolver una buena parte de sus “ganancias” a modo de “diezmo”, “mordida” o como se le quiera llamar a esa forma de corrupción que prevaleció durante la dictadura.
Hemos de insistir en que no quede nada en la impunidad porque al mismo tiempo que se busca llevar a los tribunales a los constructores que incumplieron, se debe llevar a los exfuncionarios que participaron en esos fraudes descomunales. Ahí está el caso de la Secretaría de Salud, donde los principales sospechosos, el actual rector universitario y una hijastra del senador perredista Rubén Velásquez, siguen en total impunidad e incluso, parecen estar bajo el manto protector de los diputados pablistas que han hecho mutis en un asunto que a ellos, principalmente, debería darles vergüenza. Está también el escándalo de corrupción en la Secretaría de Obras Públicas, en donde, entre otras cosas, se ha descubierto una red de corrupción en la que están involucrados los mismos constructores que defraudaron al Comité de Construcción de Escuelas, en cuyo fraude están inmiscuidos funcionarios de todos los niveles de esa dependencia.
Así podemos seguir enumerando fraudes y más fraudes cometidos durante el pabliato que hasta hoy, no encuentran una respuesta contundente de las autoridades. No basta con encerrar a los constructores; no basta con los escándalos mediáticos. Urge que se aplique la ley. Solo así tendremos la certeza que estamos frente a un combate frontal, serio y responsable contra la corrupción. Ni Ángel René Estrada Arévalo, ni la hijastra de Velásquez pueden ni deben quedar en la impunidad. Permitir que se vayan sin ser sancionados, no solo debilitará al gobierno en turno, sino que ahondará la desconfianza de la sociedad en las instituciones. Y la red de corrupción, solo encontrará un camino fértil para seguir su curso, destruyendo los cimientos de una sociedad cansada de abusos, engaños y mentiras.
Cae un imperio
Por fin, el imperio de corruptelas que, bajo la tutela de Pablo Salazar encabezó el tal Léster en el Órgano de Fiscalización Superior, se vino al suelo; lo lamentable es que todo quedó en la simple destitución, cuando muchos alcaldes se quejaron de presiones y denunciaron la obligatoriedad de “mocharse” con los funcionarios de esa derruida dependencia para no0 ser llevados a los tribunales. La sospecha de sobre la inaudita libertad de éstos radica es que algunos diputados, especialmente los componentes de la Comisión de Hacienda, se comprometieron a la sola destitución a cambio que no abrieran la boca y, obvio, no se los llevaran entre las patas. Uno de los cesados, nos confió hace unos meses que los reportes sobre faltantes en los ayuntamientos, eran enviados al Congreso, de donde les regresaban algunas “recomendaciones” y “sugerencias” que presumían el cobro de “propinas” para no llegar al terreno de las sanciones. Esto, luego que los alcaldes se ponían de “acuerdo” con los diputados, quienes a la final, se hacían de la vista gorda y así, muchos ediles lograron evadir su responsabilidad.
Historias como ésas, sobran. Hubo un presidente municipal que, recientemente, se quejó de las presiones que recibía de la Comisión de Hacienda para que declarase un gasto que no le había sido aprobado por el Congreso a cambio de “limpiar” su expediente que, por ignorancia de su equipo de finanzas, había sido mal elaborado. Otro más, se quejó de haber solicitado un préstamo extraordinario que le fue otorgado solo después que pagó 15 mil pesos a cada uno de los diputados que firmó el acuerdo legislativo para aprobar su petición. Finalmente, solo contó con menos del 50 por ciento de dicho préstamo, pues el resto lo tuvo qué repartir para que se lo aprobaran. Todo esto explica por qué, un día los diputados desatan el escándalo sobre un alcalde ladrón y al segundo día, se olvidan del asunto. ¿Cuánto se gana en el negocio de ser diputado y miembro de la Comisión de Hacienda? Es obvia, entonces, la razón por la que a los funcionarios del OFS que fueron despedidos, solo les dieron la patada y o los enjuiciaron, como debió ser, a juzgar por la multitud de quejas y denuncias en contra de éstos. Lástima que sigamos siendo rehenes de la corrupción y el desfalco descarado. Algún día, esperamos, estas cosas cambien para bien de todos.
Tarjetero
*** Limberg Salazar, Patricia Salazar y Roldán Salazar, familiares predilectos del exdictador, siguen haciendo de las suyas en los cargos públicos que les fueron dados, desde el pabliato, a manera de herencia familiar. Según reportes de las dependencias donde laboran estos personajes ligados al tirano, éstos siguen utilizando recursos para fines personales, lo cual, debe ser investigado a la mayor brevedad posible. De tal manera que en el Registro Público de la Propiedad y en la Academia de Policía, hay muchas cosas que, se le buscan, encontrarán uno de los filones de oro de la familia de Pablo. *** Rigoberto Guillén Pérez, candidato a diputado por Comitán, parece llevar la delantera absoluta. Sus propuestas son las que convencen y no la perorata fácil y barata de sus contrincantes. *** Luego nos leemos.
http://ksheratto.blogspot.com
ksheratto@gmail.com
ksheratto@yahoo.com
Angel Mario Ksheratto
Casas en pésimas condiciones,
puentes enclenques, material de
segunda, utilizados por las
empresas constructoras.
Demandar a las empresas constructoras que incumplieron con su obligación durante la inacabada reconstrucción por los estragos del huracán “Stan”, es una buena medida, pero no debe ser el fin de las investigaciones. Es solo la punta del iceberg que empieza a emerger y se que leguas se ve, viene cargado de corrupción de la que los principales beneficiados han sido el mismo Pablo Salazar, sus hermanos y el resto de la pandilla que lo acompañó en la terca aventura de llevarse lo que no les perteneció jamás. Aplaudimos que por algo se empiece; sabemos que los constructores, aprovecharon las circunstancias y se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, pero también sabemos que en algunos casos, hubieron de aceptar contratos deleznables en los que tuvieron que devolver una buena parte de sus “ganancias” a modo de “diezmo”, “mordida” o como se le quiera llamar a esa forma de corrupción que prevaleció durante la dictadura.Hemos de insistir en que no quede nada en la impunidad porque al mismo tiempo que se busca llevar a los tribunales a los constructores que incumplieron, se debe llevar a los exfuncionarios que participaron en esos fraudes descomunales. Ahí está el caso de la Secretaría de Salud, donde los principales sospechosos, el actual rector universitario y una hijastra del senador perredista Rubén Velásquez, siguen en total impunidad e incluso, parecen estar bajo el manto protector de los diputados pablistas que han hecho mutis en un asunto que a ellos, principalmente, debería darles vergüenza. Está también el escándalo de corrupción en la Secretaría de Obras Públicas, en donde, entre otras cosas, se ha descubierto una red de corrupción en la que están involucrados los mismos constructores que defraudaron al Comité de Construcción de Escuelas, en cuyo fraude están inmiscuidos funcionarios de todos los niveles de esa dependencia.
Así podemos seguir enumerando fraudes y más fraudes cometidos durante el pabliato que hasta hoy, no encuentran una respuesta contundente de las autoridades. No basta con encerrar a los constructores; no basta con los escándalos mediáticos. Urge que se aplique la ley. Solo así tendremos la certeza que estamos frente a un combate frontal, serio y responsable contra la corrupción. Ni Ángel René Estrada Arévalo, ni la hijastra de Velásquez pueden ni deben quedar en la impunidad. Permitir que se vayan sin ser sancionados, no solo debilitará al gobierno en turno, sino que ahondará la desconfianza de la sociedad en las instituciones. Y la red de corrupción, solo encontrará un camino fértil para seguir su curso, destruyendo los cimientos de una sociedad cansada de abusos, engaños y mentiras.
Cae un imperio
Por fin, el imperio de corruptelas que, bajo la tutela de Pablo Salazar encabezó el tal Léster en el Órgano de Fiscalización Superior, se vino al suelo; lo lamentable es que todo quedó en la simple destitución, cuando muchos alcaldes se quejaron de presiones y denunciaron la obligatoriedad de “mocharse” con los funcionarios de esa derruida dependencia para no0 ser llevados a los tribunales. La sospecha de sobre la inaudita libertad de éstos radica es que algunos diputados, especialmente los componentes de la Comisión de Hacienda, se comprometieron a la sola destitución a cambio que no abrieran la boca y, obvio, no se los llevaran entre las patas. Uno de los cesados, nos confió hace unos meses que los reportes sobre faltantes en los ayuntamientos, eran enviados al Congreso, de donde les regresaban algunas “recomendaciones” y “sugerencias” que presumían el cobro de “propinas” para no llegar al terreno de las sanciones. Esto, luego que los alcaldes se ponían de “acuerdo” con los diputados, quienes a la final, se hacían de la vista gorda y así, muchos ediles lograron evadir su responsabilidad.
Historias como ésas, sobran. Hubo un presidente municipal que, recientemente, se quejó de las presiones que recibía de la Comisión de Hacienda para que declarase un gasto que no le había sido aprobado por el Congreso a cambio de “limpiar” su expediente que, por ignorancia de su equipo de finanzas, había sido mal elaborado. Otro más, se quejó de haber solicitado un préstamo extraordinario que le fue otorgado solo después que pagó 15 mil pesos a cada uno de los diputados que firmó el acuerdo legislativo para aprobar su petición. Finalmente, solo contó con menos del 50 por ciento de dicho préstamo, pues el resto lo tuvo qué repartir para que se lo aprobaran. Todo esto explica por qué, un día los diputados desatan el escándalo sobre un alcalde ladrón y al segundo día, se olvidan del asunto. ¿Cuánto se gana en el negocio de ser diputado y miembro de la Comisión de Hacienda? Es obvia, entonces, la razón por la que a los funcionarios del OFS que fueron despedidos, solo les dieron la patada y o los enjuiciaron, como debió ser, a juzgar por la multitud de quejas y denuncias en contra de éstos. Lástima que sigamos siendo rehenes de la corrupción y el desfalco descarado. Algún día, esperamos, estas cosas cambien para bien de todos.
Tarjetero
*** Limberg Salazar, Patricia Salazar y Roldán Salazar, familiares predilectos del exdictador, siguen haciendo de las suyas en los cargos públicos que les fueron dados, desde el pabliato, a manera de herencia familiar. Según reportes de las dependencias donde laboran estos personajes ligados al tirano, éstos siguen utilizando recursos para fines personales, lo cual, debe ser investigado a la mayor brevedad posible. De tal manera que en el Registro Público de la Propiedad y en la Academia de Policía, hay muchas cosas que, se le buscan, encontrarán uno de los filones de oro de la familia de Pablo. *** Rigoberto Guillén Pérez, candidato a diputado por Comitán, parece llevar la delantera absoluta. Sus propuestas son las que convencen y no la perorata fácil y barata de sus contrincantes. *** Luego nos leemos.
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