Comprometen al gobierno a resolver atentados
El asesinato del periodista Amado
Ramírez, fue analizado por los
organismos internacionales.
El 18 de julio de 2007, en Washington y a petición suya, Reporteros sin Fronteras y ocho organizaciones más de defensa de los derechos humanos participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicada a la situación de la libertad de prensa en México. Las organizaciones presentaron los resultados de sus investigaciones y formularon algunas demandas precisas al gobierno mexicano, representado en la audiencia. El 24 de julio han hecho públicas las conclusiones de su gestión, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
"En primer lugar, Reporteros sin Fronteras se felicita por la importante movilización de la sociedad civil mexicana y de las ONG's, provocada por esta iniciativa con la CIDH. La gestión tuvo un impacto mayor porque se llevó a cabo de forma conjunta. Nos resultaba indispensable la colaboración de las demás organizaciones y será también de manera conjunta como deberemos garantizar la traducción de nuestras demandas en actos. Porque ese es el reto. Los compromisos adoptados por el gobierno mexicano, como resultado de la audiencia, responden en parte a nuestras esperanzas. Su puesta en práctica implica, entre otras cosas, que mantenga la promesa de asociarse lo más posible con las organizaciones solicitantes, y con la CIDH. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras quiere subrayar que el futuro de la libertad de prensa en México depende también de los propios medios periodísticos, y de su capacidad para unirse frente a los ataques que sufren los profesionales. Finalmente, no ignoramos que el combate por la libertad de prensa pasa, en gran parte, además, por la lucha contra la primera plaga que la pone en peligro: el crimen organizado", ha declarado la organización.
El 18 de julio en Washington, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo 19, Libertad de Información México, A.C., la Fundación Manuel Buendía, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, la Red Mexicana de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación, el Colectivo por la Transparencia y Reporteros sin Fronteras presentaron, a petición propia, un balance de situación en la 128 sesión de la CIDH en Washington. Frente a los representantes del gobierno mexicano las organizaciones abogaron, entre otras cosas, por un refuerzo de los medios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada el 15 de febrero de 2006, y por un auténtico seguimiento en las investigaciones de once casos recientes de asesinatos y desapariciones. También insistieron en la necesaria adaptación de la legislación nacional a las normas internacionales, en lo que se refiere a los medios de comunicación electrónicos y comunitarios.
Al final de la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a los siguientes puntos :
-adoptar todas las medidas necesarias para aclarar los asesinatos, desapariciones y agresiones de periodistas, entre otras cosas estudiando la posibilidad de reforzar las prerrogativas de la FEADP y el tratamiento de ese tipo de asuntos a nivel federal ;
-presentar a la CIDH el resultado de los progresos llevado a cabo, en los próximos meses, en dichas investigaciones ;
-garantizar una amplia participación de las organizaciones especializadas en el seguimiento de las investigaciones ;
-aceptar el apoyo de la CIDH en el proceso de elaboración de la nueva ley de medios de comunicación electrónicos ;
-dedicarse a promocionar el reconocimiento de los medios comunitarios en la ley, apoyándose en la normativa internacionales.
Por su parte, la CIDH solicitó un informe completo sobre los casos más graves al gobierno mexicano, que ya ha dado su consentimiento de principio para una próxima visita oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la jurisdicción interamericana.
Con un balance de treinta y dos periodistas asesinados y siete desaparecidos durante el período comprendido entre 2000 y 2007, México se ha convertido en el país del continente americano más mortífero para la prensa. En 2006 ocupó incluso el segundo puesto mundial, después de Irak, con nueve asesinatos. Desde el comienzo del año 2007 en el país han matado a dos profesionales de los medios de comunicación - Amado Ramírez, corresponsal del canal Televisa en Acapulco, asesinado el 6 de abril, y Saúl Martínez Ortega, del Diario de Agua Prieta, que apareció muerto diez días más tarde en el Estado de Sonora - y hay tres desaparecidos : Rodolfo Rincón Taracena, director del diario regional Tabasco Hoy, al que no se encuentra desde el 20 de enero; Gamaliel López y Gerardo Paredes, del canal TV Azteca Noroeste, volatilizados el 10 de mayo en Monterrey.
Aparte de la impunidad que rodea estos crímenes, y los numerosos casos de amenazas o agresiones, la libertad de prensa se encuentra en muy mala situación, sobre todo a nivel local, a causa de una fortísima autocensura, determinadas prácticas de chantaje con la publicidad oficial y los obstáculos a la difusión de radios o soportes comunitarios.
El asesinato del periodista Amado
Ramírez, fue analizado por los
organismos internacionales.
El 18 de julio de 2007, en Washington y a petición suya, Reporteros sin Fronteras y ocho organizaciones más de defensa de los derechos humanos participaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicada a la situación de la libertad de prensa en México. Las organizaciones presentaron los resultados de sus investigaciones y formularon algunas demandas precisas al gobierno mexicano, representado en la audiencia. El 24 de julio han hecho públicas las conclusiones de su gestión, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México."En primer lugar, Reporteros sin Fronteras se felicita por la importante movilización de la sociedad civil mexicana y de las ONG's, provocada por esta iniciativa con la CIDH. La gestión tuvo un impacto mayor porque se llevó a cabo de forma conjunta. Nos resultaba indispensable la colaboración de las demás organizaciones y será también de manera conjunta como deberemos garantizar la traducción de nuestras demandas en actos. Porque ese es el reto. Los compromisos adoptados por el gobierno mexicano, como resultado de la audiencia, responden en parte a nuestras esperanzas. Su puesta en práctica implica, entre otras cosas, que mantenga la promesa de asociarse lo más posible con las organizaciones solicitantes, y con la CIDH. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras quiere subrayar que el futuro de la libertad de prensa en México depende también de los propios medios periodísticos, y de su capacidad para unirse frente a los ataques que sufren los profesionales. Finalmente, no ignoramos que el combate por la libertad de prensa pasa, en gran parte, además, por la lucha contra la primera plaga que la pone en peligro: el crimen organizado", ha declarado la organización.
El 18 de julio en Washington, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Artículo 19, Libertad de Información México, A.C., la Fundación Manuel Buendía, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, la Red Mexicana de Protección de Periodistas y Medios de Comunicación, el Colectivo por la Transparencia y Reporteros sin Fronteras presentaron, a petición propia, un balance de situación en la 128 sesión de la CIDH en Washington. Frente a los representantes del gobierno mexicano las organizaciones abogaron, entre otras cosas, por un refuerzo de los medios de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada el 15 de febrero de 2006, y por un auténtico seguimiento en las investigaciones de once casos recientes de asesinatos y desapariciones. También insistieron en la necesaria adaptación de la legislación nacional a las normas internacionales, en lo que se refiere a los medios de comunicación electrónicos y comunitarios.
Al final de la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a los siguientes puntos :
-adoptar todas las medidas necesarias para aclarar los asesinatos, desapariciones y agresiones de periodistas, entre otras cosas estudiando la posibilidad de reforzar las prerrogativas de la FEADP y el tratamiento de ese tipo de asuntos a nivel federal ;
-presentar a la CIDH el resultado de los progresos llevado a cabo, en los próximos meses, en dichas investigaciones ;
-garantizar una amplia participación de las organizaciones especializadas en el seguimiento de las investigaciones ;
-aceptar el apoyo de la CIDH en el proceso de elaboración de la nueva ley de medios de comunicación electrónicos ;
-dedicarse a promocionar el reconocimiento de los medios comunitarios en la ley, apoyándose en la normativa internacionales.
Por su parte, la CIDH solicitó un informe completo sobre los casos más graves al gobierno mexicano, que ya ha dado su consentimiento de principio para una próxima visita oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la jurisdicción interamericana.
Con un balance de treinta y dos periodistas asesinados y siete desaparecidos durante el período comprendido entre 2000 y 2007, México se ha convertido en el país del continente americano más mortífero para la prensa. En 2006 ocupó incluso el segundo puesto mundial, después de Irak, con nueve asesinatos. Desde el comienzo del año 2007 en el país han matado a dos profesionales de los medios de comunicación - Amado Ramírez, corresponsal del canal Televisa en Acapulco, asesinado el 6 de abril, y Saúl Martínez Ortega, del Diario de Agua Prieta, que apareció muerto diez días más tarde en el Estado de Sonora - y hay tres desaparecidos : Rodolfo Rincón Taracena, director del diario regional Tabasco Hoy, al que no se encuentra desde el 20 de enero; Gamaliel López y Gerardo Paredes, del canal TV Azteca Noroeste, volatilizados el 10 de mayo en Monterrey.
Aparte de la impunidad que rodea estos crímenes, y los numerosos casos de amenazas o agresiones, la libertad de prensa se encuentra en muy mala situación, sobre todo a nivel local, a causa de una fortísima autocensura, determinadas prácticas de chantaje con la publicidad oficial y los obstáculos a la difusión de radios o soportes comunitarios.